STC7486-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7486-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dos de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo del 23 de junio de 2023 dictado por la Sala Segunda de Decisi\u00f3n Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn, en el amparo que promovi\u00f3 Juan Pablo Vel\u00e1squez Ram\u00edrez contra la Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para asuntos jurisdiccionales, extensiva a las partes e intervinientes en el proceso de protecci\u00f3n al consumidor 22-167440. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El accionante solicit\u00f3 que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio a convocar audiencia p\u00fablica o a dictar la sentencia que en derecho corresponda. <\/p>\n
Adujo, en s\u00edntesis, que radic\u00f3 demanda de protecci\u00f3n al consumidor y denuncia administrativa (28 abr. 2022) contra Saulo Tob\u00edas Castro y contra S\u00e9pticos y Estructuras S.A.S. En el proceso jurisdiccional se admiti\u00f3 la demanda (4 may. 2022), se presentaron excepciones (18 may. 2022), se descorri\u00f3 el traslado de estas (25 may. 2022), se negaron medidas cautelares (16 ago. 2022), se resolvi\u00f3 recurso de reposici\u00f3n contra esa decisi\u00f3n (13 sept. 2022) y, desde entonces, han pasado cinco meses sin que, a la fecha, se haya continuado con el proceso, por lo que es palmaria la mora judicial. Por \u00faltimo, a\u00f1adi\u00f3 que, frente a la denuncia impetrada, no ha tenido ning\u00fan tipo de noticia sobre investigaciones adelantadas por esa autoridad. <\/p>\n
2.- El Grupo de Gesti\u00f3n Judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio se pronunci\u00f3 frente a los hechos de la demanda, indic\u00f3 que el litigio no ha superado el t\u00e9rmino de un a\u00f1o incluido en el art\u00edculo 121 del estatuto procesal para dictar sentencia, as\u00ed como que cualquier posible retraso en la resoluci\u00f3n del proceso obedece a que este se encuentra en su \u00faltima etapa, la cual se evac\u00faa en orden de ingreso de los procesos. Tambi\u00e9n afirm\u00f3 que la entidad contaba con 27.112 procesos activos al 5 de marzo de 2023, varios de los cuales tienen radicado anterior al de este asunto, por lo que se les asigna prioridad por contar con vencimiento de instancia m\u00e1s pr\u00f3ximo. Precis\u00f3 que, para fallar los procesos cuenta con 29 funcionarios, con capacidad m\u00e1xima de finalizaci\u00f3n de 2.000 procesos al mes, mientras que, en el mismo lapso, se admiten 2.300 demandas, lo que explica la congesti\u00f3n judicial. En \u00faltimo lugar, manifest\u00f3 que el gestor no inco\u00f3 denuncia administrativa alguna. <\/p>\n
S\u00e9pticos y Estructuras S.A.S. y Saulo Tob\u00edas Castro Monsalve solicitaron la desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite al no dirigirse las pretensiones constitucionales en su contra. <\/p>\n
3.- El Tribunal Superior de Medell\u00edn neg\u00f3 el amparo, dado que no existi\u00f3 mora judicial injustificada. <\/p>\n
4.- El censor impugn\u00f3. Reiter\u00f3 los fundamentos principales del amparo y a\u00f1adi\u00f3 que el Tribunal interpret\u00f3 de indebida forma las normas y jurisprudencia en materia de mora judicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El veredicto impugnado ser\u00e1 confirmado como quiera que la mora judicial atribuida a la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio est\u00e1 debidamente justificada. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Desatenci\u00f3n en los t\u00e9rminos establecidos en la ley y art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del proceso. <\/p>\n
En los eventos en que se reprocha la mora judicial en la resoluci\u00f3n de una controversia, es relevante el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, dado que impone un t\u00e9rmino m\u00e1ximo de duraci\u00f3n de los procesos de \u00fanica instancia. Esto genera que, si el juzgador falla fuera del tiempo se\u00f1alado, en adici\u00f3n a las dem\u00e1s consecuencias establecidas en ese precepto, habr\u00e1 lugar a castigar la mora judicial. Sin embargo, dicha pauta no es el \u00fanico criterio bajo el cual puede y debe juzgarse la tardanza, sino que, en adici\u00f3n, el juez debe impulsar el tr\u00e1mite y cumplir con los t\u00e9rminos prescritos en las distintas etapas para que pueda sentenciarse sin dilaciones. En caso reciente, esta Sala precis\u00f3: <\/p>\n
Asimismo, obs\u00e9rvese c\u00f3mo el primer inciso del canon 121 establece un t\u00e9rmino m\u00e1ximo para que el sentenciador defina el conflicto, al decir que \u00absalvo interrupci\u00f3n o suspensi\u00f3n del proceso por causa legal, no podr\u00e1 transcurrir un lapso superior a un (1) a\u00f1o para dictar sentencia de primera o \u00fanica instancia, contado a partir de la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada\u00bb. De manera que, si dadas las circunstancias particulares de la controversia, es posible fallarla antes, as\u00ed deber\u00e1 hacerse, y en caso de no procederse as\u00ed, el juzgador podr\u00e1 incurrir en mora judicial. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En ese orden, f\u00edjese, trat\u00e1ndose de procesos declarativos, como lo es una acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor, la demanda debe admitirse en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, en caso de replicarse el libelo, el fallador tiene el mismo plazo para pronunciarse sobre la contestaci\u00f3n. Trabada la litis, debe aplicar el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual, \u00ab[e]l juez se\u00f1alar\u00e1 fecha y hora para la audiencia una vez vencido el t\u00e9rmino de traslado de la demanda, de la reconvenci\u00f3n, del llamamiento en garant\u00eda o de las excepciones de m\u00e9rito, o resueltas las excepciones previas que deban decidirse antes de la audiencia, o realizada la notificaci\u00f3n, citaci\u00f3n, traslado que el juez ordene al resolver dichas excepciones, seg\u00fan el caso\u00bb. All\u00ed, deber\u00e1 agotar las fases previstas en el art\u00edculo 372, y de ser del caso, las del 373, dependiendo de si el asunto de que se trate debe tramitarse por la cuerda del verbal o la del verbal sumario1. (CSJ SC STC2517-2023) <\/p>\n
En este orden, el juzgador podr\u00e1 incurrir en mora judicial aun cuando no haya trascurrido el tiempo establecido en el art\u00edculo 121 ibidem. Bajo este entendido, no asiste raz\u00f3n a la autoridad encartada cuando refiere que no est\u00e1 en mora de decidir la controversia dado que no ha superado el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de 1 a\u00f1o, pues, de acuerdo con lo expuesto, no es este el \u00fanico est\u00e1ndar temporal que define la tardanza. As\u00ed las cosas, para el caso en concreto, despu\u00e9s de trabada la litis (25 may. 2022), la actuaci\u00f3n que correspond\u00eda efectuar era la convocatoria a la audiencia respectiva, no obstante, a la fecha de inicio del amparo, ello no hab\u00eda ocurrido. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Justificaci\u00f3n de la tardanza. <\/p>\n
Ahora, si bien, seg\u00fan se acot\u00f3 en precedencia, s\u00ed existe una demora del juzgador con ocasi\u00f3n a la siguiente actuaci\u00f3n en el proceso judicial, esta no es susceptible de ser corregida a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n constitucional, toda vez que la autoridad justific\u00f3 en su carga laboral los motivos que le han impedido concluir el tr\u00e1mite. <\/p>\n
En efecto, al momento de rendir informe, que se entiende rendido bajo juramento, la entidad revel\u00f3 que en la actualidad el Grupo de Trabajo de Defensa del Consumidor cuenta con 27.112 procesos activos con corte a 5 de marzo de 2023, muchos con causas iniciadas de forma previa a aquel objeto de este amparo. Adicionalmente, se\u00f1al\u00f3 que el grupo de trabajo encargado de estos procesos es de 29 funcionarios, los cuales, al tope de su capacidad, finalizar\u00edan 2000 procesos al mes, mientras que admiten, en el mismo lapso, 2300 demandas, todo lo que concurre en una congesti\u00f3n judicial notoria. <\/p>\n
Esta Sala, en caso reciente, de similares contornos, a partir de un informe rendido por la autoridad querellada, concluy\u00f3 que la mora en resolver los casos no es posible de ser conjurada mediante este sendero. Al respecto, sobre la dilaci\u00f3n en los procesos de protecci\u00f3n al consumidor en la Superintendencia, en sentencia STC2517-2023, se se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
F\u00edjese que revel\u00f3, y as\u00ed lo demostr\u00f3 con los archivos en Excel aportados al informe rendido en esta instancia, que a finales de enero de 2023 ten\u00eda 26.745 asuntos sin decisi\u00f3n, muchos de ellos impulsados en 2020 y 2021. Tambi\u00e9n indic\u00f3 que los funcionarios encargados de expedir sentencias y celebrar audiencias corresponden a 8 y 9 personas, quienes trabajan al tope de su capacidad de respuesta, pero el n\u00famero de demandas que ingresa la supera. <\/p>\n
As\u00ed, destac\u00f3 que en 2021 el Grupo de Trabajo de Defensa del Consumidor expidi\u00f3 13.788 sentencias, en 2022, 13.124 y en lo que va corrido del a\u00f1o 546, lo que significa que, en promedio, el \u00e1rea profiere 1000 veredictos al mes, y cada servidor, un promedio de 80 a 100 sentencias en ese periodo. Informaci\u00f3n que, adem\u00e1s, coincide con las metas que cada uno de ellos tiene, pues oscila entre 104-90 sentencias escritas y 79-65 audiencias mensuales. Pero, a la vez, resalt\u00f3 que en 2021, ingresaron 5604 demandas, en 2022, 5453, y en 2023, 5097. <\/p>\n
Al mismo tiempo, la accionada inform\u00f3 que ha adoptado medidas para superar el represamiento, como el \u00abplan de acci\u00f3n de finalizar 22000 demandas admitidas\u00bb, y diversas \u00abestrategias\u00bb, a saber: realizaci\u00f3n de audiencias colectivas dando prioridad a vigencias m\u00e1s antiguas, vinculaci\u00f3n de judicantes que permitan colaborar con la emisi\u00f3n de sentencias escritas y evaluaci\u00f3n de tr\u00e1mites, realizar reuniones con algunas empresas para identificar procesos que puedan terminar r\u00e1pidamente, verificar procesos con desistimientos y transacciones que permitan finalizarlos de forma prioritaria, jornadas de proyecci\u00f3n de sentencias escritas, jornadas con los dos (2) contratistas adscritas al Grupo de Trabajo de Defensa del Consumidor y una (1) contratista adscrita al Despacho de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, para la finalizaci\u00f3n de procesos con desistimientos y transacciones. <\/p>\n
Como puede verse, el que la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio no hubiese convocado a las partes a audiencia, una vez venci\u00f3 el t\u00e9rmino de traslado del libelo introductorio, no es imputable al incumplimiento del deber de sustanciar diligentemente los asuntos a cargo, sino a la congesti\u00f3n por la que atraviesa, la cual ha superado la capacidad de respuesta de los funcionarios que los impulsan. <\/p>\n
Luego, la mora judicial denunciada no pod\u00eda remediarse a trav\u00e9s de este camino, con mayor raz\u00f3n, si ello supon\u00eda darle prelaci\u00f3n al caso del querellante, por sobre otros, incluso, m\u00e1s antiguos, y que se encontraban en un turno anterior para ser fallados. <\/p>\n
La acumulaci\u00f3n de procesos por circunstancias no reprochables a las gestiones de la judicatura accionada justifica entonces la demora en la resoluci\u00f3n de algunas controversias, lo que, a la postre, deriva en la necesidad de denegar el amparo incoado. <\/p>\n
En todo caso, las exculpaciones tra\u00eddas por la entidad accionada a efectos de justificar la mora son \u00fatiles para este caso en concreto, en raz\u00f3n a sus particularidades. Sin embargo, para litigios futuros, frente a cada uno de ellos, le incumbe suministrar las explicaciones de rigor, en aras de mostrar c\u00f3mo la demora en impulsar los asuntos a su cargo es ajena a la debida diligencia que la ley le impone. En otras palabras, la congesti\u00f3n judicial no puede justificar, per se, la lentitud en el estudio y resoluci\u00f3n de los casos puestos a disposici\u00f3n de la autoridad, dado que, dentro de sus deberes est\u00e1 ejecutar las acciones que le permitan superar y corregir la aglomeraci\u00f3n de litigios. <\/p>\n
2.- Por \u00faltimo, frente a la petici\u00f3n de brindar informaci\u00f3n sobre la denuncia interpuesta, no se cumple el requisito de subsidiariedad, toda vez que el actor no aport\u00f3 ninguna prueba que acredite que ya elev\u00f3 esa solicitud ante la autoridad cuestionada. <\/p>\n
Corolario de lo expuesto y sin m\u00e1s razones por innecesarias, habr\u00e1 que desestimarse la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 De acuerdo con el par\u00e1grafo 3\u00b0 del art\u00edculo 390 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00ablos procesos que versen sobre violaci\u00f3n a los derechos de los consumidores establecidos en normas generales o especiales, con excepci\u00f3n de las acciones populares o de grupo, se tramitar\u00e1n por el proceso verbal o por el verbal sumario, seg\u00fan la cuant\u00eda, cualquiera que sea la autoridad jurisdiccional que conozca de ellos\u00bb. <\/p>\n
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