AC2362-2023 (2023-01062-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC2362-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-01062-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de agosto del dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve el recurso de queja interpuesto por la apoderada judicial de la parte demandada frente al auto de 19 de diciembre de 2022, por medio del cual la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla neg\u00f3 la concesi\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n propuesto contra el fallo de 25 de noviembre del mismo a\u00f1o. Ello, con ocasi\u00f3n del proceso verbal reivindicatorio promovido por Germ\u00e1n Alberto G\u00f3mez Jim\u00e9nez e Hijos Sociedad en Comandita Simple frente a la aqu\u00ed recurrente. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Petitum: La corporaci\u00f3n demandante pidi\u00f3 que se le restituyera el predio identificado con el FMI 040-315042, indebidamente pose\u00eddo por la convocada. De igual forma, solicit\u00f3 que se le condenara a pagar los frutos naturales o civiles producidos por el inmueble y a indemnizarla por \u00ablos perjuicios causados\u00bb, entre otros. <\/p>\n
2. Causa petendi: En sustento de sus s\u00faplicas, narr\u00f3 que Germ\u00e1n Alberto G\u00f3mez Jim\u00e9nez adquiri\u00f3 el precitado bien a trav\u00e9s de compraventa celebrada con Judith Ibarra de Yunez el 8 de octubre de 2007. Luego, refiri\u00f3 que el inmueble fue transferido como aporte a la sociedad Germ\u00e1n Alberto G\u00f3mez Jim\u00e9nez e Hijos Sociedad en Comandita Simple, a trav\u00e9s de escritura p\u00fablica No. 1793 del 4 de agosto de 2009. Y que la demandada, Dolly Vargas L\u00f3pez, lo posee indebidamente, de mala fe. <\/p>\n
3. Sentencia de primera instancia: El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Barranquilla -con providencia del 31 de marzo del 2022-1 accedi\u00f3 a lo pretendido por la gestora2, ordenando la restituci\u00f3n de la heredad a la demandante y condenando a la parte vencida por la suma de $231.230.700 a t\u00edtulo de frutos civiles en favor de la convocante, m\u00e1s \u00ablos intereses legales desde que se causaron hasta su pago\u00bb. Inconforme con esa determinaci\u00f3n, la interpelada inco\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n3. <\/p>\n
4. Fallo de segundo grado: La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de la misma ciudad -con prove\u00eddo del 25 de noviembre ulterior-4 confirm\u00f3 el fallo de primera instancia. El 9 de diciembre siguiente, el ad quem neg\u00f3 la petici\u00f3n de aclaraci\u00f3n que hab\u00eda formulado Vargas L\u00f3pez5. <\/p>\n
5. Recurso de casaci\u00f3n: Lo formul\u00f3 la interpelada6. <\/p>\n
6. Decisi\u00f3n sobre la concesi\u00f3n: El ad quem -a trav\u00e9s de auto de 19 de diciembre de 2022-7 neg\u00f3 la concesi\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n. Para el efecto, estim\u00f3 que el valor de la resoluci\u00f3n desfavorable a la recurrente ascend\u00eda al monto de $231.230.700. Luego, no se superaba el umbral previsto en el art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso de mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. <\/p>\n
7. Reposici\u00f3n y recurso de queja: Los interpuso la demandada8. Razon\u00f3 que, adem\u00e1s de los $231.230.700 a que se hab\u00eda referido el Tribunal, a la tasaci\u00f3n del gravamen a ella causado deb\u00edan adicion\u00e1rsele los rubros de $407.897.351,45 y $845.611.633,36, correspondientes, respectivamente, al valor del \u00abinmueble\u00bb9 y a los \u00abintereses\u00bb calculados sobre los frutos civiles desde diciembre del a\u00f1o 2010 (fecha de contestaci\u00f3n de la demanda). A la impugnaci\u00f3n acompa\u00f1\u00f3 un aval\u00fao elaborado por Jes\u00fas Mar\u00eda Casta\u00f1eda Naranjo y una liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito. <\/p>\n
8. Determinaci\u00f3n frente al remedio horizontal: Se desestim\u00f3 el 25 de enero de los cursantes10. En lo medular, el cuerpo colegiado insisti\u00f3 en los motivos expresados en la providencia recurrida. Destac\u00f3, asimismo, que no era viable apreciar la experticia a que se refer\u00eda la censora, dado que era extempor\u00e1nea, \u00abhabida cuenta [que] deb\u00eda aportarse dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, que constitu\u00eda la oportunidad procesal para interponer el recurso de casaci\u00f3n conforme lo consagra el art\u00edculo 337 del C.G.P.\u00bb, y no lo fue, pues solo fue tra\u00edda al momento de recurrirse la determinaci\u00f3n que neg\u00f3 la concesi\u00f3n de la casaci\u00f3n. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Estando el proceso al Despacho para proveer acerca del recurso de queja de la referencia, se avista que, el 10 y 14 de marzo pasado, el Tribunal remisor solicit\u00f3 la devoluci\u00f3n del expediente. Lo anterior, en vista de que \u00abse encuentra pendiente de resolver una reposici\u00f3n, y debe ser tramitada dicha solicitud\u00bb. <\/p>\n
Revisado el dossier contentivo del proceso, se observa que, con posterioridad al 25 de enero de 2023, fecha de emisi\u00f3n del auto en cuya fuerza se concedi\u00f3 el recurso de queja ante esta superioridad, se han surtido, ante la autoridad judicial de segundo grado, diversas actuaciones11. <\/p>\n
En este sentido, se observa que el 22 de febrero hoga\u00f1o la apoderada de la demandada pidi\u00f3 la nulidad de las actuaciones y la suspensi\u00f3n de la causa, pedimento que fue desestimado mediante prove\u00eddo de 28 de febrero siguiente. Decisi\u00f3n la cual fue recurrida en reposici\u00f3n \u00aby en subsidio (\u2026) apelaci\u00f3n\u00bb. En pronunciamiento de 14 de marzo pasado, el ad quem -en s\u00edntesis- mantuvo su determinaci\u00f3n y orden\u00f3 la remisi\u00f3n del expediente con destino al \u00abDespacho de la Dra. Vivian Victoria Saltar\u00edn Jim\u00e9nez para que, si as\u00ed lo considera, le imparta el tr\u00e1mite de s\u00faplica al recurso interpuesto contra el numeral 2\u00ba de la parte resolutiva del auto de fecha 28 de febrero de 2023 (\u2026)\u00bb. \u00daltimo embate que fue definido el 18 de julio de los corrientes. <\/p>\n
Del recuento reci\u00e9n hecho, emerge evidente que no resulta viable acceder a lo solicitado por la autoridad judicial remisora. Esto, por cuanto el recurso de queja se tramita en el efecto devolutivo, tal y como se deduce de la disposici\u00f3n 353 CGP (inc. 2\u00ba). En concreto, cuando advierte que al superior s\u00f3lo habr\u00e1 de remitirse la \u00abreproducci\u00f3n de las piezas procesales necesarias\u00bb. Luego, el Tribunal cuenta con plenas facultades para seguir tramitando el proceso, como -en efecto- lo ha venido haciendo. De all\u00ed que sea por completo innecesario devolverle el legajo. Se insiste, esta Corte s\u00f3lo tiene copias de las actuaciones. <\/p>\n
2. Ahora, de conformidad con los art\u00edculos 352 y 353 del C\u00f3digo General del Proceso, el recurso de queja procede contra el auto que deniega conceder el de casaci\u00f3n. Asimismo, tiene como derrotero que la Corte examine si el prove\u00eddo impugnado y ratificado al desatar la respectiva reposici\u00f3n, estuvo o no ajustado al ordenamiento. <\/p>\n
3. Pues bien, al tenor del canon 333 ibidem, el recurso de casaci\u00f3n se distingue por su car\u00e1cter extraordinario. A su turno, los requisitos para que el fallo pueda ser acusado ante la Corte, se circunscriben a sentencias emitidas por los Tribunales Superiores, en \u00absegunda instancia\u00bb, \u00aben toda clase de procesos declarativos\u00bb; \u00aben las acciones de grupo cuya competencia corresponda a la jurisdicci\u00f3n ordinaria\u00bb, y \u00ablas dictadas para liquidar una condena en concreto\u00bb, con la advertencia de que en asuntos relativos al estado civil recae, \u00fanicamente, en las de \u00abimpugnaci\u00f3n o reclamaci\u00f3n de estado y la declaraci\u00f3n de uniones maritales de hecho\u00bb. <\/p>\n
El art\u00edculo 338 ibidem agrega que, si las expectativas del litigante vencido son netamente econ\u00f3micas, el ataque procede si \u00abel valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente\u00bb excede de 1000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, lo que carece de incidencia en \u00absentencias dictadas dentro de las acciones de grupo y las que versen sobre el estado civil\u00bb. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, en los pleitos meramente patrimoniales, el art\u00edculo 339 ejusdem impone que, cuando \u00absea necesario fijar el inter\u00e9s econ\u00f3mico afectado con la sentencia, su cuant\u00eda deber\u00e1 establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podr\u00e1 aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidir\u00e1 de plano sobre la concesi\u00f3n\u00bb; disposici\u00f3n que consagra una carga para aqu\u00e9l de demostrar el quantum del detrimento que le ocasiona la providencia, simult\u00e1neamente con la radicaci\u00f3n del embate, salvo que lo estime identificable con los instrumentos obrantes en el legajo. En tal caso, ser\u00e1 tarea del funcionario constatarlo, sin que le est\u00e9 autorizado decretar pruebas adicionales a las existentes. <\/p>\n
Al respecto esta Sala ha se\u00f1alado que \u00ab[\u2026]el recurrente tiene la facultad de aportar un dictamen pericial. No de otra manera puede entenderse los vocablos \u201cpodr\u00e1\u0301\u201d y \u201csi lo considera necesario\u201d que tiene la norma transcrita. Por lo que la carga ya no recae en el Tribunal quien, en principio, no estar\u00eda convocado a decretar una prueba de tal linaje para esos fines\u00bb (CSJ AC1923-2018, 16 mayo). <\/p>\n
De cualquier forma, la fijaci\u00f3n del malogro debe cristalizarse al tiempo en que surge la legitimaci\u00f3n para disentir, esto es, la fecha de la decisi\u00f3n cuestionada, y contar con bases susceptibles de verificaci\u00f3n. <\/p>\n
4. En el sub examine, anticipa la Corte que, como lo estableci\u00f3 el ad quem, los elementos de juicio adosados al plenario para el momento en que el medio de impugnaci\u00f3n fue formulado no acreditaban el quantum necesario para recurrir en casaci\u00f3n. <\/p>\n
4.1. En efecto, mem\u00f3rese que, en lo que concierne con los procesos reivindicatorios, la acci\u00f3n est\u00e1 encaminada a remediar el patrimonio del propietario-demandante, mediante el afianzamiento de un atributo de su derecho de propiedad que le ha sido disputado por un tercero. Por tanto, se ha deducido que petitum reivindicatorio reviste cariz substancialmente econ\u00f3mico. <\/p>\n
Sobre el particular, lo tiene depurado la jurisprudencia de la Sala que, al estudiar asuntos an\u00e1logos a este, expuso: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) trat\u00e1ndose del proceso reivindicatorio, en principio, la apreciaci\u00f3n del fundo objeto del mismo ser\u00e1 la variable que define el inter\u00e9s jur\u00eddico del casacionista. Lo anterior, porque las pretensiones econ\u00f3micas en el se\u00f1alado juicio se relacionan con la declaraci\u00f3n del dominio y reintegro de la posesi\u00f3n de un inmueble a su due\u00f1o, por definici\u00f3n estimable econ\u00f3micamente, siendo su valor el agravio que el fallo cause a las partes, seg\u00fan corresponda\u00bb (CSJ AC2713-2020, reiterado, entre otros, en AC725-2021). <\/p>\n
4.2. Pues bien, descendiendo al caso objeto de estudio, se vislumbra que, a pesar de tratarse de un proceso reivindicatorio, no obra en el dossier aval\u00fao del inmueble objeto de restituci\u00f3n. Por lo tanto, en el momento en que el Tribunal estudi\u00f3 las pruebas obrantes en el expediente con el prop\u00f3sito de fijar el inter\u00e9s para recurrir, \u00fanicamente tuvo en cuenta la condena por frutos civiles impuesta por el a quo -confirmada en segunda instancia-, la cual asciende a $231.230.700. Suma que no supera los mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes en el a\u00f1o 2022. <\/p>\n
No obstante, lo anterior, resultaba necesario calcular los intereses legales que fueron estipulados por el juez de primera instancia para establecer si se alcanzaba el justiprecio. As\u00ed las cosas, debe recordarse que la regla del art\u00edculo 1617 del C\u00f3digo Civil dispone que la tasa de estos es del 6% anual. Por ello, tomando como fecha inicial la del prove\u00eddo de primera instancia -31 de marzo de 2022- y como final la de segundo grado -25 de noviembre ulterior-, se obtiene que el tiempo transcurrido en a\u00f1os fue de 0,5805 (212 d\u00edas). En este sentido: <\/p>\n
Intereses en el tiempo: 0,5805 * 6% = 3,4848%. <\/p>\n
C\u00e1lculo intereses: $231.230.700 * 3,4848% = $8.057.927.12 <\/p>\n
Por ello, la sumatoria de los frutos civiles ($231.230.700) m\u00e1s los intereses legales ($8.057.927) arroja como resultado ($239.288.627). Por tal raz\u00f3n, no se alcanza el justiprecio exigido en el escenario de la casaci\u00f3n. <\/p>\n
Es m\u00e1s, si se tomara como fecha inicial la de la presentaci\u00f3n de la demanda, la data primigenia ser\u00eda el 6 de julio de 2010, sin que vari\u00e9 la final -25 de noviembre 2022-, por lo tanto, el interregno recorrido en a\u00f1os ascender\u00eda a 12,3835 (4520 d\u00edas). Reemplazando los valores en la ecuaci\u00f3n, dar\u00eda: <\/p>\n
Intereses en el tiempo: 12,3835 * 6% = 74,301%. <\/p>\n
C\u00e1lculo intereses: $231.230.700 * 74,301% = $171.806.722 <\/p>\n
Agregado final: $231.230.700 + $171.806.722 = $403.037.422 <\/p>\n
Siendo dable concluir que tampoco ser\u00eda suficiente para recurrir en la senda extraordinaria propuesta, cuyo monto ascend\u00eda en 2022 a $1.000.000.000. <\/p>\n
4.3. Por otro lado, refulge imperioso enrostrar la promotora no anex\u00f3 dictamen pericial para acreditar el inter\u00e9s econ\u00f3mico al momento de la interposici\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n. En efecto, la procedencia del remedio entra\u00f1\u00f3 el estudio de la cuant\u00eda. Y tal como lo precept\u00faa el art\u00edculo 339 del CGP, la pretensora tuvo la oportunidad de aportar una experticia que habilitara la concesi\u00f3n, as\u00ed \u00ab(\u2026) con todo, el recurrente podr\u00e1 aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidir\u00e1 de plano sobre la concesi\u00f3n\u00bb. Por el contrario, la representante de la actora, cuando ya se hab\u00eda negado la impugnaci\u00f3n extraordinaria, resolvi\u00f3 hacer uso de la prerrogativa, denotando su cariz extempor\u00e1neo. Por cierto, fue al momento de presentar la reposici\u00f3n y en subsidio la s\u00faplica, que aport\u00f3 la prueba t\u00e9cnica. <\/p>\n
Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n plasm\u00f3: <\/p>\n
\u00abPara la determinaci\u00f3n del mencionado inter\u00e9s, la nueva regulaci\u00f3n procesal prev\u00e9 que \u201c\u2026su cuant\u00eda deber\u00e1 establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podr\u00e1 aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidir\u00e1 de plano sobre la concesi\u00f3n\u201d (art\u00edculo 339). Se trata pues de dos maneras para determinar el justiprecio del inter\u00e9s para recurrir, o bien se establece con los elementos de juicio que obren en el expediente; o bien, el recurrente tiene la facultad de aportar un dictamen pericial. No de otra manera puede entenderse los vocablos \u201cpodr\u00e1\u201d y \u201csi lo considera necesario\u201d que tiene la norma transcrita. Por lo que la carga ya no recae en el Tribunal quien, en principio, no estar\u00eda convocado a decretar una prueba de tal linaje para esos fines. Ahora, de optar el recurrente por no aportar un dictamen pericial que determine el inter\u00e9s para recurrir, se somete entonces al escrutinio que sobre el particular pueda hacer el ad quem con los elementos de juicio que obren en el expediente.\u00bb (CSJ AC1923-2018, 16 may.), reiterado en AC409-2020. <\/p>\n
En estas mismas l\u00edneas, en un caso de similares contornos, esta Sala de Casaci\u00f3n ilustr\u00f3: <\/p>\n
\u00ab3. Finalmente, debe advertirse que el \u201cavaluo [sic] comercial\u201d visible a folios 12 a 15 del cuaderno de la Corte es notoriamente extempor\u00e1neo y no puede ser apreciado por haberse allegado tan solo en el curso de la queja, lo cual es acorde al principio de preclusi\u00f3n como una de las manifestaciones del derecho fundamental al debido proceso. Adem\u00e1s, la jurisprudencia civil es pac\u00edfica y reiterada en punto a que el momento para anexar el labor\u00edo pericial es el mismo para interponer el recurso de casaci\u00f3n, so pena de que la misma sea negada, como de manera correcta sucedi\u00f3 en el presente asunto (ver, entre otros, CSJ AC4098-2018, 25 sep-. 2018, rad. 2018-02131, AC4423, 13 jul. 2017, rad. 2017-1073. AC-2206, 4 abr. 2017, rad. 2017-00264 y AC6255-2017, 22 sep. 2017, rad. 2017-20086-00).\u00bb (AC1388-2019, 23 abr. 2019, rad. 2019-00483) <\/p>\n
4.4. De manera que, si bien le falt\u00f3 al Tribunal calcular los intereses legales causados en aras de obtener el monto de la resoluci\u00f3n desfavorable, habi\u00e9ndose calculado esta suma, se arriba a la misma conclusi\u00f3n en cuanto a que no se cumpli\u00f3 con el montante para la procedencia de la censura. <\/p>\n
4.5. Finalmente, trat\u00e1ndose de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito aportada por la gestora con el recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, queja, deviene menester apuntalar que no cumple con los presupuestos exigidos legal y jurisprudencialmente para su valoraci\u00f3n. En primer lugar, al igual que sucedi\u00f3 con el aval\u00fao comercial del inmueble, este debi\u00f3 ser incorporado en el interregno previsto para la interposici\u00f3n del medio impugnatorio de casaci\u00f3n, no despu\u00e9s, por ello, se present\u00f3 de manera extempor\u00e1nea. <\/p>\n
Asimismo, no se advierte relaci\u00f3n de pertenencia entre esta y el dictamen pericial allegado. Sobre el particular, los art\u00edculos 226 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso ilustran los requisitos que debe contener la prueba pericial, aclarando que el experto debe relacionar y adjuntar los documentos e informaci\u00f3n utilizados para la elaboraci\u00f3n del dictamen. Por lo cual, todos los anexos que se incorporen deben tener relaci\u00f3n con la experticia rendida, de lo contrario ser\u00eda permitir que de manera extempor\u00e1nea se adujeran nuevas probanzas, lo cual no es ajustado a derecho. <\/p>\n
Y, para terminar, resulta pertinente rese\u00f1ar que la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito contiene un error fundamental. Esto, habida cuenta que se calcul\u00f3 sobre la base de intereses moratorios, a pesar de que la condena impuesta se fij\u00f3 en los intereses legales de que trata el art\u00edculo 1617 del C\u00f3digo Civil. Por lo tanto, fue realizada de manera incorrecta. <\/p>\n
5. Por \u00faltimo, en la actual ley de enjuiciamiento civil, el Tribunal no est\u00e1 compelido para suplir la deficiencia probatoria del recurrente en casaci\u00f3n. Al respecto, \u00abel recurrente es quien debe satisfacer la carga de demostrar los supuestos necesarios para que el asunto pueda ser objeto de ese control extraordinario, entre ellos la cuant\u00eda requerida para poder acceder a esa v\u00eda\u00bb. (CSJ AC 1146-2021). <\/p>\n
6. En suma, el inter\u00e9s de la convocante no alcanza la cuant\u00eda especificada positivamente para acceder al mecanismo extraordinario de la casaci\u00f3n, que asciende al equivalente a 1000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes para 2022, pues as\u00ed no fue acreditado. <\/p>\n
7. De acuerdo con lo discurrido, no prospera la queja, sin que haya lugar a condenar en costas a la impugnante, por cuanto no se erogaron gastos en esta sede. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el Suscrito Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DESESTIMAR el pedimento de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, elevado ante esta Corte el 10 y 14 de marzo pasados. <\/p>\n
TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas por no aparecer causadas. <\/p>\n
CUARTO: DEVOLVER lo actuado al tribunal de origen, para que forme parte del expediente. Por Secretar\u00eda, proc\u00e9dase de conformidad y d\u00e9jense las constancias del caso. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 P\u00e1ginas 1-18, archivo \u201c011SentenciaPrimeraInstancia\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 La sentencia de primer nivel fue aclarada mediante prove\u00eddo de 19 de mayo de 2022. Ver: P\u00e1ginas 1-3, archivo \u201c016AutoAclaraSentencia\u201d del expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 P\u00e1ginas 1-5, archivo \u201c014RecursoApelacion\u201d del expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 P\u00e1ginas 1-22, archivo \u201c06SentenciaSegundaInstancia\u201d del expediente digital. <\/p>\n
5\u0002 El aludido prove\u00eddo de 9 de diciembre de 2022 se notific\u00f3 mediante estado electr\u00f3nico n\u00famero 220 de 12 de diciembre de esa anualidad. Disponible en: b8368242-4cdf-4e1b-8b24-a569b14b9683 (ramajudicial.gov.co) <\/p>\n
6\u0002 P\u00e1ginas 1 y 2, archivo \u201c08MemorialRecursoCasaci\u00f3n\u201d del expediente digital. <\/p>\n
7\u0002 P\u00e1ginas 1-4, archivo \u201c09AutoNoConcedeRecursoCasaci\u00f3n\u201d del expediente digital. <\/p>\n
8\u0002 P\u00e1ginas 1-62, archivo \u201c10MemorialRecursoReposici\u00f3nSubsidioQueja\u201d del expediente digital. <\/p>\n
9\u0002 Que pretendi\u00f3 acreditar con un aval\u00fao. <\/p>\n
10\u0002 P\u00e1ginas 1-7, archivo \u201c13AutoNiegaReposici\u00f3nConcedeQueja\u201d del expediente digital. <\/p>\n
11\u0002 El expediente se remiti\u00f3 a esta Corporaci\u00f3n el 4 de marzo de 2023. <\/p>\n
12\u0002 F\u00f3rmula desarrollada en sentencia del 31 de julio de 2012, Rad. 2012-00539. M.P. Arturo Solarte Rodr\u00edguez <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
AC2362-2023 (2023-01062-00) AC2362-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-01062-00 Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de agosto del dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se resuelve el recurso de queja interpuesto por la apoderada judicial de la parte demandada frente al auto de 19 de diciembre de 2022, por medio del cual la Sala Civil-Familia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75083","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75083","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75083"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75083\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75083"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75083"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75083"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}