STC7506-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7506-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-01077-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por el accionante frente al fallo proferido el 15 de junio de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Ariosto Caro Le\u00f3n contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso atacado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso, libertad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad y dignidad humana, que dice vulnerados por la autoridad encartada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abde[jar] parcialmente sin efecto legal la sentencia de diciembre 3 de 2020 y la sentencia complementaria de diciembre 18 del mismo a\u00f1o, proferidas por el Tribunal Superior de Yopal, ordenando, que en t\u00e9rmino razonable, dicha autoridad emita un fallo que guarde congruencia y respete el car\u00e1cter inescindible del anuncio del fallo del 18 de noviembre de 2020 y la sentencia escrita\u2026, con la consecuencia de dejarlo en libertad\u2026 mientras se contin\u00faa surtiendo el recurso de apelaci\u00f3n\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Contra Luis Ariosto Caro Le\u00f3n, en su calidad de juez Primero Civil del Circuito de Yopal, se adelant\u00f3 proceso penal por el delito de \u00abprevaricato por acci\u00f3n en concurso homog\u00e9neo y sucesivo\u00bb, que el 3 de diciembre de 2020 la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Yopal, luego de surtir el tr\u00e1mite de rigor, lo conden\u00f3 a 60 meses de prisi\u00f3n, decisi\u00f3n adicionada el 18 de diciembre siguiente, en el sentido de \u00absuspender el empleo\u00bb al condenado; determinaci\u00f3n recurrida en apelaci\u00f3n, la cual est\u00e1 en tr\u00e1mite. <\/p>\n
2.2. Por v\u00eda de tutela se duele el actor, en s\u00edntesis, de la sentencia condenatoria, pues, a su parecer, es incongruente, comoquiera que, en la audiencia de 18 de noviembre de 2020 se llev\u00f3 a cabo \u00abel anuncio del sentido del fallo, dentro de la cual, en virtud de que [se]\u2026 encontraba en libertad durante toda la actuaci\u00f3n , se mantuvo expresamente la decisi\u00f3n de mantenerlo en esas mismas condiciones, dado que no hab\u00eda eludido su comparecencia al proceso, as\u00ed como por su edad, superior a los 65 a\u00f1os y dem\u00e1s circunstancias que as\u00ed lo permit\u00edan\u00bb, no obstante, en la sentencia emitida el 3 de diciembre siguiente, \u00abel Tribunal accionado dispuso sin m\u00e1s, su captura para el cumplimiento de la pena impuesta y tambi\u00e9n no menos importante la suspensi\u00f3n en el cargo como Juez\u00bb. <\/p>\n
2.3. Anot\u00f3 que la Corte Constitucional en sentencia T-082\/23 indic\u00f3 que \u00aben esta clase de asuntos\u2026 la audiencia del sentido del fallo y la sentencia, constituyen una sola unidad compleja e inescindible, por lo que si en la primera se mantiene la libertad de quien le ha disfrutado en el curso de la actuaci\u00f3n, no puede desconocerse ni variarse sin un detenido y ponderado an\u00e1lisis\u00bb, asunto que debe ser aplicado en pro del principio de favorabilidad. <\/p>\n
2.4. Agreg\u00f3 que no cuenta con otro mecanismo de defensa, sumado a que, \u00abno constituye suficiente motivaci\u00f3n para privar de la libertad al procesado el simple hecho de negarle los subrogados penales o penas sustitutivas, pues siendo la restricci\u00f3n de la libertad la excepci\u00f3n y no la regla, requiere un examen valorativo ponderado para el caso en concreto de los arts. 54 y 63 de la Ley 599 de 2000, que obviamente el tribunal accionado no observ\u00f3 en la sentencia de diciembre 3 de 2020 ni mucho menos en la del 18 de diciembre, m\u00e1xime cuando en el anuncio del sentido del fallo ya se hab\u00eda ordenado expresamente que\u2026 continuara en libertad\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Pena de la Corte Suprema de Justicia refiri\u00f3 que la queja tutela critica, exclusivamente, la decisi\u00f3n emitida por el Tribunal y no el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n que cursa en esa colegiatura, por lo que pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que est\u00e1 insatisfecho el presupuesto de inmediatez, comoquiera que, la decisi\u00f3n que emiti\u00f3 la orden de captura se dispuso en sentencia proferida el 3 de diciembre de 2020 y la tutela admitida el 1\u00b0 de junio de 2023, esto es, cerca de 30 meses despu\u00e9s, sin que exista justificaci\u00f3n alguna para dicha tardanza. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, si bien en el precedente T-082\/2023 se dispuso ser flexible con la subsidiariedad, toda vez que, tambi\u00e9n estaba en tr\u00e1mite el recurso de apelaci\u00f3n, lo cierto es que s\u00ed cumpl\u00eda con el presupuesto de la inmediatez, pues se instaur\u00f3 al mes siguiente, lo que, como qued\u00f3 visto, para el caso no; reliev\u00f3 que, al ser una acci\u00f3n espec\u00edfica en concreto la criticada, no se evidencia una vulneraci\u00f3n que se extienda en el tiempo. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el accionante indicando que no ha sido desatendido de la defensa, \u00aby que la presente tutela surge en realidad por causa del novedoso procedente de la H. Corte Constitucional en sentencia T-082 de marzo 24 de 2023\u00bb, que \u00absi no se hab\u00eda formulado la acci\u00f3n de tutela en anterior oportunidad por los hechos y actos en la materia que nos ocupa, ha sido por respecto a la misma administraci\u00f3n de justicia, por cuanto no exist\u00eda una viabilidad jur\u00eddica cierta y concreta para el reconocimiento de sus derechos por \u00e9sta v\u00eda excepcional\u00bb, raz\u00f3n por la que el requisito de inmediatez debe ser flexible. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el presente caso el actor critica la decisi\u00f3n de 3 de diciembre de 2020, adicionada el 18 de diciembre de esas calendas, con la que la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Yopal conden\u00f3 al promotor, y dispuso librar orden de captura para el cumplimiento inmediato de la pena impuesta; orden de aprehensi\u00f3n que considera incongruente, pues, en su sentir, en la audiencia de sentido de fallo se indic\u00f3 que continuar\u00eda en libertad hasta tanto el fallo quedara ejecutoriado, situaci\u00f3n que no ha ocurrido, comoquiera que, est\u00e1 en tr\u00e1mite de alzada. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Puestas as\u00ed las cosas, muy a pesar de las alegaciones del impugnante, se advierte que la salvaguarda fundamental deviene improcedente, por desatender el principio de subsidiariedad connatural a este medio excepcional de protecci\u00f3n, comoquiera que el proceso penal objeto de reproche se halla en curso, pues obs\u00e9rvese que el tr\u00e1mite est\u00e1 cursando la impugnaci\u00f3n especial formulada contra el fallo condenatorio ac\u00e1 censurado, el cual ingres\u00f3 al despacho por reparto el 4 de febrero de 2021, seg\u00fan se verifica en el sistema de gesti\u00f3n judicial; de ah\u00ed que cualquier tipo de reparo lo debe formular ante el fallador natural, incluso, lo de la aplicaci\u00f3n del precedente que por esta v\u00eda, deduce, debe emplearse en su caso. <\/p>\n
Entonces, este no es el mecanismo id\u00f3neo para elucidar aspectos como los planteados por el promotor de la tutela, ya que la ley penal ofrece a los sujetos procesales precisas herramientas de defensa judicial para que expongan ante el juez natural sus argumentaciones o inconformidades, sin que las mismas puedan ser soslayadas so pretexto de invocar vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, de donde configurada se encuentra la causal establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, referente a la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u2026\u00bb. <\/p>\n
En un asunto, en punto al principio de subsidiariedad, la Sala puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026al margen del problema jur\u00eddico planteado, como fue destacado por la Sala Hom\u00f3loga Penal, la improcedencia de la protecci\u00f3n deriva del incumplimiento del presupuesto que viene resalt\u00e1ndose, conforme lo prev\u00e9 el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, dado que, mientras el proceso penal en cuesti\u00f3n est\u00e9 activo, no es viable la intromisi\u00f3n del juez de tutela. <\/p>\n
Ante la invariable posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n y del estudio de los hechos expuestos por el reclamante, se torna inviable el resguardo invocado, comoquiera que, al consultarse el historial del proceso\u2026, pudo verificarse que actualmente se encuentra surtiendo el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, cuya sustentaci\u00f3n fue presentada el 14 de agosto de 2018 y remitido a la Corte Suprema de Justicia el 22 siguiente (ff. 4 y 5, cd. Corte), por lo que ser\u00e1 la Sala de Casaci\u00f3n Penal la que inspeccione los contornos y el fondo del debate, an\u00e1lisis que involucra incluso las prerrogativas que alega vulneradas el actor en relaci\u00f3n con la falta de defensa t\u00e9cnica y el puntual reparo de no haber sido citado a las audiencias realizadas. <\/p>\n
Y es que el alcance y finalidad del examen que en sede de casaci\u00f3n penal se ejecuta, implica tambi\u00e9n un escrutinio del cumplimiento de garant\u00edas procesales y derechos fundamentales al interior de la causa y un estudio exhaustivo e integral de lo sometido a revisi\u00f3n. Sobre este medio de control, en materia penal, la Sala Especializada de esta Corporaci\u00f3n ha precisado: <\/p>\n
\u00abY respecto al recurso de casaci\u00f3n, recu\u00e9rdese que la ley adjetiva penal le tiene asignada como finalidad la efectividad del derecho material, entre otras, el respeto de las garant\u00edas de los intervinientes y la reparaci\u00f3n de los agravios inferidos a estos\u00bb (CSJ, STP17202-2014, 16 dic. 2014, rad. 77387). <\/p>\n
Y en otro pronunciamiento, esta Sala al resolver una demanda de tutela de perfiles id\u00e9nticos resalt\u00f3: <\/p>\n
\u00abTal realidad descarta por completo la acci\u00f3n constitucional, toda vez que la Corte al resolver el recurso podr\u00e1 estudiar, si existe o no violaci\u00f3n a sus derechos fundamentales, siendo \u00e9ste el mecanismo id\u00f3neo de defensa judicial, e impide que la Sala emita cualquier pronunciamiento sobre la legalidad de las decisiones adoptadas en dicho fallo, so pena de incurrir en manifestaciones de prejuzgamiento, que m\u00e1s adelante podr\u00edan constituir motivos de recusaci\u00f3n o impedimento. <\/p>\n
Ello, por cuanto de conformidad con el art\u00edculo 180 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, la casaci\u00f3n tiene por fines \u201cla efectividad del derecho material, el respeto de las garant\u00edas de los intervinientes, la reparaci\u00f3n de los agravios inferidos a estos y la unificaci\u00f3n de la jurisprudencia\u201d. <\/p>\n
Si lo anterior es as\u00ed, surge clara la improcedencia del amparo en tanto no constituye un mecanismo alternativo o supletorio al que las partes puedan acudir el ejercicio de sus derechos. (\u2026)\u00bb (CSJ. Sentencia 4 may. 2010, Rad. T-47710) (Negrillas fuera de texto) (CSJ, STC12182-2018, 19 sep, rad. 2018-01324). <\/p>\n
4. A lo anterior debe agregarse que, advertida la improcedencia del amparo, por la presencia de otro mecanismo judicial mediante el cual discutir la situaci\u00f3n expuesta ante el juez constitucional, \u00e9ste queda relevado de analizar el fondo del asunto, pues de lo contrario entrar\u00eda a usurpar las funciones del fallador ordinario, de donde no puede producirse aqu\u00ed una manifestaci\u00f3n expresa frente a la actuaci\u00f3n que el accionante tilda como irregular. <\/p>\n
5. Aunado a lo anterior, la salvaguarda tambi\u00e9n incumple el presupuesto de subsidiariedad, toda vez que, acorde con lo acreditado en este tr\u00e1mite, el pedimento dirigido a conservar la libertad hasta que el fallo condenatorio cobre ejecutoria a\u00fan no ha sido planteado ante el funcionario de conocimiento del asunto, menos la aplicaci\u00f3n del mencionado precedente, autoridad a quien legalmente compete hacer un pronunciamiento al respecto, por lo que el presente ruego tuitivo se torna inviable, dado que al juez constitucional le est\u00e1 vedado usurpar atribuciones que el legislador defiri\u00f3 al fallador ordinario. <\/p>\n
6. Finalmente, al margen de lo expuesto anteriormente, debe precisarse que respecto a la solicitud de aplicaci\u00f3n del precedente invocado por el actor en un caso en que la Corte Constitucional concedi\u00f3 la salvaguarda por falta de congruencia entre lo dicho en el sentido del fallo y la sentencia emitida (T-082 de 2023), basta se\u00f1alar que las determinaciones all\u00ed adoptadas son \u00abinter partes [y] que no [tienen] la virtualidad de extender sus efectos a la situaci\u00f3n que [se] plantea en relaci\u00f3n con [el interesado] en este tr\u00e1mite\u00bb (CSJ STC, 22 may. 2009, rad. 00124-01); destacando que los supuestos f\u00e1cticos all\u00e1 auscultados son diferentes a los ahora planteados. <\/p>\n
7. Se impone, entonces, respaldar el fallo de primer grado, pero por las razones ac\u00e1 expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1 <\/p>\n
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