ATC912-2023<\/p>\n
<\/p>\n
ATC912-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 15001-22-13-000-2023-00088-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., ocho (08) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
1. Ser\u00eda del caso decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja el 6 de julio de 2023 en la cual se ampararon los derechos reclamados por N.R.C. -en nombre propio y en representaci\u00f3n de los menores E.A., S.M. y V.N.C.R.1-, de no ser porque se advierte que quien interpuso el recurso carece de legitimaci\u00f3n, lo que torna inviable su procedencia y le resta competencia funcional a esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Al respecto, frente a la legitimaci\u00f3n en la causa, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos\u00bb. Y precisa que \u00ab[t]ambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
Sobre la tem\u00e1tica, esta Corporaci\u00f3n ha expresado que \u00abel mandato conferido al abogado para actuar en el proceso no lo legitima para instaurar la acci\u00f3n de tutela con miras a obtener la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales de su poderdante y tampoco lo habilita para impugnar los fallos de tutela\u00bb (ver entre otras, STC, 2 ago. 1996, rad. 3224; STC 4 feb. 2011, rad. n\u00ba 2010-00573-01 y STC3125-2017, 8 mar., rad. 00801-01). Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
Asimismo, la Corte Constitucional ha enfatizado en que: <\/p>\n
debe desecharse la hip\u00f3tesis de que el poder conferido para adelantar un proceso judicial sirve al prop\u00f3sito de intentar la <\/p>\n
acci\u00f3n de tutela a que pudiere dar lugar ese proceso, por cuanto se trata de actuaciones distintas y, si bien es cierto que la tutela tiene un car\u00e1cter informal, tambi\u00e9n lo es que tal informalidad no lleva a presumir la existencia de un poder que no se present\u00f3 y que es necesario allegar siempre que se ejerza la acci\u00f3n de tutela a nombre de otro y a t\u00edtulo profesional\u00bb (CC T-526\/98). <\/p>\n
En adici\u00f3n, esta Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
el hecho de que el interesado hubiese actuado como apoderado del demandante dentro del referido proceso [seguido ante el juez ordinario], no lo habilita per se, para pretender la protecci\u00f3n constitucional de los derechos invocados, que sin duda, est\u00e1n radicados en cabeza de aquel, y no en la suya, por ello, es necesario el otorgamiento de poder especial que lo faculte expresamente para pedir el amparo a nombre de otra persona (CSJ STC, 4 feb. 2011, rad. 2010-00573-01, citada en ATC2123-2018, 13 nov., rad. 02435-01 y ATC285-2019, 28 feb., rad. 00002-01). <\/p>\n
4. Bajo esos lineamientos, en el caso en concreto, se observa que quien impugna el fallo de primera instancia proferido por el Tribunal de Tunja el 6 de julio de 2023, es el abogado F.A.R.D., el cual manifiesta actuar en calidad de \u00abVINCULADO (\u2026) Y apoderado del se\u00f1or J.M.C.G.\u00bb, sin que para tal fin allegara poder especial, ni acreditara su reconocimiento en este tr\u00e1mite como mandatario judicial de quien manifiesta inconformidad con la decisi\u00f3n rebatida. Lo cual, desemboca en la carencia de postulaci\u00f3n para actuar al interior de la presente solicitud de amparo. <\/p>\n
5. Sumado a lo anterior, tampoco podr\u00eda tenerse al profesional del derecho como habilitado para impugnar, bajo el supuesto de que la Sala a quo la hubiera enterado de la iniciaci\u00f3n de la salvaguarda, ya que la actuaci\u00f3n desplegada en el asunto que se cuestiona, s\u00f3lo les compete a las partes all\u00ed involucradas y no a los apoderados, en tanto que, se reitera: <\/p>\n
(\u2026) los poderes conferidos a los abogados para actuar dentro de las actuaciones judiciales o extrajudiciales, no pueden tener \u00ab…la virtud de transferirle al apoderado los derechos fundamentales de su poderdante, ni mucho menos habilitarle para interponer acciones de tutela adyacentes…\u00bb, ya que este mecanismo es un proceso judicial aut\u00f3nomo, que cuando se ejerce a trav\u00e9s de un abogado requiere sujetarse a las reglas generales del derecho de postulaci\u00f3n (entre muchos, fallos de 15 mayo 1995 -exp. 2169-, 22 de mayo y 2 de agosto de 1996 -exps. 3009 y 3224-, 14 de noviembre 1997 -exp. 4568-, 4 de marzo y 14 de agosto de 1998 -exps. 4804 y 5254-, 24 noviembre de 1999 -exp. 7669-, 31 de julio de 2000 -exp. 0206-, 20 de febrero y 29 de noviembre de 2001 -exps. 20000965 y 200010813) (CSJ ATC, 19 feb. 2003, rad. 00072-01, citado entre otros en ATC, 10 mar. 2011, rad. 2010-00188-01, y STC, 21 ago. 2013, rad. 01149-01). <\/p>\n
Sobre el inter\u00e9s jur\u00eddico para recurrir, esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
Del contenido de los art\u00edculos 13 y 31 del Decreto 2591 de 1991 se establece que los fallos de tutela pueden ser impugnados por el accionan, la autoridad o el representante del \u00f3rgano correspondiente contra quien se interpuso la demanda y el defensor del Pueblo. Tambi\u00e9n por quien tenga inter\u00e9s leg\u00edtimo en el resultado del proceso en calidad de coadyuvante, bien del solicitante o de la autoridad contra la que se dirige la acci\u00f3n correspondiente. Para ello, deber\u00e1 acreditar que la decisi\u00f3n puede afectar sus derechos (Cfr. CC auto de 24 de julio de 1996). <\/p>\n
El inter\u00e9s jur\u00eddico para recurrir requiere no s\u00f3lo que la parte o el interviniente se encuentre habilitado por la ley para impugnar -legitimaci\u00f3n procesal-, sino que la providencia cuestionada le sea adversa, es decir, que le haya ocasionado un perjuicio. Por ende, si la decisi\u00f3n no la causa agravio, no puede impugnar su contenido, ni pretender su revocatoria (CSJ STP2785-2020, 10 de mar., rad. 109428; STP9103-2019, 9 de jul., rad. 105260, entre otras). (Se subraya) (Postura reiterada por esta Sala en STC14371-2021, rad. 2021-00703-01, 27 de oct. ATC1126-2022, 3 de agosto, rad. 2022-01147-01). <\/p>\n
Por lo expuesto, resultaba perentorio que el abogado que impugn\u00f3 el fallo demostrara en debida forma el derecho de postulaci\u00f3n para tal evento, omisi\u00f3n que impide dar tr\u00e1mite al recurso por cuanto -como previamente se explic\u00f3- si bien fue vinculado al proceso no por ello se advierte un inter\u00e9s de este o que las resultas del mismo le afecten. Sumado a que \u00abcuando un Juez se enfrenta con una solicitud de impugnaci\u00f3n, preciso es que se examine la legitimaci\u00f3n, el inter\u00e9s y la oportunidad respectiva\u00bb (CSJ STC 14 dic. 2010, rad. 00008-02, citada en ATC1445-2019, 17 sep. 2019, rad. 00424-01), y como en el caso analizado no se cumplen a cabalidad tales condiciones, la admisi\u00f3n del recurso deviene impr\u00f3spera. <\/p>\n
6. Finalmente, se advierte que la presente decisi\u00f3n se adopta mediante auto, manteniendo el criterio que en tal sentido se\u00f1al\u00f3 esta Sala con prove\u00eddo del 16 de abril 2008 (rad. 2007-00272-01), reiterado en ATC1047-2020, 4 nov., rad. 00043-01; ATC549-2022, 27 abr., rad. 00241-01; ATC1396-2022, 20 sep., rad. 00225-01; ATC318-2023, 27 mar., rad. 00062-01, entre otros). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
PRIMERO: Declarar inadmisible la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia inicialmente referida. <\/p>\n
SEGUNDO: Previa comunicaci\u00f3n de lo resuelto a las partes y a la Sala Civil-Familia del Tribunal de Tunja, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Versi\u00f3n para efectos de publicaci\u00f3n. En virtud del Acuerdo 034 del 16 de diciembre de 2020, emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, se profieren dos versiones -con id\u00e9ntico tenor- de esta providencia, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares), para efectos de publicaci\u00f3n, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes para la correspondiente notificaci\u00f3n. <\/p>\n
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