ATC877-2023 <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC877-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2023-01491-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respecto a la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 12 de julio de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por el Resguardo Ind\u00edgena Quillasinga \u201cRefugio del Sol\u201d contra el Consejo Nacional Electoral y la Unidad Asesora de Inspecci\u00f3n y Vigilancia de esa misma entidad, la Corte advierte que se configura la causal de nulidad prevista en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a estas tramitaciones por remisi\u00f3n del art\u00edculo 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 (que contiene el canon 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991). <\/p>\n
2. En efecto, revisadas las pertinentes piezas procesales, se establece que tanto de la apertura de este tr\u00e1mite -realizada mediante auto del 4 de julio de 2023-, como del fallo proferido el siguiente 12 de julio, el tribunal de primer grado omiti\u00f3 vincular y notificar al Movimiento de Autoridades Ind\u00edgenas de Colombia -AICO-, as\u00ed como a los dem\u00e1s intervinientes en el expediente acumulado rad. n.\u00b0 CNE-E-DG-2022-023977 que es objeto de queja constitucional. <\/p>\n
En las condiciones descritas, por cuanto lo perseguido con esta acci\u00f3n es que \u00abse ordene dejar sin efectos (\u2026) la inscripci\u00f3n realizada por la oficina de Asesor\u00eda de Inspecci\u00f3n y Vigilancia (\u2026) el d\u00eda 28 de junio de 2023 (\u2026), bajo el entendido que el Acto Administrativo que ordena la anotaci\u00f3n, en este caso la Resoluci\u00f3n No. 4558 de 2023, no se encuentra ejecutoriada\u00bb, emerge necesaria su concurrencia, toda vez que, en el mencionado acto administrativo -emitido dentro del referido asunto rad. n.\u00b0 2022-023977, a cargo del Consejo Nacional Electoral-, \u00abse DECIDE sobre: la solicitud de revocatoria directa contra la Resoluci\u00f3n No. 3783 del 24 de mayo 2023; las impugnaciones presentadas contra la Asamblea Extraordinaria del Movimiento Autoridades Ind\u00edgenas de Colombia AICO, realizada el d\u00eda 20 de diciembre de 2022; y, la solicitud de inscripci\u00f3n de algunos directivos, que resultaron electos en la mentada Asamblea Extraordinaria; y se dictan otras disposiciones\u00bb; por lo que el debate jur\u00eddico planteado, necesariamente es de su inter\u00e9s. As\u00ed, es menester su vinculaci\u00f3n para que, si a bien lo consideran, ejerzan las prerrogativas que dimanan del derecho fundamental al debido proceso. <\/p>\n
3. En materia de notificaci\u00f3n de las actuaciones surtidas en la acci\u00f3n de tutela, el art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991 dispone: \u00ab[l]as providencias que se dicten se notificar\u00e1n a las partes o intervinientes, por el medio que el juez considere m\u00e1s expedito y eficaz\u00bb, mientras el art\u00edculo 5\u00ba del Decreto 306 de 1992 establece: \u00ab[d]e conformidad con el art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991 todas las providencias que se dicten en el tr\u00e1mite de una acci\u00f3n de tutela se deber\u00e1n notificar a las partes o a los intervinientes. Para este efecto son partes la persona que ejerce la acci\u00f3n de tutela y el particular, la entidad o autoridad p\u00fablica contra la cual se dirige la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 13 del Decreto 2591 de 1991\u00bb, y a\u00f1ade que \u00ab[e]l juez velar\u00e1 porque de acuerdo con las circunstancias, el medio y la oportunidad de la notificaci\u00f3n aseguren la eficacia de la misma y la posibilidad de ejercer el derecho de defensa\u00bb. <\/p>\n
En el mismo sentido, el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, consagra que el fallo proferido en el tr\u00e1mite del auxilio, \u00abse notificar\u00e1 por telegrama o por otro medio expedito que asegure su cumplimiento, a m\u00e1s tardar al d\u00eda siguiente de haber sido proferido\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a la necesidad de notificar la iniciaci\u00f3n del amparo a todos los directamente interesados en sus resultas, la Corte Constitucional ha destacado que dicho acto: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) constituye un elemento estructural del derecho fundamental al debido proceso, en cuanto que, por su intermedio, m\u00e1s que pretender formalizar la comunicaci\u00f3n del inicio, desarrollo o agotamiento de una determinada actuaci\u00f3n procesal, lo que busca es asegurar la legalidad de las determinaciones que se adopten al interior de la misma, permitiendo que los distintos sujetos procesales puedan ejercer los derechos de defensa, contradicci\u00f3n e impugnaci\u00f3n, utilizando oportunamente los instrumentos o mecanismos de defensa que se hayan previsto para la protecci\u00f3n de sus intereses. <\/p>\n
(\u2026) Conforme con ello, ha puntualizado este Tribunal que recae en las autoridades judiciales o administrativas, la obligaci\u00f3n de notificar o comunicar sus decisiones no solo a las partes, sino tambi\u00e9n a los terceros que tengan un inter\u00e9s jur\u00eddico en ellas, pues unos y otros son titulares del derecho al debido proceso y, por tanto, a todos se les debe brindar la oportunidad de expresar sus opiniones, de presentar y controvertir las pruebas allegadas en su contra, y de recurrir, a trav\u00e9s de los recursos previamente instituidos, las decisiones adoptas que le sean contrarias. <\/p>\n
(\u2026) Trat\u00e1ndose de la acci\u00f3n de tutela, la Corte ha dejado sentado que la garant\u00eda constitucional de la publicidad del proceso, materializada en el acto de notificaci\u00f3n de las decisiones judiciales, tanto a las partes como a los terceros con inter\u00e9s leg\u00edtimo, mantiene plena vigencia, e incluso adquiere mayor relevancia, debido a que en ella se debate la protecci\u00f3n constitucional derivada de la amenaza o vulneraci\u00f3n de los derechos constitucionales fundamentales\u00bb (CC A-364\/10). <\/p>\n
Ahora de la consecuencia jur\u00eddica por omitir esa gesti\u00f3n, se ha sostenido que: \u00abla falta de notificaci\u00f3n a la parte demandada y la falta de citaci\u00f3n de los terceros con inter\u00e9s leg\u00edtimo en el proceso de tutela, genera una nulidad saneable de toda la actuaci\u00f3n surtida, en aras de lograr con ello el respeto y la garant\u00eda de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa judicial, al igual que la plena vigencia del principio de publicidad de las actuaciones de las autoridades del Estado\u00bb (CC A-054\/06). Se subraya. <\/p>\n
En similar sentido, reiteradamente esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que: \u00ab[e]l incumplimiento del deber de citaci\u00f3n a la tutela de los \u201cterceros con inter\u00e9s leg\u00edtimo genera un vicio constitutivo de nulidad. As\u00ed, en m\u00faltiples providencias, la Sala ha indicado que \u201c\u2026se incurri\u00f3 en causal de nulidad\u2026 toda vez que a\u2026, quien puede resultar afectada con la decisi\u00f3n que aqu\u00ed se adopte no se vincul\u00f3 al tr\u00e1mite\u2026 el Juez de tutela debe garantizar a los terceros determinados o determinables, con inter\u00e9s leg\u00edtimo en un juicio su derecho de defensa\u2026\u201d (auto de 12 de agosto de 2011, exp. 00401-01, reiterado el 21 de noviembre del mismo a\u00f1o, exp. 01473-01 y el 5 de julio de 2012, exp. 00036-01)\u00bb (CSJ STC, 16 may. 2013, exp. 01030-00, citada, entre otros, en ATC418-2023, 21 abr., rad. 00127-01). <\/p>\n
4. En este orden, atendiendo las disposiciones legales y los precedentes jurisprudenciales anteriormente referidos, con observancia en los incisos 2\u00ba y 3\u00ba del art\u00edculo 138 del estatuto adjetivo, que tratan sobre los efectos de la nulidad declarada y la renovaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n, se invalidar\u00e1 exclusivamente la sentencia de primera instancia, en tanto es el \u00fanico acto procesal que puede calificarse como \u00abposterior al motivo que la produjo y que resulte afectada por este\u00bb, lo cual supone la conservaci\u00f3n de la eficacia de los sucesos procesales previos y de las pruebas en los t\u00e9rminos de ley. <\/p>\n
En consecuencia, para la reanudaci\u00f3n del tr\u00e1mite se le ordenar\u00e1 al a quo, vincular y por ende notificar al Movimiento de Autoridades Ind\u00edgenas de Colombia -AICO-, as\u00ed como a los dem\u00e1s intervinientes en el asunto acumulado rad. n.\u00b0 CNE-E-DG-2022-023977, quienes no fueron convocados pese a su inter\u00e9s dentro de la querella, y, por ende, tambi\u00e9n est\u00e1n llamados a comparecer dentro de la acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la nulidad del fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 12 de julio de 2023, dentro de la salvaguarda de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Ordenar que por Secretar\u00eda se devuelva el expediente a la colegiatura de origen para que, conforme a lo dicho en la parte motiva de este prove\u00eddo, realice las correspondientes vinculaciones y renueve lo actuado. <\/p>\n
TERCERO: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados por un medio expedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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