STC7518-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7518-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02799-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 Lingfield International Corp. contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, defensa, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, que dice vulneradas por la sede judicial acusada, por lo que pidi\u00f3 \u00ab[d]ejar sin efecto la sentencia\u2026 [de 19] de octubre de 2022\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Lingfield International Corp. Promovi\u00f3 acci\u00f3n ejecutiva contra Orocon Energy Corporation y Worldwide Energy Investments LTD Sucursal Colombia. <\/p>\n
2.2. Mediante sentencia del 9 de agosto de 2022, se orden\u00f3 continuar la ejecuci\u00f3n, exclusivamente, frente a Orocon Energy Corporation, pues encontr\u00f3 demostrada la excepci\u00f3n de \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa\u00bb, que formul\u00f3 la otra ejecutada, decisi\u00f3n esta \u00faltima que apel\u00f3 la demandante, siendo confirmada por el Tribunal criticado con providencia del 19 de octubre de 2022, pero porque hall\u00f3 demostrada la prescripci\u00f3n, que tambi\u00e9n aleg\u00f3 Worldwide Energy Investments LTD. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que el ad quem acusado \u00abrealiz\u00f3 un an\u00e1lisis completamente ajeno y por fuera de la excepci\u00f3n [de] prescripci\u00f3n planteada por\u2026 Worldwide Energy Investments LTD.\u00bb, habida cuenta que \u00abmientras la excepci\u00f3n se limit\u00f3 a plantear como fundamentos f\u00e1cticos la fecha de suscripci\u00f3n del contrato de transferencia de acciones que suscribieron las partes, sin hacer referencia al cumplimiento de obligaciones que la pasiva siempre neg\u00f3, la sentencia de segunda instancia realiz\u00f3 un an\u00e1lisis que nunca le fue planteado\u2026\u00bb. <\/p>\n
2.4. De otro lado, destac\u00f3 que el Tribunal convocado \u00abmanifest\u00f3 que no exist\u00eda prueba de interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n\u00bb, desconociendo \u00ablas pruebas obrantes en el expediente muestran todo lo contrario\u00bb; y que: <\/p>\n
\u2026 si bien han pasado m\u00e1s de seis meses desde la fecha de notificaci\u00f3n de [la] providencia [criticada], el tiempo transcurrido para la presentaci\u00f3n de esta acci\u00f3n es razonable, en tanto el tr\u00e1mite de obtenci\u00f3n de la prueba de la representaci\u00f3n\u2026 como sociedad extranjera y su correspondiente apostilla\u2026 es un proceso que toma varias semanas; lo anterior sin considerar la dificultad que comporta este asunto, al involucrar una controversia transfronteriza y una discusi\u00f3n derivada de la ejecuci\u00f3n de un laudo internacional. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
1. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 rindi\u00f3 informe sobre las actuaciones que adelant\u00f3 en el tr\u00e1mite acusado. <\/p>\n
2. El Juzgado Octavo Civil del Circuito de esta ciudad destac\u00f3 que, de la demanda de tutela, se extracta que \u00ablas peticiones del actor no se enfilan a debatir asunto alguno relacionado con el tr\u00e1mite que\u2026 imparti\u00f3 en el desarrollo del proceso, ni con la sentencia en primera instancia emitida, lo que de suyo deja ver\u2026 que, por parte de ese estrado judicial, no se ha vulnerado derecho alguno del demandante\u00bb. <\/p>\n
3. Worldwide Energy Investments LTD Sucursal Colombia, a trav\u00e9s de apoderado judicial, manifest\u00f3 que la decisi\u00f3n criticada \u00abestuvo precedida de un serio debate probatorio, mediante el cual se demostr\u00f3 que acaeci\u00f3 el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n ejecutiva\u00bb. <\/p>\n
4. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, concluye la Corte que la solicitud de resguardo carece del mencionado requisito de inmediatez, teniendo en cuenta que entre la data en que se dict\u00f3 la cuestionada sentencia de segunda instancia (19 de octubre de 2022) y la de interposici\u00f3n de la demanda de amparo bajo an\u00e1lisis, 18 de julio de 2023, transcurri\u00f3 un lapso que supera el de seis (6) meses, fijado por la consistente jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, como razonable y proporcional para que la persona afectada en sus prerrogativas b\u00e1sicas ejerza esta acci\u00f3n constitucional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
En este punto, cabe a\u00f1adir, que no se encuentra de recibo la justificaci\u00f3n que esgrimi\u00f3 la actora para excusar la anotada tardanza (dificultad para obtener la prueba de su representaci\u00f3n legal), pues el t\u00e9rmino de seis meses es m\u00e1s que suficiente para obtener la totalidad de elementos de juicio que se requieran para impulsar el presente tr\u00e1mite. <\/p>\n
Frente al requisito de inmediatez, la Sala ha dicho que: <\/p>\n
(\u2026) \u201cno puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d (prove\u00eddo de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterado el 30 de agosto de 2012, exp. 01254-01). <\/p>\n
Reiterando que \u201cel ejercicio de la acci\u00f3n de tutela debe ser oportuno y congruente con el prop\u00f3sito que persigue, que no es otro que brindar soluci\u00f3n \u2018a situaciones presentes que a\u00fan pueden ser susceptibles de tal remedio, y no denunciar hechos cuyos efectos se han materializado\u2026\u2019 (Sentencia de 17 de julio de 2006, exp. No. 11001-0204-000-2006-00826-01)\u201d (Sentencia de 8 de agosto de 2012, exp. 00189-01); o lo que es igual, \u201cla presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u201d, en aras de \u201cpreservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica\u201d (Sentencia de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterada el 26 de abril de 2012, exp. 00221-01) (CSJ STC, 30 ene. 2013, rad. 2012-00274-01, CSJ STC 5977, 15 de mayo de 2015). <\/p>\n
3. Lo anterior es suficiente para desestimar la protecci\u00f3n pedida, sin que se imponga analizar de fondo la situaci\u00f3n planteada, porque el incumplimiento del presupuesto de inmediatez impide tal estudio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, declara improcedente, el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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