ATC951-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC951-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-13-000-2014-00040-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la consulta del auto del pasado 1\u00ba de agosto, por medio del cual la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta resolvi\u00f3 el incidente de desacato formulado por Joel Ascanio Ropero contra los Directores de Sanidad Militar del Ej\u00e9rcito Nacional y el Establecimiento de Sanidad Militar del Batall\u00f3n A.S.P.C. Nro. 30 Guasimales. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante fallo proferido el 4 de marzo de 2014, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta le ampar\u00f3 los derechos a la salud y a la seguridad social a Joel Ascanio Ropero, ordenando \u00aba la Direcci\u00f3n Nacional de Sanidad del Ej\u00e9rcito… y Direcci\u00f3n del Establecimiento de Sanidad Militar del Batall\u00f3n A.S.P.C. No. 30 Guasimales, que en el t\u00e9rmino de 24 horas[,] contadas a partir de la notificaci\u00f3n de [esa] providencia, tom[aran] las medidas necesarias para garantizar que se contin\u00fae prestando integralmente el servicio de salud (si a\u00fan no lo hubiere hecho), al se\u00f1or\u2026 Ropero[,] e ingrese nuevamente como usuario beneficiario, como consecuencia de la concesi\u00f3n anterior\u00bb. <\/p>\n
3. A trav\u00e9s de auto del 6 de julio \u00faltimo el Tribunal requiri\u00f3 i) al Brigadier General Edilberto Cort\u00e9s Moncada -como Director General de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional- y al Mayor Juan Andr\u00e9s Acevedo Fontecha -como Director del Establecimiento de Sanidad Militar ASCP 30 Guasimales-, para que cumplieran el referido fallo de tutela; y ii) al Brigadier General Jaime Eduardo Torres Ram\u00edrez -como superior jer\u00e1rquico de aqu\u00e9llos, en su condici\u00f3n de Comandante del Comando de Personal del mentado ente militar-, para que, de ser el caso, abriera el \u00abcorrespondiente proceso disciplinario\u00bb en contra de los primeros nombrados. <\/p>\n
4. Al no recibir respuesta alguna frente al llamado rese\u00f1ado a espacio, el 12 de julio del a\u00f1o en curso el a-quo constitucional dispuso \u00abdar apertura al tr\u00e1mite incidental en contra del Brigadier General Edilberto Cort\u00e9s Moncada y el Mayor Juan Andr\u00e9s Acevedo Fontecha, en sus calidades de Director General de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional y Director del Establecimiento de Sanidad Militar ASCP 30 Guasimales\u00bb; as\u00ed como \u00abrequerir al Comandante de Personal, Brigadier General Jaime Eduardo Torres Ram\u00edrez\u2026, como superior jer\u00e1rquico de los referidos servidores p\u00fablicos, con la finalidad que exija el acatamiento de la orden contenida en el fallo de tutela\u00bb; surtiendo el traslado de rigor, as\u00ed como la notificaci\u00f3n a las partes e intervinientes en la solicitud de resguardo g\u00e9nesis del asunto. <\/p>\n
5. El 19 de julio de 2023 se prescindi\u00f3 del periodo probatorio, al concluir que no exist\u00edan \u00abmedios de convicci\u00f3n por practicar\u00bb. <\/p>\n
6. En respuesta a los citados requerimientos, la Direcci\u00f3n de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional y el Batall\u00f3n de Apoyo y Servicios para el Combate Nro. 3\u00ba deprecaron su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite porque la afiliaci\u00f3n del reclamante al subsistema de salud de las fuerzas militares no es de su cargo sino \u00abfunci\u00f3n de la Direcci\u00f3n General de Sanidad\u00bb, a quien solicitaron el apoyo correspondiente. <\/p>\n
A\u00f1adieron que, \u00aben la base del Subsistema de Salud de la Fuerzas Militares\u00bb, el quejoso \u00abse encuentra en estado ACTIVO, y ADSCRITO al BATALL\u00d3N DE INFANTER\u00cdA N\u00b0 15 \u201cGR. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER\u201d\u00bb, por lo que este \u00faltimo \u00abes el responsable para garantizar los derechos del se\u00f1or Joel Ascanio Ropero\u00bb, a quien, por dem\u00e1s, se le han satisfecho \u00abde manera integral, continua y permanente\u00bb. <\/p>\n
7. Luego, el pasado 26 de julio se vincul\u00f3 \u00abal tr\u00e1mite incidental al Brigadier General Jos\u00e9 Enrique Walteros G\u00f3mez, y a la Capit\u00e1n Janneth Bibiana Enr\u00edquez Villarreal, en sus calidades de Director General de Sanidad Militar y Directora del establecimiento militar Batall\u00f3n de Infanter\u00eda No. 15 \u201cGR. Francisco de Paula Santander\u201d\u00bb; a quienes, a su vez, se requiri\u00f3 \u00abcon la finalidad que acat[aran] la orden contenida en el fallo de tutela\u00bb; disponi\u00e9ndose, adem\u00e1s, darles el traslado respectivo para el ejercicio de su derecho de defensa. <\/p>\n
8. Despu\u00e9s, el 1\u00ba de agosto de esta anualidad, el juez constitucional de primer grado sancion\u00f3 por desacato, exclusivamente, al \u00abBrigadier General Jos\u00e9 Enrique Walteros G\u00f3mez, Director General de Sanidad Militar\u00bb, imponi\u00e9ndole \u00abmulta equivalente a\u2026 (3) salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes y\u2026 (3) d\u00edas de arresto\u00bb, de conformidad con los preceptos 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Para arribar a tal conclusi\u00f3n, en lo medular, sostuvo que de la misma constancia que remitieron algunos de los incidentados, a pesar de sus alegaciones, se desprend\u00eda que \u00abel actor se encuentra en estado INACTIVO, tal como lo denunci\u00f3\u00bb, lo que \u00abconstituye una desatenci\u00f3n al mandato tutelar del 4 de Marzo de 2014[,] en el que expresamente se les orden\u00f3 que \u201cingrese nuevamente como usuario beneficiario\u201d del sistema de salud. Frente a la que no se aludi\u00f3 siquiera alguna causa justificadora de su incumplimiento por razones de fuerza mayor o caso fortuito\u00bb. <\/p>\n
9. A continuaci\u00f3n, el 10 de agosto \u00faltimo, la Coordinadora del Grupo de Asuntos Legales de la Direcci\u00f3n General de Sanidad Militar aport\u00f3 escrito en el que pidi\u00f3 declarar infundado el incidente de desacato frente a esa direcci\u00f3n porque, en lo de su competencia, dio cabal cumplimiento a la orden de tutela, resaltando que el reclamante \u00abse encuentra en estado de afiliaci\u00f3n activo en el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares\u2026, tal como se evidencia en el\u2026 pantallazo [adjunto]\u00bb. <\/p>\n
10. Finalmente, el expediente se remiti\u00f3 a esta Corte para que fuera consultada la decisi\u00f3n adoptada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, \u00abla sanci\u00f3n por desacato ser\u00e1 impuesta por el mismo juez\u00bb que profiri\u00f3 la orden, mediante tr\u00e1mite incidental; \u00aben raz\u00f3n a lo cual no existe duda de que la competencia para resolver el incidente propuesto est\u00e1 radicada en cabeza del mismo juzgador o sentenciador que resolvi\u00f3 la tutela a favor de su promotor, salvedad hecha de las \u00f3rdenes de protecci\u00f3n impartidas con ocasi\u00f3n de la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo denegatorio del amparo, porque en tal caso, la resoluci\u00f3n de la actuaci\u00f3n incidental corresponde al juzgador de la primera instancia\u00bb (ATC, 13 jun. 2012, rad. 2011-02468-04). <\/p>\n
2. De otra parte, es menester indicar que aun cuando el efecto propio del desacato es la sanci\u00f3n prevista en el canon 52 del Decreto 2591 de 1991, es lo cierto, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Sala, a tono con lo predicado por la Corte Constitucional, que: <\/p>\n
\u2026se puede deducir que la finalidad del incidente de desacato no es la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n en s\u00ed misma, sino la sanci\u00f3n como una de las formas de b\u00fasqueda del cumplimiento de la sentencia. Al ser as\u00ed, el accionante que inicia el incidente de desacato se ve afectado con las resultas del incidente puesto que \u00e9ste es un medio para que se cumpla el fallo que lo favoreci\u00f3. <\/p>\n
La imposici\u00f3n o no de una sanci\u00f3n dentro del incidente puede implicar que el accionado se persuada o no del cumplimiento de una sentencia. En efecto, en caso de que se inicie el incidente de desacato y el accionado, reconociendo que se ha desacatado lo ordenado por el juez de tutela, quiera evitar la sanci\u00f3n, deber\u00e1 acatar la sentencia. <\/p>\n
En caso de que se haya adelantado todo el tr\u00e1mite y resuelto sancionar por desacato, para que la sanci\u00f3n no se haga efectiva, el renuente a cumplir podr\u00e1 evitar ser sancionado acatando. (Resaltado fuera de texto) (subrayado fuera del texto, sentencia T-421 de 23 de mayo de 2003)\u2026\u201d (ver, entre otras, providencias de 21 de septiembre de 2011 y 5 de julio de 2012, exps. Nos. 2011-01940-00 y 2012-01313-00) (CSJ ATC, 24 may. 2013, rad. 2012-00193-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la jurisprudencia constitucional tambi\u00e9n ha indicado que \u00abaun cuando el cumplimiento inmediato del fallo de tutela es la regla general, excepcionalmente puede darse la circunstancia de que aqu\u00e9l sea de imposible cumplimiento, evento que a su vez debe ser acreditado por el destinatario de la orden en forma inmediata, eficiente, clara y definitiva\u00bb (CC T-325\/15), y as\u00ed, eventualmente, exonerar su responsabilidad de cara al acatamiento del mismo. <\/p>\n
3. Con base en tales premisas, para establecer si en el sub examine el convocado atendi\u00f3 la orden constitucional y comoquiera que el alcance de la protecci\u00f3n brindada constituye la base para ello, es preciso remitirse a la sentencia que otorg\u00f3 el amparo. <\/p>\n
4. A partir de lo dispuesto en la anotada sentencia de tutela es que esta Corte debe cotejar si su destinatario se sujet\u00f3 a sus lineamientos, pues de encontrar una respuesta negativa, como es apenas natural, deber\u00e1 accederse a la aspiraci\u00f3n de la promotora del presente incidente. <\/p>\n
Ahora, revisados los elementos suasorios aqu\u00ed acopiados, especialmente los adosados con posterioridad a la decisi\u00f3n objeto de consulta, se vislumbra, sin lugar a dudas, que se acredit\u00f3 la actual activaci\u00f3n de los servicios de salud del accionante en el respectivo Subsistema de las Fuerzas Militares. <\/p>\n
De esta manera, los medios demostrativos recopilados permiten concluir que el proceder del encargado de atender la sentencia de tutela no se enmarca en lo que podr\u00eda tildarse como una conducta reprochable, de rebeld\u00eda y desobediencia respecto a lo all\u00ed ordenado, evidenci\u00e1ndose la ausencia del presupuesto subjetivo que exige la jurisprudencia como necesario para el buen suceso del incidente de desacato y, por ende, para la viabilidad de la imposici\u00f3n de sanciones por desatender lo definido por la jurisdicci\u00f3n constitucional; m\u00e1xime cuando la \u00faltima respuesta brindada por el incidentado deja ver que adopt\u00f3 las medidas correctivas necesarias para atender los reclamos del quejoso. <\/p>\n
Al respecto, es aspecto pac\u00edfico, \u00ab…como de anta\u00f1o lo ha sostenido la Sala, [que] la sanci\u00f3n por desacato es de orden subjetivo y para su procedencia se debe advertir la intencionalidad de desconocer lo dispuesto por el juez de tutela, lo que, al margen del cumplimiento de lo dispuesto por la jurisdicci\u00f3n constitucional, hace inviable que se d\u00e9 la imposici\u00f3n de sanciones\u00bb (CST ATC2264-2017, 5 abr., rad. 2016-02971-03). <\/p>\n
5. Bajo esa perspectiva, si bien el a-quo, acertadamente, en su momento, impuso sanci\u00f3n por desacato, sobre la base de que en el tr\u00e1mite incidental no se acredit\u00f3 el cumplimiento del fallo de tutela; lo cierto es que, de los medios de convicci\u00f3n acopiados con posterioridad, se desprende que el incidentado, despu\u00e9s, adelant\u00f3 las diligencias que tuvo a su alcance para el acatamiento del mandato del juez constitucional, lo que actualmente impide tildar de rebelde o desidioso su proceder. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Corte ha indicado que: <\/p>\n
\u2026si bien al momento de decidir el incidente en comento el juez a quo constitucional actu\u00f3 con apego en la realidad procesal preponderante, lo cierto es que, en las actuales circunstancias no se justifica la vigencia de las sanciones impuestas en el marco del incidente de desacato, pues del material probatorio allegado por la entidad querellada con posterioridad a la providencia sancionatoria, se colige que efectivamente se tomaron las medidas respectivas y acertadas encaminadas a dar cumplimiento al prenotado fallo de tutela (CSJ STC, 31 may. 2013, rad. 2012-00073-01; reiterado en ATC475-2015, 4 feb. 2015, rad.1999-00026-02). <\/p>\n
6. En este orden de ideas, comoquiera que esta Corte ha sostenido que la imposici\u00f3n de sanciones por desacato deriva no solo de un factor objetivo sino que prima la valoraci\u00f3n de aspectos subjetivos, en punto a que debe observarse la intencionalidad de desatender la orden de tutela por parte del llamado a cumplirla, es claro que, en este momento, no resulta justificado mantener la sanci\u00f3n impuesta en la providencia materia de an\u00e1lisis, por lo que la determinaci\u00f3n consultada habr\u00e1 de revocarse, sin perjuicio de que, con posterioridad, ante una nueva desatenci\u00f3n, se impulse un nuevo incidente de este linaje. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, resuelve: <\/p>\n
Primero. Revocar el auto de 1\u00ba de agosto de 2023, por medio del cual la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta sancion\u00f3 al Brigadier General Jos\u00e9 Enrique Walteros G\u00f3mez (Director General de Sanidad Militar); y en su lugar, declarar no probado el desacato endilgado a \u00e9ste, en esta oportunidad, por Joel Ascanio Ropero. <\/p>\n
Segundo. Abstenerse, por tanto, de imponer las sanciones a que se contrae el canon 52 del Decreto 2591 de 1991, sin perjuicio del cumplimiento que la autoridad accionada debe dar al fallo de tutela ya descrito en esta providencia. <\/p>\n
Tercero. Ordenar la devoluci\u00f3n de las diligencias al despacho de origen. <\/p>\n
Notificar lo aqu\u00ed resuelto, por el medio m\u00e1s expedito y eficaz, a las partes y dem\u00e1s intervinientes. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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