STC7504-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7504-2023 <\/p>\n
Radicaciones acumuladas n\u00ba <\/p>\n
11001-22-03-000-2023-01283-01 <\/p>\n
11001-22-03-000-2023-01287-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dos de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 15 de junio de 2023 dictado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la tutela promovida por Olga Liliana Galvis Amaya \u2013en calidad de agente oficiosa de Evaristo Rodr\u00edguez G\u00f3mez- y Santa Luc\u00eda Inversiones y Proyectos S.A.S., contra el Juzgado 1\u00b0 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en el incidente de liquidaci\u00f3n de perjuicios con radicado n\u00b0 2019-0290-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Los accionantes pidieron que se deje sin efecto los autos que denegaron la interrupci\u00f3n del proceso y la p\u00e9rdida de competencia por desbordamiento del t\u00e9rmino de duraci\u00f3n razonable (1\u00b0 jun. 2023). <\/p>\n
En sustento, adujeron que el 3 de mayo de 2023 se convoc\u00f3 a audiencia para el 15 de ese mismo mes, con el fin de resolver el asunto incidental, decisi\u00f3n contra la cual se interpuso reposici\u00f3n tras considerar que el juzgado hab\u00eda perdido competencia de conformidad con el art\u00edculo 121 del estatuto procesal civil. Informaron que el 12 de mayo pasado, Evaristo Rodr\u00edguez G\u00f3mez -apoderado judicial de la fiduciaria incidentante- inform\u00f3 al despacho sobre su diagn\u00f3stico de \u00abepisodio depresivo grave\u00bb. La audiencia no se realiz\u00f3 en la fecha indicada. <\/p>\n
Relataron que el 23 siguiente el juzgado desestim\u00f3 la reposici\u00f3n en comento, no decret\u00f3 la interrupci\u00f3n del proceso a pesar de la patolog\u00eda m\u00e9dica advertida y, en su lugar, convoc\u00f3 a audiencia para el 8 de junio de esta anualidad. La sociedad Santa Lucia Inversiones y Proyectos S.A.S. -fideicomitente del patrimonio aut\u00f3nomo representado por la incidentante- elev\u00f3 reposici\u00f3n subsidiaria de apelaci\u00f3n contra aquellas determinaciones, recursos que fueron desatados desfavorablemente (1\u00b0 jun. 2023). <\/p>\n
El 26 de mayo, Olga Liliana Galvis Amaya -quien adujo ser la asistente judicial de Evaristo Rodr\u00edguez G\u00f3mez- reiter\u00f3 el diagn\u00f3stico m\u00e9dico de \u00e9ste y pidi\u00f3 la interrupci\u00f3n del litigio, lo cual fue denegado en auto de 1\u00b0 de junio pasado tras considerar que la peticionaria no hab\u00eda sido reconocida como interviniente en la litis. <\/p>\n
De las decisiones relativas a no interrumpir el proceso y denegar la p\u00e9rdida de competencia por superaci\u00f3n del t\u00e9rmino de duraci\u00f3n razonable, as\u00ed como la de no adelantar la audiencia el 8 de junio, se deriv\u00f3 la lesi\u00f3n ius fundamental, dado que, en criterio de los accionantes, no era viable adelantar la vista p\u00fablica debido al concepto m\u00e9dico con relaci\u00f3n al apoderado de la incidentante. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que se encontraba en curso el tr\u00e1mite de nulidad propuesto por la presunta p\u00e9rdida de competencia relativa al art\u00edculo 121 del estatuto procesal civil. Inform\u00f3 tambi\u00e9n que el 8 de junio se instal\u00f3 la audiencia, pero fue suspendida por un mes dada la propuesta elevada por el apoderado Evaristo Rodr\u00edguez G\u00f3mez. <\/p>\n
3.- La primera instancia deneg\u00f3 el amparo tras considerar que el objeto de la salvaguarda radicaba en suspender la audiencia programada para el 8 de junio pasado, lo cual ocurri\u00f3 por decisi\u00f3n del juzgado y con anuencia de los intervinientes. En tal sentido, predic\u00f3 la carencia actual de objeto por hecho superado. <\/p>\n
4.- Los accionantes impugnaron porque la realizaci\u00f3n de la audiencia el 8 de junio, contrario a satisfacer su pretensi\u00f3n, reafirm\u00f3 la negativa de interrupci\u00f3n del tr\u00e1mite. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Circunscrita esta Corte a la impugnaci\u00f3n arriba descrita, se impone la confirmaci\u00f3n del veredicto objetado, aunque por razones distintas a las predicadas por el a quo constitucional, esto es, porque la situaci\u00f3n denunciada carece de trascendencia constitucional dadas las circunstancias espec\u00edficas que rodearon el caso concreto. <\/p>\n
En efecto, los reproches impugnaticios se circunscribieron a cuestionar que el tribunal de primer grado predicara un hecho superado debido a la realizaci\u00f3n de la audiencia el 8 de junio pasado, en la que se pretend\u00eda resolver el incidente de liquidaci\u00f3n de perjuicios. Lo anterior por cuanto consideran que el adelantamiento de esa audiencia, aun en futuras fechas, sin tener en cuenta el estado de salud del apoderado de la incidentante, lesion\u00f3 garant\u00edas supra legales. <\/p>\n
Con ese panorama, queda en evidencia que la verdadera intenci\u00f3n de los precursores al censurar los autos que denegaron la interrupci\u00f3n consisti\u00f3 en evitar la realizaci\u00f3n de la vista p\u00fablica destinada a resolver el incidente en cuesti\u00f3n, dado el diagn\u00f3stico de \u00abepisodio depresivo grave\u00bb del abogado Evaristo Rodr\u00edguez G\u00f3mez. <\/p>\n
Establecido lo anterior, se impone el fracaso de la salvaguarda porque, m\u00e1s all\u00e1 de lo razonable o no que pudieran resultar los raciocinios ofrecidos por el despacho accionado para no acceder a tal solicitud, revisado el expediente pudo advertirse que el 8 de junio pasado se instal\u00f3 la audiencia destinada a finiquitar el asunto y, luego de escuchar al abogado Evaristo exponer su situaci\u00f3n m\u00e9dica, el juzgador decidi\u00f3 acceder a la propuesta de aquel de suspender la actuaci\u00f3n, por el t\u00e9rmino de un mes, para que ese apoderado mejorara su estado de salud y pudiera asumir la representaci\u00f3n judicial o, en su defecto, procediera con la sustituci\u00f3n del poder u otra alternativa similar que permitiera la definici\u00f3n del caso. <\/p>\n
En esa medida, si bien no se accedi\u00f3 a la interrupci\u00f3n del litigio, cuya finalidad -entre otras- radica en garantizar el derecho de defensa y contradicci\u00f3n de los intervinientes y prevenir conductas procesales que lesionen esas prerrogativas, lo cierto es que las actuaciones desplegadas por el juzgador tendientes a no realizar la vista p\u00fablica dado el estado de salud del mandatario, cumplieron con esa misma teleolog\u00eda y evitaron el adelantamiento de la audiencia hasta tanto se tuvieran las garant\u00edas suficientes para todos los intervinientes. <\/p>\n
Adicionalmente, pudo revisarse del paginario cuestionado que el 7 de julio de esta anualidad se reanud\u00f3 la audiencia respectiva y en ella tuvo participaci\u00f3n activa el apoderado judicial de la incidentante, quien ning\u00fan reproche expuso con que se adelantara la misma. En ese escenario, el mandatario tuvo la oportunidad de exigir que se le escuchara alegar de conclusi\u00f3n, para lo cual se accedi\u00f3 a su petici\u00f3n de ampliar el t\u00e9rmino de 20 a 30 minutos, aunque, en realidad, su intervenci\u00f3n conclusiva tard\u00f3 50 minutos, lo que refleja que tuvo espacio suficiente para exponer sus argumentos finales. Por \u00faltimo, se verific\u00f3 que ese mandatario apel\u00f3 la sentencia que defini\u00f3 el incidente con lo cual queda al descubierto, igualmente, el ejercicio de la defensa t\u00e9cnica y la garant\u00eda de la doble instancia para su mandante. <\/p>\n
En definitiva, independientemente de la razonabilidad de los argumentos esgrimidos por la agencia querellada para denegar la interrupci\u00f3n del litigio, lo cierto es que en el fondo se garantiz\u00f3 el debido proceso del abogado aqu\u00ed agenciado y de la sociedad tutelante, al punto que la audiencia solo se llev\u00f3 a cabo una vez vencido el plazo solicitado por el mismo apoderado. Luego, se impone la denegaci\u00f3n del resguardo dada la falta de trascendencia constitucional de la situaci\u00f3n denunciada. No en vano, sobre la particular tem\u00e1tica esta Sala tiene dicho que al margen de las eventuales: <\/p>\n
(\u2026) falencias advertidas por el \u00abtutelante\u00bb el desenlace de la cuesti\u00f3n fustigada se sostiene en pie, es inane resquebrajarla siendo que otros pilares la ayudan a resistir, significa que este mecanismo de protecci\u00f3n – en virtud de su car\u00e1cter extraordinario – s\u00f3lo puede abrirse paso cuando la equivocaci\u00f3n enrostrada y verificada es asaz para alterar la situaci\u00f3n puesta de presente; lo contrario, esto es, si a pesar del yerro el contexto permanece esencialmente invariable, ning\u00fan servicio prestaria el simple reconocimiento del desafuero, que de cualquier modo es irrelevante por cuanto no conlleva a la reparaci\u00f3n cierta de las prerrogativas b\u00e1sicas que condujeron a la interposici\u00f3n de la tutela (CSJ STC1836-2020 reiterada en Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-03-000-2020-00181-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no queda alternativa distinta a confirmar la denegaci\u00f3n del amparo, pero por las razones que aqu\u00ed se expusieron. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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