STC7472-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7472-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-02790-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dos de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que formul\u00f3 Olga In\u00e9s Gil Arbel\u00e1ez contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia y el Juzgado 2\u00b0 Civil del Circuito de Rionegro, extensiva a las autoridades partes e intervinientes en el proceso ejecutivo No. 2019-0257-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La accionante pretende que se dejen sin valor y efecto las providencias, de primera y segunda instancia, por medio de las cuales se neg\u00f3 una solicitud de nulidad. <\/p>\n
Como soporte de su pedimento adujo que Itau Corpbanca Colombia S.A. inici\u00f3 en su contra el proceso ejecutivo en comento. El asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado 2\u00ba Civil del Circuito de Rionegro. Precis\u00f3 que ante dicha autoridad present\u00f3 solicitud de nulidad, toda vez que la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico que fue reportada en la demanda como suya (olgagilar@gmail.com), no coincide con el verdadero correo electr\u00f3nico que maneja (olgagilarb@gmail.com). El Juzgado neg\u00f3 su pedimento (20 enero 2023) y aunque promovi\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, el Tribunal confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n (2 mayo 2023). <\/p>\n
A juicio de la actora, la parte demandante no cumpli\u00f3 con su deber de informar c\u00f3mo obtuvo la direcci\u00f3n de notificaciones; adem\u00e1s, desconoci\u00f3 el deber que tienen las entidades financieras de guardar reserva de la informaci\u00f3n suministrada por el consumidor financiero (art\u00edculo 7\u00ba ley 1328 de 2009). Se\u00f1al\u00f3 que el Tribunal hizo alusi\u00f3n a su deber de actualizar su informaci\u00f3n, pero estima que dicha carga no puede impon\u00e9rsele, cuando fue su apoderada quien suministr\u00f3 datos errados. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado 2\u00ba Civil del Circuito de Rionegro remiti\u00f3 el enlace de acceso al expediente. El Tribunal convocado hizo un recuento de las actuaciones realizadas en el proceso mencionado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El amparo solicitado ser\u00e1 negado, habida cuenta que la decisi\u00f3n objeto de censura es razonable. <\/p>\n
Del estudio de la providencia cuestionada advierte la Sala que el Tribunal, para ratificar la decisi\u00f3n que neg\u00f3 la nulidad alegada, se\u00f1al\u00f3 que la direcci\u00f3n electr\u00f3nica en la que fue notificada la aqu\u00ed actora, fue aportada por ella misma ante el banco ejecutante; adem\u00e1s, destac\u00f3 su deber como consumidora financiera de suministrar informaci\u00f3n fidedigna a las entidades que integran el sistema. Sobre el particular se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
Adicionalmente, al adoptarse como legislaci\u00f3n permanente el contenido del Decreto 806 de 2020, la Ley 2213 de 2022 acogi\u00f3 en su art\u00edculo 8\u00b0 los condicionamientos de exequibilidad introducidos por la Corte Constitucional en sentencia C-420 de 2020, se\u00f1alando que \u201cLa notificaci\u00f3n personal se entender\u00e1 realizada una vez transcurridos dos d\u00edas h\u00e1biles siguientes al env\u00edo del mensaje y los t\u00e9rminos empezar\u00e1n a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje\u201d. (\u2026) <\/p>\n
5. Ahora bien, en el primero de los disensos se cuestiona que sea la propia precursora del cobro, quien acredite, mediante una base de datos de su dominio, la idoneidad del canal digital usado para el enteramiento atacado, y que aun as\u00ed se desligue de la responsabilidad de gestionar la indexaci\u00f3n de dicho registro. Reparo que es necesario abordar, trayendo a colaci\u00f3n el par\u00e1grafo 2\u00b0 del art\u00edculo 6 de la Ley 1328 de 2009, para destacar que por consagraci\u00f3n legislativa expresa, es deber del consumidor financiero \u201csuministrar informaci\u00f3n cierta, suficiente y oportuna a las entidades vigiladas y a las autoridades competentes en los eventos en que estas lo soliciten para el debido cumplimiento de sus deberes y de actualizar los datos que as\u00ed lo requieran\u201d. <\/p>\n
Disposici\u00f3n que pone de relieve dos realidades, en primer lugar, que la informaci\u00f3n que condujo a la comunicaci\u00f3n motivo de discordia, exhibe un respaldo legal que hace presumir la veracidad de su origen, y desvirt\u00faa cualquier confusi\u00f3n referente al responsable de actualizarla (\u2026) <\/p>\n
Aunado a lo anterior, la magistratura tambi\u00e9n precis\u00f3 que la solicitante no prob\u00f3 que el buz\u00f3n electr\u00f3nico al que fue enviada la notificaci\u00f3n no le perteneciera, por el contrario, la parte ejecutante s\u00ed acredit\u00f3 que hubo acuse de recibo de la misiva que le envi\u00f3 a ese correo. En concreto se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
(..) le correspond\u00eda a la opugnante acreditar de modo conducente e inequ\u00edvoco, que no es titular del buz\u00f3n electr\u00f3nico que se\u00f1ala como errado, la inexistencia de \u00e9ste, o que no fue por aportado por ella en su rol de consumidora de financiera, inclusive, que sus ruegos para actualizarlo, fueron desechados. <\/p>\n
En ese orden, se avizora que la labor demostrativa de la accionada, tom\u00f3 un sendero diferente, a trav\u00e9s del que se enfoc\u00f3 en demostrar que su direcci\u00f3n electr\u00f3nica desde hace varios a\u00f1os es, olgagilarb@gmail, buz\u00f3n en el que incluso, evidenci\u00f3, le han sido remitidos anuncios comerciales por parte de Corpbanca. Sin embargo, tal emprendimiento resulta infructuoso, porque realizar una valoraci\u00f3n en este estricto sentido, no descarta la coexistencia de los canales digitales comprometidos en la discusi\u00f3n, y la premisa legal que respalda la g\u00e9nesis de los registros financieros, hacia los que se itera, debi\u00f3 encaminarse la labor probatoria. <\/p>\n
Lo anterior cobra mayor preponderancia, si se tiene en cuenta que la trazabilidad expedida por la empresa de mensajer\u00eda que realiz\u00f3 el enteramiento en cuesti\u00f3n, certific\u00f3 que en la cuenta electr\u00f3nica (olgagilar@gmail), se acus\u00f3 el recibido. De ah\u00ed que resultara desacertado que la incidentalista se concentrara en dilucidar que de vieja data utilizaba otro buz\u00f3n, lo cual, aun cuando fuere cierto, hasta el punto de haber permitido contactos para fines publicitarios, no descarta la multiplicidad de cuentas digitales ni el cumplimiento de la notificaci\u00f3n surtida. <\/p>\n
Bajo estos derroteros puede afirmarse que la autoridad judicial atendi\u00f3 las reglas que rigen la notificaci\u00f3n electr\u00f3nica, lo que le permiti\u00f3 admitir que el enteramiento efectuado a la ejecutada se realizara a la direcci\u00f3n de correo que ella misma report\u00f3 ante el banco demandante, sin que la interesada lograra demostrar que ese buz\u00f3n ya no era de su dominio. De manera que se concluye que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (STC10939-2021). <\/p>\n
De otro lado, aunque la promotora del amparo aludi\u00f3 a que el banco incumpli\u00f3 su deber de reserva de la informaci\u00f3n contenido en el art\u00edculo 7\u00ba de la ley 1328 de 2009, es preciso se\u00f1alar que dicha norma literalmente establece que es deber de las entidades vigiladas, entre otros, \u00ab[g]uardar la reserva de la informaci\u00f3n suministrada por el consumidor financiero y que tenga car\u00e1cter de reservada en los t\u00e9rminos establecidos en las normas correspondientes, sin perjuicio de su suministro a las autoridades competentes\u00bb (se destaca). Bajo ese marco, como la informaci\u00f3n de notificaci\u00f3n era requerida por la autoridad judicial para garantizar el derecho de defensa de la aqu\u00ed actora, no se evidencia incumplimiento del mencionado deber y, por consiguiente, tampoco alguna lesi\u00f3n del derecho de habeas data de la promotora del amparo. <\/p>\n
En consecuencia, se desestimar\u00e1 el resguardo reclamado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela instada. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZAL\u00c9Z NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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