ATC955-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC955-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-22-03-000-2023-00220-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali el pasado 27 de julio, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jaime \u00c1ngel Figueroa y Juan Sebasti\u00e1n \u00c1ngel Mesa contra la Superintendencia de Sociedades y la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., la Corte advierte que el asunto se encuentra viciado de nulidad como pasa a explicarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando en su propio nombre, los solicitantes acudieron al presente instrumento buscando la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales de petici\u00f3n, debido proceso, igualdad y asociaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Pretenden que a trav\u00e9s de esta excepcional senda constitucional se ordene a la Superintendencia de Sociedades que \u00abse pronuncie de fondo y ejerza sus funciones de vigilancia y control respecto de la sociedad Carnes y Derivados, para con ello se apliquen la medidas administrativas del caso y se establezca un \u00f3rgano de gobierno representado por un \u201cfactor\u201d y\/o que represente a los socios de carnes y derivados y su secuestre -La sociedad de Activos Especiales- [sic]\u00bb <\/p>\n
En apoyo de su s\u00faplica indicaron que la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n inici\u00f3 un proceso de extinci\u00f3n del derecho de dominio contra la empresa Carnes y Derivados de Occidente S.A. (de la cual son accionistas), dentro del cual se decretaron como medidas cautelares la suspensi\u00f3n del poder dispositivo de las acciones que la conforman, as\u00ed como el embargo y secuestro de sus establecimientos de comercio, quedando bajo el control de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., por disposici\u00f3n legal. <\/p>\n
Afirmaron que, como el componente societario de la afectada est\u00e1 integrado, entre otras personas naturales y jur\u00eddicas, por la Central de Inversiones S.A. (CISA), promovieron una colisi\u00f3n de competencias contra la administradora del FRISCO, habida cuenta que su accionista mayoritario es precisamente la aludida Central de Inversiones. <\/p>\n
Sostuvieron que pese al \u00abconflicto de intereses\u00bb en el que est\u00e1 incursa, la SAE contin\u00faa ejerciendo actividades de administraci\u00f3n sobre la empresa vinculada al tr\u00e1mite extintivo, tales como la remoci\u00f3n de la junta directiva existente y la designaci\u00f3n de una nueva, raz\u00f3n por la cual, el pasado 28 de marzo formularon un derecho de petici\u00f3n a la Superintendencia de Sociedades buscando la adopci\u00f3n de \u00abmedidas administrativas\u00bb como la \u00abconvocatoria de una junta temporal\u00bb o la \u00abdesignaci\u00f3n de un administrador\u00bb, as\u00ed como la supervisi\u00f3n \u00abpermanente de los actos de disposici\u00f3n, administraci\u00f3n o custodia que recaen sobre la sociedad Carnes y Derivados de Occidente S.A.\u00bb. <\/p>\n
3. Mediante prove\u00eddo del pasado 27 de julio el tribunal a quo deneg\u00f3 el auxilio reclamado, decisi\u00f3n que fue impugnada por los gestores, insistiendo en sus planteamientos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De la atribuci\u00f3n de competencia en materia de amparo constitucional <\/p>\n
No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena -como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial- a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257 de 1996). <\/p>\n
El factor de competencia de la acci\u00f3n de tutela se encuentra previsto en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, esa disposici\u00f3n solo se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, de ah\u00ed que art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021 introdujo el \u00abfactor funcional\u00bb en dicha materia, que predetermin\u00f3 el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de aspectos como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado. <\/p>\n
En el presente caso se configura la nulidad por falta de competencia prevista en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, la cual, por ser funcional, seg\u00fan el canon 138 \u00eddem (aplicable a la acci\u00f3n de tutela en raz\u00f3n de lo dispuesto en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991), implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. Definici\u00f3n de la competencia <\/p>\n
Al revisar el diligenciamiento de este asunto, observa la Corte la falta de competencia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali para resolver en primera instancia la presente acci\u00f3n al advertirse que, aun cuando va dirigida contra la Superintendencia de Sociedades, el reclamo no tuvo sustento en una actuaci\u00f3n suya de naturaleza jurisdiccional, comoquiera que el pronunciamiento que por esta senda se cuestiona no fue adoptado al interior de alg\u00fan proceso que all\u00ed se adelante y en el que se encuentren vinculados los ac\u00e1 promotores o la sociedad de la que aducen ser accionistas, sino que se trat\u00f3 de la respuesta a un derecho de petici\u00f3n que estos formularon con miras a que se adoptaran \u00abmedidas administrativas\u00bb sobre la aludida persona jur\u00eddica. <\/p>\n
De otro lado, tampoco podr\u00eda considerarse que, por el solo hecho de que se encuentre en curso un proceso de extinci\u00f3n de dominio -al interior del cual la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n adopt\u00f3 unas medidas cautelares-, la facultad para tramitar el resguardo recaiga en el colegiado de primer grado pues ninguna actuaci\u00f3n suya (o del Juzgado Penal del Circuito Especializado que adelanta el juicio extintivo) constituy\u00f3 el cimiento de la presente demanda constitucional. <\/p>\n
En tal caso, la vinculaci\u00f3n de esas autoridades judiciales ser\u00eda apenas aparente pues la SAE, como administradora del FRISCO, es quien se encuentra facultada para administrar los bienes vinculados a esa clase de procesos. <\/p>\n
Lo anterior para significar que no es suficiente con que en la demanda se mencione a alguna autoridad judicial con categor\u00eda de circuito para disponer que la competencia recaiga autom\u00e1ticamente en un Tribunal Superior, pues sustancialmente se requiere que se le atribuya alguna acci\u00f3n u omisi\u00f3n vulneradora de sus derechos supralegales situaci\u00f3n que no ocurre en este caso. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, considerando el factor funcional antes mencionado, el conocimiento de una tutela contra entidades, autoridades u organismos del orden nacional se radica en los jueces del circuito1, al tenor de lo previsto en el Decreto 333 de 2021 \u00ab[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u00bb. Se resalta. <\/p>\n
3. La actuaci\u00f3n que se invalida <\/p>\n
As\u00ed las cosas, de conformidad con lo se\u00f1alado, se impone declarar la falta de competencia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali para conocer en primera instancia la presente salvaguarda y, en consecuencia, como se ha dictado sentencia bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, decretar su nulidad, ordenando la devoluci\u00f3n del expediente al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de dicha ciudad, despacho al que le fue inicialmente asignada la actuaci\u00f3n, para lo de su competencia. <\/p>\n
De esta forma, en cumplimiento del inciso final del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso que dispone que \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que se invalidar\u00e1 el tr\u00e1mite a partir del auto admisorio de la acci\u00f3n supralegal, para que el funcionario que deba asumir el conocimiento del asunto determine la procedencia o no de la misma, sin perjuicio de lo que estime necesario complementar (vr. g. decretar medidas cautelares, practicar otras pruebas o realizar notificaciones omitidas). <\/p>\n
4. Sobre la facultad para decretar nulidades <\/p>\n
Esta Sala en cuanto a esa potestad, en pret\u00e9ritas oportunidades ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) [E]mpero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026)\u00bb (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, citado entre otros en ATC7895-2016, 17 nov. 2016, rad. 02149-01 y ATC8631-2016, 14 dic. 2016, rad. 00374-01). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la nulidad de todo lo actuado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, inclusive, desde el auto admisorio del amparo. <\/p>\n
TERCERO: Por secretar\u00eda comunicar lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y expedir las comunicaciones que sean pertinentes. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Tanto la Superintendencia de Sociedades como la Sociedad de Activos Especiales hacen parte del sector descentralizado por servicios del orden nacional, de conformidad con la Ley 489 de 1998, art\u00edculo 38, numeral 2, letras c) y f). <\/p>\n
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