ATC1029-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1029-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 23001-22-14-000-2023-00129-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bucaramanga, treinta (30) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso dirimir la impugnaci\u00f3n interpuesta por el convocante frente a la sentencia del pasado 19 de julio, emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, Sala Civil-Familia-Laboral, en la acci\u00f3n de tutela promovida por F\u00e9lix Jos\u00e9 de la Cruz Manzur Jattin contra el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Lorica (C\u00f3rdoba), si no fuera porque esta Magistratura observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo rituado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El convocante urgi\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, \u00abACCESO A LA ADMINISTRACI\u00d3N DE JUSTICIA, PLAZO RAZONABLE Y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA\u00bb, presuntamente conculcadas por la c\u00e9lula dispensadora requerida. Y en concreto, se ordene la respuesta echada de menos, de cara a la \u00absolicitud de \u201cFIJAR FECHA Y HORA PARA LA\u2026 AUDIENCIA\u2026 DE QUE TRATA EL ART. 372 [DEL] C[.]G[. DEL ]P\u201d\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como sustento adujo el tutelante que el despacho accionado ha omitido, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida, resolver sobre la s\u00faplica de fijaci\u00f3n de audiencia arriba descrita, por \u00e9l propuesta con motivo de la \u00abdemanda verbal\u2026 DECLARATIVA DE CONDENA\u00bb, que adelanta respecto a Jorge El\u00edas Manzur Jattin, pese a encontrarse admitido el libelo a trav\u00e9s de auto de 13 de agosto de 2021 e \u00abintegrado correctamente el contradictorio\u00bb; adem\u00e1s, sin miramiento de las m\u00faltiples reiteraciones desde la impetraci\u00f3n de la rogativa, el \u00ab21\/07\/2022\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Tribunal a-quo dio impartici\u00f3n al pliego supralegal del ep\u00edgrafe, luego de la remisi\u00f3n que \u201cpor competencia\u201d le hizo el estrado Penal del Circuito1 del mismo poblado cordob\u00e9s (Lorica) al esgrimir esta \u00faltima agencia judicial que, en atenci\u00f3n a la \u00abpetici\u00f3n especial\u00bb del promotor de que se vinculara por pasiva al Juzgado Civil del Circuito \u00eddem -por supuestamente desatar un \u00abincidente de nulidad\u00bb en el asunto pasible de censuras-, la potestad en torno a la querella de tutela recaer\u00eda en aquella Corporaci\u00f3n tribunalicia. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Impugn\u00f3 el convocante, en desavenencia con lo sentenciado, porque no se hizo estudio exhaustivo a su reproche. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de esta Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural para decidir en impugnaci\u00f3n el asunto de marras, toda vez que las cr\u00edticas del memorial impulsor del mecanismo tutelar se enfilan -en exclusivo- contra la presunta omisi\u00f3n del despacho Segundo Promiscuo Municipal de Lorica (C\u00f3rdoba) en proveer sobre la solicitud del ac\u00e1 inicialista de \u00ab\u201cFIJAR FECHA Y HORA PARA LA\u2026 AUDIENCIA\u2026 DE QUE TRATA EL ART. 372 [DEL] C[.]G[. DEL ]P\u201d\u00bb, al interior de la \u00abdemanda verbal\u2026 DECLARATIVA DE CONDENA\u00bb sub examine. Luego, con independencia de la aspiraci\u00f3n \u00abespecial\u00bb de que se integrara por pasiva al estrado Civil del Circuito ib\u00eddem, la atribuci\u00f3n para dirimir la controversia en primera instancia no reca\u00eda en la Colegiatura de origen. <\/p>\n
Lo anteriormente esbozado -ins\u00edstase- impide a la Sala desatar v\u00e1lidamente la disputa, dado que como en lo pertinente ense\u00f1a el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del decreto 1069 de 2015 (modificado por el canon 1\u00b0 del 333 de 2021), \u00ab[l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb (\u00c9nfasis). <\/p>\n
2. En consecuencia, el veredicto dimanado en el rito por el Tribunal de Monter\u00eda se halla viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo con el canon 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los cert\u00e1menes de amparo por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del decreto 306 de 1992, pues la potestad para conocer del asunto en primer grado, como se otea, le ata\u00f1e es al reparto del Juzgado Civil del Circuito de Lorica, en condici\u00f3n de superior funcional del aludido despacho promiscuo municipal. <\/p>\n
Total que el llamamiento por pasiva al tr\u00e1mite de ese Juzgado Civil del Circuito es \u00abaparente\u00bb, pues, rep\u00edtase, ninguna censura fue exteriorizada por el promotor contra tal estamento judicial, m\u00e1xime si la gesti\u00f3n que pudiera haber desplegado en auto de 3 de mayo de 2018, al interior del dossier ejecutivo previo, en ning\u00fan modo alberga inconformidad en esta ocasi\u00f3n, ni nada tiene que ver con la mora enrostrada al ente promiscuo municipal. <\/p>\n
No en vano, se ha doctrinado que, <\/p>\n
\u2026no puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria\u2026 (Destacado adrede. CSJ ATC, 24 jul. 2007, rad. 00156-01; reiterado en ATC, 13 sep. 2013, rad. 00134-01). <\/p>\n
Respecto de la falta de competencia venida de esbozar, se ha se\u00f1alado: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo2, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992. (Criterio expuesto en CSJ ATC1396 de 2016; reiterado, entre muchos otros, en ATC1684, ATC1686 y ATC2521, todos de ese mismo a\u00f1o). <\/p>\n
Por otro lado, en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el decreto 1983 de 2017 (asimilables al vigente decreto 333 de 2021), se ha precisado que: <\/p>\n
3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) respecto a que los jueces \u201cno est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u201d el cual \u201c(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u00ab[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u201cseg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u201cel cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01)\u00bb (ATC298-2018, 31 en., rad. 2017-00314-01). <\/p>\n
3. Por lo consignado, se adoptar\u00e1n las directrices necesarias para enderezar el decurso iusfundamental. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, resuelve: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad de lo actuado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, Sala Civil-Familia-Laboral, en el plenario de la referencia, desde el auto admisorio de 7 de julio de los corrientes, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. En consecuencia, rem\u00edtase de inmediato el expediente al reparto del Juzgado Civil del Circuito de Lorica, para que le imprima al caso el tr\u00e1mite de primera instancia de rigor. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Sede judicial que recibi\u00f3 las foliaturas del mismo Tribunal, quien se abstuvo de zanjar acerca del impedimento manifestado por la titular del Juzgado Laboral del Circuito de Lorica, inicial conocedora del reclamo. <\/p>\n
2\u0002 \u00abart\u00edculo 16. Prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicci\u00f3n y la competencia. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3] <\/p>\n
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