SC312-2023 (2012-00337-01)<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC312-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-31-03-004-2012-00337-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la sociedad demandante, Hernando Vergara T\u00e1mara & C\u00eda. Ltda. -en liquidaci\u00f3n-, frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 30 de mayo de 2018, dentro del proceso ordinario que instaur\u00f3 en contra de Hernando Jos\u00e9 Vergara T\u00e1mara. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La pretensi\u00f3n <\/p>\n
La actora pide que se declare que Hernando Jos\u00e9 Vergara T\u00e1mara es responsable de los da\u00f1os que le caus\u00f3 con ocasi\u00f3n de la apropiaci\u00f3n de dineros pertenecientes a ella. Sumas que sustrajo bajo la calificaci\u00f3n de pr\u00e9stamos al representante legal suplente-administrador, sin contar con la aprobaci\u00f3n por parte de la junta de socios. En consecuencia, inst\u00f3 a que se condene al demandado al resarcimiento de los perjuicios, que estim\u00f3 en mil cuarenta y nueve millones doscientos sesenta y nueve mil quinientos sesenta y nueve pesos con setenta centavos ($1.049.269.569,70)1. <\/p>\n
2.- Causa petendi <\/p>\n
Relat\u00f3 que Hernando Jos\u00e9 Vergara T\u00e1mara fue designado como representante legal suplente \u00aby\/o administrador de la sociedad\u00bb Hernando Vergara Tamara & Compa\u00f1\u00eda Limitada. Representaci\u00f3n que ejerci\u00f3 desde el 31 de mayo de 1991 hasta el 2 de noviembre de 2006. Indic\u00f3 que, dentro de las facultades previstas en el objeto social de la sociedad, est\u00e1 la de dar dinero en mutuo con inter\u00e9s. El representante legal suplente, en el desempe\u00f1o del cargo, se hizo m\u00faltiples autopr\u00e9stamos sin contar con la anuencia de la sociedad, \u00abregistrando contablemente dichas apropiaciones como pr\u00e9stamos otorgados al representante legal suplente y\/o administrador de la sociedad\u00bb. Se\u00f1al\u00f3 que las apropiaciones de dinero por parte del demandado ascienden a $501.832.801,70. En ese sentido, asever\u00f3 que este \u00abhecho il\u00edcito\u00bb le produjo un da\u00f1o emergente caracterizado en el capital sustra\u00eddo. Y, adem\u00e1s, perjuicios por lucro cesante, correspondientes al importe de $547.436.768. Apuntal\u00f3 que el art\u00edculo 200 del C\u00f3digo de Comercio establece que los administradores responden, solidariamente, por los perjuicios que ocasionen a la sociedad. Y, adicionalmente, en su inciso tercero, prescribe que se presumir\u00e1 la culpa del administrador en los casos de incumplimiento o extralimitaci\u00f3n de funciones, violaci\u00f3n de la ley o de los estatutos2. <\/p>\n
3. Posici\u00f3n del demandado <\/p>\n
El interpelado Hernando Jos\u00e9 Vergara Tamara se opuso a las pretensiones. Y propuso el medio defensivo que denomin\u00f3: \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n incoada conforme lo establece el art\u00edculo 233 de la Ley 222 de 1995\u00bb3. <\/p>\n
4. Resoluci\u00f3n en las instancias <\/p>\n
Culminado el tr\u00e1mite correspondiente a la primera instancia, el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cartagena profiri\u00f3 sentencia desestimatoria de las s\u00faplicas el 29 de agosto del 20174. Esto, por hallar probada las excepciones formuladas \u00abatinentes a la falta de prueba de los perjuicios demandados\u00bb. El fallo fue apelado. La alzada fue resuelta por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa misma capital con prove\u00eddo del 30 de mayo del 2018, que confirm\u00f3 el pronunciamiento criticado. <\/p>\n
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II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Comenz\u00f3 por observar que el reparo elevado se concreta en que, a juicio de la recurrente, \u00abel hecho da\u00f1oso y los perjuicios atribuidos al demandado\u00bb se acreditaron. Pues, en efecto, se prob\u00f3 que el demandado se hizo a s\u00ed mismo pr\u00e9stamos sin la autorizaci\u00f3n previa de la junta de socios. Circunstancia que est\u00e1 acreditada con la confesi\u00f3n del interpelado, el dictamen pericial y el juramento estimatorio que se realiz\u00f3 en la demanda. Frente a tal argumento, el Tribunal se\u00f1al\u00f3 que \u00ablos pedimentos de la sociedad demandante se encuadran dentro de la acci\u00f3n de responsabilidad que consagran los art\u00edculos 24 y 25 de la ley 222 de 1995\u00bb. En tanto el da\u00f1o enarbolado por la sociedad es atribuible a su administrador. De tal suerte que el r\u00e9gimen jur\u00eddico llamado a aplicarse se estructura a partir de la acci\u00f3n social de responsabilidad. Y es que, \u00abal abrigo de esta acci\u00f3n, se permite a la sociedad reclamar la declaraci\u00f3n de responsabilidad y el pago de perjurio causados por culpa o dolo del administrador, lo cual se ve reflejado en el incumplimiento o extralimitaci\u00f3n de sus funciones, as\u00ed como en la violaci\u00f3n de la ley o de los estatutos\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, \u00abatendiendo a los hechos narrados en la demanda, as\u00ed como la calidad de las partes, el Tribunal en ejercicio de sus facultades encuentra oportuno interpretar la demanda para otorgarle un sentido \u00fatil, lo que lleva a la conclusi\u00f3n de que, m\u00e1s all\u00e1 de la nominaci\u00f3n de la responsabilidad hecha por la parte demandante, su intenci\u00f3n fue la de plantear la acci\u00f3n social de responsabilidad contra el demandado, quien otrora fuera su administrador\u00bb. Enfatiz\u00f3, adem\u00e1s, en \u00abla invocaci\u00f3n que se hizo en el escrito inaugural de los art\u00edculos 196 y 200 del c\u00f3digo de comercio\u00bb, lo que revela la voluntad del actor. En refuerzo, indic\u00f3 que est\u00e1 demostrado que el demandado fue representante legal de la sociedad impulsora entre mayo de 1991 y noviembre de 2016. Y que, \u00aben ejercicio de esa calidad y contraviniendo la prohibici\u00f3n expresa del art\u00edculo 839 del C\u00f3digo de Comercio, aprob\u00f3 pr\u00e9stamos de dinero a su favor\u00bb. Asimismo, destac\u00f3 que el se\u00f1or Vergara T\u00e1mara no cont\u00f3 con autorizaci\u00f3n previa de la junta de socios que lo habilitara para actuar de la forma en que lo hizo y que no efectu\u00f3 la devoluci\u00f3n de las sumas, \u00ab[l]o cual podr\u00eda significar un abuso en el ejercicio de sus funciones\u00bb. Situaci\u00f3n que aparece refrendada por el dictamen pericial aportado por la demandante, el cual da cuenta de que \u00abse aportaron documentos en los que se demuestra que el administrador, sin justificaci\u00f3n legal, ejecut\u00f3 tomas de dinero para s\u00ed a t\u00edtulo de pr\u00e9stamo\u00bb. Experticia de la que, adem\u00e1s, \u00abpodr\u00eda deducirse eventualmente el valor actualizado de las sumas que se dicen apropiadas\u00bb. Bajo tales aristas, el ad quem concluy\u00f3 que la pretensi\u00f3n planteada era la de la acci\u00f3n social de responsabilidad, porque, en principio, \u00abpodr\u00edan darse por establecidos los presupuestos para declarar la responsabilidad social invocada en la demanda\u00bb, estos son, \u00abla calidad de administrador del demandado, la reclamaci\u00f3n de la sociedad afectada, la infracci\u00f3n de normas legales y estatutarias y un da\u00f1o econ\u00f3mico susceptible de cuantificaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, los pedimentos no se abren camino, en tanto que, \u00aben el expediente, no obra prueba de que la junta de socios aprob\u00f3 el ejercicio de la acci\u00f3n social de responsabilidad\u00bb; presupuesto indispensable para el ejercicio de la acci\u00f3n, de conformidad con el art\u00edculo 25 de la Ley 222 de 1995. En ese orden, indic\u00f3 que \u00aben el expediente no obra prueba del acta de reuni\u00f3n de la junta de socios en virtud de la cual se autorizara a su nuevo administrador para que, por esta v\u00eda, se reclamar\u00e1 los perjuicios alegados en la demanda. De modo que no se puede dar por cumplido ese presupuesto normativo que, de manera expresa, exige el legislador\u00bb. Autorizaci\u00f3n que, adem\u00e1s, no puede ser presumida ni se entiende otorgada t\u00e1citamente por el hecho de interponer la demanda. <\/p>\n
A su turno, emprendi\u00f3 el estudio de la \u00abprescripci\u00f3n\u00bb de la acci\u00f3n, se\u00f1alando que si el juez encuentra probada una excepci\u00f3n que conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda, debe abstenerse de examinar las restantes. Bajo ese derrotero, concluy\u00f3 que la \u00abprescripci\u00f3n\u00bb se consum\u00f3. Al respecto, record\u00f3 que \u00abseg\u00fan el art\u00edculo 235 de la ley 222 del 95, \u201clas acciones penales, civiles y administrativas derivadas del incumplimiento de las obligaciones o de la violaci\u00f3n a lo previsto en el libro segundo del c\u00f3digo de comercio, y en esta ley, prescriben en 5 a\u00f1os salvo que en \u00e9sta se haya se\u00f1alado expresamente otra cosa\u00bb. Y, como la parte impulsora adujo que el \u00faltimo pr\u00e9stamo que realiz\u00f3 el administrador convocado data del 31 de octubre del 2006, \u00abcabe concluir que para cuando se formul\u00f3 la demanda, o sea para el 19 de diciembre de 2012, ya hab\u00edan transcurrido m\u00e1s de los 5 a\u00f1os que prev\u00e9 el art\u00edculo en menci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
La demandante formul\u00f3 cuatro cargos. Dos de ellos por errores in iudicando y los restantes por yerros in procedendo. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Fundada en el art\u00edculo 336, numeral 3\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, la censora enrostra al fallo del Tribunal incongruencia objetiva y f\u00e1ctica. Seg\u00fan la recurrente, en el contexto de la controversia, lo planteado fue una acci\u00f3n de responsabilidad civil y no de responsabilidad social: \u00abel Tribunal, de su propia cosecha, se invent\u00f3 que la ejercida por la actora hab\u00eda sido la acci\u00f3n de responsabilidad social\u00bb. En esa l\u00ednea, adujo que, a pesar de tratarse de un fallo desestimatorio, s\u00ed es incongruente por la invenci\u00f3n de los supuestos f\u00e1cticos de la pretensi\u00f3n. La demandante insiste en que los hechos versan sobre la acci\u00f3n de responsabilidad civil extracontractual general. Sin embargo, el Tribunal se sumergi\u00f3 en una causa totalmente diferente. Pues \u00abrealmente no interpreto\u0301 la demanda y ni tuvo en cuenta la verdadera intenci\u00f3n de la actora, sino que sencillamente invent\u00f3, supuso[,] se imagin\u00f3, en primer lugar, que la propuesta era la acci\u00f3n de responsabilidad social regulada por aquellos textos legales, ignorando la acci\u00f3n de responsabilidad civil extracontractual expresamente nominada e identificada en el libelo\u00bb. Solicita, por lo tanto, casar la sentencia impugnada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El quebrantamiento de la regla de congruencia tiene dos variables. La incongruencia objetiva. Esto es, la sentencia resuelve puntos ajenos al litigio. O se deja de decidir sobre aspectos de la controversia. O se condena a m\u00e1s de lo pedido (extra, ultra o minima petita). Y la incongruencia f\u00e1ctica: el fallo se apoya en hechos imaginados5. En tal virtud, trat\u00e1ndose de la incongruencia objetiva, el embate debe concentrarse en establecer la identidad que debe existir entre las pretensiones, excepciones y el fallo. De tal suerte que se acoten los defectos y se supriman los excesos. A su turno, cuando la incongruencia f\u00e1ctica se presenta, producto de la invenci\u00f3n del fallador, los hechos se excluyen junto con los efectos jur\u00eddicos que se les atribuyeron6. <\/p>\n
2. Ahora bien, debe hacerse hincapi\u00e9 en que, si los reparos van dirigidos a censurar aspectos propios del resorte exclusivo del fallador, verbigracia, la calificaci\u00f3n de la acci\u00f3n procedente, el asunto no es de actividad sino de juzgamiento. Y es que, al respecto, esta Sala ha precisado que el ejercicio de calificaci\u00f3n del derecho aplicable a un caso en concreto no es un aspecto que puedan determinar las partes. Sino que tal proceder corresponde al juez en su tarea de administrar justicia, en aplicaci\u00f3n del principio iura novit curia. As\u00ed se ha afirmado en reciente jurisprudencia, seg\u00fan la cual \u00ab[c]omo la calificaci\u00f3n jur\u00eddica de la acci\u00f3n sustancial es realizada por el juez en un momento procesal posterior a la fijaci\u00f3n de los extremos y del objeto del litigio por las partes, una variaci\u00f3n en la identificaci\u00f3n del instituto jur\u00eddico que rige el caso no tiene que afectar la congruencia de la sentencia con lo pedido y con los hechos en que se fundan las pretensiones. La incongruencia de la sentencia no ocurre por variar la acci\u00f3n sustancial que rige el caso, sino por alterar los extremos o el objeto del litigio\u00bb (CSJ SC780-2020. Subrayado aparte). <\/p>\n
3.1. El Tribunal estim\u00f3 que la acci\u00f3n adecuada para tramitar la controversia era aquella social de responsabilidad. Tal planteamiento no fue producto de la inventiva o imaginaci\u00f3n del Colegiado. Esto es, el fallo se apoy\u00f3 en la calidad en que actuaron las partes y en los fundamentos de hecho y de derecho planteados en el libelo -as\u00ed como en las mismas pretensiones-. Al respecto, el ad quem explic\u00f3 que \u00ab(…) [t]ambi\u00e9n puede darse por establecido que, en ejercicio de esa calidad y contraviniendo la prohibici\u00f3n expresa del art\u00edculo 839 del C\u00f3digo de Comercio, aprob\u00f3 pr\u00e9stamos de dinero a su favor, sin obtener autorizaci\u00f3n previa en la junta de socios y sin que a la postre se advierta la devoluci\u00f3n de esas sumas a la sociedad\u00bb. Y adem\u00e1s, destac\u00f3 que el actor invoc\u00f3 \u00aben el escrito inaugural los art\u00edculos 196 y 200 del c\u00f3digo de comercio\u00bb. Preceptos que regulan los l\u00edmites del administrador en ejercicio de sus funciones y su responsabilidad. De ah\u00ed, obtuvo la calidad sustancial de las partes en el litigio -administrador y sociedad comercial-, y el cuestionamiento en el ejercicio de la representaci\u00f3n legal- pr\u00e9stamos, para s\u00ed mismo-. <\/p>\n
3.2. No obstante, se observa que la queja del censor se refiere a aspectos propios de la censura por errores de juzgamiento y no de procedimiento. Puesto que el reproche no se enfoca en exponer la incongruencia, sino en ensayar una interpretaci\u00f3n f\u00e1ctica distinta de aquella del Tribunal. As\u00ed mismo, el embate se circunscribe a criticar la \u00abadjetivaci\u00f3n jur\u00eddica\u00bb7 efectuada por el juez de segundo grado -a partir de los hechos y pretensiones expuestos en la demanda-. Sobre el particular, la Corte tiene dicho: \u00ab[l]a incongruencia a que alude la causal segunda, como lo dice el c\u00f3digo es entre las sentencias y las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes; no se la puede desplazar de all\u00ed, sin desfigurar su sentido y alcance, para llevarla al terreno en que opera el principio de que toda decisi\u00f3n judicial debe fundarse en los hechos conducentes de la demanda y la defensa que aparezcan completamente demostrados por los medios probatorios autorizados por la ley. Las consideraciones que en torno de esta cuesti\u00f3n puedan caber son atinentes a problemas de ilegalidad consecuencial de err\u00f3neo an\u00e1lisis de las pruebas aducidas al proceso para cuyo tratamiento y remedio est\u00e1 instituida la causal primera del art\u00edculo 520 del C.J.\u00bb (CSJ SC de 23 de junio de 1949) (resaltados para destacar). <\/p>\n
3.3. A su turno, tal como se acot\u00f3 en precedencia, la calificaci\u00f3n de la acci\u00f3n realizada por el juzgador es un aspecto propio del ejercicio de administrar justicia. En efecto, es al juez a quien corresponde subsumir los hechos en la acci\u00f3n correspondiente. Lo anterior, en aplicaci\u00f3n del principio iura novit curia. De ah\u00ed que no podr\u00eda incurrir en inconsonancia cuando ejerce su labor de subsunci\u00f3n, a partir de los hechos planteados por las partes. De tal suerte que es atribuci\u00f3n del fallador perfilar la acci\u00f3n que m\u00e1s se acompase al caso. Sobre el particular, esta Sala, desde antiguo, ha adoctrinado que \u00ab[l]a calificaci\u00f3n de las acciones y los textos se\u00f1alados como configuraci\u00f3n jur\u00eddica de aqu\u00e9llas no determinan una pauta inflexible en la tarea de juzgar. Lo que importa son los hechos. La calificaci\u00f3n de ellos puede tener importancia, pero necesariamente no la tiene. Los hechos generan las situaciones jur\u00eddicas y \u00e9stas las acciones de que se vale el hombre para lograr del Estado la tutela de sus derechos; pero las situaciones jur\u00eddicas se producen cualesquiera que sean los preceptos de la ley que se citan en la demanda y los nombres con que se denominen las acciones que se ejerzan y a\u00fan los hechos generadores\u00bb (CSJ SC de 30 de abril de 1955; tambi\u00e9n: CSJ SC de 31 de agosto de 1953). <\/p>\n
Esto es, sin que sea posible vacilar, la calificaci\u00f3n de la acci\u00f3n no depende del actor -frente a la denominaci\u00f3n que se le haya otorgado en la demanda-8. Por el contrario, la calificaci\u00f3n responde a aspectos objetivos -de subsunci\u00f3n jur\u00eddica-, a partir de los hechos que conforman la litis. De manera que el juez, en el caso en concreto, acudi\u00f3 a un ejercicio jur\u00eddico en que puntualiz\u00f3 la acci\u00f3n seg\u00fan la calidad de las partes y la forma en que fueron elevadas las peticiones9. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, el embate resulta infundado. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Con fundamento en el numeral 5 del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, la censora acus\u00f3 a la sentencia de estar viciada de nulidad. La pretensora se\u00f1al\u00f3 que el Tribunal incurri\u00f3 en la causal de invalidez prevista en el numeral 1 del canon 133 ejusdem. En s\u00edntesis, y fundada en el precepto 328, sostuvo que \u00abla competencia funcional del juez de segunda instancia se limita o se circunscribe a pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante\u00bb. Insisti\u00f3 en que el Colegiado, al decidir sobre la base de la acci\u00f3n social de responsabilidad, traspas\u00f3 la \u00f3rbita de su competencia, pues la acci\u00f3n que gobernar\u00eda el litigio ser\u00eda la de responsabilidad civil extracontractual. Apuntal\u00f3 que en la apelaci\u00f3n no se disput\u00f3 la elecci\u00f3n de la acci\u00f3n por el juez de primera instancia. De tal suerte que el Tribunal se pronunci\u00f3 sobre puntos que no son objeto de reparo. Finalmente, adujo que tal circunstancia hizo m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n del apelante \u00fanico: \u00abel Juez no pod\u00eda hacerle m\u00e1s desfavorable la situaci\u00f3n a la actora, como apelante \u00fanica\u00bb. Por lo tanto, solicit\u00f3 declarar la nulidad de la sentencia y dictar aquella de relevo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Esta Sala tiene sentado que \u00abla competencia funcional del juez de segunda instancia se limita o se circunscribe a pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante10\u00bb. La pretensi\u00f3n impugnaticia constituye un l\u00edmite para el fallador, por lo que la decisi\u00f3n ha de versar sobre los temas planteados en la alzada. Luego, el Tribunal s\u00ed es competente – puede resolver el recurso-, solamente que su determinaci\u00f3n se encuentra demarcada por el reparo concreto de la recurrente. De tal manera que los cuestionamientos orientados a mostrar la desatenci\u00f3n de la sentencia frente a los contornos fijados por el apelante se deben plantear por v\u00eda de la incongruencia. Lo que en \u00faltimas se censura no es la competencia de la Colegiatura ad quem sino el contenido de la sentencia11. Adem\u00e1s, los linderos fijados en la alzada no son factores de competencia12 para el conocimiento del pleito, sino par\u00e1metros para la resoluci\u00f3n del juicio civil. <\/p>\n
La alegaci\u00f3n planteada cuestiona la forma en que el Tribunal resolvi\u00f3 la alzada. No la competencia para fallar. Sobre el punto, la casacionista asever\u00f3 que \u00abal decidir que era la acci\u00f3n de responsabilidad social la ejercida, y no la acci\u00f3n de responsabilidad civil extracontractual claramente definida en la primera instancia, sin objeci\u00f3n de ninguna de las partes, el Tribunal traspaso\u0301 la \u00f3rbita propia de su competencia funcional, dando lugar a la configuraci\u00f3n de la causal de nulidad\u00bb. De ah\u00ed que el embate se refiera a la identidad jur\u00eddica entre la pretensi\u00f3n impugnaticia y la sentencia. Luego, ning\u00fan reparo se presenta frente a la idoneidad del ad quem para desatar la alzada. La controversia es sobre la manera en que fall\u00f3 el Colegiado ad quem. V\u00e9ase que s\u00f3lo es dable incurrir \u00aben nulidad por falta de competencia funcional cuando un juez de segunda instancia resuelve la apelaci\u00f3n formulada contra una sentencia dictada en un proceso de \u00fanica instancia; o cuando el fallador de segundo grado no es el que la ley procesal tiene previsto para tal funci\u00f3n; cuando un Tribunal resuelve una solicitud de exequ\u00e1tur; cuando un juez de circuito adelanta un proceso contra agente diplom\u00e1tico, entre otros casos\u00bb (CSJ SC14427-2016; criterio reiterado en CSJ SC5662-2021 y SC4174-2021). <\/p>\n
En consecuencia, en el sub examine, la nulidad denunciada no se configur\u00f3. El Tribunal ten\u00eda la competencia para resolver la alzada13, porque el asunto se plante\u00f3 como de primera instancia14 y el pronunciamiento impugnado lo profiri\u00f3 un juez del circuito del mismo distrito judicial15. Adem\u00e1s, la controversia no es de aquellas que tengan asignado un juez especial16. <\/p>\n
2. Sumado a lo anterior, en desarrollo del ataque se enarbola la causal 4\u00b0, -non reformatio in pejus-, lo que de entrada pone de relieve el defecto t\u00e9cnico de hibridismo de causales. <\/p>\n
3. Tambi\u00e9n se reprocha la falta de claridad y precisi\u00f3n. Era menester, \u00aba m\u00e1s de la condici\u00f3n de apelante \u00fanico, las precisas resoluciones que se adoptaron en la decisi\u00f3n de segunda instancia que confrontadas con las de primer grado tornen m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n del recurrente\u00bb (CSJ AC-5476-2018). No obstante, no hubo contraste de las resoluciones adoptadas en las instancias a efectos de mostrar notoriamente la incursi\u00f3n del perjuicio que sufri\u00f3 en calidad de apelante \u00fanico con la determinaci\u00f3n ahora rebatida. En adici\u00f3n, esta Corte ha precisado que \u00abel recurrente, como acusador que es de la sentencia, est\u00e1 obligado a proponer cada cargo en forma concreta, completa y exacta para que la Corte, situada dentro de los l\u00edmites que demarca la censura, pueda decidir el recurso sin tener que moverse oficiosamente a completar la acusaci\u00f3n planteada, por imped\u00edrselo el car\u00e1cter eminentemente dispositivo de la casaci\u00f3n (G.J. t. CXLVIII, p\u00e1g. 221) (CSJ, auto del 28 de septiembre de 2004)\u00bb (CSJ AC3769-2014). <\/p>\n
4. En una palabra, el cargo no prospera. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Denunci\u00f3 la violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 884, 885, 886 del C\u00f3digo de Comercio; 1613, 1614, 1615, 2341, 2532, 2535 del C\u00f3digo Civil; y 58 y 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, por falta de aplicaci\u00f3n. Y los art\u00edculos 25 y 235 de la Ley 222 de 1995 y el 200 del Estatuto Mercantil, por aplicaci\u00f3n indebida. Lo anterior, como consecuencia del error de hecho que cometi\u00f3 el Tribunal en la apreciaci\u00f3n de las pruebas y en la interpretaci\u00f3n de la demanda. En su desarrollo, la censora sostuvo que en la sentencia segundo grado se incurri\u00f3 en los siguientes yerros f\u00e1cticos: <\/p>\n
Critic\u00f3 la indebida interpretaci\u00f3n de la demanda. En tanto que la acci\u00f3n que se impetr\u00f3 fue la de responsabilidad civil extracontractual, prevista en el C\u00f3digo Civil. Explic\u00f3 que, seg\u00fan los hechos esgrimidos en el libelo inicial y las pretensiones, \u00abla acci\u00f3n en ella intentada por la actora no fue la acci\u00f3n que dijo encontrar el Tribunal\u00bb. Asimismo, destac\u00f3 que \u00abde la misma demanda (…) y de las pruebas oportuna y debidamente allegadas al proceso, analizadas objetivamente en su verdadero contenido, que el Tribunal dejo\u0301 de ponderar, se constata, sin ning\u00fan asomo de duda, que la acci\u00f3n intentada en dicha demanda por la actora fue, en cambio, una acci\u00f3n de responsabilidad civil extracontractual\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el ad quem desconoci\u00f3 los presupuestos axiol\u00f3gicos de la acci\u00f3n social de responsabilidad e impuso otros, \u00abdejando de ver, a la vez, la acci\u00f3n expl\u00edcitamente ejercida en esa demanda y la abierta intenci\u00f3n de la actora, como as\u00ed de igual modo lo demuestran las otras pruebas que el Tribunal omiti\u00f3 valorar\u00bb. Ello aun cuando el escrito inicial es claro, puesto que las pretensiones se circunscribieron a la declaratoria de responsabilidad civil general. Destac\u00f3 que, sobre el punto, solicit\u00f3 que se \u00ab[d]eclare que HERNANDO JOSE\u0301 VERGARA TA\u0301MARA, es responsable de los da\u00f1os causados a la sociedad HERNANDO VERGARA TA\u0301MARA & COMPAN\u0303I\u0301A LIMITADA, con ocasi\u00f3n de la apropiaci\u00f3n de sumas de dinero pertenecientes a la sociedad, bajo el rubro de pr\u00e9stamos al representante legal suplente- administrador, sin la aprobaci\u00f3n por parte de la junta de socios. Y \u00ab[c]omo consecuencia de la anterior declaraci\u00f3n le solicito se sirva condenar al demandado al resarcimiento de los perjuicios, a favor de la demandante, los cuales ascienden a la suma de mil cuarenta y nueve millones doscientos sesenta y nueve mil quinientos sesenta y nueve pesos con setenta centavos m.L ($1.049.269.569.70)\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que conforme a los art\u00edculos 200 del C\u00f3digo de Comercio y 25 de la Ley 222 de 1995, no era viable aplicar la acci\u00f3n social de responsabilidad. Esto, en tanto que la demandante no est\u00e1 solicitando la recomposici\u00f3n del patrimonio. Adem\u00e1s, \u00ablas pretensiones son \u00fanicamente contra una sola y \u00fanica persona, con relaci\u00f3n a la cual la declaraci\u00f3n pedida es bajo el rubro de pr\u00e9stamos al representante legal suplente administrador no contra los administradores en t\u00e9rminos plurales (…) noci\u00f3n plural exigida como presupuesto axiol\u00f3gico de la acci\u00f3n de responsabilidad social por el lado la legitimaci\u00f3n por pasiva que el tribunal con palmario error dijo deducir de la demanda del proceso de ella no asoma por ning\u00fan lado\u00bb. Insisti\u00f3 en que es presupuesto de la acci\u00f3n de responsabilidad social dirigirla contra una pluralidad de demandados. <\/p>\n
A su turno, reprob\u00f3 que el Tribunal hubiere alterado por completo la plataforma f\u00e1ctica del escrito: \u00ab[e]n realidad no interpret\u00f3 la demanda por cuanto la misma ni es vaga ni es imprecisa y mucho menos oscura y entonces por ese camino socapa de ejercer sus facultades termin\u00f3 recreando una acci\u00f3n judicial por completo ajena, no s\u00f3lo lo que a lo que ella con precisi\u00f3n meridiana expresa sino la verdadera intenci\u00f3n que la actora pudo al promover de acci\u00f3n judicial quien ella realmente ejerci\u00f3\u00bb. Sin embargo, critic\u00f3 que el razonamiento vertido en la sentencia hubiera descansado en un planteamiento insular de la demanda. En su sentir, la prevalencia que el Colegiado otorg\u00f3 al art\u00edculo 200 del C\u00f3digo de Comercio -como eje de interpretaci\u00f3n del libelo- fue equivocado: \u00ab[e]llo sucede con este hecho sexto, que no pasa de ser perif\u00e9rico, que, por lo mismo, de ninguna manera determina ni da para ensayar una interpretaci\u00f3n que l\u00f3gica y objetivamente conduzca a afirmar, por e\u0301l solo, que la propuesta fue la acci\u00f3n que con craso y evidente error al Tribunal se le ocurri\u00f3 deducir\u00bb. <\/p>\n
Reiter\u00f3 que, del objeto del litigio y de los alegatos de cierre, es meridiano concluir que se trataba de una acci\u00f3n de responsabilidad civil extracontractual. Las partes as\u00ed lo estimaron cuando fijaron el litigio. A su vez, el demandante, en sus alegatos, se ocup\u00f3 de demostrar la acreditaci\u00f3n de los presupuestos de la responsabilidad aquiliana. En consecuencia, el tribunal omiti\u00f3 la valoraci\u00f3n de los referidos actos procesales: \u00abindiscutible que la propuesta por la actora fue una acci\u00f3n de responsabilidad civil extracontractual, as\u00ed\u0301 se constata (i) de la demanda, (ii) de la intenci\u00f3n impl\u00edcita y explicita de la actora, (i) de la fijaci\u00f3n del litigio y (iv) de los alegatos de conclusi\u00f3n, (…) al interpretar la demanda, le puso a decir lo que ella, y el contexto general del proceso, ni por asomo posibilita\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, la censora plante\u00f3 inquietudes y ofreci\u00f3 su particular interpretaci\u00f3n de las disposiciones sustanciales. En efecto, se\u00f1al\u00f3 que \u00abno puede decirse que para solucionar controversias judiciales que se puedan presentar ante una sociedad y alguno de sus administradores, la \u00fanica acci\u00f3n sea la de responsabilidad social\u00bb. Y en lo que respecta a la Ley 222 de 1995, adujo que el ad quem no tuvo en cuenta que dicho cuerpo normativo \u00abdeja por fuera de su \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n el r\u00e9gimen de la responsabilidad civil extracontractual, el cual tiene origen en la comisi\u00f3n de los delitos y las culpas y que lo hace responsable individualmente, tal y como lo indica el art\u00edculo 2341 del C\u00f3digo Civil\u00bb. En suma, subray\u00f3 el error del sentenciador al haber aplicado una norma ajena a los hechos y pretensiones de la controversia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El cargo reprocha al Tribunal el haber incurrido en violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, como consecuencia de yerros f\u00e1cticos manifiestos en la apreciaci\u00f3n de la demanda y otras pruebas. En suma, el error de interpretaci\u00f3n del libelo denunciado consisti\u00f3 en que el ad quem entendi\u00f3 que la actora hab\u00eda propuesto la acci\u00f3n social de responsabilidad cuando lo planteado fue, en realidad, la acci\u00f3n de responsabilidad extracontractual17. En tal virtud, denot\u00f3 que la acci\u00f3n social de responsabilidad se compone de seis presupuestos, a saber: i) la legitimaci\u00f3n por activa la detentan, \u00abla sociedad, cualquiera de sus admiradores, el revisor fiscal, sus socios\u00bb; ii) por pasiva, \u00ablos administradores no el administrador individual o singularmente considerado sino un conjunto plural de ellos o sea cuando menos dos\u00bb. iii) objeto, \u00absancionar solidaria e ilimitadamente\u00bb; iv) la causa de la acci\u00f3n, que est\u00e1 circunscrita \u00abpor el \u00e1mbito de las tareas de los administradores\u00bb; v) \u00abes un recurso complementario\u00bb; y vi) su prop\u00f3sito es la restituci\u00f3n del patrimonio social. Destac\u00f3, adicionalmente, que \u00abno es presupuesto axiol\u00f3gico de la acci\u00f3n de responsabilidad social acreditar o aportar el acta en que la justa de socios hubiese determinado promover la acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. El ejercicio hermen\u00e9utico del fallador, al apreciar la demanda, est\u00e1 supeditado a que el texto se muestre oscuro. La opacidad habilita la interpretaci\u00f3n. Al respecto, esta Sala, en sentencia CSJ SC775-2021, asever\u00f3 que \u00ab[l]a demanda debe ser id\u00f3nea desde el punto de vista formal. Tiene que expresar, con precisi\u00f3n y claridad -entre otras cosas, aquello que se pretenda. De no venir as\u00ed presentada, al punto que sea arduo desentra\u00f1ar lo que verdaderamente se quiere, ser\u00e1 incapaz de propiciar la apertura del debate -resultando en su inadmisibilidad-. Lo anterior, de pasar inadvertido, activar\u00eda el deber hermen\u00e9utico del fallador a efectos de proferir sentencia de m\u00e9rito, seg\u00fan las pretensiones inferidas del escrito. En efecto, (…) ante situaciones en las cuales aparece que el libelo es obscuro o ambiguo, debe el juez interpretarla18\u00bb (\u00c9nfasis para destacar)19. <\/p>\n
3. No obstante, se avizora que la manera en que se present\u00f3 el cargo es cuestionable. <\/p>\n
3.1. La censora, en desarrollo del embate, planteado por violaci\u00f3n medio (causal n\u00fam. 2), hizo manifestaciones sobre la forma en que debieron interpretarse y aplicarse las normas sustanciales (causal n\u00fam. 1). Present\u00f3, de igual manera, una serie de reparos -por la v\u00eda indirecta- frente a la fijaci\u00f3n de litigio y a los alegatos de conclusi\u00f3n, sin ser estos medios de prueba. <\/p>\n
3.2. En efecto, incurri\u00f3 en hibridismo de motivos. La recurrente extraordinaria, con apoyo en la jurisprudencia de la Corte, expuso cu\u00e1l ha sido la interpretaci\u00f3n doctrinal del art\u00edculo 2341 del C\u00f3digo Civil y su incidencia en la acci\u00f3n de responsabilidad social20. Asimismo, refiri\u00f3 a la hermen\u00e9utica de las disposiciones 200 y 832 del C\u00f3digo de Comercio y del precepto 24 de la Ley 222 de 199521. De tal manera que le disput\u00f3 al tribunal el correcto entendimiento de las disposiciones normativas. Aspecto propio de la violaci\u00f3n directa. Sobre el punto, la pretensora sostuvo que: \u00abel Tribunal tambi\u00e9n se equivoca al aplicar el art\u00edculo 235 de la Ley 222 de 1995 para sostener que en \u00faltimas la acci\u00f3n de responsabilidad social que absurdamente afirmo\u0301 intentada se hallaba prescrita por cuanto desde el 31 de octubre de 2006, cuando hubo el \u00faltimo pr\u00e9stamo, al 19 de diciembre de 2012, cuando se present\u00f3\u0301 la demanda, pasaron m\u00e1s de los cinco a\u00f1os previstos por tal precepto para la prescripci\u00f3n esa acci\u00f3n\u00bb. A su turno, asever\u00f3 que el ad quem aplic\u00f3 indebidamente los art\u00edculos 25 de la Ley 222 de 1995 y 200 del Estatuto Mercantil puesto que en la demanda \u00abnada se pide con miras a recomponer, a reintegrar o a reconstituir el patrimonio de la sociedad. Por esta senda, remat\u00f3: \u00abcomo ya lo dije, que aparte de los presupuestos de la acci\u00f3n de responsabilidad social, que atr\u00e1s determin\u00e9 con base en la ley y en la jurisprudencia (…) la doctrina tampoco concibe ning\u00fan otro (…) las explicaciones jur\u00eddicas precedentes llevan a afirmar que el tribunal cometi\u00f3 el error f\u00e1ctico, manifiesto, y trascendente, en la interpretaci\u00f3n que hizo de la demanda\u00bb. <\/p>\n
En una palabra, cuando la v\u00eda invocada es la indirecta, por error de hecho, la argumentaci\u00f3n debe estar orientada a mostrar la pretermisi\u00f3n, suposici\u00f3n o cercenamiento del medio de convicci\u00f3n. Y si es por yerro de iure, mostrar cu\u00e1l norma probatoria desatendi\u00f3 el Tribunal. En consecuencia, la censura tambi\u00e9n estuvo dirigida a criticar la interpretaci\u00f3n dada a los preceptos normativos. Y, en particular, su aplicaci\u00f3n. Ahond\u00f3 a\u00fan m\u00e1s cuando sostuvo que \u00abfue completamente desatinada la apreciaci\u00f3n que el tribunal hizo los precedentes jurisprudenciales en que se apoy\u00f322\u00bb. De tal suerte que el hibridismo de causales es evidente. <\/p>\n
La pretensora se\u00f1ala que el juez de segundo grado omiti\u00f3 la estimaci\u00f3n de los alegatos de cierre y la fijaci\u00f3n del litigio. Para el efecto, asever\u00f3 que: \u00ab[e]l Tribunal tambi\u00e9n pretermiti\u00f3\u0301 valorar los alegatos de primera instancia de la actora, donde esta, a partir de que en la fijaci\u00f3n de litigio quedo\u0301 determinado que el debate probatorio se centrar\u00eda a establecer los presupuestos de la acci\u00f3n de responsabilidad civil extracontractual\u00bb. Sin embargo, los referidos actos procesales no son medios de prueba. En efecto, la fijaci\u00f3n del litigio tiene, entre sus prop\u00f3sitos, determinar los hechos que son admitidos por las partes, los cuales est\u00e1n exentos del debate probatorio. Y los aspectos f\u00e1cticos frente a los cuales existe controversia, lo que determina el tema a probar23. Por su parte, la operatividad de los alegatos de conclusi\u00f3n se circunscribe a mostrar c\u00f3mo los extremos del litigio asumen las cuestiones de derecho y hecho debatidas. Adicionalmente, brinda a los contendientes la oportunidad de exponer su particular entendimiento del contenido de los medios de convicci\u00f3n. Lo anterior, para se\u00f1alar que no se tratan propiamente de medios de prueba cuyo examen pueda ser enjuiciado por la v\u00eda indirecta. <\/p>\n
Adem\u00e1s, tal manera de encarar la censura revela el desenfoque de la acusaci\u00f3n, dado que los razonamientos de la sentencia giraron en torno al contenido de la demanda. En efecto, el juzgador no repar\u00f3 en consideraciones de otros actos del proceso para estimar que la acci\u00f3n impetrada correspond\u00eda a la social de responsabilidad, \u00abel Tribunal en ejercicio de sus facultades encuentra oportuno interpretar la demanda para otorgarle un sentido \u00fatil, lo que lleva a la conclusi\u00f3n de que, m\u00e1s all\u00e1 de la nominaci\u00f3n de la responsabilidad hecha por la parte demandante, su intenci\u00f3n fue la de plantear la acci\u00f3n social de responsabilidad contra el demandado, quien otrora fuera su administrador. Conclusi\u00f3n que se refuerza si se tiene en cuenta la invocaci\u00f3n que se hizo en el escrito inaugural de los art\u00edculos 196 y 200 del c\u00f3digo de comercio\u00bb. <\/p>\n
3.3. Aunado a lo expuesto, se evidencia que el cargo es incompleto. Y es que, m\u00e1s all\u00e1 de plantear su particular visi\u00f3n sobre la forma en que debi\u00f3 \u00abinterpretarse la demanda\u00bb, lo cierto es que omiti\u00f3 combatir los pilares sobre los que el Tribunal fundament\u00f3 la decisi\u00f3n de entender que la ejercida fue la acci\u00f3n de responsabilidad social. Esto es, que para el ad quem est\u00e1n probados los presupuestos \u00abpara declarar la responsabilidad social invocada en la demanda\u00bb, cuales son, \u00abla calidad de administrador del demandado, la reclamaci\u00f3n de la sociedad afectada, la infracci\u00f3n de normas legales y estatutarias y un da\u00f1o econ\u00f3mico susceptible de cuantificaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Por el contrario, la casacionista manifest\u00f3 expresamente que \u00aben este cargo NO combato las precedentes consideraciones de naturaleza f\u00e1ctica, que el Tribunal dedujo de lo que en este asunto encontr\u00f3 probado, pues al respecto la casacionista expresa estar de acuerdo con ellas\u00bb. Con lo cual, en suma, estuvo de acuerdo con uno de los argumentos centrales expuestos por el Tribunal para considerar que la acci\u00f3n impetrada fue la de responsabilidad social. <\/p>\n
Al respecto, mem\u00f3rese que \u00abla demanda de casaci\u00f3n debe desandar los pasos del tribunal para derruir todos y cada uno de los pilares que sirven de apoyo a su sentencia, porque en la medida en que sus argumentos basilares se mantengan inc\u00f3lumes, la presunci\u00f3n de legalidad y acierto que ampara la labor del ad quem deviene inquebrantable\u00bb (SC4901, 13 nov. 2019, rad. n.\u00ba 2007-00181-01). Dicho en otras palabras, la \u00abactividad impugnaticia tiene que estar dirigida a derruir la totalidad de [los] argumentos esenciales de la sentencia, pues si el labor\u00edo del acusador no los comprende a cabalidad, al margen de que el juzgador de instancia hubiere podido incurrir en las falencias denunciadas, su sentencia no podr\u00eda quebrarse en virtud del recurso extraordinario\u2026; el cargo\u2026 debe ser completo o, lo que es lo mismo, debe controvertir directamente la totalidad de los aut\u00e9nticos argumentos que respaldan la decisi\u00f3n combatida\u00bb (SC5674-2018; reitera AC, 19 dic. 2012, rad. n.\u00ba 2001-00038-01). <\/p>\n
4. Por estas razones, el cargo fracasa. <\/p>\n
CARGO CUARTO <\/p>\n
Con estribo en el segundo motivo de casaci\u00f3n, en este embate se acusa a la sentencia de violar directamente los art\u00edculos \u00ab200 del C. Co y 25 de la ley 222 de 1995, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, y falta de aplicaci\u00f3n\u00bb. En orden a fundamentarlo, adujo que no disputa la aplicaci\u00f3n de la acci\u00f3n social de responsabilidad para resolver el caso. El planteamiento est\u00e1 dirigido a mostrar que \u00abno es presupuesto axiol\u00f3gico de la acci\u00f3n de responsabilidad social de que tratan los art\u00edculos 200 del c\u00f3digo de comercio y 25 de la ley 222 de 1995 la prueba de que la junta de socios aprob\u00f3 el ejercicio de la acci\u00f3n social de responsabilidad contra el demandado, como con palmario error jur\u00eddico lo sostuvo el tribunal, de donde por lo mismo no era menester acreditar tal aspecto, infringiendo, recta v\u00eda, los indicados preceptos\u00bb. Indic\u00f3 que los presupuestos axiol\u00f3gicos de la acci\u00f3n de responsabilidad social son: i) la legitimaci\u00f3n por activa, que la detentan \u00abla sociedad, cualquiera de sus admiradores, el revisor fiscal, sus socios\u00bb ii) por pasiva, que corresponde a \u00ablos administradores no el administrador individual o singularmente considerado sino un conjunto plural de ellos o sea cuando menos dos\u00bb; iii) objeto, \u00absancionar solidaria e ilimitadamente\u00bb, iv) la causa de la acci\u00f3n, que est\u00e1 circunscrita \u00abpor el \u00e1mbito de las tareas de los administradores; v) \u00abes un recurso complementario\u00bb; y, vi) su prop\u00f3sito es la restituci\u00f3n del patrimonio social. En consecuencia, \u00abno es presupuesto axiol\u00f3gico de la acci\u00f3n de responsabilidad social acreditar o aportar el acta en que la junta de socios o la asamblea de accionistas hubiese determinado promover la acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, se\u00f1al\u00f3 la incursi\u00f3n en violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos \u00ab200, 884, 885, 886, del C.Co., 25 de la ley 222 de 1995, 1613, 1614, 1615, del c\u00f3digo civil, 13, 58, y 228 de la carta pol\u00edtica\u00bb. En tal virtud, sostiene que \u00ab[s]eg\u00fan las pruebas del proceso, a e\u0301l le fue aceptada la renuncia o renuncio\u0301 del cargo de gerente suplente; pero en ninguna parte del proceso hay prueba demostrativa de que e\u0301l haya renunciado o de que a e\u0301l alg\u00fan gerente o en alguna \u00e9poca la Junta de Socios de la actora lo haya retirado del se\u00f1alado cargo de \u00abcargo de administrador general\u00bb. Entonces, el haber establecido la \u00abprescripci\u00f3n\u00bb de la acci\u00f3n de responsabilidad sin tener en cuenta que el demandado era administrador, se edific\u00f3 el error de hecho. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Los administradores societarios, entre quienes se encuentran los representantes legales24, tienen un r\u00e9gimen espec\u00edfico de responsabilidad25. En efecto, el art\u00edculo 200 del C\u00f3digo Comercio, modificado por el 24 de la ley 222 de 1995, precisa la tem\u00e1tica. Por su parte, el precepto 23 indica los deberes a los que est\u00e1n compelidos. De manera que, cuando se desatienden las normas y las disposiciones estatutarias, los administradores se ven obligados a resarcir los perjuicios que sus acciones u omisiones hayan causado a la sociedad, a los socios y a los terceros. <\/p>\n
1.1. El administrador de una sociedad, en ejercicio de su cargo, queda vinculado al derecho societario. En efecto, sus actos y omisiones tienen una regulaci\u00f3n especial. De all\u00ed que la Ley 222 de 1995 haya consagrado un r\u00e9gimen de atribuciones, deberes, responsabilidades y sanciones. Sobre la materia esta Corte se\u00f1al\u00f3 lo que viene: <\/p>\n
1.2. A su turno, la Ley 222 de 1995 estableci\u00f3 la acci\u00f3n social de responsabilidad. En tal virtud, el ente societario puede entablarla contra el administrador por los da\u00f1os que le haya ocasionado en desarrollo de su oficio. La Sala ha dicho que: \u00ab[s]in duda, se trata de un r\u00e9gimen especial de responsabilidad civil cuyo prop\u00f3sito es brindarle a sus beneficiarios un mecanismo particular de reparaci\u00f3n frente a las actuaciones de los administradores que afecten ileg\u00edtimamente sus derechos, y que, por sus caracter\u00edsticas, no puede, ni debe confundirse con la estrictamente contractual -derivada de los conflictos que puedan presentarse entre los socios y la sociedad o de aquellos entre s\u00ed-, toda vez que dicha acci\u00f3n fue concebida como un instrumento adicional a \u00e9sta y porque la \u00fanica raz\u00f3n de ser de la primera es el mandato expreso del legislador -que se activa por el contrato social y la actuaci\u00f3n de los administradores-, lo que significa que su configuraci\u00f3n y su efectiva aplicaci\u00f3n, en ning\u00fan caso, depende de la mera voluntad expresada en el contrato social, al punto que, como ya se transcribi\u00f3, en el inciso final del art\u00edculo 200 del C\u00f3digo de Comercio se dispuso que \u2018[s]e tendr\u00e1n por no escritas las cl\u00e1usulas del contrato social que tiendan a absolver a los administradores de las responsabilidades antedichas o a limitarlas al importe de las cauciones que hayan prestado para ejercer sus cargos\u2019. En este orden de ideas, se debe destacar que las notas m\u00e1s significativas de la responsabilidad de que se trata y que, por lo tanto, permiten identificar su genuina naturaleza jur\u00eddica son las siguientes: se trata de un r\u00e9gimen particular de responsabilidad civil derivado del contrato social y de la actuaci\u00f3n de sus administradores; los sujetos que en ella participan est\u00e1n definidos en la ley, en tanto que los titulares de la correspondiente pretensi\u00f3n resarcitoria son solamente la sociedad, los socios y los terceros con inter\u00e9s leg\u00edtimo, mientras que los llamados a resistirla son quienes ostenten la calidad de administradores de la correspondiente persona jur\u00eddica, independientemente de que concurra en ellos la condici\u00f3n de socios; se deriva, exclusivamente, de los actos dolosos o culposos que \u00e9stos cometan en desarrollo de la administraci\u00f3n que ejerzan, es decir, que el factor de atribuci\u00f3n de la responsabilidad es de naturaleza subjetiva; en los supuestos de \u2018incumplimiento o extralimitaci\u00f3n de sus funciones, violaci\u00f3n de la ley o de los estatutos\u2019 y de que los administradores \u2018hayan propuesto o ejecutado la decisi\u00f3n sobre distribuci\u00f3n de utilidades en contravenci\u00f3n a lo prescrito en el art\u00edculo 151 del C\u00f3digo de Comercio y dem\u00e1s normas sobre la materia\u2019, se presume su culpabilidad; y, en virtud de dicho sistema, los administradores est\u00e1n llamados a responder en forma personal, aut\u00f3noma e ilimitada, esto es, con total independencia de la responsabilidad que como consecuencia de esos mismos actos pueda desprenderse para la sociedad, como persona jur\u00eddica independiente tanto de sus socios como de sus administradores\u00bb (CSJ SC de 26 de agosto de 2011, rad. 2002-00007; reiterado en CSJ SC2749-2021 y CSJ SC5509-2021). <\/p>\n
1.3. La norma se\u00f1ala que corresponde al m\u00e1ximo \u00f3rgano social aprobar la decisi\u00f3n de incoar la aludida acci\u00f3n. De tal suerte que es necesario que esa determinaci\u00f3n sea adoptada y quede debidamente acreditada. A su turno, el acuerdo de iniciar la acci\u00f3n social de responsabilidad tiene como consecuencia la destituci\u00f3n del administrador. En tal virtud, la remoci\u00f3n implica que el acta o acuerdo con la cual se aprob\u00f3 el ejercicio de la acci\u00f3n se inscriba. Luego, la exigencia de un medio de convicci\u00f3n que acredite la adopci\u00f3n de la decisi\u00f3n no se separa de la lectura de las disposiciones societarias27. <\/p>\n
2. En el caso, el Tribunal no se equivoca cuando advirti\u00f3 la necesidad de la prueba en donde conste la decisi\u00f3n del \u00f3rgano social. Al respecto, el ad quem se\u00f1al\u00f3 que \u00aben el expediente no obra prueba de que la junta de socios aprob\u00f3 el ejercicio de la acci\u00f3n social de responsabilidad contra el demandado conforme exige el art\u00edculo 25 de la ley 222 del 95\u00bb. De tal manera que el referido supuesto de hecho es se\u00f1alado por el art\u00edculo 25 de la referida Ley 222 al decir que: \u00abprevia decisi\u00f3n de la asamblea general o de la junta de socios\u00bb. Adem\u00e1s, el canon 189 del C\u00f3digo de Comercio indica que \u00ab[l]as decisiones de la junta de socios o de la asamblea se har\u00e1n constar en actas aprobadas por la misma, o por las personas que se designen en la reuni\u00f3n para tal efecto, y firmadas por el presidente y el secretario de la misma, en las cuales deber\u00e1 indicarse, adem\u00e1s, la forma en que hayan sido convocados los socios, los asistentes y los votos emitidos en cada caso (destacado propio)\u00bb. Y es que las actas aglutinan la memoria hist\u00f3rica de las decisiones adoptadas por el m\u00e1ximo \u00f3rgano social. De tal suerte que la interpretaci\u00f3n de las normas, realizada por el ad quem, no luce antojadiza. Reit\u00e9rese que la exigencia de prueba de la decisi\u00f3n sobre la acci\u00f3n social de responsabilidad descansa en las normas relacionadas. Recu\u00e9rdese que, como lo tiene dicho la jurisprudencia, \u00abcon ocasi\u00f3n de un fallo la ley solo puede quebrantarse por la V\u00cdA DIRECTA cuando el sentenciador entiende la ley equivocadamente, esto es, cuando le da a las normas una interpretaci\u00f3n contraria a sus t\u00e9rminos; cuando interpret\u00e1ndola rectamente, se la aplica sin embargo para regular un caso o hecho no previsto; o cuando se deja de aplicarla al caso previsto\u00bb28; hip\u00f3tesis que, en el caso, no se estructuran. <\/p>\n
3. Finalmente, en desarrollo del cargo, se plante\u00f3 la violaci\u00f3n indirecta. Incluso separando la acusaci\u00f3n, tal como lo autoriza el par\u00e1grafo segundo del art\u00edculo 344 CGP, el embate adolece de defectos t\u00e9cnicos. El embate luce desenfocado. V\u00e9ase que el Tribunal tom\u00f3, como hito para el c\u00f3mputo de la prescripci\u00f3n, la fecha del \u00faltimo pr\u00e9stamo celebrado por el administrador. Sobre el punto, sostuvo que \u00abcomo la parte demandante adujo que el \u00faltimo pr\u00e9stamo que realiz\u00f3 el administrador demandado data de 31 de octubre del 2006 cabe concluir que para cuando se formul\u00f3 la demanda, o sea para el 19 de diciembre de 2012, ya hab\u00edan transcurrido m\u00e1s de los 5 a\u00f1os que prev\u00e9 el art\u00edculo en menci\u00f3n\u00bb. Sin embargo, la pretensora, en desarrollo del ataque, adujo que el demandante, al ser administrador general, la prescripci\u00f3n no se hab\u00eda consumado. <\/p>\n
Al respecto esta Sala, desde antiguo, tiene decantado que \u00ab[n]o todo cargo en casaci\u00f3n puede recibirse, ni tiene eficacia legal, sino aquellos que atacan directamente los fundamentos de la sentencia. Los dem\u00e1s son inoperantes o ineficaces y se salen del recurso, el cual va encaminado a la revisi\u00f3n de la sentencia por los motivos en que \u00e9sta se funda\u00bb (CSJ SC de 9 de oct. de 1953). Luego, la censora no atac\u00f3 el argumento, a partir del cual estableci\u00f3 el hito de la prescripci\u00f3n del art\u00edculo 235 de la ley 222 de 199529. Sobre el particular se acentu\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se impone entender que de aceptarse la prosperidad de los reclamos de la parte demandante en esa instancia, el Tribunal se ver\u00eda abocado a analizar las excepciones propuestas por el demandado, as\u00ed sea que no se haya admitido la apelaci\u00f3n que este formul\u00f3 contra la sentencia de primera instancia. Y en ese escenario, debe recordarse que seg\u00fan el art\u00edculo 235 de la ley 222 del 95, \u201clas acciones penales, civiles y administrativas derivadas del incumplimiento de las obligaciones o de la violaci\u00f3n a lo previsto en el libro segundo del c\u00f3digo de comercio, y en esta ley, prescriben en 5 a\u00f1os salvo que en \u00e9sta se haya se\u00f1alado expresamente otra cosa\u201d (\u2026). As\u00ed las cosas, como la parte demandante adujo que el \u00faltimo pr\u00e9stamo que realiz\u00f3 el administrador demandado data de 31 de octubre del 2006 cabe concluir que para cuando se formul\u00f3 la demanda, o sea para el 19 de diciembre de 2012, ya hab\u00edan transcurrido m\u00e1s de los 5 a\u00f1os que prev\u00e9 el art\u00edculo en menci\u00f3n. De donde se sigue que si tuviera que estudiarse esa excepci\u00f3n, tendr\u00eda que concluirse que efectivamente la acci\u00f3n estar\u00eda prescrita\u00bb. <\/p>\n
De tal manera, para el Colegiado, los pr\u00e9stamos para s\u00ed mismo constituyeron la desatenci\u00f3n de los deberes del administrador30. Esto es, a partir de la \u00faltima de esas operaciones, ces\u00f3 el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la calidad de administrador -de suerte que el c\u00f3mputo de prescripci\u00f3n inici\u00f3 en ese momento-. Sin embargo, tales argumentos no fueron atacados por la censora. Por el contrario, el embate estrib\u00f3 en plantear, a manera de alegaci\u00f3n de cierre, que el lapso inicia solamente cuando se deja de ser administrador. Sobre el punto: \u00ab[c]omo \u00e9l a la fecha en la cual fue presentada la demanda del proceso segu\u00eda siendo el administrador general de la sociedad demandante, a e\u0301l a esa fecha no le hab\u00eda empezado a correr el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n en cuesti\u00f3n\u00bb. Pero nada dijo sobre la \u00faltima operaci\u00f3n de pr\u00e9stamo. Porque a partir de ese momento el fallador de segundo grado contabiliz\u00f3 el t\u00e9rmino fatal. <\/p>\n
4. En una palabra, el cargo no prospera. En aplicaci\u00f3n del inciso final del art\u00edculo 349 del C\u00f3digo General del Proceso, se impondr\u00e1 condena en costas en contra de la recurrente y en favor de la parte demandada. Las agencias en derecho se tasar\u00e1n, por el magistrado ponente, seg\u00fan el numeral 3\u00b0 \u00eddem y para su cuantificaci\u00f3n se tendr\u00e1n en cuenta las tarifas establecidas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. NO CASAR la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 30 de mayo de 2018, en el proceso de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Se condena en costas al extremo recurrente en casaci\u00f3n. Incl\u00fayase en la liquidaci\u00f3n la suma de $10.000.000, por concepto de agencias en derecho en favor del opositor, que fija el magistrado ponente. <\/p>\n
TERCERO. ORDENAR que, en oportunidad, se remita el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 P\u00e1gina 11 del archivo \u00abCuadernoPrincipalOrdinario\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 P\u00e1ginas 3-13 del archivo \u00abCuadernoPrincipalOrdinario\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 P\u00e1ginas 52-55 del archivo \u00abCuadernoPrincipalOrdinario\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 P\u00e1gina 110 del archivo \u00abCuadernoPrincipalOrdinario\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Cfr. Sentencia 065 de 25 de abril de 2005, expediente 014115; reiterada en fallo de 17 de junio de 2011, expediente 00591. Tambi\u00e9n: CSJ SC4116-2021. <\/p>\n
6\u0002 CSJ AC003-2018. <\/p>\n
7\u0002 Ejusdem. <\/p>\n
8\u0002 As\u00ed como tampoco es procedente acudir a consideraciones al servicio del pretensor, en aplicaci\u00f3n de una pretendida favorabilidad que se predique respecto de una acci\u00f3n sobre otra. <\/p>\n
9\u0002 Esto es, como regla general, \u00abla Corte de Casaci\u00f3n ha de atenerse al juicio del Tribunal, salvo que sea evidentemente err\u00f3neo o que implique una clara violaci\u00f3n de las pruebas.\u00bb CSJ. Sentencia del 22 de junio de 1909. T. XXV, p. 38. Desde antiguo se han recibido voces como \u00abDa mihi factum, dabo tibi jus\u00bb e \u00abJura novit curia\u00bb -ya referenciado en estas l\u00edneas-. As\u00ed, por ejemplo, en el \u00e1mbito contractual se ha aclarado que \u00abel contrato, a los ojos de la ley y del juez, no es ni puede ser otro que el resulte de los hechos, aunque los interesados quieran investirlo de una cualidad que no tiene\u00bb. CSJ. Sentencia del 9 de abril de 1927. T. XXXIII, p. 199. <\/p>\n
10\u0002 CSJ, SC 088-2023. <\/p>\n
11\u0002 En el punto, esta Corporaci\u00f3n tiene sentado que \u201c[P]ronunciarse sobre puntos o extremos del litigio que no fueron materia de la apelaci\u00f3n -ni est\u00e1n \u00edntimamente conectados con ella- no es un problema de competencia funcional del juez ad quem sino un asunto que ata\u00f1e al derecho sustancial que tiene el recurrente para que la resoluci\u00f3n de su impugnaci\u00f3n no toque puntos que no quiso llevar al debate de la segunda instancia. De ah\u00ed que cuando se pretenda atacar la sentencia de segunda instancia susceptible de recurso de casaci\u00f3n por violaci\u00f3n al principio de la no reformatio in pejus, tal acusaci\u00f3n deber\u00e1 plantearse en el \u00e1mbito de la causal cuarta del art\u00edculo 368 de la ley adjetiva; en tanto que si el fundamento de la acusaci\u00f3n obedece a una desviaci\u00f3n del tema que fue objeto de la pretensi\u00f3n deducida en la sustentaci\u00f3n del recurso, el ataque deber\u00e1 dirigirse por la senda de la causal segunda de casaci\u00f3n, por vicio de incongruencia entre lo pedido por el impugnante y lo resuelto por el ad quem\u2026\u201d. Y se agreg\u00f3 que: \u201c[P]ara el ataque de ambos tipos de errores en la sentencia de segunda instancia, la ley procesal tiene reservado el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, toda vez que ata\u00f1en al fondo de la decisi\u00f3n, sin que tengan relaci\u00f3n con las nulidades procesales. De ah\u00ed que ninguna de esas figuras est\u00e1 enlistada como motivo de nulidad en el art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil.\u201d (SC14427, 10 oct. 2016, rad. n.\u00b0 2013-02839-00), reiterado en (SC de 1 nov. 2013, rad. 1999-00355-01, SC de 12 dic. 2007, rad. 1982-24646-01 y SC4415, 13 abr. 2016, rad. 2012-02126-00. Y recientemente en SC4174-2021, 13 oct. 2021, rad. 2013-11138-01). <\/p>\n
12\u0002 Al respecto: \u00abseg\u00fan lo tiene definido la doctrina, la competencia es \u00abel conjunto de las causas en que, con arreglo a la ley, puede un juez ejercer su jurisdicci\u00f3n, y la facultad de ejercerla dentro de los l\u00edmites en que le est\u00e9 atribuida\u00bb\u0002; y se determina conforme a los conocidos fueros por materia (ratione materia) y cuant\u00eda (lex rubria) del proceso (factor objetivo), la calidad de las partes (ratione personae, factor subjetivo), naturaleza de la funci\u00f3n (factor funcional), conexidad, econom\u00eda o unicidad procesal (fuero de atracci\u00f3n) y lugar (factor territorial), que puede ser personal, real y contractual. El primero atiende al lugar del domicilio o residencia de las partes, el segundo consulta el lugar de ubicaci\u00f3n de los bienes o del suceso de los hechos, y el \u00faltimo tiene en cuenta el lugar de cumplimiento del contrato\u00bb SC16426 del 27 de noviembre de 2015. <\/p>\n
13\u0002 \u00abLos tribunales superiores de distrito judicial conocen, en sala civil: 1. De la segunda instancia de los procesos que conocen en primera los jueces civiles de circuito. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
14\u0002\u00abAunque com\u00fanmente se le suele llamar competencia por raz\u00f3n del grado, es m\u00e1s apropiado denominarla por raz\u00f3n de la funci\u00f3n, porque la ley la establece atendiendo la labor especial que desempe\u00f1a el \u00f3rgano judicial al administrar justicia y no \u00fanicamente por las distintas instancias en que el juicio se encuentre (…)\u00bb CSJ 4415 del 13 de abril de 2016. <\/p>\n
15\u0002 En concreto, el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cartagena. <\/p>\n
16\u0002 Por ejemplo, aquellos asignados a la Corte Suprema de Justicia en los numerales 4, 5 y 6 del art\u00edculo 30 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
17\u0002 En efecto, \u00ab[l]a menci\u00f3n que la demanda hace del accionado como gerente suplente de la sociedad actora y de los art\u00edculos 196 y 200 del c\u00f3digo de comercio, lo verdaderamente cierto es que en ella la actora no propuso ni propone acci\u00f3n de responsabilidad social alguna. De donde el tribunal cometi\u00f3 el yerro f\u00e1ctico, manifiesto y trascendente, cuando, para negar las pretensiones, malinterpret\u00f3 de esa pieza inicial, que s\u00ed lo era, desconociendo con craso error, que la propuesta era y es, [c]laro est\u00e1, una acci\u00f3n de responsabilidad civil extracontractual\u00bb. <\/p>\n
18\u0002 Cfr. CSJ, SC del 20 de agosto de 1987, GJ. CLXXXVIII P.139; SC del 15 de noviembre de 1936, GJ. XLIV, 527; y m\u00e1s recientemente: STC14160-2019 y SC del 06 de mayo del 2009, exp. 00083. <\/p>\n
19\u0002 V\u00e9ase, tambi\u00e9n: CSJ SC de 30 de abril de 1976; 28 de sept. de 1977; 30 de junio de 1980; 23 de abril de 1987; y 18 de marzo de 1990; entre otras. <\/p>\n
20\u0002 Fol. 28, cdno. Corte. <\/p>\n
22\u0002 P\u00e1g 45-46, cdno. Corte. <\/p>\n
23\u0002 Cfr. CSJ SC780-2020. <\/p>\n
24\u0002 Arts. 22 y ss. L. 222 de 1995. <\/p>\n
25\u0002 Arts. 24 y 25 de la L. 222 de 1995. <\/p>\n
26\u0002 CSJ SC de 26 de agosto de 2011, rad. 2002-0007-01. <\/p>\n
27\u0002 V\u00e9ase que el art\u00edculo 163 del C\u00f3digo de Comercio as\u00ed lo considera. <\/p>\n
28\u0002 CSJ SC del 23 de noviembre de 1956. <\/p>\n
29\u0002 Resulta importante destacar en este aparte que la referencia efectuada por el Tribunal al \u00abt\u00e9rmino de prescripci\u00f3n\u00bb de que trata el art\u00edculo 235 de la Ley 222 de 1995 no es imprecisa o desacertada. Esta Sala as\u00ed lo ha reconocido. Obs\u00e9rvese que en SC1297-2022, al estudiar la mentada disposici\u00f3n, la Corte tuvo claro que \u00ab[p]or tanto, siendo esa una norma especial que consagra una prescripci\u00f3n de corto plazo, su aplicaci\u00f3n est\u00e1 restringida a las espec\u00edficas controversias que encajen dentro del marco jur\u00eddico para el que fue concebida por el legislador\u00bb. Providencia en la que tambi\u00e9n se aludi\u00f3 a la SC 6 ago. 2010, exp. 2002-00189-01. A su turno, ya en STC11048-2017, se sostuvo que \u00ab[o]bs\u00e9rvese que el precepto legal en comento en su texto habla de prescripci\u00f3n, y a ello deb\u00eda atenerse primero el ente de vigilancia y control convocado\u00bb. <\/p>\n
30\u0002 Numeral 2. Art\u00edculo 225. \u00abVelar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias\u00bb. <\/p>\n
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SC312-2023 (2012-00337-01) FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente SC312-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-31-03-004-2012-00337-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de junio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). La Corte decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la sociedad demandante, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75220","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75220","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75220"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75220\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75220"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75220"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75220"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}