STC7482-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7482-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 05000-22-13-000-2023-00103-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dos de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 15 de junio de 2023 dictado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en la tutela promovida por Jos\u00e9 Gabriel Garc\u00eda Ospina contra los Juzgados Promiscuo Municipal de Anz\u00e1 y Promiscuo de Familia de Santa Fe de Antioquia, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en la sucesi\u00f3n con radicado n\u00b0 050444089001-2019-00038-00. <\/p>\n
1.- El accionante pidi\u00f3 que se deje sin efectos los autos que declararon no probada su recusaci\u00f3n, le impusieron multa y compulsaron copias a su apoderado judicial (3 nov., 7 dic. 2022 y 17 feb. 2023). <\/p>\n
En sustento, adujo ser interviniente en la sucesi\u00f3n cuestionada en la que elev\u00f3 recusaci\u00f3n contra del juzgador municipal accionado quien la desestim\u00f3 mediante prove\u00eddo de 3 de noviembre pasado; en esa misma decisi\u00f3n se impuso \u00abmulta de diez (10) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes al recusante\u00bb y a su apoderado judicial; a este \u00faltimo le compuls\u00f3 copias disciplinarias. Relat\u00f3 que esa autoridad despach\u00f3 desfavorablemente la reposici\u00f3n interpuesta (7 dic. 2022) y que el juzgado de segundo grado confirm\u00f3 esa determinaci\u00f3n (17 feb. 2023). <\/p>\n
De esas determinaciones deriv\u00f3 la lesi\u00f3n a sus derechos fundamentales y los de su apoderado judicial tras considerar que las sanciones fueron impuestas sin darle la oportunidad de exponer sus \u00abdescargos\u00bb. <\/p>\n
2.- Los juzgados accionados remitieron el link del expediente, hicieron un relato de las actuaciones a su cargo y defendieron la respectiva legalidad. Informaron que la sanci\u00f3n contra el apoderado del censor fue revocada en virtud de una acci\u00f3n de tutela por \u00e9l instaurada, sin embargo, se mantuvo frente al hoy accionante debido a que no otorg\u00f3 poder especial para ese resguardo; de all\u00ed que ahora acuda en nombre propio a cuestionar esas providencias. <\/p>\n
3.- La primera instancia concedi\u00f3 el amparo para que el juzgado municipal otorgara un \u00abt\u00e9rmino al accionante para rendir sus descargos\u00bb y resolviera nuevamente si hab\u00eda lugar a la sanci\u00f3n, conforme a las pruebas obrantes en el expediente. <\/p>\n
4.- Manuel Ariel Mart\u00ednez Caballero -secretario del juzgado municipal encartado- impugn\u00f3 sin exponer reproche concreto. Aunque anunci\u00f3 su sustentaci\u00f3n ante esta instancia, a la fecha de elaboraci\u00f3n de esta providencia no se recibieron manifestaciones adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La concesi\u00f3n del auxilio ser\u00e1 confirmada porque los juzgados accionados omitieron garantizar derecho de defensa y contradicci\u00f3n al censor y, por esa v\u00eda, dejaron de motivar sobre los presupuestos axiol\u00f3gicos de la sanci\u00f3n impuesta. <\/p>\n
2. Ciertamente, el art\u00edculo 147 del C\u00f3digo General del Proceso consagr\u00f3 una sanci\u00f3n para el recusante y su apoderado judicial en aquellos casos en los que la recusaci\u00f3n \u00abse declare no probada y se disponga que hubo temeridad o mala fe en su proposici\u00f3n\u00bb. Consecuencia que obedece a la necesidad de garantizar que las partes y sus mandatarios honren el deber de actuar con lealtad procesal y buena fe, as\u00ed como de reprobar la interposici\u00f3n infundada de ese tipo de herramientas procedimentales. <\/p>\n
En tal sentido, de la simple lectura gramatical de ese canon resulta evidente que para la procedencia de las sanciones all\u00ed estipuladas se requiere no solamente la desestimaci\u00f3n de la recusaci\u00f3n, sino la acreditaci\u00f3n de un actuar temerario o malintencionado de quien la propone. <\/p>\n
Ahora, si bien es cierto que el estatuto procesal civil no consagr\u00f3 de manera expresa que el juez tuviera la tarea de otorgar al proponente y a su apoderado judicial un t\u00e9rmino para exponer sus eventuales \u00abdescargos\u00bb en ese tipo de tr\u00e1mites, tambi\u00e9n lo es que la imposici\u00f3n de una sanci\u00f3n de tal naturaleza se encuentra supeditada al respeto del debido proceso que asiste a las partes y, por tanto, impone la garant\u00eda de las prerrogativas de defensa y contradicci\u00f3n. <\/p>\n
No en vano, dicho raciocinio ha sido reconocido tambi\u00e9n por la hom\u00f3loga Constitucional, quien al respecto ha predicado que \u00ab[l]a imposici\u00f3n de la multa debe en todo caso estar antecedida de una actuaci\u00f3n que cumpla con los ingredientes m\u00ednimos del debido proceso (publicidad, contradicci\u00f3n y defensa)\u00bb. (Sentencia C-203 de 2011, reiterada en Auto 601 de 2021). <\/p>\n
En ese orden, la oportunidad para que los proponentes de la recusaci\u00f3n puedan exponer sus argumentos previa imposici\u00f3n de dicha sanci\u00f3n, asegura la salvaguarda de su derecho de defensa y contradicci\u00f3n como elementos neur\u00e1lgicos de su debido proceso en ese tipo de actuaciones jurisdiccionales. <\/p>\n
No se pierda de vista que la norma supedita la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n a dos supuestos f\u00e1cticos espec\u00edficos, de un lado, la desestimaci\u00f3n de la recusaci\u00f3n, y de otro, la acreditaci\u00f3n de un actuar temerario o de mala fe; de all\u00ed que, respecto del segundo presupuesto, devenga indispensable que al juzgador no le asista duda de la comisi\u00f3n de dichas conductas, para lo cual no resulta suficiente su simple arbitrio judicial, sino que requiere de soporte probatorio que fundamente su determinaci\u00f3n. Sobre la concurrencia de estos elementos ha compartido el \u00f3rgano de cierre constitucional que: <\/p>\n
\u00abEn el caso espec\u00edfico previsto por el art\u00edculo 147 del CGP, la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n supone que la recusaci\u00f3n \u201cse declare no probada y se disponga que hubo temeridad o mala fe en su proposici\u00f3n\u201d. En tal sentido, el ejercicio de los poderes correccionales (\u2026) requiere que se verifique la concurrencia de cada uno de estos elementos. Dado que el primero de ellos es la condici\u00f3n inicial que lleva a indagar sobre la ocurrencia del segundo, el tr\u00e1mite sancionatorio no se podr\u00e1 adelantar si la recusaci\u00f3n resultase probada. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Una vez la recusaci\u00f3n es declarada improcedente y, con ello, el efecto equivalente a no probada, la aplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n prevista por el CGP depender\u00e1 esencialmente de que el juez considere acreditado el segundo elemento del supuesto de hecho previsto por el art\u00edculo 147 del CGP, esto es, la mala fe o la temeridad en la presentaci\u00f3n de la recusaci\u00f3n respectiva\u00bb <\/p>\n
Finalmente, sobre la acreditaci\u00f3n de tales supuestos esa misma Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00abse entiende que hubo temeridad o mala fe cuando el solicitante no promueve la recusaci\u00f3n con el objetivo de garantizar que el proceso sea conocido por un juez imparcial y transparente, para con ello salvaguardar el debido proceso y la recta administraci\u00f3n de justicia; sino que, su comportamiento denota un prop\u00f3sito desleal que deja al descubierto el abuso de su derecho[1] en perjuicio de los principios de econom\u00eda procesal, eficiencia, eficacia y transparencia en la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de administraci\u00f3n de justicia\u00bb <\/p>\n
En definitiva, no queda duda que trat\u00e1ndose de la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 147 del C\u00f3digo General del Proceso, el juez debe encontrar acreditado, adem\u00e1s del fracaso de la recusaci\u00f3n, la comisi\u00f3n de un actuar temerario o malicioso, para lo cual debe fundarse en las pruebas de dicho proceder y sin dejar de lado la garant\u00eda de una oportunidad procesal para que el recusante y su apoderado judicial ofrezcan sus eventuales \u00abdescargos\u00bb previa adopci\u00f3n del correctivo en comento. <\/p>\n
3. Con ese escenario, pudo constatarse del expediente objeto de an\u00e1lisis que las autoridades judiciales convocadas omitieron otorgar al accionante la oportunidad de exponer sus \u00abdescargos\u00bb previa imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 147 en cita, situaci\u00f3n suficiente para dejar en evidencia el yerro ius fundamental y el acierto del a quo constitucional al conceder el auxilio. <\/p>\n
Ahora, revisada la providencia que confirm\u00f3 la desestimaci\u00f3n de la recusaci\u00f3n y la imposici\u00f3n de las sanciones, se percibi\u00f3 tambi\u00e9n que la respectiva agencia judicial nada dijo en torno a los eventuales supuestos f\u00e1cticos y probatorios relativos a la comisi\u00f3n de un actuar temerario o de mala fe que soportara los correctivos aplicados. <\/p>\n
Dicha situaci\u00f3n, a decir verdad, debi\u00f3 ser motivo de pronunciamiento por parte de los juzgados accionados, m\u00e1s a\u00fan, si se tiene en cuenta que dichos t\u00f3picos resultan imperantes para la procedencia de las sanciones en comento. <\/p>\n
Del panorama expuesto, se colige con facilidad la ausencia de motivaci\u00f3n sobre la particular tem\u00e1tica y la existencia de un yerro superlativo, enmendable por tutela, sobre el cual se ha predicado que: <\/p>\n
(\u2026) el defecto en comento se produce cuando la autoridad judicial accionada no analiza el asunto bajo su conocimiento o lo hace de manera parcial o sesgada, lo que conlleva que deba abordarse de nuevo el estudio y definici\u00f3n del caso, en tanto que: \u00abla motivaci\u00f3n de las decisiones constituye imperativo que surge del debido proceso (CSJ STC8921-2020, reiterado en STC1749-2021) <\/p>\n
5. En suma, dada la ausencia de oportunidad para que el accionante expusiera sus \u00abdescargos\u00bb en el tr\u00e1mite de recusaci\u00f3n objeto de revisi\u00f3n, y comoquiera que las autoridades judiciales accionadas nada dijeron en torno a los supuestos f\u00e1cticos y probatorios relativos al presunto actuar temerario o de mala fe del precursor, no queda alternativa distinta a confirmar el tropiezo de la salvaguarda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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