ATC954-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
ATC954-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n N\u00b0 11001-02-04-000-2023-01254-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n diecis\u00e9is de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 4 de julio de 2023, en la acci\u00f3n de tutela que Ra\u00fal Alberto L\u00f3pez Maldonado promovi\u00f3 contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de C\u00facuta, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas la Sala de Casaci\u00f3n Penal y el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de esa ciudad, y citadas las partes e intervinientes en el proceso penal con radicado No. 54001-61-06079-2014-82558, si no fuera porque en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en una causal de nulidad que afecta lo actuado, seg\u00fan pasa a examinarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, libertad y \u00abdignidad humana\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada en el proceso reprochado. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que en el proceso penal que se adelant\u00f3 en su contra como miembro de la Polic\u00eda Nacional por el delito de concusi\u00f3n, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de C\u00facuta en sentencia de 16 de octubre de 2018 lo absolvi\u00f3, decisi\u00f3n que, apelada por la Fiscal\u00eda, revoc\u00f3 el Tribunal Superior de C\u00facuta el 26 de marzo de 2019 para condenarlo a 117 meses de prisi\u00f3n. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que con esa decisi\u00f3n se vulneraron sus derechos, y se incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho por defecto f\u00e1ctico, porque la condena se sustent\u00f3 en \u00abpruebas de referencia\u00bb y para sancionar se requiere la comprobaci\u00f3n m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable de la conducta penal reprochada. <\/p>\n
Explic\u00f3 que ciertos elementos de prueba se apreciaron de manera indebida y, respecto de otros no se permiti\u00f3 contradicci\u00f3n, porque no fueron practicados en el juicio oral, as\u00ed como tampoco \u00abdebatidos ni reproducidos\u00bb, adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que, al no acreditarse la identidad del denunciante o v\u00edctima, debi\u00f3 confirmarse la absoluci\u00f3n dispuesta por el a quo. <\/p>\n
Sostuvo que la acci\u00f3n de tutela cumple el presupuesto de la inmediatez, toda vez que sus derechos siguen vulnerados, porque aun cuando no ha sido capturado, \u00abpues permane[ce] pr\u00f3fugo de hace tiempo en Venezuela, pues el proceso penal fue viciado y [su] vida corr\u00eda y corre peligro, pues las personas vinculadas al proceso y a la supuesta v\u00edctima tiene alianzas entre paramilitares de la zona de el escobal y efectivos de la Polic\u00eda Nacional, cosas e informaci\u00f3n que como capit\u00e1n y en el tiempo y lugar de los hechos ten\u00eda un cargo como el oficial de supervisi\u00f3n (\u2026) , eso era lo que estaba investigando\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que frente al fallo proferido por el Tribunal Superior accionado, interpuso el recurso de \u00abimpugnaci\u00f3n especial\u00bb contra su primera condena, mecanismo resuelto por la Sala de Casaci\u00f3n Penal en sentencia SP4770 de 2 de diciembre de 2020, mediante la cual confirm\u00f3 la decisi\u00f3n recurrida. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto, solicit\u00f3, \u00abdejar sin efectos la sentencia condenatoria emanada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, de fecha 26 de marzo de 2019, aprobada mediante acta n\u00famero 131, por el delito de concusi\u00f3n\u00bb y, en su lugar ordenar que profiera una \u00absentencia absolutoria conforme a derecho, teniendo especialmente y \u00fanicamente en cuenta que dicha sentencia se funde en las pruebas debatidas y practicadas en el juicio oral que se realiz\u00f3\u00bb en primera instancia. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal, en auto de 22 de junio de 2023, avoc\u00f3 conocimiento, y orden\u00f3 notificar al accionado y la vinculaci\u00f3n de los sujetos procesales del tr\u00e1mite objeto de queja. <\/p>\n
3.1 La Sala Penal del Tribunal Superior de C\u00facuta, manifest\u00f3 que en sentencia de 26 de marzo de 2019 revoc\u00f3 la absoluci\u00f3n decretada en favor de Ra\u00fal Alberto L\u00f3pez Maldonado en primera instancia y lo conden\u00f3 junto con otro procesado en calidad de coautor del delito de concusi\u00f3n a 117 meses de prisi\u00f3n. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que \u00abseg\u00fan la informaci\u00f3n suministrada por la secretar\u00eda de la Sala se conoce que dicha providencia fue recurrida por la defensa en impugnaci\u00f3n especial y enviada a la Corte de Suprema de Justicia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal. De modo que, la actuaci\u00f3n ya se encuentra ejecutoriada y fue remitida al Centro de Servicios del Sistema Penal Acusatorio el 22 de abril de 2022\u00bb, y agreg\u00f3, que, con sustento en iguales hechos a los ahora alegados, el accionante ya hab\u00eda acudido antes a este amparo, que fue negado en sentencia STC5423-2023. <\/p>\n
3.2 El Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de C\u00facuta, relat\u00f3 los antecedentes del proceso penal e indic\u00f3 que no vulner\u00f3 los derechos del solicitante. <\/p>\n
3.3 La Fiscal 3\u00b0 Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administraci\u00f3n P\u00fablica de C\u00facuta, manifest\u00f3 que en el proceso controvertido las sentencias discutidas se ajustaron a derecho. <\/p>\n
4. La Sala de Casaci\u00f3n Penal en sentencia de 4 de julio de 2023 neg\u00f3 el amparo propuesto y el accionante formul\u00f3 impugnaci\u00f3n con argumentos similares a los expresados en el escrito de tutela. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Si bien es cierto la tutela es un mecanismo preferente y sumario, no es ajena a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, puesto que, como de vieja data lo ha explicado la Corte Constitucional, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257 de 1996). <\/p>\n
En tal raz\u00f3n, el factor de competencia de esta especial justicia se encuentra previsto en el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1., numeral 5 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 333 de 6 de abril de 2021, seg\u00fan el cual \u00abLas acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb <\/p>\n
En este orden, el incumplimiento de tales criterios se erige como una causal de nulidad, seg\u00fan se prev\u00e9 en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, que en armon\u00eda con el inciso final del 138 \u00eddem, implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. Pues bien, del relato f\u00e1ctico precedente, se desprende la falta de competencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal para definir el amparo reclamado en primera instancia, por cuanto la vulneraci\u00f3n denunciada se extiende a su actuaci\u00f3n en el proceso penal materia de reproche. <\/p>\n
En efecto, se constata que la condena censurada en sede de tutela, impuesta en segunda instancia por el Tribunal Superior accionado, fue recurrida por el peticionario mediante el mecanismo de \u00abimpugnaci\u00f3n especial\u00bb, recurso definido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal en fallo SP4770 de 2 de diciembre de 2020, en el sentido de confirmar la decisi\u00f3n impugnada, de donde se concluye su participaci\u00f3n directa en el asunto penal controvertido y, por tanto, su necesaria vinculaci\u00f3n como accionada en estas diligencias. <\/p>\n
Se resalta que, aun cuando el escrito de tutela se dirigi\u00f3 exclusivamente contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de C\u00facuta, se establece la necesidad de convocar a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, porque seg\u00fan se comprob\u00f3 en este asunto, la queja comprende su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre tal tema, esta Sala ha sostenido, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) los hechos descritos en la solicitud de tutela son los que permiten determinar la competencia para conocer de dicha acci\u00f3n, de suerte que las reglas all\u00ed descritas logran cabal desarrollo a partir la descripci\u00f3n f\u00e1ctica indicada, por lo que no basta con que se designe a un demandado o que se exponga aisladamente el motivo de su convocatoria, como se hizo en este caso, para que de esa manera, inapropiadamente, el gestor del amparo var\u00ede el funcionario habilitado para el conocimiento de la queja; de otro modo, se radicar\u00eda esa facultad solamente con estribo en la clase de demandado, con prescindencia de que ciertamente se le acuse o no de la infracci\u00f3n de alg\u00fan derecho fundamental, dejando en el vac\u00edo, por tanto, los prop\u00f3sitos de racionalizaci\u00f3n y desconcentraci\u00f3n en el conocimiento de las acciones de tutela, que justifican dichos preceptos legales\u00bb (CSJ. STC-6613-2021, citado en ATC099-2022). <\/p>\n
3. Conforme a lo expuesto, se impone declarar la falta de competencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal para conocer en primera instancia esta acci\u00f3n de tutela y, como se encuentra configurada la nulidad por falta de competencia prevista en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, la cual, por ser funcional, de conformidad con el 138 \u00eddem, implica que \u00ab(\u2026) lo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb, en cumplimiento de esa \u00faltima disposici\u00f3n, que ordena que \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se dejar\u00e1 sin efecto el fallo proferido por el a quo constitucional, para que se asigne el asunto a esta Sala en primera instancia, y profiera una nueva sentencia que defina en primer grado el amparo, sin perjuicio de la validez de las pruebas practicadas y las que se requieran, en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 138 ibidem. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 7\u00ba del art. 2.2.3.1.2.1., Decreto 1983 de 2017, modificado por el Decreto 333 de 2021, en concordancia con lo establecido en el art\u00edculo 44 del Reglamento Interno de la Corte, el presente asunto compete a la Sala de Casaci\u00f3n Civil, pues al tenor de lo estipulado en esa \u00faltima regla, \u00abla acci\u00f3n de tutela dirigida contra uno o varios Magistrados de la misma Sala de Casaci\u00f3n Especializada, o contra la respectiva Sala, se repartir\u00e1 a la Sala de Casaci\u00f3n que siga en orden alfab\u00e9tico\u00bb. <\/p>\n
4. Adem\u00e1s, esta Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del Decreto 333 de 2021 y dem\u00e1s normas complementarias, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar, <\/p>\n
(\u2026) Respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insanable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d\u00bb (CSJ. ATC de 13 de mayo de 2009, exp. 08001-22-13-000-2009-00083-01). <\/p>\n
5. Con fundamento en lo expuesto se declarar\u00e1 la nulidad del fallo de primera instancia y se ordenar\u00e1 remitir las diligencias a la secretar\u00eda de esta Sala para que efect\u00fae el reparto correspondiente. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Conforme a lo anterior, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 4 de julio de 2023, en la acci\u00f3n de tutela que Ra\u00fal Alberto L\u00f3pez Maldonado promovi\u00f3 contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de C\u00facuta, extensiva a la Sala de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
SEGUNDO: ORDENAR la remisi\u00f3n de las diligencias a la secretar\u00eda de esta Sala para que efect\u00fae el reparto correspondiente. <\/p>\n
TERCERO: COMUNICAR lo aqu\u00ed resuelto a los intervinientes y al a quo por el medio m\u00e1s expedito. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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