SC249-2023 (2022-03935-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
SC249-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-03935-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Procede la Corte a decidir sobre la solicitud de exequatur presentada por Sandra Patricia Barajas C\u00e1rdenas respecto de la sentencia proferida el 31 de marzo de 2008 por el Juzgado Duod\u00e9cimo de lo Familiar del Distrito Federal de M\u00e9xico. <\/p>\n
A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n
La libelista, a trav\u00e9s de apoderada judicial, solicit\u00f3 homologar el fallo que se viene de referenciar, mediante el cual se decret\u00f3 el divorcio del matrimonio contra\u00eddo con Francisco Javier Rojo (Archivo digital: 04. Demanda_Poder_Sentencia_Ejecutoria_Apostilla.pdf). <\/p>\n
B. Los hechos <\/p>\n
1. El 4 de mayo de 2004, la solicitante, de nacionalidad colombiana y Francisco Javier Rojo, nacido en M\u00e9xico, contrajeron nupcias en la Notar\u00eda Octava del C\u00edrculo Notarial de Bucaramanga, uni\u00f3n dentro de la cual no procrearon hijos ni adquirieron bienes de fortuna. <\/p>\n
2. El 30 de noviembre de 2007, la reclamante present\u00f3 demanda de divorcio contra el c\u00f3nyuge, con fundamento en la \u00abseparaci\u00f3n de la casa conyugal por m\u00e1s de seis meses sin causa justificada\u00bb, prevista en la fracci\u00f3n VIII del art\u00edculo 267 del C\u00f3digo Civil Federal Mexicano. <\/p>\n
3. Al admitir el pliego introductor (7 dic. 2007), el Juzgado Duod\u00e9cimo de lo Familiar del Distrito Federal \u2013M\u00e9xico, estim\u00f3 que se configuraba la causal de \u00abseparaci\u00f3n del hogar conyugal originada por una causa que sea bastante para pedir el divorcio, si se prolonga por m\u00e1s de un a\u00f1o sin que el c\u00f3nyuge que se separ\u00f3 entable demanda de divorcio\u00bb (Fracci\u00f3n IX, idem). <\/p>\n
4. Enterado, el demandado contest\u00f3 \u00abcon allanamiento a todas las pretensiones de la c\u00f3nyuge demandante\u00bb (20 feb. 2008) y, tres d\u00edas despu\u00e9s, \u00abRATIFIC[\u00d3] el escrito de allanamiento\u00bb. <\/p>\n
5. El 12 de marzo siguiente, la peticionaria \u00abACEPT\u00d3 DE CONFORMIDAD el allanamiento a la demanda por parte del c\u00f3nyuge demandado (\u2026) en cumplimiento de los arts. 271 y 274 del C\u00f3digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de M\u00e9xico\u00bb y el 31 de marzo de 2008, la autoridad mencionada profiri\u00f3 \u00absentencia de divorcio de com\u00fan acuerdo\u00bb. <\/p>\n
6. Afirm\u00f3 la interesada que, a trav\u00e9s del procedimiento descrito, ambos ex esposos manifestaron \u00abel consentimiento de manera similar al r\u00e9gimen legal colombiano, que permite el allanamiento a la demanda y decretar el divorcio por MUTUO ACUERDO, incluso sin condenar en costas a las partes\u00bb. <\/p>\n
7. En sentir de la gestora, est\u00e1n reunidos los presupuestos legales para acceder al exequatur, comoquiera que la providencia descrita: i) No versa sobre derechos reales; ii) No se opone a la legislaci\u00f3n y orden patrios; iii) Cobr\u00f3 firmeza el 22 de abril de 2008; iv) No recae sobre asuntos de exclusiva competencia de los jueces colombianos; v) Sobre lo all\u00ed resuelto no hay procesos en curso ni decisiones ejecutoriadas en Colombia; y, vi) Se emiti\u00f3 en un tr\u00e1mite adelantado con pleno respeto del debido proceso de los involucrados. <\/p>\n
C. El tr\u00e1mite del exequatur <\/p>\n
1. El 17 de enero de 2023 se admiti\u00f3 la demanda, otorg\u00e1ndose el traslado de rigor al Ministerio P\u00fablico (Archivo digital: 12. Auto Admite Demanda.pdf). <\/p>\n
2. Notificada, la Procuradora Delegada con Funciones Mixtas 4 para Asuntos Civiles, conceptu\u00f3 que \u00abla demanda no satisface todos los requerimientos legales para que la sentencia de divorcio proferida en M\u00e9xico sea homologada en Colombia\u00bb, habida cuenta de la falta de apostillaje del registro civil de nacimiento del ciudadano extranjero involucrado y la inexistencia de prueba de la reciprocidad legislativa y de la legislaci\u00f3n for\u00e1nea, pues, la promotora se limit\u00f3 \u00aba copiar los art\u00edculos del C\u00f3digo Civil Federal Mexicano sobre causales de divorcio y los de allanamiento de la demanda del C\u00f3digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (Cuarto bloque)\u00bb (Archivo digital: 14 Concepto ProcuraduriaConFuncionesMixtas.pdf). <\/p>\n
Por el contrario, la Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer aval\u00f3 el pedimento de la precursora, al hallar satisfechas \u00ablas exigencias formales previstas en los art\u00edculos 605 y siguientes de la ley 1564 de 2012\u00bb (Archivo digital: 16. Concepto DelegadaInfanciaFamiliaMujer.pdf). <\/p>\n
3. En prove\u00eddo de 28 de marzo de 2023, se tuvieron como pruebas los documentos allegados con el libelo incoativo, orden\u00e1ndose a la precursora adosar \u00abla constancia de apostilla del registro civil de nacimiento de Francisco Javier Rojo\u00bb (Archivo digital: 19. Auto Decreta Pruebas.pdf). <\/p>\n
4. En obedecimiento a lo dispuesto en el auto anterior, la actora alleg\u00f3 el folio registral debidamente apostillado (Archivo digital: 21 Registro Nacimiento Apostillado_Ex conyuge.pdf). <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De conformidad con el art\u00edculo 278 del C\u00f3digo General del Proceso, en cualquier estado del proceso, \u00abel juez deber\u00e1 dictar sentencia anticipada, total o parcial\u00bb, cuando, entre otras causas, \u00abno hubiere pruebas por practicar\u00bb. <\/p>\n
Precepto que es aplicable a los tr\u00e1mites de exequatur, de ah\u00ed que, si en curso de la actuaci\u00f3n, se encuentra que no existen probanzas que deban recaudarse, deber\u00e1 proferirse la correspondiente sentencia, sin necesidad de agotar el procedimiento establecido en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 607 eiusdem, a cuyo tenor \u00abvencido el traslado se decretar\u00e1n las pruebas y se fijar\u00e1 audiencia para practicarlas, o\u00edr los alegatos de las partes y dictar la sentencia\u00bb (subrayado fuera del texto). <\/p>\n
Lo anterior ocurre en el asunto sub examine, por cuanto se ha configurado con claridad la causal en comento, ante la inexistencia de medios suasorios por evacuar, de donde emerge procedente proferir el presente fallo anticipado, escrito y fuera de audiencia. <\/p>\n
Sobre el particular, en un caso de perfiles semejantes, esta Sala indic\u00f3: <\/p>\n
Por supuesto que la esencia del car\u00e1cter anticipado de una resoluci\u00f3n definitiva supone la pretermisi\u00f3n de fases procesales previas que de ordinario deber\u00edan cumplirse; no obstante, dicha situaci\u00f3n est\u00e1 justificada en la realizaci\u00f3n de los principios de celeridad y econom\u00eda que informan el fallo por adelantado en las excepcionales hip\u00f3tesis que el legislador habilita dicha forma de definici\u00f3n de la litis. <\/p>\n
De igual manera, cabe destacar que, aunque la esquem\u00e1tica preponderantemente oral del nuevo ordenamiento procesal civil, supone por regla general una sentencia dictada de viva voz, es evidente que tal pauta admite numerosas excepciones, de la que es buen ejemplo la presente, donde la causal para proveer de fondo por anticipado se configur\u00f3 cuando la serie no ha superado su fase escritural y la convocatoria a audiencia resulta inane\u00bb (CSJ SC3958-2022, 13 dic., rad. 2022-01813-00 que reiter\u00f3 la providencia CSJ SC12137-2017, 15 ag., rad. 2016-03591-00). <\/p>\n
2. Establecido lo anterior, ha de memorarse que el exequatur es un instrumento dispuesto para contribuir a la cooperaci\u00f3n mutua y reciprocidad entre Estados, cuya finalidad radica en asegurar la eficacia, en otros territorios, de las providencias emitidas en determinado pa\u00eds, previo cumplimiento de las formalidades legales, uno de cuyos prop\u00f3sitos es impedir el desconocimiento de la soberan\u00eda nacional. <\/p>\n
En Colombia, la tarea de verificar dicho acatamiento, as\u00ed como tambi\u00e9n, la de autorizar la homologaci\u00f3n de decisiones extranjeras, le ha sido asignada por virtud de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica a esta Corporaci\u00f3n, la cual, en aras de establecer la reciprocidad diplom\u00e1tica, debe constatar que entre nuestro pa\u00eds y aquel donde se profiri\u00f3 el fallo, existan tratados que revistan de valor en ese territorio a las providencias emitidas por la jurisdicci\u00f3n patria y, en contraprestaci\u00f3n, aqu\u00ed se les d\u00e9 igual tratamiento a sus decisiones. <\/p>\n
No obstante, ante la ausencia de tales instrumentos de derecho internacional, debe cotejarse la legislaci\u00f3n de ambas naciones a fin de determinar si consagran disposiciones en el mismo sentido (art. 605 C.G.P.). <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha sostenido que se impone elucidar \u00ab(\u2026) si entre los pa\u00edses involucrados existe un acuerdo o convenio sobre la suerte de las determinaciones que emiten sus funcionarios judiciales; en otros t\u00e9rminos, si ha sido regulado de manera directa y expresa por los propios Estados, la validez o no de las sentencias emitidas en uno u otro. En defecto de un tratado sobre el asunto, surge el imperativo de constatar la presencia de un texto legal alusivo al tema. En ese orden, acreditada la reciprocidad diplom\u00e1tica, la legislativa resulta innecesaria\u00bb (CSJ SC20806-2017, 12 dic., rad. 2017-00203-00, reiterada en CSJ SC3390-2022, 9 nov., rad. 2021-01499-00). <\/p>\n
Adicional al requisito de reciprocidad, para que un fallo extranjero surta efectos vinculantes en nuestro pa\u00eds, es imperioso que se acredite la concurrencia de los presupuestos reclamados al efecto por el ordenamiento legal interno, espec\u00edficamente los contenidos en el Cap\u00edtulo I del T\u00edtulo I del Libro Quinto del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Bajo ese entendido, el tr\u00e1mite del exequatur se sujetar\u00e1 a la forma y t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 607 eiusdem, y la providencia cuyo reconocimiento se persigue, deber\u00e1 cumplir con las formalidades dispuestas en el precepto 606 del mismo compendio, entre ellas, la de no oponerse \u00aba leyes u otras disposiciones colombianas de orden p\u00fablico, exceptuadas las de procedimiento\u00bb (numeral 2\u00ba, ib.). <\/p>\n
3. El sub iudice involucra una decisi\u00f3n judicial pronunciada en los Estados Unidos Mexicanos, pa\u00eds que, si bien es suscriptor de la Convenci\u00f3n Interamericana Sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros (Montevideo, 8 may. 1979), como tambi\u00e9n lo es Colombia, lo cierto es que aqu\u00e9l limit\u00f3 los efectos del Pacto a condenas \u00aben materia patrimonial dictad[a]s en uno de los Estados Partes1\u00bb, de donde es factible deducir que no hay reciprocidad diplom\u00e1tica trat\u00e1ndose de asuntos de familia como el que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tal como se inform\u00f3 en la demanda. <\/p>\n
Sin embargo, la gestora pidi\u00f3 acudir a la \u00abreciprocidad legislativa\u00bb, teniendo en cuenta las pautas del C\u00f3digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de M\u00e9xico, aportando el texto de algunos de sus art\u00edculos y el link de acceso al respectivo estatuto (Archivo digital: 07. NORMATIVIDAD MEXICANA PROCEDIMIENTO CIVIL.pdf), cuyo contenido integral se encuentra publicado \u00aben la p\u00e1gina web\u00bb de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (inc. final, art. 177 C.G.P.)2, lo cual permite valorarlo (art. 176, idem), contrario a lo aseverado por la Procuradora Delegada con Funciones Mixtas 4 (Archivo digital: 14 Concepto ProcuraduriaConFuncionesMixtas.pdf). <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto, el inciso final del citado canon 177, refiri\u00e9ndose al \u00abtexto de normas jur\u00eddicas que no tengan alcance nacional y el de las leyes extranjeras\u00bb, precept\u00faa que \u00abno ser\u00e1 necesaria su presentaci\u00f3n cuando est\u00e9n publicadas en la p\u00e1gina web de la entidad p\u00fablica correspondiente\u00bb, como aqu\u00ed sucede, de manera que no ser\u00e1 con base en \u00abel concepto emitido por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Canciller\u00eda\u00bb, ni con medidas adoptadas por la Corte para superar las \u00abfalencias\u00bb que la Delegada de la Procuradur\u00eda endilga a la accionante, que se analizar\u00e1 la satisfacci\u00f3n del requisito en comento, sino con la consulta v\u00e1lidamente efectuada, se insiste, a las \u00ableyes extranjeras\u00bb concernientes en los sitios web de las entidades p\u00fablicas pertinentes. <\/p>\n
Sobre la viabilidad de acceder a los ordenamientos legales de que trata el primer inciso del canon 177 comentado, a trav\u00e9s de los portales electr\u00f3nicos de las instituciones oficiales, esta Corporaci\u00f3n ha destacado que: <\/p>\n
La incorporaci\u00f3n de las referidas tecnolog\u00edas en la actividad judicial, entonces, facilita el ejercicio de las funciones de quienes administran justicia y asegura que los usuarios satisfagan, con iguales oportunidades, sus derechos fundamentales al debido proceso (art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica), la tutela judicial efectiva (canon 229 ibidem) y ser o\u00eddos en los procesos de los que hacen parte (regla 8.1 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos). <\/p>\n
Adem\u00e1s, existen directrices espec\u00edficas que invitan a los jueces, tribunales y cortes a emplear los canales de transmisi\u00f3n y almacenamiento de datos electr\u00f3nicos, por ejemplo, para eximir al demandante de la carga de allegar con el libelo el documento que prueba la existencia y representaci\u00f3n de personas jur\u00eddicas de derecho privado, cuando esa informaci\u00f3n conste en bases de datos de entidades p\u00fablicas o privadas encargadas de certificarla3, o para oficiar a estos mismos entes a fin de recabar lo pertinente con miras a ubicar el sujeto procesal cuya notificaci\u00f3n personal se intenta4. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es indiscutible que los falladores deben procurar el uso de las TIC\u2019s en el procedimiento, mandato que tambi\u00e9n cobija la verificaci\u00f3n del grado de divulgaci\u00f3n suficiente que tiene un hecho para estar exento de prueba (CSJ SC2420-2019, 4 jul., rad. 2017-01497-00). <\/p>\n
Ahora bien, la regla 605 del C\u00f3digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de M\u00e9xico, establece que las \u00absentencias y dem\u00e1s resoluciones extranjeras tendr\u00e1n eficacia y ser\u00e1n reconocidas en la Rep\u00fablica en todo lo que no sea contrario al orden p\u00fablico interno en los t\u00e9rminos de este C\u00f3digo, del C\u00f3digo Federal de Procedimientos Civiles y dem\u00e1s leyes aplicables, salvo lo dispuesto por los tratados y convenciones de que M\u00e9xico sea parte\u00bb. A su turno, el art\u00edculo 606, idem, establece las formalidades que deben cumplirse para que tales determinaciones puedan tener fuerza de ejecuci\u00f3n en M\u00e9xico, demarcando un r\u00e9gimen semejante al de nuestra legislaci\u00f3n (arts. 605 y ss, CGP). <\/p>\n
Por su parte, el canon 569 del C\u00f3digo Federal de Procedimientos Civiles de los Estados Unidos Mexicanos, a cuyo tenor literal es dable acceder a trav\u00e9s de la p\u00e1gina digital oficial de la C\u00e1mara de Diputados del H. Congreso de la Uni\u00f3n5, se\u00f1ala que \u00ab[l]as sentencias, los laudos arbitrales privados de car\u00e1cter no comercial y dem\u00e1s resoluciones jurisdiccionales extranjeros tendr\u00e1n eficacia y ser\u00e1n reconocidos en la Rep\u00fablica en todo lo que no sea contrario al orden p\u00fablico interno en los t\u00e9rminos de este c\u00f3digo y dem\u00e1s leyes aplicables, salvo lo dispuesto por los tratados y convenciones de los que M\u00e9xico sea parte\u00bb, instituyendo, los preceptos subsiguientes -570 y 571-, el procedimiento al que deben someterse ese tipo de decisiones para adquirir \u00abfuerza de ejecuci\u00f3n\u00bb en esa naci\u00f3n. <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha encontrado demostrada la \u00abreciprocidad legislativa\u00bb entre M\u00e9xico y Colombia por cuanto, <\/p>\n
(\u2026) el aparte pertinente del C\u00f3digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, incorporado al plenario (ff. 83 y 84), prescribe en su art\u00edculo 605 que \u00ab[l]as sentencias y dem\u00e1s resoluciones extranjeras tendr\u00e1n eficacia y ser\u00e1n reconocidas en la Republica en todo lo que no sea contrario al orden p\u00fablico interno en los t\u00e9rminos de este C\u00f3digo, del C\u00f3digo Federal de Procedimientos Civiles y dem\u00e1s leyes aplicables\u00bb. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
[T]al cual acontece con el ordenamiento jur\u00eddico patrio, las disposiciones federales a que remite el estatuto de procedimientos civiles para el Distrito Federal, prev\u00e9n el reconocimiento de las sentencias y dem\u00e1s fallos jurisdiccionales extranjeros, se insiste, en condiciones generales similares a las condensadas en las preceptivas nacionales colombianas (CSJ SC4536-2018, 22 oct., rad. 2017-02006-00). <\/p>\n
Y, de manera m\u00e1s reciente, la Sala adver\u00f3 que \u00ablas disposiciones federales adjetivas civiles mexicanas prev\u00e9n el reconocimiento de efectos jur\u00eddicos de las sentencias y dem\u00e1s fallos jurisdiccionales extranjeros no comerciales, en condiciones generales an\u00e1logas a las previstas en las normas nacionales colombianas\u00bb (CSJ SC1614-2021, 5 may., rad. 2015-00395-00). <\/p>\n
De los apartes normativos y jurisprudenciales citados, ha de concluirse que son ejecutables en Colombia las sentencias proferidas por los jueces de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de la memorada reciprocidad. <\/p>\n
4. Aunado a lo precedente, es preciso determinar si la providencia que se analiza contraviene el orden p\u00fablico, pues, se ha dicho insistentemente, para la procedencia del exequatur no resulta suficiente la acreditaci\u00f3n de la mencionada correlaci\u00f3n internacional. <\/p>\n
Af\u00edrmase de ese modo, porque, seg\u00fan lo ha sostenido esta Corte, aun cuando \u00abno existe inconveniente para un pa\u00eds en aplicar leyes extranjeras que, aunque difieran de sus propias leyes, no chocan con los principios b\u00e1sicos de sus instituciones (\u2026) [si] una ley extranjera o la sentencia que la aplica, se basan en principios no solo diferentes, sino contrarios a las instituciones fundamentales del pa\u00eds en que aquellas pretenden aplicarse, los jueces del Estado pueden, excepcionalmente, negarse a aplicar la ley o el fallo extranjero que se aparta de esa comunidad de principios\u00bb (CSJ SC 8 jul 2013, rad. 2008-2099-00, reiterada en CSJ SC4107-2021, 16 sep., rad. 2018-03705-00 y CSJ SC1788-2022, 23 jun., rad. 2018-01928-00). <\/p>\n
El efecto de actuar en contrav\u00eda de \u00e9ste o aquella (el fallo o la ley), \u00ab(\u2026) implicar\u00eda aceptar la excepci\u00f3n de orden p\u00fablico como \u2018un simple subterfugio para facilitar el triunfo de antojadizos nacionalismos\u2019 que conducir\u00edan al \u2018absurdo de permitir a las personas residentes en Colombia asumir compromisos en el exterior, sabiendo que pueden incumplir impunemente en tanto se pongan al abrigo de las fronteras de su pa\u00eds\u2019\u00bb (subrayado para destacar) (CSJ SC 27 jul. 2011, rad. 2007-01956-00, reiterada en CSJ SC3390-2022 citada). <\/p>\n
De cara a dichas nociones surge que, \u00fanicamente una incompatibilidad grave entre el pronunciamiento jurisdiccional objeto de la petici\u00f3n de exequatur y los principios fundamentales inspiradores de la normatividad nacional en la materia, podr\u00eda dar lugar a que aquel no sea objeto de homologaci\u00f3n, pues al fallador, como asunto propio de su decisi\u00f3n, tan solo le corresponde cotejar si la aludida determinaci\u00f3n se opone o no a los pilares de las instituciones jur\u00eddicas patrias. <\/p>\n
4.1. En lo que respecta al instituto jur\u00eddico del divorcio, consagrado en los T\u00edtulos VI y VII del Libro Primero de nuestro estatuto civil, el art\u00edculo 152, modificado por la regla 5\u00b0 de la Ley 25 de 1992, se\u00f1ala: \u00ab[e]l matrimonio civil se disuelve por la muerte real o presunta de uno de los c\u00f3nyuges o por divorcio judicialmente decretado\u00bb. A su turno, el canon 154 idem, establece, como causales para finiquitar un lazo nupcial, las siguientes: <\/p>\n
(\u2026) 1. Las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los c\u00f3nyuges (\u2026) <\/p>\n
2. El grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los c\u00f3nyuges de los deberes que la ley les impone como tales y como padres. <\/p>\n
3. Los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra. <\/p>\n
4. La embriaguez habitual de uno de los c\u00f3nyuges. <\/p>\n
5. El uso habitual de sustancias alucin\u00f3genas o estupefacientes, salvo prescripci\u00f3n m\u00e9dica. <\/p>\n
6. Toda enfermedad o anormalidad grave e incurable, f\u00edsica o s\u00edquica, de uno de los c\u00f3nyuges, que ponga en peligro la salud mental o f\u00edsica del otro c\u00f3nyuge e imposibilite la comunidad matrimonial. <\/p>\n
7. Toda conducta de uno de los c\u00f3nyuges tendientes a corromper o pervertir al otro, a un descendiente, o a personas que est\u00e9n a su cuidado y convivan bajo el mismo techo. <\/p>\n
8. La separaci\u00f3n de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado por m\u00e1s de dos a\u00f1os. <\/p>\n
9. El consentimiento de ambos c\u00f3nyuges manifestado ante juez competente y reconocido por \u00e9ste mediante sentencia (\u2026) -negrilla para destacar-. <\/p>\n
4.2. En el sub judice se corrobora que el procedimiento fue promovido por Sandra Patricia Barajas C\u00e1rdenas con fundamento en la causal de divorcio \u00abcontenida en la fracci\u00f3n VIII del art\u00edculo 267 del C\u00f3digo Civil\u00bb, por cuanto, \u00abdesde el d\u00eda catorce de febrero de dos mil siete, ella y el ahora demandado viven en domicilios distintos\u00bb; no obstante, en virtud del mandato 271 del mismo ordenamiento, seg\u00fan el cual \u00ab[e]n todos los casos previstos en el art\u00edculo 267, los jueces de lo familiar est\u00e1n obligados a suplir la deficiencia de las partes en sus planteamientos de derechos, sin cambiar los hechos, acciones y excepciones o defensas\u00bb, la autoridad decisora enmarc\u00f3 tal situaci\u00f3n f\u00e1ctica en la \u00abcausal de Divorcio contenida en la Fracci\u00f3n IX del art\u00edculo 267 del C\u00f3digo Civil, y que se refiere a \u201cLA SEPARACI\u00d3N DE LOS C\u00d3NYUGES POR M\u00c1S DE UN A\u00d1O, INDEPEDIENTEMENTE DEL MOTIVO QUE HAYA ORIGINADO LA SEPARACI\u00d3N, LA CUAL PODR\u00c1 SER INVOCADA POR CUALQUIERA DE ELLOS\u201d\u00bb. <\/p>\n
El demandado se allan\u00f3 a las pretensiones (20 feb. 2008), ratificando tal determinaci\u00f3n \u00abante la presencia judicial de este juzgado\u00bb, circunstancia con base en la cual, la falladora extranjera coligi\u00f3 que \u00abefectivamente las partes en el presente juicio se encuentran separados desde el d\u00eda trece (sic) de febrero de dos mil siete\u00bb y que \u00abal d\u00eda treinta de noviembre de dos mil siete, fecha en la cual se present\u00f3 ante este Juzgado el escrito de demanda, ha transcurrido el a\u00f1o de separaci\u00f3n (sic)\u00bb; por tanto, encontr\u00f3 probada \u00abla hip\u00f3tesis prevista por la fracci\u00f3n IX del art\u00edculo 267 del C\u00f3digo Civil, de la causal hecha valer por la actora para pedir el divorcio; siendo por tanto irrelevante determinar si hubo o no justificaci\u00f3n para esa separaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, mediante providencia de 31 de marzo de 2008, declar\u00f3 \u00abla disoluci\u00f3n del v\u00ednculo matrimonial que los une, con todas las consecuencias legales inherentes; recobrando ambas partes su entera capacidad para contraer matrimonio\u00bb. <\/p>\n
Confrontada nuestra legislaci\u00f3n con el factum que dio lugar a la terminaci\u00f3n del v\u00ednculo marital de los esposos Barajas C\u00e1rdenas y Rojo, esto es, \u00abLA SEPARACI\u00d3N DE LOS C\u00d3NYUGES POR M\u00c1S DE UN A\u00d1O, INDEPENDIENTEMENTE DEL MOTIVO QUE HAYA ORIGINADO LA SEPARACI\u00d3N, LA CUAL PODR\u00c1 SER INVOCADA POR CUALQUIERA DE ELLOS\u00bb, pronto se advierte la imposibilidad de convalidar la decisi\u00f3n de la autoridad mexicana en nuestro territorio, debido a que no tuvo fundamento en ninguna de las hip\u00f3tesis ante las cuales el ordenamiento colombiano autoriza la ruptura de la comentada uni\u00f3n. <\/p>\n
Ello, por cuanto del prove\u00eddo for\u00e1neo no se extrae que el motivo que dio origen a la terminaci\u00f3n del matrimonio fue \u00abel mutuo acuerdo\u00bb, como lo asegura la peticionaria en su escrito introductor, ni se hizo alusi\u00f3n, en ese pronunciamiento, a la separaci\u00f3n de cuerpos por m\u00e1s de dos a\u00f1os; n\u00f3tese que, por el contrario, para cuando la convocante elev\u00f3 su ruego (30 nov. 2007), los contrayentes tan solo llevaban un lapso de 9 meses y 16 d\u00edas de ruptura, pues \u00e9sta se produjo el 14 de febrero de 2007, seg\u00fan lo anotado en la parte superior de la p\u00e1gina 4 del respectivo veredicto o desde el 13 de febrero de 2007, si se toma en consideraci\u00f3n el extremo inferior de la misma pieza procesal (Folio 15, archivo digital: 04. DEMANDA_PODER_SENTENCIA_EJECUTORIA_APOSTILLA.pdf). <\/p>\n
Incluso, la situaci\u00f3n no var\u00eda, si se contabiliza el t\u00e9rmino hasta el 31 de marzo de 2008, d\u00eda en que la autoridad mexicana declar\u00f3 el divorcio, por cuanto para ese momento, solo hab\u00edan pasado 13 meses y 18 d\u00edas, como m\u00e1ximo, luego, tampoco se complet\u00f3 el per\u00edodo exigido en Colombia para la prosperidad de esa acci\u00f3n. <\/p>\n
4.3. Tal como se ha reconocido en oportunidades anteriores \u00ab[e]n materia de disoluci\u00f3n de v\u00ednculos matrimoniales, la Corporaci\u00f3n tiene una s\u00f3lida jurisprudencia sobre la viabilidad del exequatur, siempre y cuando la causal que sirvi\u00f3 de base para acceder a la ruptura nupcial tenga un equivalente en Colombia\u00bb (CSJ SC2420-2019, rad. 2017-01497-00). En efecto, desde anta\u00f1o, la Sala ha desestimado la convalidaci\u00f3n de resoluciones extranjeras que avalen divorcios con fundamento en la separaci\u00f3n de la pareja por espacios inferiores al per\u00edodo que exige nuestra legislaci\u00f3n -2 a\u00f1os-, por oponerse al orden p\u00fablico. <\/p>\n
As\u00ed, en el pronunciamiento CSJ SC8398-2017, 15 jun., rad. 2017-00516-00, esta Magistratura sostuvo que el reconocimiento de efectos jur\u00eddicos a disoluciones matrimoniales declaradas con sustento en motivaciones que no acompasan con las fijadas por el ordenamiento nacional \u00absocavar\u00eda el orden p\u00fablico, no solo porque la providencia est\u00e1 fundada en un motivo de ning\u00fan modo reconocido en el derecho patrio, sino tambi\u00e9n porque se habilitar\u00eda, sin m\u00e1s, el mero paso injustificado del tiempo como motivo de divorcio, todo lo cual atenta contra la instituci\u00f3n de la familia, concebida por la norma superior como el n\u00facleo fundamental de la sociedad, y contra la protecci\u00f3n integral que, a partir de hacer taxativas las causales de divorcio, el Estado se propone garantizar (art. 42, C. P.), para darle estabilidad\u00bb, criterio que se conserv\u00f3, entre otros, en las decisiones CSJ SC1308-2018, 27 abr., rad. 2015-2245-00, CSJ SC2228-2018, 19 jun., rad. 2014-02803-00 y CSJ AC7932-2017, 28 nov., rad. 2017-02394-00. <\/p>\n
Con soporte en la misma hermen\u00e9utica, en el a\u00f1o 2019, se memor\u00f3 que \u00abnuestro r\u00e9gimen exige que la configuraci\u00f3n de alguno de los motivos taxativamente establecidos por el legislador, los cuales se encuentran asociados al desconocimiento de los deberes y obligaciones conyugales, la imposibilidad sobreviniente, la separaci\u00f3n de cuerpos por un tiempo prolongado, y el consentimiento de los consortes, sin permitir que el paso de tres (3) meses, junto a la decisi\u00f3n unilateral de un contrayente, puedan dar al traste la vida com\u00fan\u00bb (CSJ SC1319-2019, 12 abr., rad. 2015-00787-00). <\/p>\n
Preservando la misma l\u00ednea de pensamiento, esta Colegiatura tambi\u00e9n se rehus\u00f3 a homologar un fallo proferido por el Juzgado de Breda, Pa\u00edses Bajos, por entrar en contraposici\u00f3n con las normas colombianas, pues el juzgador for\u00e1neo disolvi\u00f3 el lazo por la \u00abinterrupci\u00f3n \u201cirremediable\u201d del matrimonio de la pareja, como lo aleg\u00f3 la convocante y no lo desvirtu\u00f3 su c\u00f3nyuge\u00bb, pero, <\/p>\n
[c]onfrontada nuestra legislaci\u00f3n con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que dio lugar a la terminaci\u00f3n del v\u00ednculo marital de los esposos Gamboa Guerrero y Moreira Da Luz, esto es, que \u201csu matrimonio se ha interrumpido irremediablemente\u201d, pronto se advierte la imposibilidad de convalidar la decisi\u00f3n de la autoridad neerlandesa en nuestro territorio, debido a que no tuvo fundamento en ninguna de las hip\u00f3tesis ante las cuales el ordenamiento colombiano autoriza la ruptura de la comentada uni\u00f3n. <\/p>\n
Ello, por cuanto del prove\u00eddo extranjero no logra extraerse cu\u00e1l fue la raz\u00f3n que llev\u00f3 a la \u201cinterrupci\u00f3n irremediable\u201d de la vida conyugal ni se hizo alusi\u00f3n en esa providencia a la separaci\u00f3n de cuerpos, por m\u00e1s de dos a\u00f1os, como lo asevera la reclamante en su escrito genitor (CSJ SC1788-2022, 23 jun., rad. 2018-01928-00). <\/p>\n
Bajo ese mismo entendimiento, en un evento m\u00e1s reciente donde se pretend\u00eda la refrendaci\u00f3n de un divorcio decretado por la justicia canadiense, se concluy\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) el exequatur no puede salir avante, porque la decisi\u00f3n de los jueces extranjeros se finc\u00f3 en una regla jur\u00eddica que es contraria al orden p\u00fablico colombiano. Recu\u00e9rdese que, de acuerdo con lo aseverado por la solicitante, la C\u00e1mara de la Familia de la Corte Superior del Distrito de Montreal, Distrito de Quebec, Canad\u00e1, decret\u00f3 el divorcio con apoyo en la Secciones 8-1 y 8-2, lit. a., de la Ley de Divorcio de esa Naci\u00f3n, que consagran que \u00abun tribunal de jurisdicci\u00f3n competente puede, por solicitud de uno o ambos c\u00f3nyuges, otorgar el divorcio al c\u00f3nyuge o c\u00f3nyuges con base en la ruptura de su matrimonio\u00bb, la cual se determina, entre otras causas, cuando \u00ablos esposos han vivido aparte y separados por lo menos durante el a\u00f1o inmediatamente anterior a la resoluci\u00f3n de la acci\u00f3n de divorcio (CSJ SC3254-2022, 20 oct, rad. 2021-02249-00). <\/p>\n
En aquella oportunidad, tambi\u00e9n se remembr\u00f3 el rol protector que la Corte Constitucional le confiri\u00f3 al r\u00e9gimen del divorcio en nuestro pa\u00eds, frente a la estabilidad de la instituci\u00f3n de la familia, como n\u00facleo esencial de la sociedad: <\/p>\n
\u00ab(…) El matrimonio no es un fin en s\u00ed mismo, sino una forma de constituci\u00f3n de familia, a la que la Constituci\u00f3n califica de n\u00facleo social fundamental y sujeto de la protecci\u00f3n especial el Estado (…). La prolongaci\u00f3n por m\u00e1s de dos a\u00f1os de la separaci\u00f3n de cuerpos para erigirse en causal de divorcio apunta a la defensa del matrimonio de las crisis coyunturales que naturalmente lo rodean, disponiendo que la separaci\u00f3n de cuerpos sea una oportunidad de reflexi\u00f3n de la decisi\u00f3n definitiva de disoluci\u00f3n del v\u00ednculo y, a la vez, un tiempo de preparaci\u00f3n de los efectos que apareja un virtual divorcio respecto de los hijos, de los bienes sociales, de terceros y de los propios c\u00f3nyuges, esto es, de la instituci\u00f3n familiar que la Constituci\u00f3n privilegia como \u201cn\u00facleo fundamental de la sociedad\u201d, constituyendo una forma de \u201cprotecci\u00f3n integral\u201d de la misma. Desde esta perspectiva, encuentra la Corte que la disposici\u00f3n constitucional persigue un fin constitucionalmente v\u00e1lido y declarado por el propio Constituyente\u00bb (C.C. C-746 de 2011). <\/p>\n
Con cimiento en esas pot\u00edsimas razones, esta Corte dedujo, en el mismo veredicto -SC3154-2022-, que \u00abninguna autoridad judicial colombiana podr\u00eda declarar la disoluci\u00f3n de un matrimonio arguyendo que los esposos estuvieron separados de cuerpos por un per\u00edodo inferior a dos a\u00f1os, limitaci\u00f3n que se constituye en una barrera de orden p\u00fablico, erigida por el legislador como m\u00e9todo para dotar de cierta estabilidad a la instituci\u00f3n matrimonial. Y siendo ello as\u00ed, el principio de soberan\u00eda impedir\u00eda homologar un fallo de divorcio extranjero fincado en un lapso de separaci\u00f3n m\u00e1s breve\u00bb. <\/p>\n
Si bien la Sala en el pronunciamiento CSJ SC3259-2022, 10 oct., rad. 2021-00025-00, homolog\u00f3 una providencia que decret\u00f3 el divorcio de una pareja originado en el cese de la convivencia por espacio de un a\u00f1o, plazo inferior al previsto por el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 154 del ordenamiento civil, precis\u00f3 que los hechos materia del juzgamiento se asemejaban \u00abal mutuo acuerdo\u00bb que dio origen a la sentencia CSJ SC4203-2018, 28 sep., rad. 2016-02544-00, donde <\/p>\n
el procedimiento de divorcio si bien se inici\u00f3 por uno s\u00f3lo de los c\u00f3nyuges, ambos dentro del curso del litigio manifestaron su deseo de que se decretara el mismo, incluso presentaron acuerdo conciliatorio de separaci\u00f3n en el que regularon todo lo relacionado con la divisi\u00f3n de los bienes sociales, as\u00ed como la manutenci\u00f3n de los hijo[s] menores y su custodia. <\/p>\n
Docu[m]ento que el juzgador extranjero tuvo en cuenta al tomar su decisi\u00f3n, pues luego de comprobar dentro del tr\u00e1mite judicial que la pareja estaba de acuerdo sobre el divorcio, de verificar que la voluntad de los esposos era real y que no ten\u00edan la intenci\u00f3n de continuar con la relaci\u00f3n matrimonial accedi\u00f3 a las pretensiones y orden\u00f3 que la sentencia se inscribiera en el registro civil correspondiente, lo que guarda consonancia con lo establecido en Colombia, cuando el divorcio es de com\u00fan acuerdo. De igual forma, se regularon todas las medidas respecto de los menores hijos nacidos dentro del matrimonio, entre ellas la guarda y custodia (Se resalta). <\/p>\n
Cosa semejante ocurri\u00f3 en el asunto que fue solventado en CSJ SC974-2018, en cuyo escenario la autoridad alemana que dict\u00f3 la sentencia objeto de la solicitud de homologaci\u00f3n, adver\u00f3 que el \u00abmatrimonio entre las partes ha fracasado. Su vida conyugal ya no existe y no se puede esperar que las partes la vuelvan a restablecer. Esto se ha establecido en la audiencia realizada a convicci\u00f3n del juzgado\u00bb, con apoyo en esa atestaci\u00f3n, fue que esta Corporaci\u00f3n pudo colegir que: <\/p>\n
En efecto, la sentencia del juzgado de Tempelhof se\u00f1al\u00f3 que el matrimonio fracas\u00f3, en raz\u00f3n de la separaci\u00f3n de hecho de los contrayentes \u00abdesde hace m\u00e1s de un a\u00f1o\u00bb, as\u00ed como el acuerdo de estos, a consecuencia de lo cual orden\u00f3 la disoluci\u00f3n (folios 9-10). <\/p>\n
Tales m\u00f3viles est\u00e1n expresamente previstos en los numerales 8 y 9 del art\u00edculo 154 del C\u00f3digo Civil colombiano, a saber: \u00ab8. La separaci\u00f3n de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado por m\u00e1s de dos a\u00f1os. 9. El consentimiento de ambos c\u00f3nyuges manifestado ante juez competente y reconocido por \u00e9ste mediante sentencia\u00bb (CSJ SC974-2018-2018, 9 abr., rad. 2016-02466-00) Destaca la Sala. <\/p>\n
Tal situaci\u00f3n no es la que se presenta en el sub iudice, donde el allanamiento del c\u00f3nyuge demandado gir\u00f3, exclusivamente, en torno a los hechos exhibidos por su convocante, esto es, que viv\u00edan en lugares diferentes desde mediados del mes de febrero de 2007, aseveraci\u00f3n que no puede equipararse con la causal de \u00abmutuo acuerdo\u00bb prevista en el numeral 9\u00ba del canon 154 del estatuto civil patrio, de ah\u00ed que no fue por ella que la sentenciadora for\u00e1nea accedi\u00f3 a disolver el enlace marital. <\/p>\n
4.4. Para finalizar, en el prove\u00eddo CSJ SC2420-2019, se sostuvo: <\/p>\n
(\u2026) la homologaci\u00f3n es procedente, toda vez que la sentencia objeto de reconocimiento decret\u00f3 el divorcio con fundamento en la separaci\u00f3n de los c\u00f3nyuges por un lapso suficientemente prolongado, en tanto debi\u00f3 superar un a\u00f1o de separaci\u00f3n, m\u00ednimamente, lo que coincide con el motivo previsto en el numeral 8 del canon 154 del C\u00f3digo Civil colombiano. Advi\u00e9rtase que las diferencias entre estas normas radica solamente en el tiempo durante el que debe extenderse la cesaci\u00f3n de la vida marital, porque mientras que la norma colombiana exige que esta dure \u00abm\u00e1s de dos a\u00f1os\u00bb, la espa\u00f1ola precisa de al menos doce meses, discordancia que no implica desconocimiento alguno a los par\u00e1metros basilares e insustituibles del derecho nacional, pues lo importante es que pueda verificarse que el alejamiento de los contrayentes es definitivo y que la uni\u00f3n no se restablecer\u00e1, despu\u00e9s de agotado un tiempo suficientemente indicativo, que debe superar la anualidad seg\u00fan la citada SC974 de 2018, proferida por este \u00f3rgano de cierre (CSJ SC2420-2019, 4 jul., rad. 2017-01497-00). <\/p>\n
Sin embargo, es necesario puntualizar que tal aserto se aleja significativamente de la tesis que pac\u00edficamente viene aplicando la Corte en esta materia y, por tanto, no tiene la connotaci\u00f3n de un \u00abprecedente jurisprudencial\u00bb, pero, adicionalmente, desconoce el alcance y naturaleza del tr\u00e1mite que aqu\u00ed nos convoca, cuya finalidad es la de verificar la compatibilidad de un fallo extranjero con el orden p\u00fablico colombiano y darle vigor en nuestro territorio si en el de origen tambi\u00e9n lo tienen las decisiones de nuestros jueces, objetivo que excluye la posibilidad de entrar a valorar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica del proceso que dio lugar a la respectiva resoluci\u00f3n. <\/p>\n
Luego, mal puede la Corte, so pretexto de verificar si la afectaci\u00f3n al orden p\u00fablico es \u00abgrave o no\u00bb, situarse como juez de instancia para valorar el acervo probatorio y definir si \u00abel alejamiento de los contrayentes es definitivo y que la uni\u00f3n no se restablecer\u00e1, despu\u00e9s de agotado un tiempo suficientemente indicativo, que debe superar la anualidad\u00bb. <\/p>\n
Por esas razones, la Corte no encuentra argumentos valederos para variar su consolidada posici\u00f3n sobre el t\u00f3pico en estudio y por ende, la mantendr\u00e1. <\/p>\n
5. En ese orden de ideas, no puede abrirse paso la validaci\u00f3n invocada. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NO CONCEDER el exequatur de la sentencia dictada el 31 de marzo de 2008, por el Juzgado Duod\u00e9cimo de lo Familiar del Distrito Federal de M\u00e9xico, que decret\u00f3 el divorcio del matrimonio que el 4 de mayo de 2004, contrajeron Sandra Patricia Barajas C\u00e1rdenas y Francisco Javier Rojo. <\/p>\n
SEGUNDO: Sin costas en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002https:\/\/www.poderjudicialyucatan.gob.mx\/digestum\/marcoLegal\/08\/2013\/DIGESTUM08022.pdf <\/p>\n