STC7503-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7503-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02840-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mario Restrepo contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira y la Corte Constitucional, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Defensor\u00eda del Pueblo, a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor pretende protecci\u00f3n constitucional de su garant\u00eda fundamental al debido proceso, que dice vulneradas por las autoridades accionadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, se ordene al estrado querellado proferir sentencia, pues \u00abdespu\u00e9s de 20 d\u00edas no existe terminaci\u00f3n de la acci\u00f3n como lo ordena art 37 ley 472 de 1998\u00bb; subsidiariamente, pidi\u00f3 \u00abse acepte inmediatamente [su] desistimiento de la apelaci\u00f3n y de la acci\u00f3n ante la mora judicial y ante el atropello a [su] dignidad\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, solicit\u00f3 se le ordene a la Corte Constitucional, que a trav\u00e9s de sentencia \u00abordene a quien corresponda en derecho a fin que presente acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa a [su] nombre contra la administraci\u00f3n de justicia por falla en la prestaci\u00f3n del servicio\u00bb, asimismo a la Defensor\u00eda y la Procuradur\u00eda, garantizar sus prerrogativas de primer grado <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para resolver este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Mario Restrepo formul\u00f3 acci\u00f3n popular contra La Cl\u00ednica Los Nevados S.A.S., con radicaci\u00f3n n\u00b0 2022-00071, que fue decidida con sentencia del 11 de abril de 2023 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira; decisi\u00f3n recurrida por el actor. <\/p>\n
2.2. Las diligencias fueron recibidas en el Tribunal criticado el 10 de julio de 2023, sometidas a reparto el d\u00eda 12 del mismo mes y a\u00f1o y, con auto de 18 de julio de los corrientes, se admiti\u00f3 la alzada. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que el estrado acusado \u00abnunca cumple un solo t\u00e9rmino perentorio de tiempo que orden la ley 472 de 1998\u00bb, pues \u00abdespu\u00e9s de m\u00e1s de 20 d\u00edas no existe terminaci\u00f3n de la acci\u00f3n como lo ordena art 37 ley 472 de 1998\u00bb, mora que, a su parecer, le genera un desgaste emocional y deterioro mental. <\/p>\n
2.4. Agreg\u00f3 que la Corte Constitucional no le garantiza el debido proceso, por lo que pide que, a trav\u00e9s de sentencia, disponga quien debe presentar una acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa a su nombre. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
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1. La Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Pereira inst\u00f3 la improcedencia de la salvaguarda por inexistencia de vulneraci\u00f3n, comoquiera que, el proceso arrib\u00f3 a esa colegiatura el 10 de julio de 2023, alzada que admiti\u00f3 el 18 de julio siguiente, esto es, 6 d\u00edas despu\u00e9s, donde actualmente est\u00e1n corriendo t\u00e9rminos de sustentaci\u00f3n y r\u00e9plica; que en el expediente reposa las constancias de notificaci\u00f3n; que no existe solicitud ante esa autoridad en punto al desistimiento de la apelaci\u00f3n, por lo que no se le puede imputar una omisi\u00f3n; remiti\u00f3 link para consulta del proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Corte Constitucional manifest\u00f3 que no est\u00e1 llamada a responder la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, toda vez que no es la competente para resolver las pretensiones formuladas, conforme el art\u00edculo 241 de la Constituci\u00f3n; que carece de competencia para interponer directamente u ordenar la presentaci\u00f3n de una acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa; que no ha vulnerado las garant\u00edas quebrantadas; pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la salvaguarda. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Procuradora 1 Judicial II Asuntos Civiles de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que como Ministerio P\u00fablico no ejerce la representaci\u00f3n judicial de las partes en el proceso, ni tiene la obligaci\u00f3n legal de interponer demandas en contra del Estado para obtener pretensiones indemnizatorias a favor de particulares; que verificado el proceso criticado, el 18 de julio de 2023 se admiti\u00f3 la alzada, por lo que el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular se ajusta a los par\u00e1metros legales; que no ha quebrantado las garant\u00edas invocadas. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del resguardo, comoquiera que, las personas que demuestren una condici\u00f3n de imposibilidad econ\u00f3mica o social para pagar sus derechos de defensa, para el caso, presentar demanda de reparaci\u00f3n directa, debe solicitarla ante la Defensor\u00eda del Pueblo; destac\u00f3 que las acciones populares deben desarrollarse con respeto al debido proceso, en acatamiento de la ley 472 de 1998. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Verificada la demanda de tutela, extracta la Sala que la queja del censor se circunscribe a la supuesta mora del Tribunal criticado, en emitir sentencia de segunda instancia al interior de la acci\u00f3n popular con radicaci\u00f3n n\u00b0 2022-00071. <\/p>\n
Bajo esa \u00f3ptica, revisadas las probanzas allegadas por la sede judicial acusada, advierte la Corte que el reclamo constitucional est\u00e1 llamado al fracaso, comoquiera que, contrario a lo que sostuvo el accionante, el Tribunal criticado est\u00e1 en t\u00e9rminos de emitir decisi\u00f3n, sin que el t\u00e9rmino de los 20 d\u00edas dispuestos en el art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 1998 est\u00e9n superados. <\/p>\n
Ciertamente, de las copias del expediente con radicado 66001-31-03-001-2022-00071, se verifica que dichas diligencias arribaron al Tribunal el 10 de julio de 2023, momento en el que se someti\u00f3 a reparto; el 12 de julio ingres\u00f3 al despacho; y, a trav\u00e9s de prove\u00eddo del 18 de julio de los corrientes, se admiti\u00f3 la alzada corriendo los traslados pertinentes, decisi\u00f3n notificada por estado el d\u00eda 19 siguiente, y la acci\u00f3n de tutela formulada el 24 de julio de 2023; de ah\u00ed que, los t\u00e9rminos para emitir decisi\u00f3n no est\u00e1n fenecidos, raz\u00f3n por la que la mora endilgada es inexistente. <\/p>\n
Ahora, respecto a la supuesta falta de pronunciamiento sobre el desistimiento de la apelaci\u00f3n y de la acci\u00f3n popular, se extrae que, tales peticiones no han sido formuladas ante el colegiado querellado, por lo que, la tardanza endilgada al respecto tambi\u00e9n se torna ausente. <\/p>\n
Entonces, comoquiera que la situaci\u00f3n de hecho que supuestamente compromet\u00eda las garant\u00edas fundamentales del tutelante es inexistente, la solicitud de amparo no tiene ninguna raz\u00f3n de ser, aspecto frente al que la Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
[S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (subraya y negrilla fuera de texto) (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en CSJ STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, declara improcedente el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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