AC2364-2023 (2019-00330-01)<\/p>\n
<\/p>\n
AC2364-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-31-10-009-2019-00330-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide el recurso de queja formulado por Sandra Giovanna Quintero Perdomo frente al auto de 1 de junio de 2023, por medio del cual se deneg\u00f3 la concesi\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia de 28 de marzo de 2023 proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que decidi\u00f3 sobre las pretensiones declarativas de uni\u00f3n marital de hecho y de sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de apoderado, Jairo Uma\u00f1a Abad\u00eda promovi\u00f3 demanda con pretensi\u00f3n declarativa de uni\u00f3n marital de hecho y de sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes desde el 4 de junio de 1994 hasta el 17 de mayo de 2019.1 <\/p>\n
2. Con la demanda aport\u00f3 la escritura p\u00fablica 2353 de 25 de junio de 2018 de la Notar\u00eda Octava de Cali, en la que obra la manifestaci\u00f3n de voluntad de las partes de declarar la existencia de uni\u00f3n marital de hecho y la consecuente sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes desde el 4 de junio de 1994 hasta el 25 de junio de 2018, fecha en que fue autorizado el mencionado instrumento.2 <\/p>\n
3. Una vez agotado el tr\u00e1mite procesal, el Juez en primera instancia accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda, con fecha de inicio 4 de junio de 1994 y finalizaci\u00f3n 22 de julio de 2019, \u00faltima que corresponde a la presentaci\u00f3n de la demanda.3 <\/p>\n
4. El ad quem, en sede de apelaci\u00f3n -en raz\u00f3n del recurso interpuesto por la convocada-, mediante prove\u00eddo de 28 de marzo de 2023 confirm\u00f3 parcialmente la sentencia, al modificar la fecha de finalizaci\u00f3n de la uni\u00f3n marital de hecho y de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, al declarar que fue el 27 de mayo de 2019.4 <\/p>\n
4. En contra de esta sentencia, la demandada interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, por ello, el ad quem en auto de 20 de abril de 2023 exigi\u00f3, previo a la concesi\u00f3n, probar el inter\u00e9s para recurrir al considerar que no se trata de una sentencia que resuelve sobre el estado civil -al haber sido declarada previamente la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho por las partes-; exigencia que no fue cumplida y que motiv\u00f3 que el 1 de junio hoga\u00f1o no se accediera a lo solicitado.5 <\/p>\n
5. Por ello, formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y en subsidio queja, arguyendo que aun cuando modific\u00f3 s\u00f3lo la fecha de finalizaci\u00f3n tanto de la uni\u00f3n marital de hecho como de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes que <\/p>\n
\u00abes un asunto que ata\u00f1e en esencia al estado civil, insistiendo que adem\u00e1s de trastocar asuntos de naturaleza patrimonial tambi\u00e9n lo hace en \u201casuntos tales como la decisi\u00f3n de una mujer de hacer parte de una familia de conformidad como derecho humano establecido en la Constituci\u00f3n y en la Convenci\u00f3n Americana de DDHH y sus protocolos adicionales, en especial el de Belem do Para que protege especialmente a la mujer y su decisi\u00f3n, como ya se dijo de tener o no una familia, y su decisi\u00f3n de tener o no un estado civil, como ya fuera argumentado en escrito anterior\u201d.\u00bb 6 <\/p>\n
6. Al resolver el recurso de reposici\u00f3n, el ad quem mantuvo el auto impugnado y concedi\u00f3 el recurso de queja.7 <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Aptitud legal para el pronunciamiento. <\/p>\n
Compete a la Corte definir el presente asunto mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, seg\u00fan lo dispuesto en los art\u00edculos 30, numeral 3, y 35 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Procedencia del recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
2.1. En virtud de la naturaleza extraordinaria y restringida del recurso de casaci\u00f3n, su procedencia se halla condicionada a la satisfacci\u00f3n de diversos requisitos, expresamente establecidos en la ley. Al respecto, el art\u00edculo 334 del C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9 que el aludido medio de impugnaci\u00f3n \u00ab(\u2026) procede contra las siguientes sentencias, cuando son proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia: 1) Las dictadas en toda clase de procesos declarativos; 2) Las dictadas en las acciones de grupo cuya competencia corresponda a la jurisdicci\u00f3n ordinaria; 3) Las dictadas para liquidar una condena en concreto\u00bb. <\/p>\n
Por ello, resulta evidente que no todas las providencias judiciales son susceptibles de ser atacadas por esta v\u00eda, s\u00f3lo aqu\u00e9llas expresamente previstas por el legislador, en consideraci\u00f3n a la naturaleza del asunto debatido y, en determinados supuestos, a la cuant\u00eda actual del agravio denunciado por el impugnante. <\/p>\n
2.2. Conviene precisar, tambi\u00e9n, que el C\u00f3digo General del Proceso introdujo relevantes modificaciones a la impugnaci\u00f3n extraordinaria en comento, por v\u00eda de ejemplo, ampli\u00f3 el espectro de las sentencias susceptibles de ser atacadas en casaci\u00f3n, desde la perspectiva del tipo de procedimiento en el que se profirieron (declarativos, acciones de grupo y liquidaciones de condena en concreto en cualquier tramitaci\u00f3n). <\/p>\n
Asimismo, la normativa procesal actual puntualiz\u00f3 que el importe de la resoluci\u00f3n desfavorable debe ascender, cuanto menos, a 1000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (SMLMV), cuando se trate de pretensiones esencialmente patrimoniales, exceptuando tan s\u00f3lo los fallos pronunciados en acciones de grupo, adem\u00e1s, de aquellos juicios donde el debate aluda a tem\u00e1ticas relativas al estado civil (y que carecen, por lo mismo, de cuant\u00eda), siempre y cuando versen sobre la reclamaci\u00f3n e impugnaci\u00f3n del mismo o la declaraci\u00f3n de uniones materiales de hecho (art\u00edculos 334 y 338 ejusdem), \u00fanicamente. <\/p>\n
3. El inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n cuando se debaten los extremos temporales de la uni\u00f3n marital de hecho (no su existencia). <\/p>\n
3.1. La declaraci\u00f3n de existencia de una uni\u00f3n marital de hecho es, principalmente, una discusi\u00f3n relacionada con el estado civil de las personas. Por ende, cuando en un juicio las partes controvierten esa situaci\u00f3n, es decir, la presencia del aludido v\u00ednculo, la procedencia del recurso de casaci\u00f3n queda incluida en uno de los supuestos que exoneran al impugnante extraordinario de acreditar la cuant\u00eda de su inter\u00e9s (art\u00edculo 338, C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
Ciertamente, en lo que interesa al estado civil de las personas, no reviste trascendencia que se declare que una uni\u00f3n marital de hecho se extendi\u00f3 por el lapso m\u00ednimo legal, o por uno mayor; por el contrario, la extensi\u00f3n del lazo familiar resulta trascendente para establecer cu\u00e1les bienes y deudas son propios de cada uno de los compa\u00f1eros, y cu\u00e1les conforman la sociedad patrimonial correspondiente. <\/p>\n
En ese escenario, la discusi\u00f3n resulta eminentemente econ\u00f3mica, y por lo mismo, queda sujeta a las reglas en materia de inter\u00e9s que prev\u00e9 el ordenamiento procesal. As\u00ed lo tiene decantado la Sala, al reconocer que \u00abpara establecer la procedencia del \u201crecurso de casaci\u00f3n\u201d, no era viable su examen bajo los par\u00e1metros de si el proceso versaba \u201csobre estado civil\u201d, sino en el \u00e1mbito de la decisi\u00f3n desfavorable a la recurrente, que como se indicara recay\u00f3 sobre un aspecto \u201cecon\u00f3mico\u201d.8 <\/p>\n
3.2. Ante esa circunstancia, se impon\u00eda verificar el \u201cinter\u00e9s para recurrir\u201d, a cuyo monto alude la parte inicial del art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual \u201c(\u2026) Cuando las pretensiones sean esencialmente econ\u00f3micas, el recurso procede cuando el valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (1.000 smlmv). Se excluye la cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones populares y de grupo, y las que versen sobre el estado civil (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3.3. Ese ha sido el criterio de esta Corporaci\u00f3n y en tal sentido, en prove\u00eddo de 10 de noviembre de 20109 en el que se examin\u00f3 situaci\u00f3n similar a la que tiene ocurrencia en este caso, se dijo que <\/p>\n
\u201c(\u2026) el presente asunto no lo rige el aspecto personal relacionado con el estado civil de las partes, sino el patrimonial, relativo a la prosperidad de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n para obtener la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial que formaron los compa\u00f1eros permanentes, raz\u00f3n por la que era indispensable que estuviera establecido el inter\u00e9s econ\u00f3mico de la recurrente al momento de decidir sobre la concesi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
As\u00ed mismo, mediante auto de 3 de octubre de 201210 se acota que en t\u00e9rminos dinerarios el monto de la afectaci\u00f3n <\/p>\n
\u201c(\u2026) depende del valor econ\u00f3mico de la relaci\u00f3n sustancial definida en la sentencia, esto es, del agravio, la lesi\u00f3n o el perjuicio patrimonial que con las resoluciones adoptadas en el fallo sufre el recurrente, s\u00f3lo la cuant\u00eda de la cuesti\u00f3n de m\u00e9rito en su realidad econ\u00f3mica en el d\u00eda de la sentencia, es lo que realmente cuenta para determinar el monto del comentado inter\u00e9s\u201d (auto de 15 de mayo de 1991); todo, en el entendido de que el menoscabo patrimonial en cuesti\u00f3n, \u201c(\u2026) fluye de lo que desde un punto de vista material o pecuniario pierde el impugnante por haberse dictado el fallo recurrido y en el preciso momento en que \u00e9ste se dicta\u201d. <\/p>\n
Al respecto, en una decisi\u00f3n emitida en vigor del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que conserva vigencia en relaci\u00f3n con el C\u00f3digo General del Proceso, pues, uno y otro incluyen entre las providencias pasibles de casaci\u00f3n las que versan sobre el estado civil, as\u00ed como las declarativas de contenido econ\u00f3mico, la Corte dijo: <\/p>\n
\u201cAnalizado el proceder del Tribunal se advierte que, al conceder el recurso en esos t\u00e9rminos, no observ\u00f3 la naturaleza del debate que se someti\u00f3 a su conocimiento; esto es, pas\u00f3 por alto que en el sub examine no se est\u00e1 discutiendo la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho entre convocante y convocada, aspecto del litigio que devino pac\u00edfico en el instante mismo en que el juez de primer grado declar\u00f3 su conformaci\u00f3n y la demandada no se mostr\u00f3 inconforme, sino lo concerniente a la sociedad patrimonial, frente a lo cual, se impone determinar cu\u00e1l es el verdadero perjuicio que la sentencia de segunda instancia le inflige al recurrente en casaci\u00f3n. (\u2026) Luego, al no haberse determinado el inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 366 y 370 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, es decir, el verdadero agravio irrogado con la sentencia de segunda instancia, que corresponde en realidad al valor actual de la decisi\u00f3n desfavorable al recurrente, en este caso, todas aquellas decisiones del a quo que fueron revocadas por el ad quem y no aquellas que confirm\u00f3, la decisi\u00f3n acerca de la admisibilidad del recurso de casaci\u00f3n en referencia resulta prematura\u201d (CSJ AC, 3 oct. 2011, Rad. 2010-00279-01). <\/p>\n
En providencias posteriores, la Corte ha mantenido el mismo criterio al momento de establecer si deb\u00eda o no cuantificarse el inter\u00e9s econ\u00f3mico para acudir en casaci\u00f3n. As\u00ed, por ejemplo, en auto AC525-2018 se dijo que <\/p>\n
\u201cTra\u00eddos los anteriores planteamientos al presente debate, se observa que en la providencia confutada a pesar de modificarse lo relacionado con la duraci\u00f3n de la uni\u00f3n marital de hecho, fue para dejarla dentro del marco temporal expresamente indicado por el accionante en el libelo y eso result\u00f3 pac\u00edfico para la contradictora al no impugnarla, siendo que para sus fines resultaba adversa. Por lo tanto, los reparos del censor quedan circunscritos a la declaratoria de prescripci\u00f3n frente a la existencia de sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, planteada como aspiraci\u00f3n consecuencial de darse por sentado el v\u00ednculo que result\u00f3 propicio, lo que indiscutiblemente tiene un cariz econ\u00f3mico y obligaba justipreciar el detrimento ocasionado con la providencia del Tribunal\u201d. <\/p>\n
En decisi\u00f3n m\u00e1s reciente, AC004-2019, se indic\u00f3 que <\/p>\n
\u201cLos reparos de la censura quedan circunscritos a la negativa de declarar que se present\u00f3 sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes durante el mismo lapso, planteada como aspiraci\u00f3n consecuencial de darse por sentado el v\u00ednculo que result\u00f3 propicio, lo que indiscutiblemente tiene un cariz econ\u00f3mico y obligaba justipreciar el detrimento ocasionado con la providencia del Tribunal\u00bb (CSJ AC640\u20132019, 27 feb). <\/p>\n
3.4. En consecuencia, si nada esgrimieron o confrontaron los extremos procesales sobre la uni\u00f3n marital de hecho declarada por el juzgador, confirmada en segunda instancia, ha de concluirse que el afectado con la decisi\u00f3n, cuenta ciertamente con inter\u00e9s para impugnarla en casaci\u00f3n, pero circunscribi\u00e9ndose al tema \u201cpatrimonial\u201d o \u201cecon\u00f3mico\u201d, propio de la sociedad que se dice conformada por los compa\u00f1eros permanentes. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
4.1. En el caso que se estudia, la quejosa sustent\u00f3 su inconformidad respecto de lo decidido en prove\u00eddo del 1 de junio de 2023 que neg\u00f3 la concesi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia de 28 de marzo de 2023 por la que, se resolvi\u00f3, en sede de apelaci\u00f3n, sobre la fecha de finalizaci\u00f3n de una uni\u00f3n marital de hecho, la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes adem\u00e1s de la prescripci\u00f3n alegada. <\/p>\n
A este respecto, cabe se\u00f1alar que reposa en el expediente la Escritura P\u00fablica 2353 de 25 de junio de 2018 de la Notar\u00eda 8 de Cali, contentiva de la manifestaci\u00f3n de voluntad de las partes de declarar la existencia tanto de la uni\u00f3n marital de hecho como de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes desde el 4 de junio de 1994 hasta la fecha de autorizaci\u00f3n del mencionado instrumento. <\/p>\n
Ante este escenario, resulta trascendente determinar cu\u00e1l es el verdadero perjuicio que le causa a la recurrente en casaci\u00f3n el contenido de la sentencia impugnada, que no es otro que el aspecto patrimonial al no haber prosperado lo argumentado respecto a la prescripci\u00f3n y modificarse la fecha de finalizaci\u00f3n de la sociedad patrimonial. <\/p>\n
4.2. En tal virtud, lo que se invoca por la impugnante como consecuencia de haberse declarado la uni\u00f3n marital de hecho, realmente tiene una connotaci\u00f3n econ\u00f3mica que implica justipreciar el inter\u00e9s para recurrir. Es tan evidente lo anterior que, al sustentar el recurso de apelaci\u00f3n, la demandada argument\u00f3 que su inconformidad radicaba en que <\/p>\n
\u00abEl a quo convalid\u00f3 la uni\u00f3n marital de hecho entre las partes en litigio declarada mediante escritura p\u00fablica 2353 del 25 de junio de 2018 suscrita en la notaria Octava de Cali; no obstante, declar\u00f3 la uni\u00f3n desde el 4 de junio de 1994 hasta el 22 de julio de 2019; es decir, en fecha posterior a la cual se suscribi\u00f3 el citado instrumento p\u00fablico, lo cual es motivo de inconformidad, toda vez, que el periodo desde el 26 de julio de 2018 hasta el 22 de julio de 2019 no se encuentra acreditado en el plenario; por tanto, no pudo el juzgador de primera instancia extender la convivencia a \u00e9sta, cuando la parte demandante no cumpli\u00f3 su deber de acreditar este lapso\u00bb <\/p>\n
Adem\u00e1s <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no era posible para el a quo, extender una convivencia y los efectos de esta hasta el 22 de julio de 2019, toda vez, que el periodo que se extiende m\u00e1s all\u00e1 de 26 de junio de 2018 (d\u00eda posterior a la firma de escritura p\u00fablica) no aparece probado, m\u00e1xime cuando en el interrogatorio de parte, el demandante, es claro que desde el a\u00f1o 2018 ya no eran pareja; gener\u00e1ndose, adem\u00e1s, un fallo ultra petita, lo cual no es permitido por el principio de congruencia o consonancia entre lo pedido y lo otorgado. <\/p>\n
En ese orden de ideas, el demandante ten\u00eda un a\u00f1o desde el 26 de junio de 2018 para impetrar la acci\u00f3n judicial, lo cual no ocurri\u00f3, por cuanto, la misma fue presentada con fecha de 21 de agosto de 2019, es decir, por fuera del a\u00f1o que indica el art. 8 de la ley 54 de 1990 para impetrar la acci\u00f3n; teniendo la facultad el juez de declararla aun de oficio, en virtud de lo establecido en el art. 278 #3 del C.G.P.\u00bb <\/p>\n
Por ese sendero, la discrepancia alegada se refiere a la integraci\u00f3n del haber de la sociedad patrimonial as\u00ed se procure hacer ver, de forma contraevidente, con el cariz del estado civil. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El recurso de casaci\u00f3n fue bien denegado, pues el debate relacionado requiere justipreciar el inter\u00e9s para la procedencia del remedio extraordinario. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR BIEN DENEGADO el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la demandada frente a la sentencia de 28 de marzo de 2023, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso referenciado. <\/p>\n
SEGUNDO. Sin costas por no aparecer justificadas (art\u00edculo 365, numeral 8, C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
TERCERO. DEVU\u00c9LVASE la actuaci\u00f3n al Tribunal de origen, para lo de su cargo. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Cuaderno 1, folio 69. <\/p>\n
2\u0002 Cuaderno 1, folio 46. <\/p>\n
3\u0002 Cuaderno 1, archivo PDF 14. <\/p>\n
4\u0002 Cuaderno 2, archivo PDF 21. <\/p>\n
5\u0002 Cuaderno 2, archivo PDF 36. <\/p>\n
6\u0002 Cuaderno 2, archivo PDF 39. <\/p>\n
7\u0002 Cuaderno 2, archivo PDF 43. <\/p>\n
8\u0002 CSJ AC, 3 oct. 2012, rad. 2010-00451- 01. <\/p>\n
9\u0002 Exp. 2008-00078. <\/p>\n
10\u0002 Exp. 2010-00451- 01. <\/p>\n
11\u0002 Exp. 11001-31-10-024-2017-00457-01. <\/p>\n
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