ATC882-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-01154-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide el incidente de desacato formulado por Forpresalud IPS S.A.S. contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga \u2013 Magistrada Mery Esmeralda Ag\u00f3n Amado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Forpresalud IPS S.A.S. prest\u00f3 servicios m\u00e9dicos No POS para atender a los usuarios del r\u00e9gimen subsidiado del Departamento de Santander \u2013 Secretar\u00eda de Salud de Santander, conforme qued\u00f3 detallado en unas facturas, y al no recibir el pago de las mismas, acumul\u00f3 demanda dentro del proceso ejecutivo tramitado contra el ente territorial con radicado \u00ab2015-289\u00bb, conocido por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga, donde se libr\u00f3 mandamiento de pago a su favor el 27 de octubre de 2017 y el 24 de septiembre de 2018 se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, posteriormente el 24 de abril de 2019 se aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas y se orden\u00f3 remitir el expediente a los juzgados de ejecuci\u00f3n, correspondiendo su conocimiento al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad, donde se acumul\u00f3 al proceso con radicado 2008-00295-01. <\/p>\n
El 18 de marzo de 2022 se actualiz\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito; el 21 de septiembre siguiente el juzgado de ejecuci\u00f3n requiri\u00f3 a varias entidades financieras \u00abpara que se sirvan atender la medida cautelar decretada en el asunto sobre los dineros que se encuentren a favor del Departamento de Santander \u2013 Secretar\u00eda de Salud Departamental de Santander, con la salvedad que la cautela no puede afectar: (i) los dineros que no son de la demandada, (ii) los emanados del Sistema General de Participaciones (art.513 del C.P.C., Decreto 1101 de 2007, art. 6 de la Ley 179 de 1994 y art 19 del decreto 111 de 1996); y (iii) los que tengan el car\u00e1cter de parafiscales y no est\u00e9n dentro de las excepciones, de acuerdo a lo se\u00f1alado por la Corte Constitucional en las sentencias que se acaban de citar. En el evento en que las entidades llamadas a atender la anterior orden requisitoria, encuentren que los dineros est\u00e1n dentro de alguna de las mentadas situaciones, deber\u00e1n de abstenerse de ponerlos a disposici\u00f3n, haci\u00e9ndolo saber con el soporte legal en que se fundan y las respectivas documentales del caso\u00bb. <\/p>\n
La gestora apel\u00f3 la precitada decisi\u00f3n y el 22 de febrero de 2023 la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga la confirm\u00f3, afirm\u00f3 aquella, en contra de los precedentes sobre las excepciones a la inembargabilidad de los recursos del Sistema General de Participaciones destinados para Salud, emitidos por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia (STC3842-2021, STC4663-2021, STC1479-2020, STC14198-2019, STC8545-2020, STC3842-2021), la Sala de Casac\u00f3n Laboral de la misma Corporaci\u00f3n (STL6430-2018, STL2493-2020) y la Corte Constitucional (C-546 de1992, C-103 de 1994, C-566 de 2003, C-543 de 2013, C-1154 de 2008). <\/p>\n
2. La ahora incidentante acudi\u00f3, entonces, a la acci\u00f3n de tutela, criticando que la Colegiatura accionada en su decisi\u00f3n del 22 de febrero de 2023 no logr\u00f3 demostrar que el citado precedente haya variado, por lo cual desatendi\u00f3 el criterio vertical aplicable, el cual establece que es posible la cautela, cuando se cobran obligaciones que tienen como fuente la prestaci\u00f3n de servicios de salud, y en este caso la cautela se dirige no sobre dineros del SGSSS depositados en cuentas maestras, sino sobre dineros del SGP en su rubro de salud. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que con destino a las entidades financieras que tienen depositado dinero del ente territorial, \u00e9ste alleg\u00f3 certificaciones suscritas por la Directora T\u00e9cnica de la Tesorer\u00eda General del Departamento, donde indic\u00f3 que las sumas son inembargables, \u00abolvid\u00e1ndose que las medidas cautelares son producto de la prestaci\u00f3n de servicios de salud\u00bb, y con base en tal documento, que es una prueba emanada de la misma ejecutada, todas las cuentas ser\u00edan inembargables, porque todos los recursos que recibe el ente territorial se enmarcan para una previsi\u00f3n de ingresos y gastos relativos a una determinada actividad econ\u00f3mica, seg\u00fan el art\u00edculo 353 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el Decreto 111 de 1996, art\u00edculo 109. <\/p>\n
3. El 29 de marzo de 2023 esta Colegiatura concedi\u00f3 el amparo solicitado (STC3044-2023), orden\u00f3 a \u00abla Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga que, (\u2026) deje sin efecto el prove\u00eddo del 22 de febrero de 2023, que confirm\u00f3 el proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misa ciudad, el 21 de septiembre de 2022, y las actuaciones que dependan de \u00e9ste\u00bb y en consecuencia \u00abemita nueva providencia en la que resuelva la apelaci\u00f3n interpuesta por la ejecutante en contra del referido prove\u00eddo de 21 de septiembre de 2022, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo\u00bb <\/p>\n
Para arribar a esa conclusi\u00f3n, en lo medular, se consider\u00f3 que, la Colegiatura accionada no acert\u00f3 cuando condicion\u00f3 el embargo solicitado por la gestora sobre dinero depositado en cuentas bancarias, para que no recayera sobre recursos provenientes del Sistema General de Participaciones, porque en el caso concreto se daban los presupuestos para aplicar la excepci\u00f3n a la inembargabilidad de los mismos, debido a que el t\u00edtulo objeto del recaudo ten\u00eda g\u00e9nesis en la prestaci\u00f3n de servicios de salud, adem\u00e1s de que ya exist\u00eda una sentencia judicial que daba v\u00eda libre al cobro. <\/p>\n
Esa determinaci\u00f3n no fue impugnada y el asunto se remiti\u00f3 a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, donde el 30 de junio postrero fue excluido de la misma, en prove\u00eddo T9410041. <\/p>\n
4. En cumplimiento del mentado fallo de tutela, el 11 de abril de 2023, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 dict\u00f3 auto con que resolvi\u00f3 nuevamente la alzada, en el que resolvi\u00f3 <\/p>\n
1. Dejar sin efectos el auto proferido por este tribunal el 22 de febrero de 2023 por medio del que se resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra el auto del 21 de septiembre de 2022, proferido por la se\u00f1ora Juez Segunda Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bucaramanga, en el proceso de la referencia. <\/p>\n
2. MODIFICAR el auto apelado, que para mayor claridad se reproduce en su totalidad con la modificaci\u00f3n, as\u00ed: <\/p>\n
\u201cORDENAR requerir al BANCO DE OCCIDENTE S.A., al BANCO GNB SUDAMERIS S.A.S., a COLPATRIA, a BANCOOMEVA, al BANCO ITAU, al BANCO PICHINCHA, a SCOTIABANK y a la ADRES para que se sirvan atender la medida cautelar decretada en el asunto sobre los dineros que se encuentren a favor del DEPARTAMENTO DE SANTANDER-SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE SANTANDER, con la salvedad que la cautela no puede afectar: (i) los dineros que no son de la demandada, (ii) los dineros o recursos que hacen parte del presupuesto general del Departamento de Santander, (iii) los que tengan el car\u00e1cter de parafiscales y (iv) los que se registren en la ADRES y se encuentren depositados en cuentas maestras. <\/p>\n
ORDENAR oficiarles a las aludidas entidades, inform\u00e1ndoles que conforme a lo considerado por la SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en la Sentencia STC3044-2023 proferida el 29 de marzo de 2023 con ponencia del se\u00f1or magistrado DR. AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO, y dentro de la acci\u00f3n de tutela radicada al n\u00famero 11001-02-03-000-2023-01154-00, los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones destinados a financiar las acciones de salud p\u00fablica pueden ser objeto de la medida cautelar de embargo y retenci\u00f3n decretadas al configurarse \u201cla segunda de las excepciones contempladas previamente\u201d , por cuanto \u201cse reclam\u00f3 el embargo, con miras a obtener el pago de las obligaciones reconocidas en la providencia que orden\u00f3 continuar con la ejecuci\u00f3n y que corresponden a la prestaci\u00f3n de servicios de salud\u201d (\u2026) <\/p>\n
2. Ordenar al se\u00f1or juez de primera instancia que proceda, en forma inmediata, a librar los oficios con destino a quienes deben ejecutar las medidas inform\u00e1ndoles de la modificaci\u00f3n ac\u00e1 decretada. <\/p>\n
3. Ordenar al se\u00f1or juez de primera instancia que proceda, a verificar la naturaleza de los dineros objeto de la medida cautelar y si son inembargables, deber\u00e1 levantar la medida inmediatamente. <\/p>\n
5. La incidentante reclam\u00f3 el acatamiento aduciendo que, en materia de recursos para la salud, los entes territoriales no recaudan aportes parafiscales, porque ello corresponde a las EPS en el r\u00e9gimen contributivo, por lo cual deben diferenciarse las cuentas maestras abiertas por la ADRES para dicho recaudo por parte de las EPS, de las cuentas abiertas por el ente territorial y registradas ante la ADRES, que no manejan recursos parafiscales y por ende no est\u00e1n beneficiadas del principio de inembargabilidad, de ah\u00ed que la ejecutada \u00abno tiene cuenta maestra recaudadora por concepto de parafiscales ante la ADRES, pues estas cuentas son inscritas \u00fanica y exclusivamente por las EPS, del r\u00e9gimen contributivo, y por consiguiente los recursos que la ADRES le gira a las Secretar\u00edas de Salud Departamentales, no son parafiscales, sino hacen parte del Sistema General de Participaciones del Sector Salud, que despu\u00e9s son incorporados en el presupuesto departamental, mediante ordenanzas\u00bb. <\/p>\n
Lo expuesto har\u00eda nugatorias las medidas cautelares, porque dichos recursos, pese a su fuente, luego son incorporados al presupuesto departamental mediante Ordenanza emitida por la Asamblea Departamental para cada vigencia fiscal, conforme dan cuenta las certificaciones emitidas por el mismo ente territorial, presupuesto que no se puede embargar porque es utilizado por las entidades oficiales para su funcionamiento. <\/p>\n
En suma, estima que en el prove\u00eddo con que se dijo cumplir el fallo constitucional se consider\u00f3 que \u00ablos recursos que le debe girar la ADRES, al Departamento de Santander, a pesar que no son PARAFISCALES, al tenor de la normatividad ibidem, y lo establecido en la sentencia T-053 de 2022, o los que provengan del sistema general de participaciones sector salud, son inembargables al hacer parte del presupuesto general del ente territorial, lo que imposibilita de acuerdo a las certificaciones emanadas por la misma demandada, sean acatadas y aplicadas las \u00f3rdenes de embargos por parte de las entidades financieras\u00bb. <\/p>\n
6. Esta Corte, previo requerimiento al Tribunal que soport\u00f3 el reclamo tutelar seguido bajo el radicado del ep\u00edgrafe, por auto del pasado 31 de mayo dispuso tramitar el incidente previsto en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, surtir el traslado de rigor a la funcionaria de tal sede judicial, y en prove\u00eddo del 22 de junio siguiente tuvo como pruebas la totalidad de los documentos allegados a la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
En oportunidad, la Magistrada sustanciadora de la Colegiatura convocada -Mery Esmeralda Ag\u00f3n Amado- se\u00f1al\u00f3 que emiti\u00f3 el auto de 11 de abril \u00faltimo \u00abcon el \u00fanico prop\u00f3sito de dar cumplimiento, en sus propios t\u00e9rminos, a las anteriores \u00f3rdenes\u00bb, a lo cual agreg\u00f3 que, <\/p>\n
Sin el \u00e1nimo de hacer nuevas consideraciones, considero pertinente aclarar que no corresponde a lo considerado y decidido en la citada providencia [auto del 11 de abril de 2023], lo manifestado por el apoderado incidentante en lo relacionado con el ADRES, pues en la parte resolutiva puede advertirse claramente que a dicha entidad tambi\u00e9n se le orden\u00f3 requerir para que cumpliera con la medida cautelar decretada con las salvedades all\u00ed indicadas, entre las que no se incluyeron los recursos provenientes del SGP. <\/p>\n
Incluso se orden\u00f3 oficiarle inform\u00e1ndole que, conforme a la sentencia de tutela objeto de cumplimiento, los recursos del SGP pod\u00edan ser objeto de la medida de embargo y retenci\u00f3n decretada, y se dispuso ponerle en conocimiento el citado fallo, por lo que es clara dicha decisi\u00f3n, en que los recursos que maneja el ADRES de la entidad territorial \u2013 DEPARTAMENTO DE SANTANDER- y que son girados del SGP como lo contempla el literal a del art\u00edculo 67 de la ley 1753 de 2015, pueden ser objeto de la medida decretada con base en lo considerado en el fallo de tutela. Y la salvedad que se indic\u00f3 en el numeral SEGUNDO de la parte resolutiva, enumerado como \u201c(iv) los que se registren en la ADRES y se encuentren depositados en cuentas maestras\u201d, es claro que se trata de los dem\u00e1s recursos que maneja el ADRES y que son del DEPARTAMENTO DE SANTANDER, pues conforme a la norma en cita, no solo tiene los del SGP, sino tambi\u00e9n, por citar un ejemplo, los que provienen del \u201cproducto del monopolio de juegos de suerte y azar (novedosos y localizados) que explota, administra y recauda Coljuegos de propiedad de las entidades territoriales destinados a financiar el aseguramiento\u201d. <\/p>\n
A estos argumentos, en los que explico porqu\u00e9 considero que di cabal cumplimiento al fallo de tutela, me permito agregar los siguientes, de cara a lo alegado por el se\u00f1or apoderado judicial incidentante en el escrito que descorri\u00f3 el traslado de la respuesta dada anteriormente. <\/p>\n
5.1. Considero que no incurr\u00ed en contradicci\u00f3n en la decisi\u00f3n al hacer la salvedad de que la medida no recae sobre los recursos del presupuesto del departamento, los que tengan el car\u00e1cter de parafiscales y los que se registren en la ADRES y se encuentren depositados en cuentas maestras, como lo alega el abogado incidentante, pues la orden debe leerse y entenderse en todo su contexto y no parcialmente como lo resalta el libelista. <\/p>\n
De la orden completa, se entiende claramente que todos los recursos del SGP pueden ser objeto de la medida cautelar de embargo y retenci\u00f3n decretada, y de ello se dispuso comunicarles no solo a las entidades financieras sino a la ADRES, es decir, las salvedades que se hicieron en el numeral 2\u00b0 de la parte resolutiva del auto proferido el 11 de abril de 2023, no llevan impl\u00edcitos los recursos que provengan del SGP, lo que sucede es que (i) no todos los recursos del SGSSS son provenientes del SGP, (ii) no todos los recursos que se encuentran en el presupuesto general del departamento provienen del SGP, y (iii) tampoco, pertenecen \u00fanicamente al SGP todos los recursos que se giren a la ADRES y que esta maneja en las cuentas maestras, por lo que es apenas l\u00f3gico que todos los recursos parafiscales que se giren a la ADRES y est\u00e9n en cuentas maestras y los que hagan parte del presupuesto general del Departamento, que no provengan del SGP, son inembargables. Hasta estos no se extendi\u00f3 la orden de tutela, [por lo menos as\u00ed se entiende de sus consideraciones] y tampoco son cobijados con la excepci\u00f3n al principio de inembargabilidad que la Corte consider\u00f3 en la sentencia objeto de cumplimiento, respecto de los recursos del SGP. <\/p>\n
Enfatiz\u00f3 que su \u00fanico prop\u00f3sito es cumplir la orden de tutela, por lo que, si se considera que no lo ha hecho de manera exacta, se le indique como debe enmendar su providencia y para ello se le conceda la oportunidad, ya que su intenci\u00f3n es \u00abacatar el fallo de tutela en sus propios t\u00e9rminos\u00bb <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, \u00abla sanci\u00f3n por desacato ser\u00e1 impuesta por el mismo juez\u00bb que profiri\u00f3 la orden, mediante tr\u00e1mite incidental, por lo que: <\/p>\n
\u2026no existe duda de que la competencia para resolver el incidente propuesto est\u00e1 radicada en cabeza del mismo juzgador o sentenciador que resolvi\u00f3 la tutela a favor de su promotor, salvedad hecha de las \u00f3rdenes de protecci\u00f3n impartidas con ocasi\u00f3n de la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo denegatorio del amparo, porque en tal caso, la resoluci\u00f3n de la actuaci\u00f3n incidental corresponde al juzgador de la primera instancia (CSJ ATC, 13 jun. 2012, rad. 2011-02468-04). <\/p>\n
2. Adicionalmente, se ha dicho que la orden dictada en el \u00e1mbito de la acci\u00f3n de tutela, adem\u00e1s de estar revestida del car\u00e1cter imperativo que le da su condici\u00f3n de decisi\u00f3n judicial, tiene una relevancia especial al estar ligada con la salvaguarda de garant\u00edas de primer orden. Al respecto se ha expuesto que: <\/p>\n
\u2026no s\u00f3lo goza de la fuerza vinculante propia de toda decisi\u00f3n judicial, sino que, al encontrar fundamento directo en la Carta Pol\u00edtica y estar consagrada aqu\u00e9lla de modo espec\u00edfico para la guarda y protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de rango constitucional, se reclama la aplicaci\u00f3n urgente e integral de lo ordenado, comprometiendo a partir de su notificaci\u00f3n, la responsabilidad del sujeto pasivo de ese mandato judicial, por lo que est\u00e1 obligado a su cumplimiento\u2026 (Ib\u00eddem). <\/p>\n
Igualmente, por su especial connotaci\u00f3n, al juez que conoce del desacato no le es permitido analizar nuevamente los t\u00f3picos que fueron objeto de debate en el tr\u00e1mite constitucional, pues de aceptarse tal proceder revivir\u00eda una controversia concluida. Es por ello que \u00absu actuaci\u00f3n se encuentra delimitada por la parte resolutiva de la decisi\u00f3n que se acusa incumplida, limitaci\u00f3n con la que, entonces, le corresponde constatar los aspectos relacionados con el destinatario de la orden de protecci\u00f3n, su contenido y el t\u00e9rmino otorgado para su cumplimiento\u00bb (\u00cddem). <\/p>\n
En el examen inicial, cumple al juzgador verificar no solo el aspecto objetivo, traducido en constatar el acatamiento del fallo de tutela, sino tambi\u00e9n el factor subjetivo, toda vez que la conducta censurada corresponde a la que proviene de una actitud consciente y voluntaria de parte de quien deb\u00eda cumplir el mandato judicial. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, conviene precisar que no es posible en este escenario fijar una postura sobre el litigio como si se tratara de una extensi\u00f3n del proceso, habida cuenta de que ello escapa a la finalidad del presente tr\u00e1mite, cuyo objeto consiste principalmente en verificar si la autoridad destinataria de la orden de tutela cumpli\u00f3 o no con sus designios. <\/p>\n
3. Con el prop\u00f3sito de establecer si en el sub examine la sede judicial convocada atendi\u00f3 la orden constitucional, comoquiera que el alcance de la protecci\u00f3n brindada constituye la base para ello, es preciso remitirse a la sentencia que otorg\u00f3 el amparo. <\/p>\n
En ese veredicto se orden\u00f3 a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga que, \u00abdeje sin efecto el prove\u00eddo del 22 de febrero de 2023, que confirm\u00f3 el proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misa ciudad, el 21 de septiembre de 2022, y las actuaciones que dependan de \u00e9ste. (\u2026). Cumplido lo anterior y, en un t\u00e9rmino no superior a 10 d\u00edas, emita nueva providencia en la que resuelva la apelaci\u00f3n interpuesta por la ejecutante en contra del referido prove\u00eddo de 21 de septiembre de 2022, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, al hallar, con apoyo en los precedentes de la Sala sobre la materia tratada (CSJ STC14198-2019, 17 oc. 2019, rad. 2019-03208-00), que el Tribunal cuestionado: <\/p>\n
el Tribunal acusado err\u00f3 al confirmar la decisi\u00f3n del a quo de condicionar el embargo para que no se practique sobre dineros del Sistema General de Participaciones, pues tal como se expuso es aplicable la excepci\u00f3n a tal inembargabilidad cuando el t\u00edtulo objeto de recaudo tenga como g\u00e9nesis la prestaci\u00f3n de servicios de salud, por ser \u00e9sta la actividad para la que est\u00e1n destinados los recursos de dicho sistema, tal como lo concibi\u00f3 la Corte Constitucional en sentencia C-543\/13 al precisar que la limitaci\u00f3n en comento es inaplicable \u00abrespecto de los recursos del SGP, siempre y cuando las obligaciones reclamadas tuvieran como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos (educaci\u00f3n, salud, agua potable y saneamiento b\u00e1sico)1\u00bb <\/p>\n
4. A partir de lo dispuesto en el mencionado fallo tutelar es que esta Corte debe cotejar si el proceder del Tribunal encartado se sujet\u00f3 a sus lineamientos, pues de encontrar una respuesta positiva, como es apenas natural, decaer\u00eda la aspiraci\u00f3n de la promotora del presente incidente. <\/p>\n
De tal labor, prontamente se desprende que dicha autoridad no desobedeci\u00f3 o desatendi\u00f3 lo determinado por la jurisdicci\u00f3n constitucional en el caso concreto, ya que, como qued\u00f3 visto con detenimiento en el numeral 5\u00ba de los antecedentes de este pronunciamiento, al volver a resolver sobre la aludida alzada, se orden\u00f3 a las entidades financieras ya la ADRES atender el embargo sobre los dineros a favor del Departamento de Santander \u2013 Secretar\u00eda de Salud Departamental, con la precisi\u00f3n de que \u00ablos recursos provenientes del Sistema General de Participaciones destinados a financiar las acciones de salud p\u00fablica pueden ser objeto de la medida cautelar de embargo y retenci\u00f3n de dineros (\u2026)\u00bb, con la salvedad de que la cautela no puede afectar \u00ab(i) los dineros que no son de la demandada, (ii) los dineros o recursos que hacen parte del presupuesto general del Departamento de Santander, (iii) los que tengan el car\u00e1cter de parafiscales y (iv) los que registren en la ADRES y se encuentren depositados en cuentas maestras\u00bb, prop\u00f3sito para el cual la Colegiatura dispuso que se remitiera a los destinatarios de la cautela copia del fallo constitucional. <\/p>\n
Lo anterior tras encontrar como primer problema jur\u00eddico a resolver que, <\/p>\n
\u00bfPara este caso, debe mantenerse y materializarse la medida cautelar de embargo y retenci\u00f3n de dineros decretada sobre los recursos que el DEPARTAMENTO DE SANTANDER tenga en las cuentas corrientes, de ahorros, CDTS y cualquier otro tipo de producto del que sea titular en las siguientes entidades financieras: BANCO DE OCCIDENTE S.A., al BANCO GNB SUDAMERIS S.A.S., a COLPATRIA, a BANCOOMEVA, al BANCO ITAU, al BANCO PICHINCHA y a SCOTIABANK, porque -en consideraci\u00f3n del demandante- la cautela debe recaer sobre recursos del sistema general de participaciones ya que se est\u00e1 ante una excepci\u00f3n de inembargabilidad al cobrarse obligaciones originadas en la prestaci\u00f3n de servicios de salud para el ente territorial? <\/p>\n
Cuestionamiento para cuya respuesta cit\u00f3 en extenso las consideraciones realizadas en el fallo de tutela y concluy\u00f3 que, <\/p>\n
los argumentos citados por la Corte Suprema de Justicia son conclusivos de que si los t\u00edtulos objeto de cobro judicial tienen como origen alguna de las actividades para las cuales est\u00e1n destinados los recursos del SGP (educaci\u00f3n, salud, agua potable y saneamiento b\u00e1sico), s\u00ed es procede la excepci\u00f3n de inembargabilidad de estos recursos del SGP. <\/p>\n
En otras palabras, para la Corte Suprema de Justicia, en la citada sentencia, los recursos del SGSSS que provienen del SGP, pueden ser objeto, excepcionalmente, de una medida de embargo cuando con dichos recursos se garantice el pago de t\u00edtulos generados con ocasi\u00f3n de un contrato de prestaci\u00f3n de servicios entre, la EPS o entidad territorial ejecutado y la entidad ejecutante, es decir, facturas expedidas con ocasi\u00f3n de la prestaci\u00f3n del servicio de salud. <\/p>\n
3.3. Bajo las anteriores consideraciones de la Corte Suprema, contenidas en el fallo de tutela que ac\u00e1 se cumple, veamos los hechos del caso y su soluci\u00f3n al primer problema jur\u00eddico planteado, relacionado con los recursos del SGP. <\/p>\n
3.3.1. En este proceso se cobran las obligaciones dinerarias incorporadas en las facturas expedidas por FORPRESALUD IPS S.A.S. con ocasi\u00f3n de la prestaci\u00f3n del servicio de salud en el r\u00e9gimen subsidiado en lo no cubierto por el POS, a cargo del DEPARTAMENTO DE SANTANDER- SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
3.4. As\u00ed las cosas, atendiendo lo dispuesto en el fallo de tutela proferido, en primera instancia, por la SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, el 29 de marzo de 2023, caso STC3044-2023, radicaci\u00f3n No. 11001-02-03-000-2023-01154-00, magistrado ponente DR. AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO, y para darle cumplimiento al mismo, debe el tribunal (i) dejar a un lado los argumentos expuestos en el auto del 22 de febrero de 2023 en lo relacionado con la inembargabilidad de los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones y (ii) acoger los de la alta corporaci\u00f3n, a partir de los cuales s\u00ed resulta procedente el embargo de los dineros que le sean girados al DEPARTAMENTO DE SANTANDER, del SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES, puesto que al decir de la alta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
Por tanto, el Tribunal acusado err\u00f3 al confirmar la decisi\u00f3n del a quo de condicionar el embargo para que no se practique sobre dineros del Sistema General de Participaciones, pues tal como se expuso es aplicable la excepci\u00f3n a tal inembargabilidad cuando el t\u00edtulo objeto de recaudo tenga como g\u00e9nesis la prestaci\u00f3n de servicios de salud, por ser \u00e9sta la actividad para la que est\u00e1n destinados los recursos de dicho sistema, tal como lo concibi\u00f3 la Corte Constitucional en sentencia C-543\/13 al precisar que la limitaci\u00f3n en comento es inaplicable \u00abrespecto de los recursos del SGP, siempre y cuando las obligaciones reclamadas tuvieran como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos (educaci\u00f3n, salud, agua potable y saneamiento b\u00e1sico).iv <\/p>\n
4.1. En este punto, cabe a\u00f1adir, respecto al precedente de la Corte Constitucional establecido en la sentencia T053\/22, que el mismo no resulta plenamente aplicable al caso de autos, pues all\u00ed se concluy\u00f3 la inembargabilidad absoluta \u00abde los recursos provenientes de las cotizaciones al SGSSS recaudados por las EPS\u00bb (negrillas ajenas al texto), m\u00e1s no de los dineros pertenecientes al Sistema General de Participaciones, respecto de los cuales se mantuvieron las excepciones al prenotado principio de inembargabilidad. <\/p>\n
En efecto, en la citada providencia, la Corte Constitucional precis\u00f3: <\/p>\n
Podr\u00eda decirse, entonces, que dentro del g\u00e9nero que constituyen los recursos del SGSSS, los dineros que reciben las EPS en virtud de las cotizaciones son una especie, distinta a su vez de aquella conformada por los rubros transferidos por la Naci\u00f3n en virtud del SGP. Ahora bien: aunque unos y otros gozan de especial protecci\u00f3n constitucional en tanto recursos del sistema de salud, la distinci\u00f3n hecha resulta relevante justamente en raz\u00f3n al tratamiento dispensado por la jurisprudencia constitucional en lo que ata\u00f1e a la aplicaci\u00f3n del principio de inembargabilidad y sus excepciones. <\/p>\n
En efecto, trat\u00e1ndose de los recursos destinados al sector salud del SGP la Corte Constitucional ha reafirmado su destinaci\u00f3n espec\u00edfica y car\u00e1cter en general inembargable, no obstante lo cual ha reconocido que dicha inembargabilidad puede llegar a ser exceptuada para dar prevalencia a la efectividad de ciertos derechos fundamentales. As\u00ed, dentro de su vasta jurisprudencia a prop\u00f3sito del tema de la inembargabilidad de los recursos p\u00fablicos, al referirse en concreto a los recursos del SGP, en un primer momento esta Corporaci\u00f3n encontr\u00f3 leg\u00edtimo que el car\u00e1cter inembargable de los mismos deb\u00eda plegarse para atender cr\u00e9ditos a cargo de las entidades territoriales que tuvieran origen en actividades propias de cada uno de los sectores a los que se destinan los recursos del sistema general de participaciones \u2013incluido el sector salud\u2013 y que estuvieran recogidos en sentencias o en otros t\u00edtulos legalmente v\u00e1lidos, permiti\u00e9ndose as\u00ed el embargo de los recursos de la participaci\u00f3n respectiva cuando los recursos destinados al pago de sentencias o conciliaciones no fueran suficientes. (Resaltado por la Corte). <\/p>\n
4.2. Bajo ese horizonte, se reitera, es posible perseguir bienes inembargables, pertenecientes al Sistema General de Participaciones, con el prop\u00f3sito de lograr \u00ab(i) [La] satisfacci\u00f3n de cr\u00e9ditos u obligaciones de origen laboral con el fin de hacer efectivo el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas\u00bb; \u00ab(ii) [El] pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jur\u00eddica y la realizaci\u00f3n de los derechos en ellas contenidos\u00bb; \u00ab(iii) [La extinci\u00f3n de] t\u00edtulos emanados del Estado que reconocen una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible\u00bb; y \u00ab(iv) Las anteriores excepciones son aplicables respecto de los recursos del SGP, siempre y cuando las obligaciones reclamadas tuvieran como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos (educaci\u00f3n, salud, agua potable y saneamiento b\u00e1sico)\u00bb.v <\/p>\n
Entonces, comoquiera que en el asunto de marras se reclam\u00f3 el embargo, con miras a obtener el pago de las obligaciones reconocidas en la providencia que orden\u00f3 continuar con la ejecuci\u00f3n y que corresponden a la prestaci\u00f3n de servicios de salud, no cabe duda que se configuraba la segunda de las excepciones contempladas previamente y, por tanto, resultaba viable la cautela que reclam\u00f3 la ejecutante. <\/p>\n
En seguida abord\u00f3 el segundo problema jur\u00eddico, que lo estableci\u00f3 en determinar si, <\/p>\n
\u00bfEs procedente mantener y materializar la medida cautelar de embargo y retenci\u00f3n de dineros decretada sobre los recursos que el DEPARTAMENTO DE SANTANDER tenga en las cuentas corrientes, de ahorros, CDTS y cualquier otro tipo de producto del que sea titular en las siguientes entidades financieras: BANCO DE OCCIDENTE S.A., al BANCO GNB SUDAMERIS S.A.S., a COLPATRIA, a BANCOOMEVA, al BANCO ITAU, al BANCO PICHINCHA, a SCOTIABANK, cuando la TESORER\u00cdA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, certific\u00f3 que los dineros consignados en dichas entidades hacen parte del Presupuesto General del Departamento? <\/p>\n
De cara a lo cual hall\u00f3 respuesta \u00abnegativa, pues de conformidad con lo previsto en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 584 del CGP, tales recursos son inembargables\u00bb. <\/p>\n
Para sustentar la postura cit\u00f3 una decisi\u00f3n cit\u00f3 un precedente judicial que estim\u00f3 aplicable2 para en seguida colegir que, <\/p>\n
[L]a CORTE CONSTITUCIONAL no ha estudiado a la luz de la CONSTITUCI\u00d3N POL\u00cdTICA el art\u00edculo 594 del CGP, en consecuencia, se hacen propias las palabras del CONSEJO DE ESTADO: En relaci\u00f3n con la inembargabilidad de dichos bienes, rentas y recursos, la Sala advierte que de ellos no es posible predicar las excepciones al principio de inembargabilidad antes estudiadas, en raz\u00f3n al amplio margen de configuraci\u00f3n normativa que le asiste al legislador, cuya voluntad fue mantener su intangibilidad en lo que respecta a la medida cautelar de embargo. <\/p>\n
A lo cual a\u00f1adi\u00f3 que, <\/p>\n
Alega el recurrente que las entidades financieras no pueden abstenerse de dar cumplimiento a la orden de embargo con base en la certificaci\u00f3n expedida por la DIRECTORA T\u00c8CNICA DE LA TESORER\u00ccA GENERAL DEL DEPARTAMENTO, pues la demandada no puede elaborar su propia prueba, menos cuando se evidencia de su contenido que su intenci\u00f3n es evadir que la medida se haga efectiva, pues \u201ctodos los productos financieros inclusive los dividendos, impuesto de veh\u00edculos, de libre destinaci\u00f3n, estampillas departamentales, y dem\u00e1s, lo arrop\u00f3 con la instituci\u00f3n jur\u00eddica de la inembargabilidad\u201d, siendo que las utilidades que recibe el departamento \u201cpor su participaci\u00f3n accionaria en diferentes entidades, le pertenece a ella y pueden ser objeto de medidas cautelares porque son de su propiedad, m\u00e1xime cuando, se reitera, la obligaci\u00f3n perseguida tiene como causa el cobro de servicios de salud prestados en favor de la SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER\u201d. <\/p>\n
Procedi\u00f3 entonces el Tribunal a analizar cada una de las mentadas certificaciones y encontr\u00f3 que, <\/p>\n
se advierte que los recursos que se encuentran depositados en los productos financieros de los bancos requeridos en el auto apelado, fueron incorporados al presupuesto general del Departamento, el que de conformidad con lo previsto en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 584 del CGP, es inembargable. <\/p>\n
Adem\u00e1s, no es el juez quien determina las rentas que ingresan al presupuesto general del Departamento, esto se hace mediante Ordenanza aprobada por la Asamblea Departamental para cada vigencia fiscal, y es precisamente la TESORER\u00cdA del Departamento la dependencia que tiene la informaci\u00f3n exacta y puede certificar (i) sobre los recursos que fueron incorporados a ese presupuesto y (ii) en cu\u00e1les cuentas u otros productos financieros se encuentran depositados, pues de conformidad con el art\u00edculo 6\u00b0 de la Ordenanza 056 del 01 de diciembre de 2021, por medio de la que se fij\u00f3 el presupuesto general de ingresos y gastos del DEPARTAMENTO DE SANTANDER, para la vigencia 2022, es la encargada del manejo de la totalidad de los \u201cingresos corrientes, y todas aquellas contribuciones y recursos\u201d incorporados en el presupuesto, para cuyo recaudo \u201cpuede hacer convenios con entidades financieras\u201d. <\/p>\n
No es que la entidad territorial los haya querido incluir en las certificaciones que expidi\u00f3 con destino a las entidades financieras, como inembargables, sino que lo son, al haberse incorporado en el presupuesto general de la vigencia 2022, fecha para la que se expidieron las aludidas certificaciones. No es la entidad la que define cu\u00e1les recursos son o no inembargables, el car\u00e1cter de inembargable de los recursos del presupuesto general del ente territorial, lo da la ley, la Tesorer\u00eda simplemente certific\u00f3 cu\u00e1les de los recursos que posee en productos de las diferentes entidades financieras, hacen parte de ese presupuesto. <\/p>\n
El tercer problema jur\u00eddico lo ci\u00f1\u00f3 a establecer si, <\/p>\n
\u00bfEs procedente mantener y materializar la medida cautelar de embargo y retenci\u00f3n de dineros decretada sobre los recursos que la ADRES gira al DEPARTAMENTO DE SANTANDER y que se encuentren en cuentas maestras? <\/p>\n
Al cuestionamiento emiti\u00f3 respuesta negativa, <\/p>\n
por el principio de inembargabilidad que los cobija, sin que le sean aplicables las excepciones previstas para los recursos que provienen del SGP. <\/p>\n
As\u00ed lo consider\u00f3 claramente la Corte Constitucional, al decir: <\/p>\n
La inembargabilidad de las cuentas maestras de recaudo. Las cuentas maestras de recaudo que las EPS registran a nombre de la ADRES contienen recursos que provienen de las cotizaciones de los afiliados y los beneficiarios y, por lo tanto, son inembargables. A estas cuentas no les son aplicables las excepciones al principio de inembargabilidad de los recursos del SGSSS que provienen del SGP. Los recursos que son recaudados en estas cuentas pertenecen al Sistema de Seguridad Social, son administradas por la ADRES y no forman parte del patrimonio de las EPS. Por estas razones, la Constituci\u00f3n no permite que estas cuentas sean embargadas con el objeto de garantizar el pago de deudas de las EPS a IPS, derivadas de la prestaci\u00f3n de servicios o actos m\u00e9dicos. <\/p>\n
5. Siendo as\u00ed las cosas, como atr\u00e1s se dijera, no existe una separaci\u00f3n entre lo dispuesto en la providencia que concedi\u00f3 el resguardo superior y lo plasmado en la decisi\u00f3n de la autoridad incidentada, comoquiera que tras imponer como premisa que eran embargables los dineros provenientes del Sistema General de Participaciones en salud, orden\u00f3 oficiar no solo a las entidades financieras que pudieran tenerlos depositados sino directamente a la ADRES, y si bien estableci\u00f3 unas salvedades que en criterio de la incidentante envuelven una contradicci\u00f3n con la premisa principal, el an\u00e1lisis \u00edntegro del fundamento de la providencia emitida, el hecho de que se ordenara oficiar directamente a la ADRES y el acompa\u00f1amiento a los oficios respectivos del fallo tutelar, permite interpretar que las excepciones a la orden de embargo no deben entenderse extendidas a dineros que provengan del Sistema General de Participaciones, sino a los dem\u00e1s recursos sobre los que no aplica la excepci\u00f3n al principio de inembargabilidad, pues es claro que no todos los dineros del SGSSS, del presupuesto general del departamento y los que le gira la ADRES al ente territorial con destino a cuentas maestras, provienen del SGP; ajust\u00e1ndose, as\u00ed, en un todo, a lo que orden\u00f3 esta Corte en el mentado amparo supralegal. <\/p>\n
6. En consecuencia, ante la suficiencia de las consideraciones insertas en el veredicto recriminado, se declarar\u00e1 impr\u00f3spero el incidente propuesto. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, resuelve: <\/p>\n
Primero. Declarar no probado el desacato endilgado a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga – Magistrada Mery Esmeralda Ag\u00f3n Amado, respecto de los cuales se propuso el incidente. <\/p>\n
Segundo. Abstenerse de imponer las sanciones a que se contrae el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Tercero. Ordenar la terminaci\u00f3n y archivo del presente tr\u00e1mite. <\/p>\n
Notif\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y dem\u00e1s intervinientes, por el medio m\u00e1s expedito y eficaz. <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 CC C-793\/02. <\/p>\n
2\u0002 Auto de 5 de diciembre de 2022 del Consejo de Estado. <\/p>\n
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ATC882-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-01154-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de dos de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide el incidente de desacato formulado por Forpresalud IPS S.A.S. contra la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75161","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75161","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75161"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75161\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75161"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75161"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75161"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}