AC2396-2023 (2023-02738-00)<\/p>\n
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AC2396-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02738-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide sobre la admisi\u00f3n de la solicitud de exequatur presentada por Todd D. Thompson, respecto de la sentencia de \u00ab12 de junio de 2023\u00bb, proferida por el Tribunal Distrital del Estado de Utah, en su S\u00e9ptimo Distrito Judicial en el condado de Grand, Estados Unidos de Am\u00e9rica. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El peticionario deprec\u00f3 el reconocimiento de efectos legales para la providencia del \u00ab12 de junio de 2023\u00bb, dictada por el Tribunal Distrital del Estado de Utah, en su S\u00e9ptimo Distrito judicial, en el condado de Grand, Estados Unidos de Am\u00e9rica. En ella se decret\u00f3 la adopci\u00f3n de un menor por parte del solicitante. <\/p>\n
2. Con el libelo genitor se anex\u00f3, por v\u00eda digital, la siguiente documentaci\u00f3n: \u00abDemanda\u00bb y \u00abAnexos\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El exequatur es un procedimiento jurisdiccional que tiene por finalidad otorgar a una sentencia proferida en el exterior los mismos efectos que una local, en virtud de los principios de colaboraci\u00f3n arm\u00f3nica entre los estados y reciprocidad diplom\u00e1tica, a condici\u00f3n de que se cumplan las formalidades se\u00f1aladas en la regulaci\u00f3n para estos fines. <\/p>\n
En Colombia, los art\u00edculos 606 y 607 del C\u00f3digo General del Proceso consagran los requisitos que deben satisfacerse, de los cuales se transcriben algunos apartados por su aplicaci\u00f3n al caso concreto: <\/p>\n
Art\u00edculo 606. Requisitos. Para que la sentencia extranjera surta efectos en el pa\u00eds, deber\u00e1 reunir los siguientes requisitos\u2026 3. Que se encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen, y se presente en copia debidamente legalizada. <\/p>\n
Sin aportar la sentencia en copia legalizada ni su ejecutoria, procede el rechazo de plano de la solicitud (numeral 2\u00ba del art\u00edculo 607 \u00eddem). <\/p>\n
No se trata de exigencias vacuas, ambas constituyen una condici\u00f3n que busca salvaguardar que la sentencia, cuyo reconocimiento se persigue, sea aportada en forma que pueda verificarse su autenticidad y que la misma tenga car\u00e1cter definitivo. <\/p>\n
2. En el presente caso se anticipa que la solicitud deber\u00e1 rechazarse por no satisfacer los requerimientos antes transcritos, a continuaci\u00f3n, se precisan: (I) falt\u00f3 allegar la copia legalizada o apostillada de la sentencia y (II) la constancia de que aquella se encuentra debidamente ejecutoriada. <\/p>\n
2.1. Es claro que el solicitante \u00fanicamente aport\u00f3 la traducci\u00f3n de la sentencia emitida por el juzgador norteamericano. Pero no alleg\u00f3 la copia legalizada o apostillada de la misma ni la constancia de ejecutoria con la respectiva legalizaci\u00f3n o apostilla. <\/p>\n
El requisito del numeral 3\u00ba del art\u00edculo 606 en menci\u00f3n en realidad encarna varios \u00edtems que deben ser corroborados para acceder a la homologaci\u00f3n: <\/p>\n
(I) Debe traerse una copia aut\u00e9ntica de la providencia a homologar, en su idioma original. No basta solo arrimar la traducci\u00f3n al castellano de la sentencia. <\/p>\n
(II) La sentencia debe allegarse con su respectiva legalizaci\u00f3n o apostilla (art\u00edculo 251 del C\u00f3digo General del Proceso). Y, se recuerda que, seg\u00fan la Convenci\u00f3n sobre la abolici\u00f3n del requisito de legalizaci\u00f3n para documentos p\u00fablicos extranjeros, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961, la apostilla es el instrumento que permite dar cuenta de \u00abla autenticidad de la firma, [y] a qu\u00e9 t\u00edtulo ha actuado la persona que firma el documento\u00bb (art\u00edculo 3); norma aplicable a este caso por ser Estados Unidos de Am\u00e9rica y Colombia suscriptores de la misma1; <\/p>\n
(III) En caso de tratarse de una sentencia redactada en un idioma distinto al castellano, esta debe ser traducida conforme a los requisitos de ley (art\u00edculo 251 del C\u00f3digo General del Proceso, en concordancia con los art\u00edculos 104 y 607 \u00eddem) para que tenga efectos jur\u00eddicos; y <\/p>\n
(IV) La decisi\u00f3n judicial debe ser definitiva. Para acreditar esta exigencia debe aportarse una certificaci\u00f3n expedida por la autoridad judicial for\u00e1nea que la dict\u00f3 en la que conste su car\u00e1cter inmodificable. <\/p>\n
2.2. Anunciados los anteriores requisitos, ahora pasa a explicarse porqu\u00e9 no fueron satisfechos y, por lo tanto, procede el rechazo in limine de la demanda. <\/p>\n
2.2.1. El solicitante solo aport\u00f3 la copia en castellano de la sentencia a homologar. No trajo copia del fallo en su idioma original. El art\u00edculo 605 del C\u00f3digo General del Proceso precisa que \u201clas sentencias y otras providencias que revistan tal car\u00e1cter, pronunciadas por autoridades extranjeras, en procesos contenciosos o de jurisdicci\u00f3n voluntaria, tendr\u00e1n en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese pa\u00eds, y en su defecto la que all\u00ed se reconozca a las proferidas en Colombia\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
De la transcripci\u00f3n de dicho canon se advierte con facilidad que, uno de los presupuestos esenciales de la solicitud de exequatur, es que se trate de una sentencia judicial for\u00e1nea o de un pronunciamiento extranjero que tenga dicho car\u00e1cter. <\/p>\n
Y, como en el presente caso no se trajo una copia de la providencia original que fuera emitida por el Tribunal Distrital del Estado de Utah, en su S\u00e9ptimo Distrito Judicial en el condado de Grand, Estados Unidos de Am\u00e9rica, no es posible concluir que la traducci\u00f3n aportada corresponda con esa sentencia for\u00e1nea, a pesar de que se aport\u00f3 la versi\u00f3n en castellano -que por lo dem\u00e1s no es admisible, como se explicar\u00e1 m\u00e1s adelante-. <\/p>\n
2.2.2. La sentencia que se aporte debe contar con la correspondiente apostilla que certifique el cargo y la firma de la autoridad extranjera que expide el documento y da fe de su autenticidad. <\/p>\n
Dado que no se aport\u00f3 la copia del fallo, sino \u00fanicamente tu traslaci\u00f3n, tampoco es dable verificar quien suscribi\u00f3 la copia del fallo sobre el que se busca la homologaci\u00f3n. La traducci\u00f3n arribada trae la consigna: \u00abPor medio de la presente certifico que el documento al que est\u00e1 pegado este certificado es copia completa, fiel y verdadera del original que se encuentra archivado en los Tribunales del Estado de Utah DOY FE con mi firma y sello\u00bb y, a continuaci\u00f3n, se lee \u00abfirma ilegible. Actuaria\u00bb (folio 6 del archivo digital 0006Expediente_digitalizado.pdf Orden 1 ESAV). Es decir, no se da a conocer quien autentic\u00f3 el documento. <\/p>\n
La apostilla que obra a folio 11 del expediente corresponde a la firma del notario colombiano \u00abOscar Iv\u00e1n Chac\u00f3n P\u00e1ez\u00bb, lo cual elimina cualquier posibilidad de que se aportara la legalizaci\u00f3n del fallo extranjero del \u00ab12 de junio de 2023\u00bb. <\/p>\n
La desatenci\u00f3n de la anterior carga procesal, por mandato del art\u00edculo 251 del C\u00f3digo General del Proceso, impide tener debidamente allegado el documento, de all\u00ed que la petici\u00f3n de homologaci\u00f3n realizada por Todd D. Thompson carezca de su espina dorsal, motivo para rechazar el tr\u00e1mite in limine. <\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed ha procedido esta Corporaci\u00f3n en casos equivalentes: <\/p>\n
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T\u00e9ngase en cuenta que, seg\u00fan el art\u00edculo 251 del actual estatuto procesal, para que un documento extranjero tenga valor probatorio deber\u00e1 estar \u00abapostillado de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Como Colombia y Estados Unidos de Am\u00e9rica son suscriptores de la Convenci\u00f3n sobre la abolici\u00f3n del requisito de legalizaci\u00f3n para documentos p\u00fablicos extranjeros, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961, la apostilla es el instrumento que permite certificar \u00abla autenticidad de la firma, [y] a qu\u00e9 t\u00edtulo ha actuado la persona que firma el documento\u00bb (art\u00edculo 3). <\/p>\n
<\/p>\n
Requisito exigible, trat\u00e1ndose de la sentencia que pretende ser homologada, por fuerza del numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 606 del c\u00f3digo en menci\u00f3n, siendo procedente repeler su estudio cuando no se satisfaga seg\u00fan el ordinal 2\u00b0 del canon 607 idem. (CSJ, 15 sep. 2021, rad. n.\u00b0 2016-02215-00). <\/p>\n
2.2.3. Como la sentencia materia de reconocimiento se emiti\u00f3 en una lengua diferente al castellano, era indispensable que se acompa\u00f1ara con la traducci\u00f3n en debida forma, so pena de tenerla por no allegada. <\/p>\n
El mencionado art\u00edculo 251 del estatuto adjetivo vigente establece: <\/p>\n
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Para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducci\u00f3n efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un int\u00e9rprete oficial o por traductor designado por el juez. En los dos primeros casos la traducci\u00f3n y su original podr\u00e1n ser presentados directamente. <\/p>\n
La desatenci\u00f3n de esta carga revela la ausencia del documento a reconocer y conduce indefectiblemente al rechazo del pedimiento judicial, como lo ha dicho esta Corte: <\/p>\n
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[S]e observa que la interesada no aport\u00f3 la sentencia for\u00e1nea materia de homologaci\u00f3n con la traducci\u00f3n id\u00f3nea, esto es, seg\u00fan lo determina el art\u00edculo 251 ibidem, la efectuada por \u2018el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un int\u00e9rprete oficial o por traductor designado por el juez\u2019 [pues] si bien con el escrito introductor se trajo una traducci\u00f3n realizada por\u2026, respecto de esta no se demostr\u00f3 su condici\u00f3n de \u2018int\u00e9rprete oficial\u2019. <\/p>\n
<\/p>\n
En consecuencia, de conformidad con lo preceptuado en los art\u00edculos 606 y 607 del C\u00f3digo General del Proceso, el Despacho resuelve\u2026 rechazar la demanda (AC5668, 31 ag. 2016, rad. n\u00b0 2016-00111-00) (AC1678-2018, 26 abr. 2018, rad. n.\u00ba 2018-00897-00, AC, 18 ene. 2018, rad. n.\u00ba 2017-03479-00 y AC3757, 4 sep. 2018, rad. n.\u00ba 2018-02230-00). <\/p>\n
En el sub examine, el convocante aport\u00f3 la sentencia for\u00e1nea en idioma castellano sin que la traducci\u00f3n fuera efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, un int\u00e9rprete oficial o traductor judicialmente designado. <\/p>\n
<\/p>\n
Si bien con el escrito inaugural se arrim\u00f3 una traducci\u00f3n, una lectura de esta muestra que se realiz\u00f3 por un int\u00e9rprete extranjero -\u00abGrant. L. Andersen\u00bb-, y no se acredit\u00f3 su habilitaci\u00f3n para actuar como tal en Colombia. <\/p>\n
2.2.4. El prove\u00eddo se adjunt\u00f3 sin incluir la manifestaci\u00f3n judicial u otro instrumento persuasivo que d\u00e9 cuenta de su car\u00e1cter inmodificable (que haya hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada), en el sentido de que frente a la misma no procede recurso alguno o que los interpuestos se resolvieron y el sentido de la determinaci\u00f3n. <\/p>\n
La jurisprudencia decantada de la Corte tiene dicho que, para demostrar la definitividad, es menester que el interesado allegue prueba id\u00f3nea que permita tener seguridad de que la decisi\u00f3n es \u00abfinal\u00bb, lo cual resulta inviable cuando \u00abno hay menci\u00f3n sobre los recursos procedentes en contra del mismo y la manera en que, de haberse interpuesto, fueron agotados\u00bb (AC2970, 22 jul. 2021, rad. n.\u00b0 2021-01510-00), o si no se aporta \u00abanotaci\u00f3n proveniente de autoridad alguna que brinde la certeza requerida sobre este aspecto\u00bb (AC7244, 25 oct. 2016, rad. n.\u00b0 2016-02791-00). <\/p>\n
No en vano se ha se\u00f1alado que el rechazo del exequatur es procedente cuando \u00abla reproducci\u00f3n… de la providencia objeto de… tr\u00e1mite… no se acompa\u00f1\u00f3 con la certificaci\u00f3n expedida por la autoridad que emiti\u00f3 el pronunciamiento, en la cual se establezca que aquella determinaci\u00f3n se encuentra en firme\u00bb (AC4360, 8 oct. 2019, rad. n.\u00b0 2019-03175-00). <\/p>\n
Y es que, en el sub lite, ni siquiera en la traducci\u00f3n se deja entrever que el prove\u00eddo sea definitivo, no hay ni siquiera un ac\u00e1pite donde esta situaci\u00f3n se aclare, y mucho menos una constancia o certificado del estrado judicial norteamericano en ese sentido. <\/p>\n
2.3. En suma, la ausencia de la copia legalizada o apostillada del fallo, la traducci\u00f3n en legal forma y la perspicuidad sobre la firmeza del veredicto cuyo reconocimiento se pretende, impide abrir la puerta al tr\u00e1mite judicial, lo que conduce a su rechazo de plano, en aplicaci\u00f3n del numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 607 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3. Con todo, este despacho estima importante realizar las siguientes consideraciones respecto al contenido de la solicitud y sus anexos, por evidenciar otras desatenciones a las normas que gobiernan la adecuada presentaci\u00f3n de un pedimento de reconocimiento: <\/p>\n
3.1. Respecto de la prueba de la reciprocidad legislativa, que es un presupuesto inexcusable del exequatur y cuya acreditaci\u00f3n se encuentra radicada en cabeza del interesado. <\/p>\n
Al efecto, debe tenerse en consideraci\u00f3n el art\u00edculo 177 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual consagra: <\/p>\n
El texto\u2026 de las leyes extranjeras, se aducir\u00e1 en copia al proceso, de oficio o a solicitud de parte. <\/p>\n
La copia total o parcial de la ley extranjera deber\u00e1 expedirse por la autoridad competente del respectivo pa\u00eds, por el c\u00f3nsul de ese pa\u00eds en Colombia o solicitarse al c\u00f3nsul colombiano en ese pa\u00eds. <\/p>\n
Tambi\u00e9n podr\u00e1 adjuntarse dictamen pericial rendido por persona o instituci\u00f3n experta en raz\u00f3n de su conocimiento o experiencia en cuanto a la ley de un pa\u00eds o territorio fuera de Colombia, con independencia de si est\u00e1 habilitado para actuar como abogado all\u00ed\u2026 (negrilla de la Corte). <\/p>\n
La importancia de la demostraci\u00f3n reclamada es trascendental en el sub lite, pues, a falta de tratados sobre reconocimiento de decisiones judiciales for\u00e1neas que vinculen a los Estados en menci\u00f3n, la acreditaci\u00f3n de la reciprocidad legal recae en hombros de la parte interesada, de lo cual debe advertirse desde el inicio del tr\u00e1mite; y, conforme al estatuto adjetivo en vigor aportar el texto de las leyes extranjeras atendiendo las previsiones establecidas en el citado art\u00edculo 177 \u00eddem. <\/p>\n
3.2. No se acredit\u00f3 que el fallo for\u00e1neo est\u00e9 acorde con las disposiciones patrias en materia de adopci\u00f3n, las cuales tienen car\u00e1cter de orden p\u00fablico y, por lo tanto, de obligatorio cumplimiento, de ah\u00ed que deben ser verificadas desde el albor del tr\u00e1mite (numeral 2\u00ba del art\u00edculo 606 del C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
En espec\u00edfico, y a pesar de la libertad probatoria con la que cuenta el solicitante, sin el registro civil de nacimiento del menor, el registro civil de matrimonio de la madre y el adoptante y el consentimiento firmado por el padre biol\u00f3gico, no se puede afirmar: <\/p>\n
(I) Que entre adoptante y adoptivo existan m\u00e1s de 15 a\u00f1os de diferencia (art\u00edculo 68 ley 1098 de 2006); <\/p>\n
(II) Que el solicitante es el c\u00f3nyuge de la madre biol\u00f3gica (art\u00edculo 68 ley 1098 de 2006) y; <\/p>\n
(III) Que el padre biol\u00f3gico haya dado su consentimiento para dar en adopci\u00f3n al menor (art\u00edculo 66 ley 1098 de 2006). <\/p>\n
3.3. Adem\u00e1s de la traducci\u00f3n del fallo for\u00e1neo no puede extraerse que se cumplan los requisitos que, a continuaci\u00f3n, enunci\u00f3: <\/p>\n
(I) Convivencia de al menos 2 a\u00f1os cuando se trate de la adopci\u00f3n por parte del c\u00f3nyuge al hijo del c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero permanente, pues en la traducci\u00f3n del fallo en el numeral 9\u00ba se expresa que el adoptivo ha vivido en casa del adoptante por solo un a\u00f1o (SC024-2023, 27 de febrero, rad. n.\u00ba -2022-03209-00). <\/p>\n
(II) Se protegieron los derechos e intereses del adoptivo por medio de la intervenci\u00f3n de una entidad especializada que actuara en nombre de aquel, como lo ha exigido la Corte para casos equivalentes al presente (cfr. CSJ, SC5533, 10 jul. 2019, rad. n.\u00b0 2018-03658-00). <\/p>\n
(III) La adopci\u00f3n decretada es plena e irrevocable (cfr. CSJ, SC5533 12 dic. 2018. rad. n.\u00ba 2017-02739-00), lo cual puede comprobarse al arribar las prescripciones del derecho del Estado de Utah, como las anunciadas en la traducci\u00f3n de la sentencia -\u00abt\u00edtulo 78B, Cap\u00edtulo 6, Parte 1, Ley de Adopci\u00f3n del ; Estado de Utah\u00bb-, que den cuenta de la necesidad de que el sentenciador verifique estos requisitos antes de acceder a la adopci\u00f3n o las pruebas recabadas en el tr\u00e1mite extranjero que sirvieron para estos fines. <\/p>\n
3.4. El interesado no adjunt\u00f3 todos los medios de prueba anunciados en la demanda. Se echan de menos el registro civil de nacimiento del adoptivo y el \u00abDocumento Formato de consentimiento debidamente traducido, apostillado y firmado por el padre biol\u00f3gico del menor dirigido a la Corte del Distrito de Utah\u00bb. <\/p>\n
3.6. No se formul\u00f3 pretensi\u00f3n encaminada a inscribir la sentencia que emanase de la solicitud de exequatur en los registros civiles de los interesados. <\/p>\n
3.7. Por \u00faltimo, no se reconocer\u00e1 personer\u00eda jur\u00eddica a Geovanny Su\u00e1rez Guzm\u00e1n, profesional en derecho con tarjeta vigente seg\u00fan el Registro Nacional de Abogados, ya que al faltar copia de la sentencia para la cual se busca el exequatur, no puede verificarse que el poder se encuentre debidamente conferido. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, resuelve: <\/p>\n
Primero. Rechazar de plano la solicitud de exequatur presentada por Todd D. Thompson en el asunto del encabezado. <\/p>\n
Segundo. No reconocer personer\u00eda al abogado Geovanny Su\u00e1rez Guzm\u00e1n, como apoderado judicial del solicitante, por las razones expuestas en las consideraciones de esta providencia. <\/p>\n
Tercero: Por secretar\u00eda, dese cumplimiento al art\u00edculo 90 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n