STC7488-2023 <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7488-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2023-00173-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de dos de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta, frente a la sentencia de 22 de junio de 2023, emitida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en la acci\u00f3n de tutela impulsada por Irma Constanza Arango Gonz\u00e1lez contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a los part\u00edcipes e interesados en el asunto que suscita la presente queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La convocante pidi\u00f3 el respeto de sus prerrogativas fundamentales al debido proceso, al habeas data, a la honra, al buen nombre, a la dignidad humana, a la igualdad y al debido proceso, presuntamente conculcadas por la dependencia requerida, dentro del consecutivo de amparo que tramit\u00f3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio y la Cooperativa de Cr\u00e9dito y Servicio Comunidad. <\/p>\n
Y en concreto pidi\u00f3, se ordene \u00abal juez de primera instancia que resarza el hierro (sic) y falle en derecho\u00bb y en consecuencia \u00abse ordene al se\u00f1or superintendente de industria y comercio que imponga las sanciones de los 2000 SMLMV, tal como lo dice la norma y exhortarlo (\u2026) para que a futuro le haga un control exhaustivo a Datacr\u00e9dito y CIFIN y la entidad llamada Cooperativa de Cr\u00e9dito y Servicio Comunidad \u2013 Coomunidad, que son entidades casi de papel y que no cuentan con un permiso del estado colombiano para secuestrar informaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El sustrato f\u00e1ctico relevante es el que enseguida se devela: <\/p>\n
<\/p>\n
1. El 27 de febrero de 2023 la accionante elev\u00f3 petici\u00f3n ante la Superintendencia de Industria y Comercio y la Cooperativa de Cr\u00e9dito y Servicio Comunidad \u2013 Coomunidad, para que le fueran eliminados unos reportes negativos a su nombre, pero al no obtener respuesta positiva, interpuso acci\u00f3n de tutela, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, que neg\u00f3 la protecci\u00f3n el 27 de marzo siguiente. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Expone la gestora que con la precitada decisi\u00f3n se neg\u00f3 su derecho a acceder a la justicia; se pas\u00f3 por alto la ilegalidad de los reportes realizados a centrales de riesgo por Coomunidad porque no tienen ning\u00fan v\u00ednculo con la entidad y desconoce c\u00f3mo obtuvieron su informaci\u00f3n, situaci\u00f3n que puso en conocimiento de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n por suplantaci\u00f3n de su informaci\u00f3n. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 corrobor\u00f3 que tramit\u00f3 la acci\u00f3n constitucional del asunto y la gestora no impugn\u00f3 la sentencia que dict\u00f3 el 27 de marzo de los corrientes, por lo cual el 28 de abril siguientes envi\u00f3 las diligencias a la Corte Constitucional para surtir la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
2. El Fondo de Garant\u00edas se\u00f1al\u00f3 que la promotora est\u00e1 vinculada a trav\u00e9s del servicio de fianza que acept\u00f3 al tomar el cr\u00e9dito con Corbeta y Alkosto. <\/p>\n
3. La Cooperativa de Cr\u00e9dito y Servicio Comunidad inform\u00f3 que el reporte negativo de la accionante en centrales de riesgo corresponde al incumplimiento en el pago de un cr\u00e9dito adquirido con la entidad. <\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n resalt\u00f3 que el amparo es improcedente contra actuaciones de la misma naturaleza constitucional. <\/p>\n
5. TransUni\u00f3n y la Superintendencia de Industria y Comercio pidieron, en escritos separados, su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
6. Experian Colombia S.A. sostuvo que no vulner\u00f3 los derechos fundamentales cuya protecci\u00f3n pidi\u00f3 la actora. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 rehus\u00f3 conceder la salvaguarda, por estar dirigida contra lo decidido en otra acci\u00f3n de tutela, adem\u00e1s de que los reparos expuestos contra lo all\u00ed decidido no encuadran en alguna de las causales excepcionales de procedencia del ataque. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue propuesta por la convocante, con persistencia en sus reproches. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
El planteamiento anterior se aplica en \u00abuna medida a\u00fan mayor cuando la providencia atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo\u00bb (CSJ STC, 8 jul. 2008, rad. 2008-01018-00). <\/p>\n
2. No cabe duda de que las inconformidades elevadas en esta oportunidad apuntan a dejar sin efecto el fallo de tutela dictado el 27 de marzo de 2023 por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, que neg\u00f3 el amparo que la accionante promovi\u00f3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio y la Cooperativa de Cr\u00e9dito y Servicio Comunidad – Coomunidad, por inexistencia de la vulneraci\u00f3n alegada debido a la realizaci\u00f3n de unos reportes negativos en centrales de riesgo. <\/p>\n
Lo evidenciado cierra toda posibilidad de estudio de la tem\u00e1tica, al encontrar la Sala que ya fue debatida en otra ocasi\u00f3n a trav\u00e9s de un mecanismo del mismo linaje constitucional del presente y adem\u00e1s, lo decidido no fue objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u2026 la Corte ha admitido la posibilidad de interponer acciones de tutela contra actuaciones judiciales arbitrarias, incluso actuaciones arbitrarias de jueces de tutela, pero nunca con respecto a sentencias de tutela, sino con relaci\u00f3n a incidentes de desacato, o contra autos emitidos en el curso del proceso de tutela. A partir de la Sentencia SU-1219 de 2001, la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n unific\u00f3 su posici\u00f3n frente a este tema, precisando que las sentencias de tutela, y en general las decisiones que se tomen en el tr\u00e1mite de estos procesos, no pueden ser objeto de controversia constitucional mediante la formulaci\u00f3n de una nueva solicitud, ya que tal proceder, adem\u00e1s de mutar la naturaleza jur\u00eddica de la acci\u00f3n de tutela, har\u00eda que los conflictos jur\u00eddicos que se discuten en esa sede tuvieran un car\u00e1cter indefinido, lo cual atenta no solo contra los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, sino que tambi\u00e9n genera un grave perjuicio al goce efectivo y real de los derechos constitucionales que la tutela se encamina a garantizar de manera cierta, estable y oportuna. (CC T-353\/12 y SU-1219\/01, citadas en CSJ STC178, 21 ene. 2016, rad. 2015-03107). <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de la protecci\u00f3n constitucional de cara a decisiones del mismo linaje, esta Sala tambi\u00e9n ha considerado: <\/p>\n
Resulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… <\/p>\n
Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp. 2009-00126-00. (CSJ STC, 21 feb. 2011, rad. 2010-00723-00; STC, 2 dic. 2015, rad. 02397-99; y STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-03107). <\/p>\n
En ese mismo sentido, se ha resaltado que: <\/p>\n
\u2026\u2018ante una equivocaci\u00f3n o arbitrariedad en que puedan incurrir los jueces en sede de tutela al ocuparse de la pertinente decisi\u00f3n, no ser\u00eda una nueva queja de tal naturaleza la id\u00f3nea para contrarrestar el supuesto quebranto, sino \u00fanicamente la impugnaci\u00f3n y la revisi\u00f3n eventual, instrumentos que deben surtirse ante los funcionarios habilitados para ello, aspecto que pone de relieve la existencia de otros medios de defensa judicial, a los que debe acudir el interesado en procura de dilucidar las inconformidades referidas, pues, la tutela no puede convertirse en un mecanismo paralelo\u2019 (expedientes 2006-01425-01 y 2007-02023-00). <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, surge palmario que son dos los mecanismos previstos en el ordenamiento para recurrir una decisi\u00f3n en materia de tutela, esto es, por medio de la impugnaci\u00f3n de la providencia de primera instancia y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, quedando, por consiguiente, cerrada la oportunidad de que se examine una determinaci\u00f3n tomada por otro juez en sede constitucional (CSJ STC, 2 ag. 2013, rad. 00851-01; reiterada en STC8097-2016, 16 jun. 2016, rad. 2015-00243-02). <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, no se abordar\u00e1 el estudio del reclamo planteado, en tanto que no se est\u00e1 en presencia de una de las excepciones a la regla general de la improcedencia de la tutela contra tutela, pues los ataques se enfilaron frente a aspectos de fondo sobre los que se soport\u00f3 la sentencia constitucional ahora cuestionada con una nueva petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
4. En adici\u00f3n, se observa que la Sala de Selecci\u00f3n de la Corte Constitucional excluy\u00f3 de revisi\u00f3n la tutela cuestionada1, sin que la promotora hiciera reparo alguno ante dicha autoridad, disponiendo as\u00ed, el cierre de la salvaguarda, dando lugar a la cosa juzgada constitucional. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha precisado que: <\/p>\n
\u2026[Si] la Corte Constitucional excluy\u00f3 de revisi\u00f3n la acci\u00f3n de tutela fallada por las Oficinas Judiciales accionadas, ello no hace, per se, viable una nueva solicitud de amparo por cuanto en este evento el afectado que se encuentre inconforme con un fallo de tutela puede acudir ante el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n constitucional para solicitar la revisi\u00f3n del fallo, con fundamento en lo dispuesto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991. Empero, en firme la aludida decisi\u00f3n de exclusi\u00f3n deviene la ejecutoria formal del fallo de segunda instancia ahora censurado, con lo cual queda clausurado en forma definitiva el debate iusfundamental (CSJ STC, 19 jul. 2011, rad. 2011-01439-00, reiterada en STC2884-2015, 13 mar. 2015, rad. 2015-00092-01). <\/p>\n
5. Se impone reafirmar lo prove\u00eddo por el tribunal a-quo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Oportunamente env\u00edense las diligencias a la Corte Constitucional, para lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Auto T9401112 de 30 de junio de 2023. <\/p>\n
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