SC240-2023 (2018-00265-01)_1<\/p>\n
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LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC240-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que interpuso la demandante, Mar\u00eda Isabel Gonz\u00e1lez Casta\u00f1o, frente a la sentencia de 19 de mayo de 2022, dictada por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, en el proceso de pertenencia que aquella promovi\u00f3 contra Aura Rosa, Juan Carlos, Luis Carlos y Luis Eduardo Gonz\u00e1lez Guti\u00e9rrez, Janer Enrique Gonz\u00e1lez Saldarriaga, los herederos de Juan Bautista Gonz\u00e1lez Valencia y personas indeterminadas. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Pretensiones. <\/p>\n
En la demanda se pidi\u00f3 declarar que la se\u00f1ora Gonz\u00e1lez Casta\u00f1o adquiri\u00f3, por el modo originario de la prescripci\u00f3n extraordinaria, una cuota equivalente al 50% del derecho de dominio del predio con matr\u00edcula n.\u00b0 190-7786, ubicado en la calle 18 n.\u00b0 9-52 de la ciudad de Valledupar, cuya cuota restante ya le pertenece a la actora. <\/p>\n
Tambi\u00e9n solicit\u00f3 declarar que es propietaria plena, por el mismo modo de la prescripci\u00f3n, del lote de terreno con matr\u00edcula n.\u00b0 190-7099, ubicado en la carrera 12 n.\u00b0 13-53 de esa municipalidad, as\u00ed como de las ocho unidades habitacionales que hacen parte de la edificaci\u00f3n que all\u00ed se erige actualmente (con matr\u00edculas n.\u00b0 190-40642, 190-40643, 190-40644, 190-40645, 190-40646, 190-40647, 190-40648 y 190-40649). <\/p>\n
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2. Fundamento f\u00e1ctico. <\/p>\n
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1. El inmueble ubicado en la calle 18 n.\u00b0 9-52 de la ciudad de Valledupar fue propiedad en com\u00fan y proindiviso de los padres de la demandante, Juan Bautista Gonz\u00e1lez Valencia y Luc\u00eda Casta\u00f1o de Gonz\u00e1lez. <\/p>\n
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2. El se\u00f1or Gonz\u00e1lez Valencia vendi\u00f3 su cuota a Mar\u00eda Graciela Jaramillo Berm\u00fadez (escritura p\u00fablica n.\u00b0 4097 de 1\u00ba de diciembre de 1997), y esta se la transfiri\u00f3 inmediatamente despu\u00e9s a la se\u00f1ora Casta\u00f1o de Gonz\u00e1lez (escritura p\u00fablica n.\u00b0 4098, de la misma fecha). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Cuando falleci\u00f3 la se\u00f1ora Casta\u00f1o de Gonz\u00e1lez, la heredad le fue adjudicada a su \u00fanica hija, la demandante Mar\u00eda Isabel Gonz\u00e1lez Casta\u00f1o (escritura p\u00fablica n.\u00b0 1829, de 20 de agosto de 1999). <\/p>\n
<\/p>\n
4. El se\u00f1or Gonz\u00e1lez Valencia, propietario del predio ubicado en la carrera 12 n.\u00b0 13-53, decidi\u00f3 transferirlo tambi\u00e9n a la convocante, mediante contrato de compraventa instrumentado en la escritura p\u00fablica 1777 de 21 de septiembre de 1982. <\/p>\n
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5. Tras el fallecimiento del se\u00f1or Gonz\u00e1lez Valencia, cuatro de sus hijos extramatrimoniales \u2013los herederos determinados demandados en este juicio\u2013 pidieron que se declararan simuladas las compraventas aludidas, en las que intervino su causante. A este pedimento accedi\u00f3 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, mediante fallo de 29 de octubre de 2014. <\/p>\n
<\/p>\n
6. La autoridad judicial consider\u00f3 que la cuota sobre el primer inmueble y la totalidad del segundo deb\u00edan regresar al haber del difunto Gonz\u00e1lez Valencia, cuya sucesi\u00f3n se encuentra en tr\u00e1mite actualmente. <\/p>\n
<\/p>\n
7. A pesar de lo decidido en aquel juicio declarativo, desde hace m\u00e1s de diecinueve a\u00f1os la actora \u00abha ejercido la posesi\u00f3n real y material, en forma quieta, pac\u00edfica e ininterrumpida sobre los bienes inmuebles (…) ejecutando actos de los que solo permite el dominio (…), como pagar impuestos, constituir reglamento de propiedad horizontal, enajenaci\u00f3n parcial, arrendar la totalidad de los inmuebles, realizar mejoras necesarias, [contratar] servicios p\u00fablicos domiciliarios, construir, ampliar y acondicionar los inmuebles, etc.\u00bb.<\/p>\n
8. De entre esos actos de se\u00f1or\u00edo descuella el otorgamiento de la escritura p\u00fablica n.\u00b0 1275, de 13 de mayo de 1987, documento en el que se formaliz\u00f3 el reglamento de la propiedad horizontal constituida en un edificio situado en el lote con matr\u00edcula n.\u00b0 190-7099. Esa copropiedad est\u00e1 compuesta por ocho unidades distintas, de las cuales una fue transferida a un tercero (Pedro Manuel Peralta Yaguna). <\/p>\n
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3. Actuaci\u00f3n procesal. <\/p>\n
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1. Enterados del auto admisorio de la demanda (de 17 de septiembre de 2019), Aura Rosa, Juan Carlos, Luis Carlos y Luis Eduardo Gonz\u00e1lez Guti\u00e9rrez, as\u00ed como Janer Enrique Gonz\u00e1lez Saldarriaga, excepcionaron \u00abcosa juzgada\u00bb e \u00abinexistencia de los derechos reclamados\u00bb. <\/p>\n
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2. El curador ad litem de las personas y herederos indeterminados no propuso excepciones. <\/p>\n
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3. Mediante fallo de 4 de agosto de 2021, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar desestim\u00f3 el petitum. Oportunamente, la actora interpuso el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal confirm\u00f3 en su integridad lo decidido por la juzgadora a quo, al amparo de los razonamientos que seguidamente se compendian: <\/p>\n
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i. No merece reproche el hecho de que se hubiera acogido de oficio la excepci\u00f3n de \u00abinterrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n\u00bb, toda vez que el art\u00edculo 282 del C\u00f3digo General del Proceso confiere esa facultad al juez de conocimiento. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. A ello se a\u00f1ade que \u00abel juez (…) tiene como deber y no simple facultad, verificar el cumplimiento de los presupuestos axiol\u00f3gicos para prescribir, los cuales deben ser probados por el interesado y, en caso de no encontrarlos probados, mal har\u00eda en declarar la pertenencia. En cuanto a esto, encuentra la Sala que, verificado el expediente de instancia, aunque los demandados no arguyen en forma expresa la interrupci\u00f3n civil, s\u00ed alegan la existencia del proceso de simulaci\u00f3n para demeritar la posesi\u00f3n alegada, as\u00ed mismo en la demanda y, reforma, se expone claramente la existencia de dicho proceso, tanto es as\u00ed, que la interrupci\u00f3n fue objeto de la fijaci\u00f3n del litigio, objeto de prueba e incluso fue parte de los alegatos, de all\u00ed que se vea claramente cumplido lo estipulado en el art\u00edculo 282 ib\u00eddem\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iii. La actora \u00abno desconoci\u00f3 la existencia y fallo del proceso de simulaci\u00f3n, ni discuti\u00f3 sus efectos (…), \u00fanicamente asever\u00f3 que la mentada acci\u00f3n de simulaci\u00f3n no supone interrupci\u00f3n de la posesi\u00f3n por no haberse discutido esta [la posesi\u00f3n, se aclara] en el proceso\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
v. Tiene que admitirse que la funcionaria a quo err\u00f3 en cuanto tuvo por interrumpida la prescripci\u00f3n en virtud de unas medidas cautelares practicadas en el juicio sucesoral del fallecido Juan Bautista Gonz\u00e1lez Valencia; pero ello no es \u00f3bice para mantener lo decidido, \u00abpues como se determin\u00f3 anteriormente, en el caso bajo estudio s\u00ed se encuentra probada la falta de cumplimiento de los presupuestos para prescribir, por haberse encontrado probada la interrupci\u00f3n civil la posesi\u00f3n alegada\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
vi. Las dem\u00e1s alegaciones \u00abresultan incapaces para derruir la negativa decidida por el Juez de instancia, pues todos tienen su base en la alegada posesi\u00f3n realizada por la demandante supuestamente desde el 2003, interrumpida con la notificaci\u00f3n del proceso de simulaci\u00f3n, su prosperidad y ejecutoria en el a\u00f1o 2016; evidente lo es, pues la presente acci\u00f3n fue presentada en el 2018, impidi\u00e9ndose por esa raz\u00f3n satisfacer los presupuestos temporales para declarar la pertenencia, lo que no se altera, con las testimoniales, documentales, supuesta confesi\u00f3n de los apoderados de los demandados, no haber actuado la actora como administradora de la herencia, o que aparezca la actora como titular de dominio proindiviso, pues con la interrupci\u00f3n civil estudiada, cualquier posesi\u00f3n que se alegue, pierde sus efectos\u00bb. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
La convocante interpuso oportunamente el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. Tras su admisi\u00f3n, enarbol\u00f3 un \u00fanico cargo, con apoyo en la causal segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CARGO \u00daNICO <\/p>\n
Tras acusar al tribunal de haber infringido, de manera indirecta, \u00ablos art\u00edculos 1521, 2518, 2522 y 2523, 673, 762, 764, 768, 770, 786, 787, 981, 2512, 2518, 2527, 2530, 2531, 2532 y 2534 [del C\u00f3digo Civil], as\u00ed como el art\u00edculo 6\u00ba de la ley 791 de 2002, (…) [y] los art\u00edculos 94, 164, 167, 176, 226, 235, 236 y 375, n\u00fam. 1\u00ba, 3\u00b0, del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, la casacionista expuso: <\/p>\n
<\/p>\n
i. Resulta equivocado que el ad quem \u00abdiera por demostrado, sin estarlo, (\u2026) la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n en relaci\u00f3n con el 50% del inmueble (\u2026) identificado con el n\u00famero de matr\u00edcula inmobiliaria 190-7786; [que] diera por demostrado, sin estarlo, la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n civil, en relaci\u00f3n con los inmuebles (\u2026) identificados con el n\u00famero de matr\u00edcula inmobiliaria 190-7099, 190-40649, 190-40648, 190-40647, 190-40646, 190-40645, 190-40644, 190-40643 y 190-40642; [y que] no diera por demostrado, est\u00e1ndolo, que el inmueble identificado con el n\u00famero de matr\u00edcula 190-7786 (\u2026) corresponde a un inmueble proindiviso del cual la demandante es propietaria del 50%\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. Se incurri\u00f3 igualmente en error al no darse por probado \u00abque la demandante ejerci\u00f3 posesi\u00f3n pac\u00edfica y tranquila con el \u00e1nimo de se\u00f1ora y due\u00f1a de forma ininterrumpida sobre el 100% del inmueble identificado con el n\u00famero de matr\u00edcula inmobiliaria 190-7786, el cual corresponde a un inmueble proindiviso del cual es propietaria del 50%.; y [al] no [darse] por demostrado, est\u00e1ndolo, que la demandante ejerci\u00f3 posesi\u00f3n pac\u00edfica y tranquila con el \u00e1nimo de se\u00f1ora y due\u00f1a de forma ininterrumpida sobre el 100% de los inmuebles identificados con los n\u00fameros de matr\u00edcula 190-7099, 190-40649, 190-40648, 190-40647, 190-40646, 190-40645, 190-40644, 190-40643 y 190-40642\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iii. En contrav\u00eda de lo que sostuvo la magistratura de segundo grado, la se\u00f1ora Gonz\u00e1lez Casta\u00f1o \u00abha ejercido actos de se\u00f1ora y due\u00f1a sobre el 100% de bien inmueble ubicado en la calle 18 # 9-52 y 9-58 del barrio Gait\u00e1n del municipio de Valledupar, identificado con el n\u00famero de matr\u00edcula inmobiliaria 190-7786 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Valledupar, tanto es as\u00ed que, ha pagado los impuestos municipales correspondientes a dicho inmueble, ha celebrado acuerdo de pago con la administraci\u00f3n municipal para el pago de los tributos sobre el respectivo bien inmueble, ha ejercido actos de comercio, en su calidad de comerciante sobre el respectivo bien inmueble, lo ha entregado en arrendamiento a terceras personas, y ha efectuado reformas y reparaciones que son del resorte de una persona que se reputa propietarios (sic) de los bienes\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iv. El tribunal tambi\u00e9n perdi\u00f3 de vista \u00abla prueba documental arrimada, en relaci\u00f3n con la escritura p\u00fablica n\u00famero 1.275 de fecha 13 de mayo de 1987, mediante la cual elev\u00f3 a escritura p\u00fablica el reglamento de propiedad horizontal del edificio Santa Isabel, ubicado en la ubicado en la carrera 12 con calle 13\u00aa esquina del barrio Obrero del municipio de Valledupar, identificado con el n\u00famero de matr\u00edcula inmobiliaria 190-7099\u00bb. Igualmente, desconoci\u00f3 \u00abla evidencia de que, como consecuencia de haberse elevado a propiedad horizontal, con base en la matr\u00edcula inmobiliaria 190-7099 se dio apertura a ocho folios de matr\u00edcula inmobiliaria por la ORIP de Valledupar\u00bb. <\/p>\n
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v. Tampoco valor\u00f3 el \u00abacto de dominio efectuado (\u2026) a trav\u00e9s de escritura p\u00fablica n\u00famero 2.062 de fecha 15 de julio de 1987, con la que se transfiri\u00f3 el derecho de dominio y propiedad a favor del se\u00f1or Pedro Manuel Peralta Yaguna, sobre el inmueble, apartamento n\u00famero 1\/2 (sic) que forma parte del edificio denominado \u201cSanta Isabel\u201d, identificado con el n\u00famero de matr\u00edcula inmobiliaria 190-40643 (\u2026); acto que se encuentra en todo su vigor y que nunca ha sido demandado dicha transferencia de dominio\u00bb.<\/p>\n
vi. Respecto de los apartamentos construidos sobre el lote de terreno identificado con matr\u00edcula n.\u00b0 190-7099, es la demandante quien \u00abha pagado los impuestos (…) correspondientes a dichos inmuebles, ha celebrado acuerdos de pago con la administraci\u00f3n municipal para el pago de los tributos sobre los respectivos bienes inmuebles, ha ejercido actos de comercio, en su calidad de comerciante sobre el respectivo bien inmueble, lo ha entregado en arrendamiento a terceras personas, y ha efectuado reformas y reparaciones que son del resorte de una persona que se reputa propietarios (sic) de los bienes\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
vii. La colegiatura de segundo grado, \u00abcon base en la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n instaurada en fecha 26 de abril de 2004, que curs\u00f3 en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar (…) concluye de forma equivocada que el ejercicio de dicha acci\u00f3n sobre los t\u00edtulos traslaticios de dominio sobre los bienes impide la declaraci\u00f3n del dominio por el modo de la prescripci\u00f3n adquisitiva, en raz\u00f3n a que, dicho ejercicio judicial interrumpi\u00f3 la prescripci\u00f3n arrebatando a la demandante el ejercicio de la posesi\u00f3n actual; dicha conclusi\u00f3n es totalmente equivocada y alejada de la realidad, como lo demuestran todas y cada una de las pruebas practicadas y allegadas al proceso, mediante las cuales se acredita de manera fehaciente que la actora en ning\u00fan instante hab\u00eda dejado de ejecutar sobre los inmuebles actos o hechos positivos de aquellos que solo da derecho el dominio\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
viii. Los yerros del fallo recurrido \u00abal momento de la valoraci\u00f3n que se hiciera de la figura jur\u00eddica de la interrupci\u00f3n civil de la prescripci\u00f3n, dio como consecuencia la negativa en la valoraci\u00f3n de las pruebas demostrativas del fen\u00f3meno prescriptivo, lo que hubiese permitido verificar que la acci\u00f3n va dirigida hacia dos (2) inmuebles, con singularidad de hechos para cada uno de ellos, ya que, uno de ellos corresponde a un bien del cual la demandante tiene la titularidad sobre el 50%, y que el mismo se encuentra proindiviso, raz\u00f3n por la cual no existe demostraci\u00f3n sobre qu\u00e9 porcentaje del mismo no se haya ejercido la posesi\u00f3n alegada para poder usucapir\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Precisi\u00f3n preliminar. <\/p>\n
<\/p>\n
1. A voces del art\u00edculo 344-2 del C\u00f3digo General del Proceso, la demanda de sustentaci\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n debe contener \u00ab[l]a formulaci\u00f3n, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa\u00bb. Esa segmentaci\u00f3n, fundamental para garantizar la precisi\u00f3n e integridad anal\u00edtica que caracteriza las instancias extraordinarias, se ratifica en la norma citada cuando advierte a quien denuncia la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial que debe circunscribir su censura \u00aba la cuesti\u00f3n jur\u00eddica, sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb. <\/p>\n
Siendo ello as\u00ed, es evidente la necesidad de mantener separadas las cr\u00edticas que se enarbolan por la v\u00eda directa (causal primera), de los reproches fincados en la transgresi\u00f3n indirecta de la ley sustancial (causal segunda), ya que esta \u00faltima ata\u00f1e precisamente a los errores in iudicando relativos a la valoraci\u00f3n de la evidencia. En l\u00ednea con esa apreciaci\u00f3n, la jurisprudencia de la Sala ha se\u00f1alado que \u00abresulta inadmisible entremezclar en un cargo reproches por las sendas directa e indirecta\u00bb, toda vez que \u00abla l\u00f3gica formal impedir\u00eda \u2013por v\u00eda general\u2013 que en un mismo argumento coexistan la plena aceptaci\u00f3n de la labor de apreciaci\u00f3n de las pruebas del tribunal, con un intento por refutar la plataforma f\u00e1ctica que esa corporaci\u00f3n tuvo por probada en su sentencia\u00bb (CSJ SC1960-2022). <\/p>\n
Sin embargo, esa pauta de t\u00e9cnica de casaci\u00f3n (a la que se alude en la jurisprudencia como prohibici\u00f3n de mixtura, imbricaci\u00f3n o entremezclamiento de cargos por v\u00eda directa e indirecta1) no puede ser vista como un dogma inflexible. Aunque la regla general sea la rese\u00f1ada, casos excepcionales habr\u00e1 en los que la inconformidad de la parte recurrente solo resulte inteligible \u2013o eficaz\u2013 si se presenta como una conjunci\u00f3n de errores puramente jur\u00eddicos y yerros de valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
Sobre este tema, explica el precedente: <\/p>\n
\u00ab[E]s posible que una acusaci\u00f3n que se encauza por la causal primera se erija excepcionalmente en razones jur\u00eddicas y probatorias de manera conjunta, si el punto que es materia de la cr\u00edtica participa de ambas naturalezas, siempre y cuando, claro est\u00e1, la reflexi\u00f3n conserve su coherencia frente a la motivaci\u00f3n que realiz\u00f3 el Tribunal. Ello ocurre, por ejemplo, cuando se trata de probar la existencia de un hecho jur\u00eddico, cuya valoraci\u00f3n material implica una preconcepci\u00f3n jur\u00eddica del mismo, y, por lo tanto, hecho y derecho no pueden desligarse de la proposici\u00f3n, como dos manifestaciones que son de un \u00fanico asunto. En tal evento, mal podr\u00eda aducirse un quebranto del principio de no contradicci\u00f3n, porque la quaestio iuris y la quaestio facti no se mezclan ni confunden en la argumentaci\u00f3n, sino que comportan dos aspectos o sentidos distintos de un mismo tema que, aunque perfectamente diferenciables, se complementan mutuamente. <\/p>\n
Las aludidas orientaciones fueron esbozadas por esta Corte hace ya m\u00e1s de una d\u00e9cada y siguen conservando plena vigencia, por lo que conviene memorar que \u201c(…) la mixtura de sus razonamientos (jur\u00eddicos y probatorios) har\u00edale recordar al impugnador que tesis constante ha sido la de que no puede juntar en un mismo cargo cuestiones irreconciliables (v\u00edas directa e indirecta) (…). Pues bien: piensa hoy la Sala que nada obsta para que el ataque total pueda hacerse en el mismo cargo con la debida precisi\u00f3n. Conjuntar ordenadamente violaciones directas e indirectas, as\u00ed como de varia tenga la argumentaci\u00f3n del tribunal, guard\u00e1ndose, eso s\u00ed, la correspondencia necesaria. <\/p>\n
Porque es refulgente que la pluricitada regla t\u00e9cnica tiene por fundamento el principio filos\u00f3fico de contradicci\u00f3n. Si el tribunal se apoya no m\u00e1s que en una de las hip\u00f3tesis que se dejaron referidas en el ejemplo, profanar\u00edase tal postulado si llegara a decirse que la violaci\u00f3n de las normas se present\u00f3 a la vez por las dos sendas, las v\u00edas directa e indirecta; mas no cuando se apoya en todas, porque las dos v\u00edas predicar\u00edanse de cosas diferentes, y no respecto de la misma cosa que es el presupuesto l\u00f3gico del principio (…). Necio fuese que, por una inadvertida aplicaci\u00f3n de la t\u00e9cnica de casaci\u00f3n, se reprochara al recurrente conjunci\u00f3n semejante; asp\u00e9rrima objeci\u00f3n fuese decirle por ac\u00e1 que no puede juntar las dos v\u00edas, y esperar por all\u00e1 que no las junte para reprobarle lo del cargo incompleto\u201d. (Sentencia n.\u00ba 169 de 20 de septiembre de 2000)\u00bb (CSJ SC, 16 dic. 2013, rad. 1997-04959-01). <\/p>\n
<\/p>\n
Esa alegaci\u00f3n parecer\u00eda encauzarse adecuadamente por la senda que eligi\u00f3 la recurrente, esto es, la \u00abviolaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial\u00bb prevista en el art\u00edculo 336-2 del C\u00f3digo General del Proceso, de no ser porque ella misma asegur\u00f3 en su demanda de casaci\u00f3n que el desv\u00edo de juzgamiento estaba mediado por el hecho de hab\u00e9rsele reconocido a una demanda de simulaci\u00f3n previa un efecto de interrupci\u00f3n civil de la prescripci\u00f3n que la ley no le asignar\u00eda. <\/p>\n
Este \u00faltimo alegato no tiene relaci\u00f3n con el tema probatorio; la existencia de esa causa previa, as\u00ed como las decisiones que all\u00ed se adoptaron, son hechos sobre los que no existe disputa. Por ende, este segmento del cargo se referir\u00eda a una cuesti\u00f3n exclusivamente jur\u00eddica. Y, para salvar ese inconveniente, no ser\u00eda viable acudir a la regla del par\u00e1grafo segundo del citado precepto 3442, pues si se escinde la censura, las resultantes se tornar\u00edan incompletas, dado que soslayar\u00edan el motivo de frustraci\u00f3n del petitum, o las razones que debieron considerase para concederlo, seg\u00fan el caso. <\/p>\n
Por consiguiente, se mantendr\u00e1 la estructura propuesta por la recurrente, interpretando que en su cuestionamiento coexisten una cr\u00edtica por v\u00eda directa, correspondiente a la posibilidad de interrumpir civilmente la posesi\u00f3n a trav\u00e9s del ejercicio de la acci\u00f3n simulatoria, y otra por la senda indirecta, alusiva al ejercicio de actos que pueden indicar se\u00f1or\u00edo, extendidos por m\u00e1s de una d\u00e9cada, sin obst\u00e1culos externos perceptibles. <\/p>\n
2. La prescripci\u00f3n extraordinaria como modo de adquirir el dominio. <\/p>\n
Acorde con el art\u00edculo 2512 del C\u00f3digo Civil, \u00ab[l]a prescripci\u00f3n es un modo de adquirir las cosas ajenas (…) por haberse pose\u00eddo las cosas (…) durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los dem\u00e1s requisitos legales\u00bb. Aquella, adem\u00e1s, puede ser ordinaria o extraordinaria, seg\u00fan que la posesi\u00f3n proceda de justo t\u00edtulo y buena fe (posesi\u00f3n regular3), o no (posesi\u00f3n irregular); pero dados los contornos del presente litigio, solo resulta necesario analizar la segunda modalidad, por haber sido la invocada en la demanda. <\/p>\n
Con ese prop\u00f3sito, se resalta que el \u00e9xito de reclamos como el que ahora se estudia depende de la satisfacci\u00f3n de varios presupuestos concurrentes, a saber: <\/p>\n
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i. Posesi\u00f3n material (o f\u00edsica): La prescripci\u00f3n adquisitiva encuentra su fundamento en el hecho jur\u00eddico humano denominado posesi\u00f3n, que no es otra cosa que la confluencia entre la aprehensi\u00f3n de la cosa por el poseedor (elemento objetivo) y la intenci\u00f3n de este \u00faltimo de ser due\u00f1o \u2013o hacerse due\u00f1o\u2013 de aquella (elemento subjetivo). <\/p>\n
La posesi\u00f3n, entonces, est\u00e1 conformada por dos elementos estructurales: el corpus, esto es, el ejercicio de un poder material, traducido en un se\u00f1or\u00edo de hecho, que se revela con la ejecuci\u00f3n de aquellos actos que suelen reservarse al propietario (v.gr., los que refiere el art\u00edculo 981 del C\u00f3digo Civil4); y el animus domini, entendido como la voluntad o autoafirmaci\u00f3n del car\u00e1cter de se\u00f1or y due\u00f1o con el que se desarrollan los referidos actos. <\/p>\n
As\u00ed, mientras el corpus es un hecho f\u00edsico, perceptible a trav\u00e9s de los sentidos, el animus domini reside en el fuero interno del poseedor, por lo que suele tener que deducirse de la exterioridad de su conducta. Por ende, no bastar\u00e1 con que el pretendido usucapiente pruebe que cerc\u00f3, construy\u00f3 mejoras o hizo suyos los frutos de la cosa, entre otros supuestos, sino que deber\u00e1 acreditar que, cuando lo hizo, actu\u00f3 prevalido del convencimiento de ser el propietario del bien correspondiente. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. Posibilidad de apropiaci\u00f3n privada de la cosa pose\u00edda: Aunque el precepto 2519 del C\u00f3digo Civil consagraba solamente la imprescriptibilidad de los bienes de uso p\u00fablico, el C\u00f3digo de Procedimiento Civil extendi\u00f3 esa limitaci\u00f3n a toda la propiedad estatal, al consagrar en su art\u00edculo 407-4 que \u00ab[l]a declaraci\u00f3n de pertenencia no procede respecto de bienes imprescriptibles o de propiedad de las entidades de derecho p\u00fablico\u00bb. Esta regla fue reproducida en el canon 375-4 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Consecuente con esa regulaci\u00f3n, es necesario que en el tr\u00e1mite de pertenencia se verifique fehacientemente la naturaleza privada del bien sobre el que recae la alegada posesi\u00f3n; en caso contrario, la frustraci\u00f3n del petitum es ineludible. Cabe anotar que el estatuto procesal vigente facult\u00f3 al juez para \u00abrechaz[ar] de plano la demanda o declar[ar] la terminaci\u00f3n anticipada del proceso, cuando advierta que la pretensi\u00f3n de declaraci\u00f3n de pertenencia recae sobre bienes de uso p\u00fablico, bienes fiscales, bienes fiscales adjudicables o bald\u00edos, cualquier otro tipo de bien imprescriptible o de propiedad de alguna entidad de derecho p\u00fablico\u00bb, habilitaci\u00f3n que se erige como herramienta adicional de salvaguarda de la titularidad estatal. <\/p>\n
<\/p>\n
iii. Ejercicio ininterrumpido de los hechos posesorios, por el t\u00e9rmino de ley: Acorde con la legislaci\u00f3n civil, la presencia simult\u00e1nea del corpus y el animus debe extenderse en el tiempo, sin interrupciones (naturales5 o civiles6), por un lapso definido por el legislador a trav\u00e9s de diversos ejercicios de ponderaci\u00f3n entre los intereses abstractos en disputa. <\/p>\n
As\u00ed, por ejemplo, son m\u00e1s breves los plazos de la prescripci\u00f3n ordinaria, o de la agraria que prev\u00e9 el art\u00edculo 12 de la Ley 200 de 1936, modificado por el art\u00edculo 4 de la Ley 4 de 1973, pues el ordenamiento se decant\u00f3 por privilegiar el acceso a la propiedad de poseedores que obraron de buena fe; en el primer caso, por la existencia del justo t\u00edtulo antecedente, y en el segundo, por la leg\u00edtima creencia del poseedor de estar explotando tierras bald\u00edas, pese a ser realmente privadas, no aprovechadas por su due\u00f1o durante la ocupaci\u00f3n. <\/p>\n
En lo que toca con la prescripci\u00f3n extraordinaria de inmuebles \u2013que, se reitera, es la que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte en este caso\u2013, el ordenamiento exige un m\u00ednimo de 10 a\u00f1os de posesi\u00f3n continua y pac\u00edfica, siempre que estos se computen con posterioridad a la promulgaci\u00f3n de la Ley 791 de 2002, que acaeci\u00f3 el 27 de diciembre de ese a\u00f1o7. <\/p>\n
<\/p>\n
Sobre el particular, tiene dicho la Corte: <\/p>\n
\u00abNo ha requerido la jurisprudencia, porque en verdad ninguna norma as\u00ed lo exige y repugna ello a la naturaleza de la posesi\u00f3n, que exista una matem\u00e1tica coincidencia en linderos y medidas entre el bien o porci\u00f3n del bien pose\u00eddo y el que se encuentre descrito en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria que debe aportarse al proceso -como lo exige el art\u00edculo 407 mencionado. A fin de cuentas, la posesi\u00f3n de un bien inmueble es un fen\u00f3meno f\u00e1ctico, que se concreta o materializa en la detentaci\u00f3n con \u00e1nimo de due\u00f1o mediante actos inequ\u00edvocos de se\u00f1or\u00edo que se focalizan y extienden hasta donde llegan el animus y el corpus, con relativa independencia de medidas y linderos prestablecidos que se hayan incluido en la demanda, pues tales delimitaciones tan solo habr\u00e1n de servir para fijar el alcance espacial de las pretensiones del actor, y, claro, deber\u00e1n establecerse, con miras a declarar, si as\u00ed procede, el derecho de propiedad buscado, hasta donde haya quedado probado, sin exceder el l\u00edmite definido por el escrito genitor\u00bb9. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La interrupci\u00f3n civil de la prescripci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Los art\u00edculos 2528 y 2531-2-a del C\u00f3digo Civil se\u00f1alan, en su orden, que \u00ab[p]ara ganar la prescripci\u00f3n ordinaria se necesita posesi\u00f3n regular no interrumpida, durante el tiempo que las leyes requieren\u00bb, y que \u00abel dominio de cosas comerciables, que no ha sido adquirido por la prescripci\u00f3n ordinaria, puede serlo por la extraordinaria, bajo las reglas que van a expresarse: (…) 2-a) el que alegue la prescripci\u00f3n pruebe haber pose\u00eddo sin violencia clandestinidad, ni interrupci\u00f3n por el mismo espacio de tiempo\u00bb. De lo anotado puede colegirse que solo es apta para adquirir el dominio por prescripci\u00f3n la posesi\u00f3n que se ha extendido por el tiempo de ley, y de forma ininterrumpida. <\/p>\n
En l\u00ednea con esa regulaci\u00f3n, el canon 2522 del mismo C\u00f3digo Civil se\u00f1ala que \u00abposesi\u00f3n no interrumpida es aquella que no ha sufrido ninguna interrupci\u00f3n natural o civil\u00bb (art. 2522, C\u00f3digo Civil). La primera categor\u00eda (natural) tiene que ver con la imposibilidad de continuar ejerciendo actos de se\u00f1or\u00edo, bien por un suceso de la naturaleza \u2013la inundaci\u00f3n permanente es el ejemplo que us\u00f3 el legislador\u2013, o bien por un acto humano de privaci\u00f3n de la posesi\u00f3n, es decir, porque otra persona entr\u00f3 a detentar el mismo objeto con animus domini (art. 2523, ejusdem). <\/p>\n
En trat\u00e1ndose del referido fen\u00f3meno de la naturaleza, la ley consagra como efecto la prohibici\u00f3n de contabilizar el lapso durante el cual se torn\u00f3 inviable mantener la relaci\u00f3n material con la cosa; por tanto, si en alg\u00fan punto se supera el impedimento y el usucapiente recupera el corpus, puede agregar los tiempos de sus posesiones anterior y posterior, si alguno hubo, a efectos de consumar el plazo de la prescripci\u00f3n adquisitiva. En cambio, cuando la posesi\u00f3n pasa a otra persona, se pierde el tiempo de posesi\u00f3n transcurrido hasta ese momento, salvo que \u00abse haya recobrado legalmente la posesi\u00f3n, conforme a lo dispuesto en el t\u00edtulo \u201cDe las acciones posesorias\u201d\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En cuanto a la interrupci\u00f3n civil, el art\u00edculo 2524 del C\u00f3digo Civil \u2013hoy derogado\u2013 consagraba lo siguiente: \u00abInterrupci\u00f3n civil es todo recurso judicial intentado por el que se pretende due\u00f1o de la cosa, contra el poseedor. Solo el que ha intentado este recurso podr\u00e1 alegar la interrupci\u00f3n (…)\u00bb. A partir de esa definici\u00f3n, se ha entendido que el prop\u00f3sito de la interrupci\u00f3n civil consiste en evitar que el t\u00e9rmino de posesi\u00f3n que se requiere para adquirir por prescripci\u00f3n siga su curso mientras se discute la situaci\u00f3n del respectivo bien ante las autoridades judiciales. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que el ordenamiento no proh\u00edja que se recobre la posesi\u00f3n vali\u00e9ndose de las v\u00edas de hecho, pues la solidaridad y la convivencia pac\u00edfica no pueden alcanzarse sino resolviendo los conflictos interpersonales a trav\u00e9s de las acciones o remedios procesales previstos para garantizar la efectividad de los derechos sustantivos. Por tanto, la protecci\u00f3n de quien ha sido injustamente despose\u00eddo debe buscarse a trav\u00e9s de la promoci\u00f3n de las acciones judiciales pertinentes para recuperar la posesi\u00f3n perdida. <\/p>\n
Con todo, es incontestable que los tr\u00e1mites judiciales no interfieren con el ejercicio material de la posesi\u00f3n sino hasta una fase muy conclusiva (la de ejecuci\u00f3n); antes de arribar all\u00ed, resulta necesario agotar el debido proceso, y adoptar, con plenas garant\u00edas, la decisi\u00f3n judicial definitiva que solucione la controversia. Solo si esa orden no fuera voluntariamente cumplida, emerger\u00eda pertinente la ejecuci\u00f3n de la decisi\u00f3n, a fin de materializar la entrega de los bienes a quien se le reconoci\u00f3 ese derecho en la sentencia. <\/p>\n
Previendo la necesidad de agotar un procedimiento antes de materializar la devoluci\u00f3n de la cosa a quien tiene derecho a poseerla, la ley tambi\u00e9n reconoci\u00f3 al ejercicio de ciertas acciones judiciales la potencialidad de interrumpir la posesi\u00f3n. Y aunque el C\u00f3digo Civil no precis\u00f3 cu\u00e1l era el efecto de esa interrupci\u00f3n de cara al tiempo de posesi\u00f3n ya transcurrido, la cuesti\u00f3n qued\u00f3 clarificada con la expedici\u00f3n del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, cuyos art\u00edculos 90 y 91 \u2013que corresponden a los preceptos 94 y 95 del C\u00f3digo General del Proceso vigente\u2013, fueron llamados a sustituir al derogado canon 2524 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Dichas normas mantuvieron la regla gen\u00e9rica seg\u00fan la cual \u00abla presentaci\u00f3n de la demanda interrumpe el t\u00e9rmino para la prescripci\u00f3n\u00bb, especificando tambi\u00e9n las condiciones para que la interrupci\u00f3n cobre eficacia; as\u00ed como para que opere de manera retroactiva a la fecha de la presentaci\u00f3n de la demanda (Cfr. CSJ SC712-2022). Adem\u00e1s, precisaron que \u00abno se considerar\u00e1 interrumpida la prescripci\u00f3n\u00bb cuando el juicio culmine de modo anormal \u2013v. gr., por desistimiento t\u00e1cito-, o cuando el poseedor-demandado obtenga un fallo favorable. <\/p>\n
El hecho de que el conflicto jur\u00eddico fuera resuelto a favor del convocante significa que sus derechos prevalecieron sobre los del demandado, y tambi\u00e9n que este \u00faltimo no logr\u00f3 hacerse a la propiedad por el modo de la prescripci\u00f3n. Por ende, ha de entenderse que la decisi\u00f3n de acoger el petitum conlleva la p\u00e9rdida del tiempo de la posesi\u00f3n de la parte vencida. Ello revela que la ley confiri\u00f3 al ejercicio exitoso de las acciones o remedios judiciales una consecuencia similar a la p\u00e9rdida material de la posesi\u00f3n: su interrupci\u00f3n civil; en cambio, si se protege la situaci\u00f3n del poseedor, de paso se elimina cualquier te\u00f3rica soluci\u00f3n de continuidad en el curso temporal de su posesi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Seg\u00fan se indic\u00f3 en los antecedentes de esta providencia, la se\u00f1ora Gonz\u00e1lez Casta\u00f1o figur\u00f3 en el pasado como propietaria inscrita de los bienes que ahora pretende usucapir, pero perdi\u00f3 esa condici\u00f3n luego de que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar, por sentencia de 11 de septiembre de 2011 (refrendada el 29 de octubre de 2014 por el tribunal), declarara simulados los contratos de compraventa de los cuales derivaba sus derechos. <\/p>\n
En el fallo recurrido en casaci\u00f3n, se destac\u00f3 la referida circunstancia, y se precis\u00f3 tambi\u00e9n que la decisi\u00f3n adoptada en el juicio pret\u00e9rito de simulaci\u00f3n implicaba reconocer \u00abmejor derecho sobre el bien (sic) objeto del presente proceso al se\u00f1or Juan Bautista Gonz\u00e1lez Valencia (q.e.p.d.)\u00bb, padre de todos los litigantes, y a cuya sucesi\u00f3n se orden\u00f3 que retornaran tanto la cuota de dominio del inmueble de la calle 18 n.\u00b0 9-52, como la propiedad plena del edificio de la carrera 12 n.\u00b0 13-53, ambos ubicados en Valledupar. <\/p>\n
Con similar orientaci\u00f3n, tambi\u00e9n se resalt\u00f3 que \u00abfueron los demandados quienes iniciaron el proceso de simulaci\u00f3n a efectos de recobrar para la masa herencial los bienes objeto del presente asunto, lo que prosper\u00f3, de donde resulta claro que no fueron pasivos, ni abandonados frente a sus derechos como herederos, que es lo que castiga la prescripci\u00f3n extintiva de dominio\u00bb. Por esa v\u00eda, coligi\u00f3 el ad quem que la prescripci\u00f3n adquisitiva alegada no pod\u00eda abrirse paso, pues hab\u00eda sido \u00abinterrumpida con la notificaci\u00f3n del proceso de simulaci\u00f3n, su prosperidad y ejecutoria en el a\u00f1o 2016\u00bb, dos a\u00f1os antes del inicio de la presente causa. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Para rebatir los razonamientos que sustentan el fallo recurrido, la casacionista present\u00f3 dos alegatos diferentes, que ameritan, por tanto, an\u00e1lisis independientes. En primer lugar, dijo que sus actos de posesi\u00f3n sobre los inmuebles en disputa se desenvolvieron sin pausa durante dos d\u00e9cadas, y que no fue privada del corpus como resultado de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n que los restantes hijos del fallecido se\u00f1or Gonz\u00e1lez Valencia promovieron en su contra. <\/p>\n
En respuesta a este argumento, la Sala debe insistir en que la interrupci\u00f3n civil de la prescripci\u00f3n no est\u00e1 directamente relacionada con la percepci\u00f3n emp\u00edrica. A diferencia de lo que sucede en los casos de interrupci\u00f3n natural, el ejercicio de una acci\u00f3n civil de recuperaci\u00f3n de la posesi\u00f3n no implica la cesaci\u00f3n autom\u00e1tica de la relaci\u00f3n material del poseedor actual con la cosa. Sin embargo, bajo ciertas condiciones, esas acciones de recuperaci\u00f3n s\u00ed generan el efecto de truncar el tiempo de la posesi\u00f3n para efectos prescriptivos. <\/p>\n
En consideraci\u00f3n a lo expuesto, no cambiar\u00eda en nada el panorama si se diera por probado que, desde la fecha de la presentaci\u00f3n de la demanda de simulaci\u00f3n sobre la que vers\u00f3 el litigio previo entre las partes (14 de octubre de 2004), hasta la ejecutoria del fallo que acogi\u00f3 las pretensiones elevadas por algunos de los descendientes del fallecido Juan Bautista Gonz\u00e1lez Valencia (23 de agosto de 201610), los inmuebles reclamados en la demanda de pertenencia continuaron en poder material de la se\u00f1ora Gonz\u00e1lez Casta\u00f1o. <\/p>\n
Lo que ocurre es que, aun de ser as\u00ed, ese lapso no podr\u00eda computarse para efectos de verificar la procedencia de las pretensiones de la demandante, porque el tribunal entendi\u00f3 que la prescripci\u00f3n hab\u00eda sido civilmente interrumpida con la aludida demanda de simulaci\u00f3n. Adem\u00e1s, como dicha colegiatura coligi\u00f3 tambi\u00e9n que el fallo que puso fin a la acci\u00f3n de prevalencia contractual reconoci\u00f3 un \u00abmejor derecho\u00bb a los otrora demandantes \u2013hoy demandados\u2013 tambi\u00e9n debe entenderse perdido el tiempo de la posesi\u00f3n que corri\u00f3 antes de esa interrupci\u00f3n civil. <\/p>\n
En este escenario, nada aportar\u00eda la demostraci\u00f3n de ciertos \u00abactos posesorios\u00bb, como los que alude la recurrente, pues estos no se traducir\u00edan en un tiempo de posesi\u00f3n apreciable para efectos prescriptivos. Es decir, el primer segmento de la acusaci\u00f3n, relativo a la pretermisi\u00f3n de la prueba de la continuidad material de los actos de posesi\u00f3n de la recurrente, no resulta relevante de cara a los motivos que soportan el fallo del tribunal, siendo del caso reiterar que, seg\u00fan el precedente inalterado de la Sala, <\/p>\n
\u00aben sede casacional los errores no s\u00f3lo deben ser evidentes, sino tambi\u00e9n trascendentes, lo que significa que el recurrente debe acreditar que el yerro \u201cfue determinante en relaci\u00f3n con la decisi\u00f3n judicial que se combate\u201d (cas. civ. de 27 de octubre de 2000; exp: 5395), \u201chasta el punto de que su verificaci\u00f3n en el recurso conduzca por necesidad a la infirmaci\u00f3n del fallo con el fin de restablecer por este medio la legalidad sustancial quebrantada\u201d (CCLII, p\u00e1g. 631), de donde se colige que, si la equivocaci\u00f3n es irrelevante, \u201cla Corte no debe ocuparse del examen de los errores delatados, dada su inocuidad\u201d (CCXLIX. p\u00e1g., 1605)\u00bb (CSJ SC, 26 mar. 2001, rad. 5823). <\/p>\n
<\/p>\n
3. En el segundo fragmento de su censura, la demandante plante\u00f3 que el tribunal hab\u00eda errado al asignar al ejercicio de una acci\u00f3n contractual \u2013la de simulaci\u00f3n\u2013 el efecto de interrumpir civilmente la prescripci\u00f3n adquisitiva. Para apuntalar esta cr\u00edtica, sostuvo que la referida consecuencia (la interrupci\u00f3n civil) se reserva a las acciones reivindicatoria (art. 946, C\u00f3digo Civil) y publiciana (art. 951, ejusdem), en tanto est\u00e1n directamente orientadas a la recuperaci\u00f3n de la posesi\u00f3n perdida. <\/p>\n
Frente a este planteamiento, cabe se\u00f1alar que carece de asidero, pues si bien \u00ab(…) no puede pretenderse que cualquier demanda relacionada con el bien objeto de la prescripci\u00f3n, conlleve la interrupci\u00f3n del t\u00e9rmino para prescribir\u00bb (CSJ SC, 7 mar. 1995, rad. 4332), es innegable que, al menos en este caso en particular, la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n comparte con aquellas a las que alude la se\u00f1ora Gonz\u00e1lez Casta\u00f1o una caracter\u00edstica central: su ejercicio es incompatible con la apat\u00eda del titular del derecho que pretende adquirir el poseedor. <\/p>\n
Para ilustrar la cuesti\u00f3n, debe iniciarse diciendo que ni la ley, ni la doctrina, ni la jurisprudencia, han pregonado un entendimiento restrictivo como el que defiende la recurrente. Los art\u00edculos 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 94 del C\u00f3digo General del Proceso no aluden a las acciones reivindicatoria o publiciana en concreto, sino que se refieren, de forma gen\u00e9rica, a \u00abla presentaci\u00f3n de la demanda\u00bb, dejando as\u00ed la posibilidad de que se determine, caso a caso, la aptitud de una acci\u00f3n judicial cualquiera para interrumpir un plazo de prescripci\u00f3n (adquisitiva o extintiva). <\/p>\n
A este respecto, Alessandri expone: <\/p>\n
\u00abSabemos que para que la prescripci\u00f3n se produzca, es necesaria la concurrencia de dos circunstancias copulativas: 1) Que el poseedor haya pose\u00eddo la cosa durante cierto tiempo; y 2) Que haya habido inacci\u00f3n de parte del propietario. Para que se produzca la prescripci\u00f3n, decimos, es necesaria la concurrencia de estas dos circunstancias. Cualquiera de ellas que falte, impide que la prescripci\u00f3n se produzca. Puede suceder que el poseedor pierda la posesi\u00f3n de la cosa, y en este caso no podr\u00e1 producirse la prescripci\u00f3n por falta del primer elemento, y si el propietario ejercita su derecho, aunque el poseedor haya ejercitado hasta ese momento la posesi\u00f3n, tampoco tiene lugar la prescripci\u00f3n del segundo elemento. <\/p>\n
(…) As\u00ed como la interrupci\u00f3n natural consiste en la perdida de la posesi\u00f3n, la interrupci\u00f3n civil consiste en el reclamo que hace el propietario, ocurriendo ante los Tribunales para que su derecho desconocido por el poseedor le sea reconocido por ellos. De ah\u00ed que el Art. 2503 diga: \u201cInterrupci\u00f3n civil es todo recurso judicial intentado por el que se pretende verdadero due\u00f1o de la cosa, contra el poseedor\u201d Ya no es el despojo de la cosa por obra de la naturaleza o por acto de un tercero. Es el propietario que ha salido de su pasividad y reclama su derecho. Para eso es que la interrupci\u00f3n civil se produce por el ejercicio de una acci\u00f3n judicial. Poco importa la naturaleza de la acci\u00f3n que se intente. Los t\u00e9rminos de la ley son amplios cuando dice que se produce por todo recurso judicial; tampoco importa que la acci\u00f3n se ejerza por v\u00eda de demanda o por v\u00eda de reconvenci\u00f3n\u00bb11. <\/p>\n
En id\u00e9ntico sentido se pronunci\u00f3 la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n, al revisar la constitucionalidad del art\u00edculo 418 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil: <\/p>\n
\u00ab La interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n es un fen\u00f3meno o hecho jur\u00eddico que todas las legislaciones regulan y consiste en todo hecho apto para destruir las condiciones o requisitos fundamentales de la prescripci\u00f3n (posesi\u00f3n en el tercero e inactividad del propietario); y si se trata de la denominada interrupci\u00f3n civil, es toda acci\u00f3n o pretensi\u00f3n judicial deducida por el due\u00f1o contra el poseedor, mediante la cual \u00e9ste qued\u00f3 advertido del inequ\u00edvoco prop\u00f3sito de aqu\u00e9l de poner t\u00e9rmino a su renuencia o dejadez en el ejercicio del derecho, aun cuando no sea necesariamente la acci\u00f3n de dominio o reivindicatoria que si ciertamente es el instrumento jur\u00eddico que mejor revela la voluntad del propietario de recuperar la posesi\u00f3n del bien y ejercer tos atributos propios de due\u00f1o principalmente el de persecuci\u00f3n, no es la \u00fanica o exclusiva para exteriorizar el poder jur\u00eddico anexo al derecho que el comunero pretende adquirir por usucapi\u00f3n (…)\u00bb (CSJ SPL, 14 may. 1987, rad. 1546). <\/p>\n
Hecha esta aclaraci\u00f3n, cabe se\u00f1alar que si el titular del derecho al que se opone la conducta del poseedor es propietario de la cosa, l\u00f3gico resulta hacer depender la interrupci\u00f3n civil de la prescripci\u00f3n que favorece a su contraparte del oportuno ejercicio de la acci\u00f3n reivindicatoria El mismo an\u00e1lisis puede hacerse cuando quien ha sido despose\u00eddo es un poseedor regular anterior, quien debe encauzar su reclamo por la senda de la acci\u00f3n publiciana para obtener el referido efecto interruptivo. <\/p>\n
Pero no puede extenderse dicha soluci\u00f3n a quienes aqu\u00ed son demandados, pues cuando acudieron a la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n no eran ni propietarios, ni antiguos poseedores. Sin embargo, esgrimieron sobre los bienes que aqu\u00ed se disputan el derecho que les daba ser herederos de quien se desprendi\u00f3 de esas propiedades a trav\u00e9s de un contrato simulado. Recu\u00e9rdese que, seg\u00fan se estableci\u00f3 en sentencia ejecutoriada, el se\u00f1or Juan Bautista Gonz\u00e1lez Valencia transfiri\u00f3 de forma ficta los inmuebles materia de este tr\u00e1mite, con el objetivo de que quedaran registrados a nombre de su \u00fanica hija matrimonial \u2013la demandante\u2013, en desmedro de sus restantes descendientes. <\/p>\n
As\u00ed, cuando falleci\u00f3 el citado causante, al haber de su sucesi\u00f3n no ingres\u00f3 ning\u00fan activo, pero no porque careciera de ellos, sino porque los ocult\u00f3 vali\u00e9ndose de un ardid injusto. Y, dada esa situaci\u00f3n, es evidente que los herederos afectados ten\u00edan a su alcance la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n, orientada no solamente a develar la realidad oculta tras los contratos aparentes, sino a reconstituir aquel haber sucesoral, dolosamente enmagrecido. <\/p>\n
Sobre esta posibilidad, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ense\u00f1a: <\/p>\n
\u00ab(…) \u201cla acci\u00f3n de simulaci\u00f3n no s\u00f3lo pueden ejercitarla los contratantes simuladores, sino tambi\u00e9n los herederos de \u00e9stos y aun terceras personas, como los acreedores, cuando tienen verdadero inter\u00e9s jur\u00eddico. En lo que ata\u00f1e a los herederos, \u00e9stos pueden asumir una posici\u00f3n diferente, o sea, pueden actuar iure proprio o iure hereditario. Si el heredero impugna el acto simulado porque menoscaba su leg\u00edtima en tal caso ejercita su propia o personal acci\u00f3n. Si promueve la acci\u00f3n que ten\u00eda el de cujus y como heredero de \u00e9ste, se est\u00e1 en presencia de la acci\u00f3n heredada del causante\u201d (CSJ, SC del 14 de septiembre de 1976, G. J., t. CLII, p\u00e1gs. 392 a 396). <\/p>\n
(…) Siendo transmisible la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n, \u201clos herederos de las partes, al igual que \u00e9stas, tienen el suficiente inter\u00e9s jur\u00eddico para atacar de simulado el negocio jur\u00eddico celebrado por el causante y, con mayor raz\u00f3n, cuando tal acto lesiona sus derechos herenciales, como sucede cuando con ellos se menoscaba su leg\u00edtima. En este evento no queda duda sobre la suficiencia del inter\u00e9s jur\u00eddico del heredero que obre iure hereditario o iure proprio, para impugnar el acto simulado\u201d (CSJ, SC del 4 de octubre de 1982, G.J. t. CLXV, p\u00e1gs. 211 a 218)\u00bb (CSJ SC1589-2020). <\/p>\n
Por esa v\u00eda cuando los hoy demandados ejercieron la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n en contra de la demandada (y de otros litisconsortes suyos) estaban reclamando la recomposici\u00f3n del haber de la sucesi\u00f3n de su progenitor, buscando as\u00ed que esa universalidad se repartiera equitativamente, como lo ordena la Constituci\u00f3n y las leyes de nuestro pa\u00eds. Al hacerlo, evidenciaron lo opuesto a una conducta pasiva frente a la posesi\u00f3n de la se\u00f1ora Gonz\u00e1lez Casta\u00f1o. <\/p>\n
Dadas sus condiciones particulares, esa demanda era un mecanismo jur\u00eddicamente apropiado y l\u00f3gicamente proactivo para recuperar las cosas que estaban en poder de la aqu\u00ed demandante. Tan es ello as\u00ed, que los jueces declararon que \u00ab(…) como consecuencia de la cancelaci\u00f3n del registro inmobiliario por la petici\u00f3n de simulaci\u00f3n que se ha pedido, (…) el se\u00f1or Juan Bautista Gonz\u00e1lez Valencia (Q.E.P.D.), sigue siendo due\u00f1o absoluto del inmueble ubicado en la carrera 12 No. 13-51, el (…) y adem\u00e1s de la cuota parte que le corresponde del inmueble (…) ubicado en la calle 18 No. 9-52 de esta ciudad\u00bb. <\/p>\n
En la sentencia de segunda instancia dictada en aquel proceso, adem\u00e1s, se conden\u00f3 a la aqu\u00ed demandante a pagar a sus hermanastros los frutos civiles que produjeron los aludidos bienes inmuebles, desde la fecha de la muerte de su progenitor com\u00fan, hasta cuando se profiri\u00f3 aquella decisi\u00f3n judicial (29 de octubre de 2014). Esto por considerarse que, desde entonces, las heredades retornaron a la sucesi\u00f3n del causante Gonz\u00e1lez Valencia. <\/p>\n
A lo expuesto se suma que, para cuando en este proceso se realiz\u00f3 la inspecci\u00f3n judicial que es de rigor (22 de julio de 2021), los predios tantas veces mencionados se encontraban ya embargados y secuestrados por cuenta de la mortuoria del se\u00f1or Gonz\u00e1lez Valencia, tr\u00e1mite judicial en el cual, valga anotarlo, participa activamente \u2013en condici\u00f3n de heredera\u2013 quien aqu\u00ed aduce su condici\u00f3n de poseedora exclusiva. <\/p>\n
Como puede notarse, la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n que se ejerce en contra de quien entr\u00f3 en posesi\u00f3n de una heredad vali\u00e9ndose de la convenci\u00f3n mendaz, no debe considerarse invariablemente irrelevante de cara a la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n. En ocasiones, y atendidas las particularidades de cada litigio, reclamar la declaratoria de simulaci\u00f3n de un contrato puede revelar con claridad la oposici\u00f3n de quien tiene un mejor derecho que el poseedor, aunque este no lo habilite para acudir a una v\u00eda directa de recuperaci\u00f3n de la posesi\u00f3n, como las acciones reivindicatoria o publiciana (reservadas para el propietario y el poseedor regular despose\u00eddos). <\/p>\n
Es pertinente a\u00f1adir una consideraci\u00f3n adicional en soporte de la conclusi\u00f3n indicada: El ordenamiento patrio est\u00e1 firmemente comprometido con la protecci\u00f3n de los herederos, cuyos derechos pretenden ser desconocidos a trav\u00e9s de contratos simulados. En l\u00ednea con ese prop\u00f3sito, el precedente reconoce que <\/p>\n
\u00ab[S]imular una declaraci\u00f3n de voluntad no es intr\u00ednsecamente il\u00edcito, [pero] s\u00ed suelen serlo los designios que llevan a los contratantes a hacerlo. Al menos en la generalidad de los casos sometidos al escrutinio de la jurisdicci\u00f3n, la simulaci\u00f3n es empleada como instrumento para defraudar la leg\u00edtima de un hijo despreciado; reducir la participaci\u00f3n en los bienes sociales del c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero permanente desaventajado; ocultar bienes a las autoridades a trav\u00e9s de testaferros; o simplemente defraudar acreedores. Ante la necesidad de dotar de acciones efectivas a los terceros afectados por la simulaci\u00f3n, que les permitan remediar tama\u00f1as injusticias, se muestra razonable la propuesta pretoriana de reconocer una acci\u00f3n aut\u00f3noma, que surge cuando la mendacidad cause da\u00f1os efectivos a terceros, y que prescribe tras diez a\u00f1os de estructurarse tal afectaci\u00f3n. Y aunque en la pr\u00e1ctica ello implica que el contrato aparente quede expuesto a controversias distantes en el tiempo de la fecha de su celebraci\u00f3n, existen buenas razones para preferir esa incertidumbre, por sobre la consolidaci\u00f3n de los efectos perniciosos que buscaba alguno de los contratantes al ajustar el pacto torticero\u00bb (CSJ SC1971-2022). <\/p>\n
Pues bien, ser\u00eda incoherente con esa finalidad y propuesta interpretativa descartar de tajo la posibilidad de reconocer cualquier efecto a la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n promovida por los herederos afectados por una declaraci\u00f3n de voluntad mendaz de su causante, de cara a la posesi\u00f3n que otra persona ejerce con ocasi\u00f3n del convenio simulado. Y ese efecto \u2013en casos como este\u2013 debe ser la interrupci\u00f3n civil, pues como lo ilustra la presente controversia, es esa la \u00fanica manera de evitar que se consumen prop\u00f3sitos torticeros de quienes obran con dobleces para defraudar a sus legitimarios. <\/p>\n
4. En conclusi\u00f3n, no err\u00f3 el tribunal al asignar a la demanda de simulaci\u00f3n presentada por los se\u00f1ores Gonz\u00e1lez Guti\u00e9rrez y Gonz\u00e1lez Saldarriaga \u2013oportunamente notificada a la poseedora, y que culmin\u00f3 con sentencia desfavorable a los intereses de esta \u00faltima\u2013 el efecto de interrumpir civilmente el tiempo de posesi\u00f3n de la que pretende beneficiarse la convocante. De hecho, en t\u00e9rminos similares lo hab\u00eda reconocido esta Sala, en CSJ AC1324-2018: <\/p>\n
\u00abAcerca de la viabilidad jur\u00eddica de la \u201cinterrupci\u00f3n civil de la usucapi\u00f3n\u201d y en cuanto a que tal fen\u00f3meno es factible concretarlo en los t\u00e9rminos que contemplaba el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy precepto 94 del C\u00f3digo General del Proceso, se determina la ausencia de contrariedad de las normas de derecho sustancial denunciadas por los recurrentes, con el criterio aplicado por el juzgador colegiado, seg\u00fan el cual, \u201cno hay lugar a dudas que (sic) la plurimencionada acci\u00f3n simulatoria cumple las caracter\u00edsticas y condiciones establecidas por la jurisprudencia nacional, (…) para interrumpir civilmente la prescripci\u00f3n alegada por los aqu\u00ed demandantes, pues estuvo indistintamente dirigida a recuperar la posesi\u00f3n del inmueble materia de este proceso, como en efecto se resolvi\u00f3\u201d\u00bb. <\/p>\n
No prospera, entonces, el cargo propuesto. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil. Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. NO CASAR la sentencia de 19 de mayo de 2022, dictada por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, en el proceso de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO. CONDENAR a la parte actora, como impugnante vencida, al pago de las costas procesales de esta actuaci\u00f3n. En la liquidaci\u00f3n incl\u00fayanse diez (10) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, por concepto de agencias en derecho. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Sobre el particular, pueden consultarse las providencias CSJ SC3326-2022; CSJ SC775-2021; CSJ SC15222-2017; SC17117-2014; entre otras. <\/p>\n
3\u0002 Art\u00edculo 764, C\u00f3digo Civil, \u00ab[s]e llama posesi\u00f3n regular la que procede de justo t\u00edtulo y ha sido adquirida de buena fe, aunque la buena fe no subsista despu\u00e9s de adquirida la posesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 \u00abSe deber\u00e1 probar la posesi\u00f3n del suelo por hechos positivos de aquellos a que s\u00f3lo da derecho el dominio, como el corte de maderas, la construcci\u00f3n de edificios, la de cerramientos, las plantaciones o sementeras, y otros de igual significaci\u00f3n…\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Art\u00edculo 2523, C\u00f3digo Civil: \u00abLa interrupci\u00f3n es natural: 1. Cuando sin haber pasado la posesi\u00f3n a otras manos, se ha hecho imposible el ejercicio de actos posesorios, como cuando una heredad ha sido permanentemente inundada. 2. Cuando se ha perdido la posesi\u00f3n por haber entrado en ella otra persona. La interrupci\u00f3n natural de la primera especie no produce otro efecto que el de descontarse su duraci\u00f3n; pero la interrupci\u00f3n natural de la segunda especie hace perder todo el tiempo de la posesi\u00f3n anterior; a menos que se haya recobrado legalmente la posesi\u00f3n, conforme a lo dispuesto en el t\u00edtulo \u201cDe las acciones posesorias, pues en tal caso no se entender\u00e1 haber habido interrupci\u00f3n para el despose\u00eddo\u201d\u00bb. <\/p>\n
6\u0002 Art\u00edculo 94, C\u00f3digo General del Proceso: \u00abLa presentaci\u00f3n de la demanda interrumpe el t\u00e9rmino para la prescripci\u00f3n e impide que se produzca la caducidad siempre que el auto admisorio de aquella o el mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del t\u00e9rmino de un (1) a\u00f1o contado a partir del d\u00eda siguiente a la notificaci\u00f3n de tales providencias al demandante. Pasado este t\u00e9rmino, los mencionados efectos solo se producir\u00e1n con la notificaci\u00f3n al demandado\u00bb. <\/p>\n
7\u0002 En cambio, si la demanda de pertenencia fue presentada antes del 27 de diciembre de 2012 (primera data en la que ser\u00eda viable una hipot\u00e9tica prescripci\u00f3n extraordinaria decenaria), la suerte de la prescripci\u00f3n adquisitiva pender\u00eda de la acreditaci\u00f3n de actos posesorios extendidos por 20 a\u00f1os, conforme lo dispon\u00eda el texto anterior del art\u00edculo 2532 del C\u00f3digo Civil. Ello en obedecimiento a la pauta de tr\u00e1nsito legislativo que recoge el canon 41 de la Ley 153 de 1887. <\/p>\n
8\u0002 Cfr. CSJ SC3727-2021. <\/p>\n
9\u0002 CSJ SC13811-2015, 8 oct. <\/p>\n
10\u0002 En esa fecha cobr\u00f3 ejecutoria el auto de 17 de agosto de 2016, con el que se declar\u00f3 desierto el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por la all\u00ed demandada, hoy demandante (Mar\u00eda Isabel Gonz\u00e1lez Casta\u00f1o), contra la sentencia de segunda instancia, dictada en el juicio de simulaci\u00f3n el 29 de octubre de 2014. <\/p>\n
11\u0002 ALESSANDRI, Arturo. Derecho Civil, Tomo II (De los bienes). Ed. Zamorano, Santiago. 1937, p\u00e1g. 181. <\/p>\n
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SC240-2023 (2018-00265-01)_1 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente SC240-2023 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que interpuso la demandante, Mar\u00eda Isabel Gonz\u00e1lez Casta\u00f1o, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75214","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75214","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75214"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75214\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75214"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75214"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75214"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}