ATC988-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
ATC988-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 70001-22-14-000-2023-00095-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso dirimir la impugnaci\u00f3n interpuesta por el convocante frente a la sentencia del pasado 29 de junio, emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, Sala Civil-Familia-Laboral, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Carlos \u00c1lvarez \u00c1lvarez contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sinc\u00e9, as\u00ed como respecto a la Alcald\u00eda e Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de San Benito Abad (todos de Sucre), si no fuera porque esta Magistratura observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo rituado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El convocante deprec\u00f3, a trav\u00e9s de apoderado, la protecci\u00f3n de sus prerrogativas fundamentales al debido proceso y \u00abdefensa\u00bb, presuntamente conculcadas desde los estamentos requeridos. Y en concreto, se ordene \u00abdeclarar NULA\u00bb la gesti\u00f3n de la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda, dentro del dossier reivindicatorio n.\u00b0 \u00ab2017-00017\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como sustento adujo, de una parte, que el fallo del Juzgado Promiscuo del Circuito de Sinc\u00e9 (16 dic. 2019) al interior del descrito juicio verbal, por demanda de Adolfo de Jes\u00fas Macareno Jaraba contra Eder William \u00c1lvarez Arias, fluye \u00abambigu[o]\u00bb, en tanto que no fue \u00abclar[o ni] precis[o]\u00bb acerca de los predios a reivindicarse, como consecuencia de la prosperidad de las reclamaciones del primero, m\u00e1xime si los linderos ah\u00ed referenciados distan de los obrantes en escritura p\u00fablica de 5 de mayo de 2011. <\/p>\n
Sostuvo, de otro flanco, que la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de San Benito Abad (ente comisionado por aquel despacho judicial para la entrega de los inmuebles en cuesti\u00f3n) hubo de descender en \u00abextralimita[ci\u00f3n]\u00bb de la regla competencial del art\u00edculo 309 -num. 7\u00b0- del C\u00f3digo General del Proceso, pues en lugar de remitir las foliaturas al comitente, prefiri\u00f3 \u00abresolver\u00bb su oposici\u00f3n a la diligencia de 30 de marzo y 13 de abril de la anualidad en curso como \u00abtercero poseedor\u00bb, en el sentido de \u00abrechazar[la]\u00bb. Tema de suma relevancia, comoquiera que -a\u00f1adi\u00f3- no se sabe qui\u00e9n definir\u00e1 de cara a la apelaci\u00f3n que propuso en torno a tal pronunciamiento. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Tribunal a-quo dio admisi\u00f3n al libelo supralegal del ep\u00edgrafe y en paralelo no accedi\u00f3 a la medida provisional urgida bajo el ac\u00e1pite de \u00abPETICI[\u00d3]N ESPECIAL\u00bb. <\/p>\n
Y luego del debate de rigor, estim\u00f3 improcedente la salvaguarda solicitada, al concluir, a la postre, que al alcance del promotor se hallaba la \u00abnulidad\u00bb del canon 40, inc. 2\u00b0, de la norma procesal vigente, en procura de disentir por los cauces legales contra las actuaciones de la autoridad policial comisionada. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Impugn\u00f3 el convocante con apoyo del mandatario, sin pregonar motivos de discrepancia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de esta Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural para decidir en impugnaci\u00f3n el asunto de marras, toda vez que las cr\u00edticas del memorial impulsor del mecanismo tutelar se hacen extensivos -por pasiva- al mismo Tribunal de origen, Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, Sala Civil-Familia-Laboral, tras haber confirmado esa Colegiatura, mediante fallo de 11 de noviembre de 2020 (en sede de apelaci\u00f3n), el proferido por el repelido despacho Promiscuo del Circuito de Sinc\u00e9, al interior del litigio reivindicatorio n.\u00b0 \u00ab2017-00017\u00bb objeto de la presente censura. Por contera, los embates acerca de la aparente falta de claridad de lo sentenciado en la contienda verbal en cita involucran el dictamen del referido juez de la alzada. <\/p>\n
Lo anteriormente esbozado -ins\u00edstase- impide a esta Sala de la Corte desatar v\u00e1lidamente la disputa en segundo nivel, dado que como en lo pertinente ense\u00f1a el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del decreto 1069 de 2015 (modificado por el precepto 1\u00b0 del 333 de 2021), \u00ab[l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb (\u00c9nfasis). <\/p>\n
2. En consecuencia, el veredicto dimanado en el rito por el Tribunal de Sincelejo se halla viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo con el canon 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los cert\u00e1menes de amparo por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del decreto 306 de 1992, pues la potestad para conocer del asunto en primer grado, como se otea, le ata\u00f1e es a esta Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, en condici\u00f3n de superior funcional del aludido cuerpo tribunalicio, el cual, rec\u00e1lquese, ha de ser involucrado -por pasiva- en la controversia tutelar. <\/p>\n
Respecto de la falta de competencia venida de esbozar, se ha se\u00f1alado: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992. (Criterio expuesto en CSJ ATC1396 de 2016; reiterado, entre muchos otros, en ATC1684, ATC1686 y ATC2521, todos de ese mismo a\u00f1o). <\/p>\n
Por otro lado, en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el decreto 1983 de 2017 (asimilables al vigente decreto 333 de 2021), se ha precisado que: <\/p>\n
3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) respecto a que los jueces \u201cno est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u201d el cual \u201c(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u00ab[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u201cseg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u201cel cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01)\u00bb (ATC298-2018, 31 en., rad. 2017-00314-01). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Por lo consignado, se adoptar\u00e1n las directrices necesarias para enderezar el decurso iusfundamental. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, resuelve: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad de lo actuado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, Sala Civil-Familia-Laboral, en el plenario de la referencia, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. En consecuencia, rem\u00edtase de inmediato el expediente a esta Sala de la Corte, para que se le imprima al caso el tr\u00e1mite de primera instancia de rigor. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abart\u00edculo 16. Prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicci\u00f3n y la competencia. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3] <\/p>\n
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