STC7500-2023<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7500-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-02747-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Yamile Pi\u00f1eres, Kimberly Annette y V\u00edctor Ernesto Carranza Pi\u00f1eres, Alis Yohanna Guerrero Castro, quien aduce actuar como agente oficiosa de Felipe Andr\u00e9s Carranza, contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclamaron protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicci\u00f3n, que dice vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abdejar sin efectos la providencia de fecha 26 de julio de 2022, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 Sala Civil de Decisi\u00f3n, dentro del proceso No. 110013103042 2013 00676 03, y en su defecto ordenar que profiera nuevamente fallo en el que adopte las medidas pertinentes, en orden a resolver nuevamente el recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia dictada por el Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 D.C.,\u2026 corrigiendo los yerros arrostrados\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Ginna Juliana Carranza Aguirre promovi\u00f3 demanda contra Mar\u00eda Blanca Carranza de Carranza, Luz Mery, Hollman, V\u00edctor Ernesto y Felipe Carranza Carranza, por ocultamiento y distracci\u00f3n de bienes de la masa sucesoral del causante V\u00edctor Manuel Carranza Ni\u00f1o (q.e.p.d.). El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1, donde se reconocieron, entre otros, a los accionantes como herederos. <\/p>\n
2.3. Contra la referida decisi\u00f3n, se formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, que est\u00e1 en tr\u00e1mite en esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. Por v\u00eda de tutela se duelen los quejosos, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, en su sentir, existi\u00f3 una indebida valoratoria, en la medida en que no tuvo en cuenta los interrogatorios de \u00ablos deponentes Yamile Pi\u00f1eres, Kimberly y V\u00edctor Ernesto Carranza Pi\u00f1eres, [que] no aceptaron que se hubiese efectuado ninguna de las negociaciones con el \u00e1nimo de defraudar si no que era normal dentro del \u00e1mbito familiar que se diera ese tipo de situaciones o negociaciones, as\u00ed mismo que se trataba de bienes que estaban en cabeza de la abuela Mar\u00eda Blanca, debiendo notarse que no se dispuso sobre bienes del causante\u00bb, pues atender lo dicho, era como afirmar que \u00abel causante tambi\u00e9n dispon\u00eda de bienes que se encontraban a su nombre, sobre los cuales daba participaci\u00f3n a sus hijos\u00bb. <\/p>\n
2.5. Anotaron que los falladores de conocimiento no ordenaron como prueba la copia del proceso sucesorio, donde \u00abse evidencia, contrario a lo entendido por el despacho, que los bienes ingresaron a inventarios y aval\u00faos, pero fueron excluidos por petici\u00f3n de quien luego demandar\u00eda por ocultamiento de bienes\u00bb. <\/p>\n
2.6. Refirieron que al declarar el dolo con el indicio de confesi\u00f3n ficta o presunta con la no comparecencia de unos de los demandados a rendir interrogatorio, cuando Yamile, Kimerlly y V\u00edctor Ernesto s\u00ed comparecieron a rendir el interrogatorio; adem\u00e1s, se desconoci\u00f3 el precedente jurisprudencial SC4855-2021 aplicable al caso, respecto de la cesi\u00f3n y la fiducia. <\/p>\n
2.7. Indicaron que respecto de la cesi\u00f3n de cuotas de participaci\u00f3n de la Operadora Tur\u00edstica Lord Pierre, donde fungieron como cesionarios Luz Mery, Hollman y V\u00edctor Ernesto, condenaron a Felipe Andr\u00e9s Carranza a reintegrar las acciones junto con el doblado y perder los derechos herenciales sobre estos bienes, sin tener en cuenta, insiste, en que aqu\u00e9l no tuvo que ver con dicho negocio. <\/p>\n
2.8. Destacaron que el Tribunal quebrant\u00f3 sus garant\u00edas para cuantificar el valor de la p\u00f3liza para la suspensi\u00f3n de la ejecutoria de la sentencia, pues se bas\u00f3 en una documental ilegalmente allegada al proceso, toda vez que, atendi\u00f3 los valores contenidos en los estados financieros para el a\u00f1o 2022 \u00absiendo dichos valores diferentes a los que legalmente obraban en el proceso para la \u00e9poca en que se surtieron, tanto la cesi\u00f3n como la fiducia\u00bb, relievando que, \u00abno por el hecho de obrar en el proceso los estados financieros de manera material pueden llegar a entenderse la legalidad de la prueba pues ella no arrib\u00f3 con las formalidades que exige la norma para su validez\u00bb, pues \u00abdebe cumplir el postulado del art\u00edculo 174 del C.G.P., a fin de que se cumpla con el principio de publicidad y consecuente contradicci\u00f3n, necesarias para su validez\u00bb. <\/p>\n
2.9. Agreg\u00f3 la mandante que obra como agente oficiosa de Felipe Andr\u00e9s Carranza, porque \u00abno fue posible ubicarlo\u00bb para que le otorgara poder, sin embargo, percibe quebranto de las garant\u00edas; y, por parte, que si bien inco\u00f3 una inicial acci\u00f3n de tutela contra el fallo emitido por el Tribunal, lo cierto es que, en su sentir, la presente no es temeraria, pues la primera \u00abcorresponden a 20, la actual solicitud de amparo que se propone contiene m\u00e1s de 35 hechos, sin que, inevitablemente, puedan figurar hechos comunes en ambas tutelas, consecuencia de que derivan de un mismo proceso\u00bb, sumado a que, dicha acci\u00f3n se declar\u00f3 improcedente, porque est\u00e1 curso en recurso de casaci\u00f3n, sin pronunciarse de fondo en el asunto. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTA DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
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1. El Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, por incumplir con el presupuesto de subsidiariedad, en la medida en que est\u00e1 en tr\u00e1mite el recurso de casaci\u00f3n formulado contra el fallo criticado; que no est\u00e1 demostrado un perjuicio irremediable que permita habilitar al fallador constitucional para analizar las decisiones de primera y segunda instancia. <\/p>\n
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2. La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 remiti\u00f3 link para consulta del expediente. <\/p>\n
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3. Mar\u00eda Concepci\u00f3n Rada Duarte, Jorge Enrique Arbel\u00e1ez Echeverry y Catalina Rivera G\u00f3mez, en escritos separados, indicaron actuar como apoderados judiciales de Sandra Victoria Carranza Ocampo, Ginna Juliana Carranza Aguirre y Iliana Catalina Carranza Pati\u00f1o, respectivamente, allegaron memoriales sin aportar poder especial para actuar en el presente tr\u00e1mite constitucional, por lo que sus manifestaciones no se tienen en cuenta. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
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2. Del examen de la demanda de amparo se establece que los gestores se duelen (i) del auto de 16 de diciembre de 2022, mediante el cual el Tribunal confirm\u00f3 el prove\u00eddo de 31 de octubre anterior, por medio de la cual fij\u00f3 monto de cauci\u00f3n para la suspensi\u00f3n del cumplimiento de la sentencia, pues, a su parecer, las probanzas tenidas en cuenta para tal fin no son las pertinentes; y (ii) la sentencia de 26 de julio de 2022 por medio de la cual el Tribunal modific\u00f3 el fallo emitido en primera instancia, pues, consideran existi\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
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2. Preliminarmente, advierte la Sala la improcedencia del resguardo impetrado por Alis Yohanna Guerrero Castro a favor de Felipe Andr\u00e9s Carranza, comoquiera que aquella carece de legitimaci\u00f3n para cuestionar por esta v\u00eda las actuaciones surtidas en el proceso fuente del reclamo, por no ser parte en dicha contienda, aunado a que no demostr\u00f3 los supuestos que validaran su proceder como agente oficiosa de Felipe Andr\u00e9s. <\/p>\n
Sobre la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, los art\u00edculos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991, establecen como presupuesto para su formulaci\u00f3n que quien as\u00ed obre tenga un inter\u00e9s que legitime su intervenci\u00f3n, el cual, cuando se trata de la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales generada por actuaciones o providencias judiciales, radica en cabeza de quienes integran alguno de los extremos del litigio o fueron reconocidos como intervinientes. <\/p>\n
Al respecto, frente a la legitimaci\u00f3n para acudir a la acci\u00f3n de tutela, la Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u2026ciertamente, aunque el art\u00edculo 10 del decreto 2591 de 1991, establece que \u00abcualquier persona\u00bb puede acudir a la referida acci\u00f3n, no debe desconocerse, que a rengl\u00f3n seguido condiciona su legitimaci\u00f3n a que ella sea la \u00abvulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales\u00bb, no el de terceros, como as\u00ed tambi\u00e9n se menciona en el [precepto] 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al decir que a tal mecanismo s\u00f3lo puede acudir quien le hayan sido \u00abvulnerados o amenazados\u00bb aquellos\u2026 <\/p>\n
\u2026en punto del tema, la jurisprudencia, en reiteradas decisiones ha sostenido que la precitada norma \u00abdispuso cuatro v\u00edas procesales para que el titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados interponga acci\u00f3n de tutela: <\/p>\n
\u2026(i) Por s\u00ed mismo, pues no se requiere abogado; (ii) A trav\u00e9s de representante legal en el caso de menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas; (iii) Por intermedio de un abogado titulado con poder expreso, si as\u00ed se desea; y (iv) Mediante agente oficioso, es decir, por un tercero indeterminado sin necesidad de poder, \u00abcuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa\u00bb. Agrega que en este caso se debe manifestar tal situaci\u00f3n en la solicitud de tutela, esto es, se debe poner de presente que se act\u00faa en calidad de agente oficioso y cu\u00e1les son las circunstancias que hacen que el titular de los derechos est\u00e9 imposibilitado para interponer la acci\u00f3n\u2026\u00bb (negrillas fuera de texto) (CSJ STC, 13 dic. 2011, rad. 2011-00284-02; reiterada en CSJ, 10 jun. 2016, rad. 2016-00786-01). <\/p>\n
Igualmente, recientemente la Corte Constitucional record\u00f3 los elementos necesarios para que opere la figura de agencia oficiosa, precisando que: <\/p>\n
La jurisprudencia\u2026 ha fundamentado la agencia oficiosa en tres principios constitucionales \u201c(i) el principio de eficacia de los derechos fundamentales, que como mandato vinculante tanto para las autoridades p\u00fablicas como para los particulares, impone la ampliaci\u00f3n de los mecanismos institucionales para la realizaci\u00f3n efectiva de los contenidos propios de los derechos fundamentales; (ii) el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, principio que se encuentra en estrecha relaci\u00f3n con el anterior y est\u00e1 dirigido a evitar que por razones de formalidad procesal se impida la protecci\u00f3n efectiva de los derechos sustanciales; y (iii) el principio de solidaridad, el cual impone a los miembros de la sociedad velar por la defensa no s\u00f3lo de los derechos fundamentales propios, sino tambi\u00e9n por la defensa de los derechos ajenos cuando sus titulares se encuentran en imposibilidad de promover su defensa\u201d. <\/p>\n
3.5. Como requisitos normativos para la procedencia de la agencia oficiosa, la Corte ha establecido que: (i) el agente oficioso manifieste que act\u00faa como tal; (ii) del escrito de tutela se infiera que el titular del derecho est\u00e1 imposibilitado para ejercer dicha acci\u00f3n, ya sea por circunstancia f\u00edsicas o mentales; (iii) el titular del derecho debe ratificar lo actuado dentro del proceso y (iv) la informalidad de la agencia, es decir, no requiere que exista relaci\u00f3n formal entre el agente y el agenciado. \u201cEsta figura se encuentra limitada por la prueba del estado de vulnerabilidad del agenciado. Esto garantiza la autonom\u00eda de la voluntad de la persona que tiene la capacidad legal para ejercicio sus derechos fundamentales por s\u00ed misma\u201d (CC T-406\/17) (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
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2. Zanjado lo anterior, respecto del primer reproche advierte la Corte que la solicitud de resguardo carece del prenotado requisito de inmediatez, habida cuenta que el prove\u00eddo que confirm\u00f3 el auto que orden\u00f3 prestar cauci\u00f3n para la suspensi\u00f3n del cumplimiento de la sentencia, data del 16 de diciembre de 2022. <\/p>\n
Entonces, desde la fecha en la que se dict\u00f3 esa decisi\u00f3n (16 de diciembre de 2022), y la data de interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, 13 de julio de la presente anualidad, transcurrieron m\u00e1s de 6 meses, super\u00e1ndose el lapso que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Sobre el requisito de inmediatez, se ha sostenido que: <\/p>\n
(…) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante. (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01) <\/p>\n
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2. Por otra parte, frente al segundo de los reproches, de los documentos obrantes en el expediente, que el amparo incoado estaba llamado al fracaso, atendiendo a que lo realmente pretendido por los gestores es obtener la revocatoria del fallo emitido el 26 de julio de 2022, en el juicio de en el juicio de ocultamiento y distracci\u00f3n de bienes que inco\u00f3 Ginna Juliana Carranza Aguirre, al considerar que existi\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
5.1. Tal inviabilidad del resguardo dimana de que la jurisdicci\u00f3n constitucional ya tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre los hechos y pretensiones expuestos en el asunto del ep\u00edgrafe, con ocasi\u00f3n de una inicial acci\u00f3n de tutela que formul\u00f3, entre otros, Kimberlly Annette y V\u00edctor Ernesto Carranza Pi\u00f1eres frente al mismo asunto que aqu\u00ed cuestionan, de donde est\u00e1 vedado realizar un nuevo estudio de esa tem\u00e1tica a la luz de los derechos fundamentales, subsumi\u00e9ndose la presente acci\u00f3n en el supuesto del art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En efecto, de acuerdo a lo extractado en el fallo de tutela proferido por esta Sala de Casaci\u00f3n Civil el pasado 7 de diciembre (STC16241-2022), al denegar de la preliminar salvaguarda referida, se tiene que en aquella oportunidad los petentes, luego de rese\u00f1ar tambi\u00e9n una indebida valoraci\u00f3n probatoria que, a su parecer, generara supuestas irregularidades, pretendi\u00f3, en lo medular, \u00abque \u00abse deje sin efecto\u00bb la sentencia calendada 26 de julio de 2022 que confirm\u00f3 el fallo proferido el 28 de junio de 2021 que declar\u00f3 que distrajeron y ocultaron bienes dolosamente de la sociedad conyugal existente entre Mar\u00eda Blanca Carranza y V\u00edctor Manuel Carranza Ni\u00f1o (q.e.p.d.), y que como consecuencia de ello, se ordene \u00abdar plena validez judicial al contrato de transacci\u00f3n suscrito por las partes procesales el 20 de mayo de 2016\u00bb. <\/p>\n
Y ante esa contingencia esta Corte, consider\u00f3 que: <\/p>\n
…El amparo constitucional invocado no est\u00e1 llamado a prosperar, comoquiera que es palpable que la residualidad aqu\u00ed exigida no est\u00e1 satisfecha, por cuanto el asunto objeto de debate, esto es, la sentencia que confirm\u00f3 lo resuelto en el fallo de primer grado (26 jul. 2022 y 28 jun. 2021) y con ello dispuso la restituci\u00f3n de bienes con las sanciones contempladas en la codificaci\u00f3n civil, es un asunto que no ha sido definido hasta el momento, comoquiera que de acuerdo con los informes allegados y la consulta del Sistema de Informaci\u00f3n Judicial Siglo XXI, se tiene que contra dicha decisi\u00f3n se interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n que se encuentra en tr\u00e1mite. <\/p>\n
As\u00ed, en casos como el que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, por disposici\u00f3n expresa del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991 y por los raciocinios aqu\u00ed consignados, debe prevalecer el requisito de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela denominado subsidiariedad, de forma que la controversia descrita debe someterse a los mecanismos ordinarios con los cuales se resolver\u00edan las inconformidades de los actores y ello torna en improcedente el ruego superlativo. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que la acci\u00f3n de tutela, dado su car\u00e1cter residual y excepcional, no ha sido instituida para reemplazar los remedios contemplados por el legislador para definir las protestas de quienes participan en un proceso, siendo ese el escenario en el deben alegar sus protestas. Por eso, la Corte ha dicho, insistentemente, que este sendero: <\/p>\n
(\u2026) no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada entre otras en STC8897-2017, 21 jun. 2017, rad. 00230-01, y STC10432-2017, 19 jul. 2017, rad. 00388-01, entre otras). (CSJ STC13376-2021, reiterada entre otras en STC8647-2022). <\/p>\n
Se trata, entonces, de una queja constitucional reiterada, lo que basta para su rechazo, sin que las leves diferencias entre el inicial ruego y el presente tengan la virtud de alterar tal conclusi\u00f3n, ante la clara identidad de hechos, derechos y partes, supuesto frente al que reiteradamente ha dejado dicho la Corte que: <\/p>\n
\u2026\u201ccu\u00e1ndo ocurre la temeridad (\u2026) conlleva a examinar si el posterior amparo es igual al primero, vale decir, si entre ambos existe identidad de hechos y derechos, as\u00ed como las partes accionante y accionada, no importa que tengan algunas diferencias incidentales, y por \u00faltimo, si la repetici\u00f3n de \u00e9ste obedece a un motivo justificado, como ser\u00eda, por ejemplo, la ocurrencia de sucesos nuevos o distintos que conlleven una verdadera variaci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica inicial\u2026 De acuerdo con lo anotado y tras confrontar lo expresado en el actual libelo con lo consignado en el fallo proferido el 30 de abril de 2010 por la Sala de Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga dentro del expediente 2010-0039-01, debe concluirse innegablemente que con esta solicitud la actora incurri\u00f3 en conducta temeraria\u2026 sin que tenga incidencia que la gestora haya ampliado el listado de garant\u00edas presuntamente transgredidas y las pretensiones perseguidas en uno y otro resguardo, e intentado modificar el planteamiento de los hechos\u201d (prove\u00eddo de 2 de febrero de 2012, exp. 00622-01), ni que \u201cla segunda tutela se hubiese dirigido adem\u00e1s contra el Juez Cuarto Civil Municipal de Descongesti\u00f3n\u201d (providencia de 11 de septiembre de 2009, exp. 01280-01, sub l\u00edneas fuera de texto) (Se resalt\u00f3 – CSJ STC, 23 may. 2013, rad. 2013-00643-01; reiterada, entre muchas otras, en STC1228-2015, 12 feb., rad. 2014-00789-01; y STC4958-2018, 19 abr., rad. 2017-00448-02). <\/p>\n
En casos que guardan similitud con el de ahora, esta Corporaci\u00f3n ha considerado que: <\/p>\n
Precisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019\u2026 <\/p>\n
Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas (CSJ STC, 20 abr. 2006, rad. 2006-00522-00; reiterada, entre otras, en STC6152, 21 may. 2015, rad. 2015-00678-01). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Al margen de lo anterior, especialmente a las pretensiones incoadas por Yamile Pi\u00f1eres de Carranza, advierte la Corte que el amparo tampoco tiene vocaci\u00f3n de prosperidad toda vez que se torna prematuro, en la medida en que, como qued\u00f3 visto, el fallo censurado fue opugnado por los promotores, a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, que fue concedido y remitido a esta Corporaci\u00f3n a fin de impartir el tr\u00e1mite que en derecho corresponda. <\/p>\n
Lo anterior traduce que como el medio de impugnaci\u00f3n referido est\u00e1n en curso, el juzgador constitucional no puede anticiparse a las decisiones que son del resorte exclusivo del juez natural, ya que ello equivaldr\u00eda a invadir injustificadamente sus privativas funciones y competencia, sin que sean de recibo los argumentos tra\u00eddos con la solicitud de amparo, destacando que no se evidencia el perjuicio irremediable alegado, sumado a que no fue demostrado. <\/p>\n
Al respecto, reiteradamente ha sostenido la Sala que: <\/p>\n
\u2026resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CJS STC6999-2016, 27 may., rad. 2016-00436-01). <\/p>\n
7. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, declara improcedente el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC7500-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC7500-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-02747-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de dos de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Yamile Pi\u00f1eres, Kimberly Annette […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75244","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75244","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75244"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75244\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75244"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75244"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75244"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}