{"id":75169,"date":"2024-05-20T22:41:12","date_gmt":"2024-05-20T22:41:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/20\/atc901-2023\/"},"modified":"2024-05-20T22:41:12","modified_gmt":"2024-05-20T22:41:12","slug":"atc901-2023","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/20\/atc901-2023\/","title":{"rendered":"ATC901 2023"},"content":{"rendered":"<p>ATC901-2023<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<\/p>\n<p>LUIS &nbsp;ALONSO RICO PUERTA &nbsp;<\/p>\n<p>Magistrado &nbsp;Ponente &nbsp;<\/p>\n<p>ATC901-2023 &nbsp;<\/p>\n<p>Radicaci\u00f3n &nbsp;n\u00b0 85001-22-08-000-2023-00103-01 &nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>Bogot\u00e1, &nbsp;D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). &nbsp;<\/p>\n<p>1. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Respecto de la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo &nbsp;proferido por la Sala &nbsp;\u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal el &nbsp;18 de julio de 2023, &nbsp;dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan &nbsp;Carlos Albarrac\u00edn Moncada contra &nbsp;el Juzgado &nbsp;Primero de Familia de esa ciudad, &nbsp;se advierte que quien interpuso dicho recurso carece de mandato &nbsp;id\u00f3neo para representar a la vinculada en este asunto, lo que &nbsp;inviabiliza su procedencia y le resta competencia funcional a esta &nbsp;Corporaci\u00f3n. &nbsp;<\/p>\n<p>2. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Lo anterior, en raz\u00f3n a que la impugnaci\u00f3n fue &nbsp;impetrada por Luz Piedad Ram\u00edrez Nova, \u00abactuando &nbsp;en calidad de apoderada de la parte demandante [en &nbsp;el proceso ejecutivo de alimentos n\u00b0 2022-00431]\u00bb, &nbsp;pero no alleg\u00f3 poder especial ni acredit\u00f3 su &nbsp;reconocimiento dentro de este tr\u00e1mite constitucional como &nbsp;mandataria judicial de quien dice result\u00f3 afectada con la &nbsp;decisi\u00f3n atacada, esto es, de la se\u00f1ora Deyis Enid Cruz &nbsp;Tumay, por lo que se concluye que carece &nbsp;de postulaci\u00f3n para actuar al interior de la presente acci\u00f3n &nbsp;de tutela. &nbsp;<\/p>\n<p>Ello, &nbsp;porque con observancia en el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de &nbsp;1991, para &nbsp;ejercer la acci\u00f3n o asumir la defensa &nbsp;de una persona a trav\u00e9s de otra, &nbsp;es necesario demostrar que es su representante legal o su agente &nbsp;oficioso, y si se act\u00faa a trav\u00e9s de \u00ababogado &nbsp;titulado\u00bb, &nbsp;a este se le exige acreditar tal calidad profesional y \u00abpoder &nbsp;o mandato expreso\u00bb &nbsp;(CC T-550\/93 y T-878\/07), enfatiz\u00e1ndose que \u00abtodo &nbsp;poder en materia de tutela es especial, &nbsp;vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y &nbsp;determinado de representar los intereses del accionante en punto de &nbsp;los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o &nbsp;persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar &nbsp;a su pretensi\u00f3n\u00bb &nbsp;(CC T-001\/97). &nbsp;Se destaca. &nbsp;<\/p>\n<p>3. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;As\u00ed, &nbsp;la condici\u00f3n de apoderada judicial en el pleito criticado, en &nbsp;este caso en el ejecutivo de alimentos n\u00b0 2022-00431, no la &nbsp;faculta para asumir la representaci\u00f3n de la all\u00ed &nbsp;poderdante en este espec\u00edfico asunto, ya que se requiere el &nbsp;correspondiente poder especial que ac\u00e1 se echa de menos. &nbsp;<\/p>\n<p>En &nbsp;efecto, el criterio que de vieja data sent\u00f3 esta Corte y que &nbsp;hoy se mantiene vigente, corresponde a que \u00abel &nbsp;mandato conferido al abogado para actuar en el proceso no lo legitima &nbsp;para instaurar la acci\u00f3n de tutela con miras a obtener la &nbsp;protecci\u00f3n de los derechos constitucionales de su poderdante y &nbsp;tampoco lo habilita para impugnar los fallos de tutela\u00bb &nbsp;(CSJ STC, 2 ago. 1996, exp. 3224; STC, 4 feb. 2011, exp. &nbsp;2010-00573-01 y STC3125-2017, 8 mar., rad. 00801-01). Se resalta. &nbsp;<\/p>\n<p>La &nbsp;postura anterior viene aparejada al precedente constitucional seg\u00fan &nbsp;el cual, \u00abes &nbsp;entendido, por las caracter\u00edsticas de la acci\u00f3n, que &nbsp;todo &nbsp;poder en materia de tutela es especial, &nbsp;vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y &nbsp;determinado de representar los intereses del accionante en punto de &nbsp;los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o &nbsp;persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar &nbsp;a su pretensi\u00f3n\u00bb &nbsp;(CC T-001\/97); &nbsp;y a que \u00abdebe &nbsp;desecharse la hip\u00f3tesis de que el poder conferido para &nbsp;adelantar un proceso judicial sirve al prop\u00f3sito de intentar &nbsp;la acci\u00f3n de tutela a que pudiere dar lugar ese proceso, &nbsp;por cuanto se trata de actuaciones distintas y, si bien es cierto que &nbsp;la tutela tiene un car\u00e1cter informal, tambi\u00e9n lo es que &nbsp;tal &nbsp;informalidad no lleva a presumir la existencia de un poder que no se &nbsp;present\u00f3 &nbsp;y que es necesario allegar siempre que se ejerza la acci\u00f3n de &nbsp;tutela a nombre de otro y a t\u00edtulo profesional\u00bb &nbsp;(CC T-526\/98). Destaca la Sala. &nbsp;<\/p>\n<p>La &nbsp;exigencia es a\u00fan m\u00e1s estricta en eventos como el que &nbsp;ahora se analiza, ya que, \u00abcuando &nbsp;la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales dimana de &nbsp;actuaciones cumplidas en un espec\u00edfico tr\u00e1mite &nbsp;judicial, la &nbsp;legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 &nbsp;radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aqu\u00ed &nbsp;acontece, en quien no tiene tal calidad, &nbsp;por cuanto si bien es cierto el impugnante funge como apoderado &nbsp;judicial del demandante en el referido proceso [\u2026], &nbsp;esa &nbsp;condici\u00f3n no lo habilita, per se, para impugnar los fallos que &nbsp;se profieran en virtud de acciones de tutela, \u2018pues si no se &nbsp;tiene apoderamiento y, por tanto, legitimaci\u00f3n para promover &nbsp;la solicitud de amparo, tampoco se puede tener para impugnar o &nbsp;recurrir las providencias que se dicten en el curso\u2019 de dichos &nbsp;procesos\u00bb &nbsp;(CSJ &nbsp;ATC, 16 abr. 2008, rad. 2007-00272-01). &nbsp;<\/p>\n<p>En &nbsp;ese mismo sentido se ha dicho y reiterado que \u00abel &nbsp;hecho de que el interesado hubiese actuado como apoderado del &nbsp;demandante dentro del referido proceso [seguido &nbsp;ante el juez ordinario], &nbsp;no lo habilita per se, para pretender la protecci\u00f3n &nbsp;constitucional de los derechos invocados, que sin duda, est\u00e1n &nbsp;radicados en cabeza de aquel, y no en la suya, por ello, es necesario &nbsp;el otorgamiento de poder especial que lo faculte expresamente para &nbsp;pedir el amparo a nombre de otra persona\u00bb &nbsp;(CSJ STC, 4 feb. 2011, exp. 2010-00573-01). &nbsp;<\/p>\n<p>En &nbsp;esa l\u00ednea de pensamiento, se ha enfatizado que \u00abcuando &nbsp;la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es &nbsp;necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. &nbsp;La &nbsp;carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n &nbsp;de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del &nbsp;apoderamiento otorgado para un asunto diferente. &nbsp;La &nbsp;falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte &nbsp;de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o &nbsp;general &nbsp;en &nbsp;otros asuntos, &nbsp;no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional &nbsp;a nombre de su mandante\u00bb &nbsp;(CSJ SC, 4 de mayo de 2012, rad. 00145-01, citada entre otras en &nbsp;STC10249-2018, &nbsp;10 ago., rad. 00130-01). Subraya la Corte. &nbsp;<\/p>\n<p>4. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Aunado &nbsp;a lo anterior, tampoco &nbsp;podr\u00eda tenerse a la abogada como habilitada para impugnar, &nbsp;bajo el supuesto de que la colegiatura a-quo &nbsp;la hubiera enterado de la iniciaci\u00f3n de la salvaguarda, ni &nbsp;tampoco por encontrarse vulnerados sus derechos a t\u00edtulo &nbsp;personal, ya que la actuaci\u00f3n desplegada en el asunto que se &nbsp;cuestiona, s\u00f3lo &nbsp;les compete a las partes all\u00ed involucradas y no a los &nbsp;apoderados, &nbsp;en tanto: &nbsp;<\/p>\n<p>\u00ab(\u2026) &nbsp;los poderes conferidos a los abogados para actuar dentro de las &nbsp;actuaciones judiciales o extrajudiciales, no pueden tener \u00ab&#8230;la &nbsp;virtud de transferirle al apoderado los derechos fundamentales de su &nbsp;poderdante, ni mucho menos habilitarle para interponer acciones de &nbsp;tutela adyacentes&#8230;\u00bb, ya que este mecanismo es un proceso &nbsp;judicial aut\u00f3nomo, que cuando se ejerce a trav\u00e9s de un &nbsp;abogado requiere sujetarse a las reglas generales del derecho de &nbsp;postulaci\u00f3n (entre muchos, fallos de 15 mayo 1995 -exp. 2169-, &nbsp;22 de mayo y 2 de agosto de 1996 -exps. 3009 y 3224-, 14 de noviembre &nbsp;1997 -exp. 4568-, 4 de marzo y 14 de agosto de 1998 -exps. 4804 y &nbsp;5254-, 24 noviembre de 1999 -exp. 7669-, 31 de julio de 2000 -exp. &nbsp;0206-, 20 de febrero y 29 de noviembre de 2001 -exps. 20000965 y &nbsp;200010813)\u00bb &nbsp;(CSJ ATC, 19 feb. 2003, rad. 00072-01, citado entre otros en STC, 21 &nbsp;ago. 2013, rad. 01149-01). &nbsp;<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n, &nbsp;la Corte ha sostenido que: &nbsp;<\/p>\n<p>\u00abEl &nbsp;profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de &nbsp;un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan &nbsp;momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios &nbsp;judiciales incurren en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos &nbsp;en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo. (\u2026) El &nbsp;principio de la informalidad que impera en el tr\u00e1mite de la &nbsp;acci\u00f3n de tutela, no llega hasta el aspecto proclamado por el &nbsp;impugnante, sin fundamento alguno, de pretender que puede actuar &nbsp;directamente en una tutela originada en supuestas v\u00edas de &nbsp;hecho cometidas en un proceso tramitado por los jueces ordinarios, &nbsp;como si a \u00e9l se le violaran los derechos fundamentales y no a &nbsp;su poderdante\u00bb &nbsp;(CSJ &nbsp;STC, 29 sep. 2003, exp. 00245-01). &nbsp;<\/p>\n<p>5. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Por &nbsp;lo antedicho, en el presente caso resultaba perentorio que la abogada &nbsp;que impugn\u00f3 el fallo, demostrara en debida forma el derecho de &nbsp;postulaci\u00f3n para tal evento, omisi\u00f3n que impide dar &nbsp;tr\u00e1mite al recurso, m\u00e1s si se tiene en cuenta que &nbsp;\u00abcuando &nbsp;un Juez se enfrenta con una solicitud de impugnaci\u00f3n, preciso &nbsp;es que se examine la legitimaci\u00f3n, el inter\u00e9s y la &nbsp;oportunidad respectiva\u00bb &nbsp;(CSJ STC, 14 dic. 2010, rad. 00008-02), y como en el caso analizado &nbsp;no se cumplen a cabalidad tales condiciones, la admisi\u00f3n del &nbsp;recurso deviene impr\u00f3spera. &nbsp;<\/p>\n<p>Advi\u00e9rtase &nbsp;que la presente decisi\u00f3n se adopta mediante auto, manteniendo &nbsp;el criterio que en tal sentido se\u00f1al\u00f3 esta Corporaci\u00f3n &nbsp;en ATC, 16 abr. 2008, rad. 2007-00272-01, reiterado en ATC, 10 mar. &nbsp;2011, rad. 00188-01, y citado entre otros en ATC2123-2018, 13 nov., &nbsp;rad. 02435-01; ATC133-2019, 6 feb., rad. 2018-00683-01; ATC285-2019, &nbsp;28 feb., rad. 00002-01; ATC838-2019, 4 jun., rad. 00094-01; &nbsp;ATC929-2019, 21 jun., rad. 00230-01; ATC1052-2019, 16 jul., rad. &nbsp;00232-01; ATC1185, 1\u00b0 ago., rad. 00103-01; ATC1445-2019, 17 sep., &nbsp;rad. 00424-01; ATC1630-2019, 17 oct., rad. 00274-01; ATC1819-2019, 20 &nbsp;nov., rad. 01948-01; ATC1047-2020, 4 nov., rad. 00043-01; &nbsp;ATC549-2022, 27 abr., rad. 00241-01; ATC819-2022, 9 jun., rad. &nbsp;00102-01; ATC204-2023, 2 mar., rad. 00055-01, y ATC318-2023, 27 mar., &nbsp;rad. 00062-01. &nbsp;<\/p>\n<p>6. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Conclusi\u00f3n. &nbsp;<\/p>\n<p>De &nbsp;conformidad con lo antes discurrido, se inadmitir\u00e1 la &nbsp;impugnaci\u00f3n planteada y en su lugar se ordenar\u00e1 remitir &nbsp;el expediente a la Corte Constitucional conforme al inciso 2\u00ba &nbsp;del art\u00edculo 31 del Decreto 2591 de 1991. &nbsp;<\/p>\n<p>DECISI\u00d3N &nbsp;<\/p>\n<p>En &nbsp;m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte &nbsp;Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, &nbsp;<\/p>\n<p>RESUELVE &nbsp;<\/p>\n<p>PRIMERO: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Declarar &nbsp;inadmisible la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de &nbsp;fecha, naturaleza y procedencia inicialmente referidas. &nbsp;<\/p>\n<p>SEGUNDO: &nbsp;Previa &nbsp;comunicaci\u00f3n de lo resuelto a las partes y al a &nbsp;quo, se &nbsp;ordena la remisi\u00f3n del expediente a la Corte Constitucional &nbsp;para que se surta el tr\u00e1mite de su eventual revisi\u00f3n. &nbsp;<\/p>\n<p>Notif\u00edquese &nbsp;y c\u00famplase, &nbsp;<\/p>\n<p>LUIS &nbsp;ALONSO RICO PUERTA &nbsp;<\/p>\n<p>Magistrado &nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<\/p>\n<p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ATC901-2023 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; LUIS &nbsp;ALONSO RICO PUERTA &nbsp; Magistrado &nbsp;Ponente &nbsp; ATC901-2023 &nbsp; Radicaci\u00f3n &nbsp;n\u00b0 85001-22-08-000-2023-00103-01 &nbsp; &nbsp; Bogot\u00e1, &nbsp;D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). &nbsp; 1. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Respecto de la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo &nbsp;proferido por la Sala &nbsp;\u00danica del Tribunal Superior del Distrito [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75169","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75169","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75169"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75169\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75169"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75169"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75169"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}