SC227-2023 (2019-00714-00)<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC227-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-00714-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., dos (02) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide por sentencia anticipada el recurso de revisi\u00f3n interpuesto por Sandra Ximena y Julissa Hern\u00e1ndez Saavedra frente al fallo proferido el 6 de marzo de 2017 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga. Providencia dictada al interior del proceso declarativo de uni\u00f3n marital de hecho de radicado 2016-00234, impulsado por la se\u00f1ora Nancy Mireya Mendoza Socha contra las recurrentes y los herederos indeterminados de Carlos Felipe Hern\u00e1ndez Ortiz. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Nancy Mireya Mendoza Socha demand\u00f3 a Sandra Ximena y Julissa Hern\u00e1ndez Saavedra, en calidad de herederas determinadas de Carlos Felipe Hern\u00e1ndez Ortiz, as\u00ed como a los herederos indeterminados de \u00e9ste. La actora pretendi\u00f3 que se declare que entre ella y el fallecido Hern\u00e1ndez Ortiz existi\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho entre mayo del 2007 hasta el 23 de septiembre de 2015, cuando aqu\u00e9l falleci\u00f3. Asimismo, suplic\u00f3 que se decrete la disoluci\u00f3n de la sociedad patrimonial surgida del v\u00ednculo y se haga su liquidaci\u00f3n respectiva1. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, narr\u00f3 que el se\u00f1or Carlos Felipe estuvo casado con Rosa Delia Saavedra Escobar desde el 3 de mayo de 1969 hasta el 2 de mayo de 2006, cuando el Juzgado Cuarto de Familia de Bucaramanga decret\u00f3 la cesaci\u00f3n de los efectos civiles del v\u00ednculo. Relat\u00f3, en adici\u00f3n, que fruto de esa uni\u00f3n nacieron las se\u00f1oras Sandra Ximena y Julissa Hern\u00e1ndez Saavedra. Precis\u00f3 luego que, desde mayo del 2007, convivi\u00f3 con el se\u00f1or Hern\u00e1ndez Ortiz de forma permanente y singular, \u00absin interrupci\u00f3n alguna compartiendo lecho, techo y mesa por m\u00e1s de ocho a\u00f1os\u00bb. Asever\u00f3 que se gener\u00f3 \u00abun proyecto conjunto de vida hasta el d\u00eda de su fallecimiento\u00bb. Tambi\u00e9n indic\u00f3 que adquirieron diversos bienes, en concreto, un inmueble y dos veh\u00edculos. <\/p>\n
3. El 21 de octubre de 2016, el Juzgado Sexto de Familia de Bucaramanga dict\u00f3 fallo en que accedi\u00f3 a lo pretendido por la promotora2. Apelado ese pronunciamiento por las demandadas Sandra Ximena y Julissa Hern\u00e1ndez Saavedra, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de esa ciudad lo confirm\u00f3 \u00edntegramente el 6 de marzo de 20173. <\/p>\n
II. EL TR\u00c1MITE DEL RECURSO DE REVISI\u00d3N <\/p>\n
1. El 6 de marzo del 2019, Sandra Ximena y Julissa Hern\u00e1ndez Saavedra formularon recurso de revisi\u00f3n respecto de la sentencia de segunda instancia. <\/p>\n
2. Con sustento en la causal 1\u00aa del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso, las recurrentes pidieron que se invalidara el fallo atacado. La impugnaci\u00f3n extraordinaria la sustentaron en los siguientes t\u00e9rminos.4 <\/p>\n
2.1. Indicaron que, el 24 de noviembre del 2016, solicitaron al ad quem que se \u00abdecretara y tuviera como prueba documental\u00bb, la declaraci\u00f3n juramentada obrante en el acta 2990 de 24 de noviembre de 2016, rendida por el se\u00f1or Hernando Aparicio Rodr\u00edguez ante la Notar\u00eda Octava de Bucaramanga. No obstante, dado que el apoderado omiti\u00f3 indicar el motivo por el cual tal medio de prueba no pudo ser aportado con anterioridad, este no fue tenido en cuenta. Destacaron que el se\u00f1or Aparicio Rodr\u00edguez expuso que era arrendatario de un local donde viv\u00eda el finado Carlos Felipe durante los a\u00f1os 2008 al 2013. Relataron, igualmente, que no conocieron a la se\u00f1ora Nancy Mireya Mendoza Socha. Aseveraron que descubrieron la escritura p\u00fablica n\u00fam. 923 de 3 de mayo de 2010, otorgada ante la Notar\u00eda Novena de la misma capital, por la cual Carlos Felipe Hern\u00e1ndez Ortiz, obrando en nombre y representaci\u00f3n de Fernando Prada Monsalve, transfiri\u00f3 a t\u00edtulo de venta al Banco Davivienda S.A. el inmueble \u00abApartamento n\u00famero 3b y garaje 3b (\u2026), inmueble que se identifica con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 300-181242\u00bb. All\u00ed, el se\u00f1or Hern\u00e1ndez Ortiz dej\u00f3 atestado que su estado civil era el de \u00absoltero por divorcio con sociedad conyugal disuelta y liquidada, sin uni\u00f3n marital de hecho\u00bb. Sostienen que dicho documento p\u00fablico les fue aportado el 9 de junio de 2017, en el marco de una audiencia de conciliaci\u00f3n celebrada con el se\u00f1or Prada Monsalve. Dijeron que les fue imposible allegarlo al proceso dado que, \u00abcuando tuvieron conocimiento del mismo, el proceso de uni\u00f3n marital de hecho referido ya hab\u00eda sido fallado en primera y segunda instancia y el auto que declaraba desierto el recurso de casaci\u00f3n hab\u00eda quedado en firme el d\u00eda 05 de junio de 2017\u00bb. Adem\u00e1s, indicaron que a ellas no les era \u00abprevisible el hecho de que su extinto padre (\u2026) no radicara en su cabeza, la titularidad del derecho de dominio del inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 300-181242 (\u2026), que hab\u00eda prometido comprar (\u2026) y que hab\u00eda pagado en su totalidad, al se\u00f1or FERNANDO PRADA MONSALVE, para en cambio utilizar un poder de este [\u00fa]ltimo para disponer de un bien que aunque fue suyo, nunca inscribi\u00f3 o registr[\u00f3] la titularidad del mismo en su cabeza\u00bb. <\/p>\n
2.2. Aunado a lo anterior, encontraron la escritura p\u00fablica n\u00fam. 2953 de 2008, otorgada ante la Notar\u00eda Novena de la capital de Santander. En dicho acto, Carlos Felipe Hern\u00e1ndez transfiri\u00f3 a t\u00edtulo de compraventa la propiedad del bien con F.M.I. 314-39213 y all\u00ed dej\u00f3 atestado que era soltero y no ten\u00eda uni\u00f3n marital vigente. Relataron que solo tuvieron conocimiento de ese documento \u00abhasta despu\u00e9s del 9 de junio de 2017, con ocasi\u00f3n de la audiencia de conciliaci\u00f3n celebrada el d\u00eda 09 de junio de 2017 (\u2026) con el se\u00f1or FERNANDO PRADA MONSALVE\u00bb, pues fue s\u00f3lo a partir de esa data que \u00aboptaron por indagar en las notar\u00edas de la ciudad de Bucaramanga si exist\u00edan o no, otros actos escriturarios que hubiera otorgado su progenitor de los cuales no tuvieran conocimiento aquellas\u00bb. <\/p>\n
3. El medio de impugnaci\u00f3n fue admitido el 13 de septiembre del 20195. Fecha en la cual, adem\u00e1s, se requiri\u00f3 a las recurrentes para que notificaran a la se\u00f1ora Nancy Mireya Mendoza Socha y efectuaran las publicaciones a fin de materializar el emplazamiento de los herederos indeterminados del fallecido Carlos Felipe Hern\u00e1ndez Ortiz. <\/p>\n
4. Nancy Mireya Mendoza Socha se notific\u00f3 personalmente del auto admisorio del recurso de revisi\u00f3n el 21 de enero de 20206. En tiempo, a trav\u00e9s de apoderado replic\u00f3 la demanda y se opuso a lo pretendido por las censoras7, en tanto <\/p>\n
\u00ab(\u2026) a) LOS DOCUMENTOS (\u2026) CITADOS SON DEL 11 DE MAYO Y JUNIO DE 2017, POR TANTO, POSTERIORES AL 6 DE MARZO DE 2019, ES DCIR (sic) NO SON ANTERIORES SINO POSTERIORES A LA EXPEDICI\u00d3N DE LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA, POR LO QUE NO PUDIERON SER \u201cTENIDOS EN CUENTA\u201d POR ESTA. <\/p>\n
b) LOS ANTERIORES DOCUMENTOS SE REFIEREN A ACTOS P\u00daBLICOS ANTERIORES A LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA (son del 23 DE ENERO DE 2008 Y DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 Y DEL TRES DE MAYO DE 2010), POR LO QUE SE PRESUMEN LEGALMENTE CONOCIDOS, DEBIERON SER CONOCIDOS POR TODAS LAS PERSONAS Y PUDIERON APORTARSE EN SU OPORTUNIDAD. <\/p>\n
c) LAS DECLARACIONES ESCRITURARIAS SOBRE SOLTER\u00cdA Y SIN UNI\u00d3N MARITAL DE HECHO, NO SON DECLARACIONES DE ESTADO CIVIL, NI NEGOCIABLES, SINO DE FORM[A]LIDAD ESCRITURARIA, QUE SON INOPONIBLES A TERCEROS, COMO LA PARTE AQU\u00cd DEMANDADA. <\/p>\n
d).- LAS DECLARACIONE[S] SOBRE SOLTER\u00cdA Y SIN UNI\u00d3N MARITAL, TAMPOCO SON DECLARATORIAS DE CONFESI\u00d3N (\u2026), POR LO QUE CARECEN DE VALOR PROBATORIO EN CONTRA DE LA PARTE AQU\u00cd DEMANDADA (ART. 191NUM. 2 DEL C.G. DEL P.[)]. <\/p>\n
e). – AQUELOS ACTOS DEL LITERAL QUE NO PUDIERON AORTARSE, PORQUE NO EXIST\u00cdAN; NI LAS DECLARACIONES QUE TAMPOCO SE APORTARON, PUDI\u00c9NDOLOS, DEBIDO A LA NEGLIGENCIA RECONOCIDA EN LA DEMANDA (sic). NO EST\u00c1 PROBADA LA FUERZA MAYOR. <\/p>\n
f). – DICHAS DECLARACIONES SON INTRASCENDENTES PARA ALTERAR EL FALLO ATACADO, EL CUAL, COMO ARRIBA SE SE\u00d1AL\u00d3, SE FUND\u00d3 EN LAS PRUEBAS TESTIMONIOS RECAUDADAS Y DECRETADOS\u00bb. <\/p>\n
5. Hechas las publicaciones requeridas8 en el prove\u00eddo de 13 de septiembre de 2019, en resoluci\u00f3n de 27 de octubre de 20229 se design\u00f3 curador ad litem, para que representare los intereses de los sucesores indeterminados de Carlos Felipe Hern\u00e1ndez Ortiz. <\/p>\n
6. La contestaci\u00f3n de la demanda presentada por la auxiliar de la justicia fue rechazada, por extempor\u00e1nea, mediante auto de 16 de marzo pasado10. All\u00ed mismo, se efectu\u00f3 el decreto probatorio y se anunci\u00f3 que se iba a dictar sentencia anticipada. Dicho pronunciamiento no fue recurrido por ninguno de los contendientes. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En relaci\u00f3n con la sentencia anticipada -art. 278 CGP-, esta Corporaci\u00f3n ha razonado que: <\/p>\n
\u00abSignifica que los juzgadores tienen la obligaci\u00f3n, en el momento en que adviertan que no habr\u00e1 debate probatorio o que el mismo es inocuo, de proferir sentencia definitiva sin otros tr\u00e1mites, los cuales, por cierto, se tornan innecesarios, al existir claridad f\u00e1ctica sobre los supuestos aplicables al caso. (\u2026) <\/p>\n
En consecuencia, el proferimiento de una sentencia anticipada, que se hace por escrito, supone que algunas etapas del proceso no se agoten, como una forma de dar prevalencia a la celeridad y econom\u00eda procesal, lo que es arm\u00f3nico con una administraci\u00f3n de justicia eficiente, diligente y comprometida con el derecho sustancial\u00bb (CSJ SC132-2018. Reiterado en CSJ SC439-2021). <\/p>\n
Bajo ese panorama, y en tanto no existen otros medios suasorios por practicar, es procedente el fallo anticipado, tal y como en su momento se estim\u00f3 en auto de 16 de marzo de 2023. <\/p>\n
2. En el asunto que ahora concita la atenci\u00f3n de la Sala, las recurrentes invocaron la causal primera del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso, que consagra, como motivo de revisi\u00f3n, el \u00ab[h]aberse encontrado despu\u00e9s de pronunciada la sentencia documentos que habr\u00edan variado la decisi\u00f3n contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria\u00bb. <\/p>\n
Sobre esta causal de revisi\u00f3n, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que resulta indispensable probar los siguientes elementos: <\/p>\n
\u00ab(a) que las pruebas documentales de que se trate hayan sido halladas ulteriormente al momento en que fue proferido el fallo, habida cuenta que \u201cla prueba de eficacia en revisi\u00f3n y desde el punto de vista que se est\u00e1 tratando, debe tener existencia desde el momento mismo en que se entabla la acci\u00f3n [\u2026] de donde se sigue que no constituyendo esa pieza documental -bien por su contenido o por cualquier otra circunstancia- una aut\u00e9ntica e incontestable novedad frente al material probatorio recogido en el proceso, la predicada injusticia de esa resoluci\u00f3n no puede vincularse causalmente con la ausencia del documento aparecido\u201d (Sentencia 237 de 1\u00ba de julio de 1988); (b) que el alcance del valor persuasivo de tales probanzas habr\u00eda transformado la decisi\u00f3n contenida en ese prove\u00eddo, por cuanto \u00abel documento nuevo, per se, debe ser decisivo y por tanto tener la suficiente fuerza como para determinar un cambio sustancial de la sentencia recurrida\u00bb; y, (c) que no pudieron aportarse tempestivamente, debido a fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria, raz\u00f3n por la que \u201cno basta que la prueba exista para que la revisi\u00f3n sea viable, sino que es necesario para ello que haya sido imposible aducirla, o por un hecho independiente de las partes, o por un hecho doloso de la parte favorecida\u201d (G.J. t. LI bis p\u00e1g. 215), (CSJ, SC, 1\u00b0 mar, 2011, rad. 2009-00068-00; citada en CSJ SC18031-2016). <\/p>\n
2.1. Para lo que efectos del recurso que se examina, se destaca que el aludido m\u00f3vil s\u00f3lo se estructura cuando la causa que hubiere impedido la aportaci\u00f3n del documento al proceso sea la fuerza mayor, el caso fortuito o la maniobra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado el fallo. Por lo mismo, no procede el recurso extraordinario fundado en este motivo en aquellos supuestos en los cuales el documento que se dice encontrado se hallara en poder o a disposici\u00f3n de la parte que lo promueve, o que hubiera estado a su alcance en cualquier protocolo, archivo u organismo p\u00fablico. <\/p>\n
2.2. En ese orden de ideas, se impone la desestimaci\u00f3n de la censura planteada. Las recurrentes pretenden que se valore el contenido de dos escrituras (la 923 de 2010 y la 2953 de 2008). Documentos \u00e9stos que, como instrumentos p\u00fablicos son de p\u00fablico acceso (arts. 80 y 114, D. 960 de 1970). <\/p>\n
En un caso de an\u00e1logos perfiles al actual, esta Corte acot\u00f3: <\/p>\n
\u00ab4.2. En adici\u00f3n, respecto al \u00faltimo requisito para que se configure la primera causal de revisi\u00f3n, anota la Sala que tampoco se encuentra satisfecho porque en el sub lite, a pesar de que Matilde Mora de Ardila aduce que obtuvo la escritura p\u00fablica 2697 de 8 de noviembre de 1930 de la Notar\u00eda Primera de Bogot\u00e1 porque fue entregada por los herederos de Tucufato (sic) Poveda con posterioridad a la sentencia atacada y tambi\u00e9n alega -incoherentemente- que dicho instrumento estaba en poder de Licerio Poveda Reina, lo cierto es que con anterioridad al inicio del juicio reivindicatorio tal documento estuvo al alcance de todos los intervinientes en ese litigio, por tratarse de un contrato inserto en un protocolo p\u00fablico. <\/p>\n
Tal circunstancia, por s\u00ed sola, desvirt\u00faa la fuerza mayor o caso fortuito as\u00ed como la alegada obra del reivindicante que impidi\u00f3 a su contendora la obtenci\u00f3n del aludido documento, en el curso del proceso donde se dict\u00f3 la sentencia fustigada, si se tiene en cuenta que por fuerza mayor o caso fortuito debe entenderse \u2018el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercido por un funcionario p\u00fablico, etc.\u2019 (Art. 1\u00b0 Ley 95 de 1890). <\/p>\n
De all\u00ed sus caracter\u00edsticas de imprevisibilidad e irresistibilidad, \u00absignificando lo primero, un acontecer intempestivo, excepcional o sorpresivo; y lo segundo, imposible, fatal, inevitable de superar en sus consecuencias\u00bb. (Sentencia de revisi\u00f3n de 2 de diciembre de 1987, G.J. t. CLXXXVIII, p\u00e1g. 332); propiedades extra\u00f1as a la naturaleza que de p\u00fablico ostente un determinado documento, pues esta implica el derecho de todo ciudadano para tenerlo a su alcance y, por contera, obtener reproducciones del mismo, al punto que el ordenamiento jur\u00eddico ha previsto herramientas para asegurar esa enmienda, verbi gracia, el derecho de solicitar informaci\u00f3n regulado en materia contencioso administrativa (art. 24 del C.P.A.C.A.), en desarrollo de la garant\u00eda fundamental de petici\u00f3n que, sabido es, puede hacerse efectiva a trav\u00e9s del ejercicio de acciones constitucionales\u00bb (CSJ SC1121-2019). <\/p>\n
En adici\u00f3n, mem\u00f3rese que la jurisprudencia de esta Corte tiene aceptado que si el documento no fue aportado porque \u00absimplemente no se hab\u00eda averiguado en donde reposaba, o porque no se pidi\u00f3 su aporte en ninguna de las oportunidades que la ley se\u00f1ala para que pueda valorarse su m\u00e9rito de persuasi\u00f3n, entonces el hecho de que con posterioridad al fallo, se encuentre un documento que hubiera podido hacer variar la decisi\u00f3n combatida, no es suficiente para sustentar el recurso extraordinario de revisi\u00f3n\u00bb (G.J. T. CXLVII, p. 141 a 143 y CXCII, p. 5, citada en CSJ SC14425-2016). <\/p>\n
En ese sentido, no est\u00e1 acreditada la existencia de una causal de fuerza mayor o de caso fortuito que impidiera su obtenci\u00f3n por las demandantes en revisi\u00f3n. V\u00e9ase que el s\u00f3lo hecho de que hubieren tenido conocimiento de la existencia de tales documentos p\u00fablicos despu\u00e9s de que se emiti\u00f3 el pronunciamiento de segundo grado no se corresponde con un fen\u00f3meno externo, inesperado, sorpresivo o repentino. <\/p>\n
En ese orden de ideas, no est\u00e1 probado que las aludidas escrituras no pudieron ser aportadas por causas de fuerza mayor o caso fortuito o por maniobras de la beneficiada por el fallo recurrido. Por el contrario, se observa que eran documentos que siempre estuvieron al alcance de las recurrentes. V\u00e9ase que las impugnantes mismas adujeron que encontraron la escritura n\u00fam. 2953 de 2008, cuando \u00aboptaron por indagar en las notar\u00edas de la ciudad de Bucaramanga si exist\u00edan o no, otros actos escriturarios que hubiera otorgado su progenitor de los cuales no tuvieran conocimiento aquellas\u00bb. Ejercicio que pudieron haber efectuado en el decurso del proceso de base. <\/p>\n
Y a\u00fan si lo anterior se dejare de lado, la censura igual fracasar\u00eda. Esto, en tanto los instrumentos p\u00fablicos a que hacen alusi\u00f3n las revisionistas carecen de la entidad suficiente para producir un cambio sustancial en la decisi\u00f3n atacada. N\u00f3tese, en efecto, c\u00f3mo en la contienda rebatida ambas partes aceptaron la existencia de la convivencia entre la demandante y el fallecido Carlos Felipe, difiriendo \u00fanicamente en cuanto a los extremos temporales en que ella se desarroll\u00f311. Cuesti\u00f3n \u00e9sta \u00faltima que el Tribunal esclareci\u00f3 vali\u00e9ndose de copiosos elementos de convicci\u00f3n, todos de car\u00e1cter testimonial12, que daban cuenta que entre Carlos Felipe y Nancy existi\u00f3 una uni\u00f3n de hecho entre el mes de mayo del 2008 hasta septiembre de 2015, cuando aqu\u00e9l falleci\u00f3. Porque durante ese per\u00edodo vivieron juntos, se socorrieron y ayudaron mutuamente y, en fin, desarrollaron un proyecto de vida en com\u00fan. <\/p>\n
Esto es, la sola circunstancia de que en los anotados instrumentos p\u00fablicos -que datan, mem\u00f3rese, de 2008 y 2010- el se\u00f1or Hern\u00e1ndez Ortiz hubiere dejado atestado que no ten\u00eda ning\u00fan v\u00ednculo marital vigente, no desdice de la conclusi\u00f3n a la cual el ad quem arrib\u00f3. A lo sumo, ser\u00edan apenas unas pruebas m\u00e1s que hubiesen tenido que ser valoradas -bajo el tamiz de la sana cr\u00edtica y en conjunto con las dem\u00e1s probanzas obrantes en el plenario-. <\/p>\n
Y es que, si la ley no determina que la prueba de los elementos de la uni\u00f3n marital de hecho est\u00e9 sometida a tarifa legal, se sigue que su cabal demostraci\u00f3n puede cumplirse a trav\u00e9s de cualquier medio probatorio. Y su apreciaci\u00f3n, desde luego, habr\u00e1 de hacerse frente al acervo probatorio completo. Sobre el particular, la Corte ha sentado: <\/p>\n
\u00abAl respecto debe se\u00f1alarse con relaci\u00f3n a la escritura p\u00fablica n\u00ba 1811 de 7 de septiembre de 2006 de la Notar\u00eda Veintid\u00f3s del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, mediante la cual Julieth Natali Franco D\u00edaz aclar\u00f3 otro instrumento p\u00fablico, para precisar que hab\u00eda cambiado su nombre y que fue allegada con la demanda, que en ese documento, la mencionada dama manifest\u00f3 que su estado civil era el de soltera, \u00absin uni\u00f3n marital de hecho\u00bb. <\/p>\n
Frente a ese medio probatorio el Tribunal no hizo menci\u00f3n de manera expresa, circunstancia no le abre paso a la acusaci\u00f3n formulada, porque dentro de la autonom\u00eda de que se encuentran dotados los juzgadores para la apreciaci\u00f3n y valoraci\u00f3n de las pruebas, era plausible que se apartara del contenido de ese instrumento p\u00fablico y prefiriera los otros elementos persuasivos, porque le otorgaban mayor credibilidad. <\/p>\n
En efecto, si bien las manifestaciones realizadas en una escritura p\u00fablica constituyen prueba de confesi\u00f3n, en caso de que cumplan los requisitos del art\u00edculo 195 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, ella admite prueba en contrario, seg\u00fan lo previene el canon 201 de la misma obra, vale decir que su valor probatorio puede ser desvirtuado a trav\u00e9s de otros medios persuasivos. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En ese sentido, para el ad quem con la prueba testimonial y la documental recaudada qued\u00f3 establecido que la actora y el difunto establecieron una comunidad de vida, permanente y singular, con el fin de conformar de manera libre y voluntaria un n\u00facleo familiar, motivo por el cual tuvo por desvirtuada la manifestaci\u00f3n realizada por la actora el 7 de septiembre de 2006, al otorgar la escritura p\u00fablica n\u00ba 1811, pues ese solo medio persuasivo no era suficiente para modificar la conclusi\u00f3n a la que lleg\u00f3, con base en un conjunto de pruebas concordantes y coherentes entre s\u00ed, de las cuales concluy\u00f3 que la uni\u00f3n marital de hecho tuvo existencia\u00bb (CSJ SC11294-2016). <\/p>\n
Por ende, resulta desacertado que las recurrentes aspiren a que de las solas manifestaciones vertidas en las escrituras p\u00fablicas se pueda tener por no acreditada la uni\u00f3n libre reclamada. <\/p>\n
2.3. Respecto de la declaraci\u00f3n juramentada o extrajuicio, rendida el 24 de noviembre del 2016 por el se\u00f1or Hernando Aparicio Rodr\u00edguez ante la Notar\u00eda Octava de Bucaramanga, se advierte que tal elemento suasorio carece de la connotaci\u00f3n de documento, que exige la causal primera de revisi\u00f3n. Ello seg\u00fan se desprende del tenor del art\u00edculo 355.1 CGP y la jurisprudencia que a dicho motivo se ha referido13. <\/p>\n
En un asunto similar, esta Sala acot\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se advierte que lejos de evidenciar una situaci\u00f3n que pudiera subsumirse en el supuesto de la causal primera, la entidad recurrente desarroll\u00f3 su censura a partir del advenimiento de una \u00abdeclaraci\u00f3n que bajo la gravedad del juramento rindi\u00f3 el se\u00f1or Rodolfo M\u00fcller V\u00e1squez en la audiencia a la que fuera convocado en desarrollo del incidente de perjuicios por \u00e9l instaurado en contra del Banco AV Villas S.A.\u00bb, probanza que no corresponde a un documento, y que se recaud\u00f3 en el marco de una actuaci\u00f3n posterior al fallo objeto de la impugnaci\u00f3n\u00bb (Texto subrayado para destacar) (CSJ SC1367-2022). <\/p>\n
Por tanto, de ninguna forma su falta de aducci\u00f3n puede considerarse configurativa de la causal primera de revisi\u00f3n, que refiere \u00fanica y exclusivamente a \u00abdocumentos que habr\u00edan variado la decisi\u00f3n contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria\u00bb (negrilla aparte). Adem\u00e1s de que, en todo caso, no es un medio suasorio novedoso, en vista de que pudo incorporarse en el curso de las instancias, y no lo fue14. <\/p>\n
3. Por las razones expuestas, se declarar\u00e1 infundado el recurso de revisi\u00f3n. En consecuencia, y conforme lo mandan los art\u00edculos 359 y 365.1 del C\u00f3digo General del Proceso, se condenar\u00e1 a las recurrentes al pago de las costas y los perjuicios que hayan ocasionado con su actuar en el presente recurso, incluyendo las agencias en derecho a favor de los convocados, en cuant\u00eda de tres millones de pesos ($3.000.000). Como s\u00f3lo uno de ellos (Nancy Mireya Mendoza Socha) contest\u00f3 en tiempo la demanda de revisi\u00f3n, a favor de ella ser\u00e1 reconocida la totalidad de esa suma. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisi\u00f3n interpuesto por Sandra Ximena y Julissa Hern\u00e1ndez Saavedra frente a la sentencia proferida el 6 de marzo de 2017 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga al interior del proceso verbal declarativo -de uni\u00f3n marital de hecho- con radicado 2016-00234. <\/p>\n
SEGUNDO: CONDENAR en costas y perjuicios a las recurrentes. Las primeras se liquidar\u00e1n por la Secretar\u00eda de esta Corporaci\u00f3n en la forma que prev\u00e9 el canon 366 del C\u00f3digo General del Proceso, incluyendo el monto de $3.000.000, que el Magistrado Sustanciador fija como agencias en derecho. Los perjuicios liqu\u00eddense conforme al art\u00edculo 283 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
TERCERO: DEVOLVER el expediente a la Corporaci\u00f3n de origen donde se dict\u00f3 la sentencia materia de revisi\u00f3n, junto con copia de esta providencia. Por Secretar\u00eda, proc\u00e9dase de conformidad y d\u00e9jense las constancias del caso. <\/p>\n
CUARTO: Cumplido lo anterior, archivar las diligencias. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Fols. 96-104, cdno. de la primera instancia. <\/p>\n
2\u0002 Fols. 366-367, cdno. ib\u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 Fols. 18-.20, cdno. de la segunda instancia. <\/p>\n
4\u0002 Fols. 26-32, cdno. de la Corte. <\/p>\n
6\u0002 Fol. 52, cdno. \u00edb. <\/p>\n
7\u0002 Fols. 71-76, cdno. \u00edb. <\/p>\n
8\u0002 Las publicaciones en los peri\u00f3dicos se realizaron el 17 de nov. de 2019 (fols. 65-67, cdno. Corte). El despacho entendi\u00f3 v\u00e1lidos esos actos procesales mediante auto de 23 de noviembre de 2020 (fol. 78, \u00edb.). <\/p>\n
9\u0002 Fol. 108, cdno. de la Corte. <\/p>\n
10\u0002 Fols. 130-131, cdno. \u00edb. <\/p>\n
11\u0002 En efecto, en la contestaci\u00f3n de la demanda se admiti\u00f3 que la convivencia entre los se\u00f1ores Carlos Felipe y Nancy Mireya \u00abse dio desde el mes de diciembre de 2014 y hasta el mes de agosto de 2015 cuando fue hospitalizado, es decir, aproximadamente 8 meses\u00bb -p\u00e1gina 300 del PDF \u00ab11001020300020190071400-0037Expediente_digitalizado\u00bb-. Adem\u00e1s, al exponer los reparos del recurso de apelaci\u00f3n se pretendi\u00f3 que: \u00abde un lado que se realice un correcto y total an\u00e1lisis de las pruebas arrimadas al proceso y que en definitiva no dan certeza sobre la existencia de una uni\u00f3n marital de hecho entre la demandante y el se\u00f1or CARLOS FELIPE HERN\u00c1NDEZ pues de sus actos no se puede derivar tal convencimiento; y de otro lado, que como consecuencia de lo anterior se revoque la sentencia de primera instancia y en su lugar se nieguen las pretensiones de la demanda entendiendo que la convivencia como pareja entre NANCY MIREYA MENDOZA y el se\u00f1or CARLOS FELIPE HERN\u00c1NDEZ solamente tuvo lugar desde el mes de diciembre del a\u00f1o 2014 y hasta el d\u00eda 23 de septiembre de 2015 fecha en la que falleci\u00f3 este \u00faltimo\u00bb. P\u00e1g. 503 ibidem. <\/p>\n
12\u0002 En concreto, de las versiones rendidas por Martha y Luis Arturo Hern\u00e1ndez Ortiz, hermanos -ambos- del fallecido Carlos Felipe Hern\u00e1ndez Ortiz. As\u00ed como en las declaraciones de Fernando Prada Monsalve, Sandro Chinome Saavedra, Olga Contreras, Henry Pinto Vargas y Humberto G\u00f3mez Badillo. <\/p>\n
13\u0002 V\u00e9ase, por todas: CSJ SC14425-2016. <\/p>\n
14\u0002 V\u00e9ase el auto del tribunal de 1 de diciembre de 2016, que deneg\u00f3 la incorporaci\u00f3n de dicha prueba. <\/p>\n
<\/p>\n
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SC227-2023 (2019-00714-00) FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente SC227-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-00714-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D. C., dos (02) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). La Corte decide por sentencia anticipada el recurso de revisi\u00f3n interpuesto […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75213","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75213","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75213"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75213\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75213"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75213"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75213"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}