STC7527-2023<\/p>\n
<\/p>\n
F <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7527-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 73001-22-13-000-2023-00171-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dos de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00b0 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos destinados a proteger la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en providencia paralela a esta los nombres de las partes involucradas en el presente asunto ser\u00e1n reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Establecido lo anterior, se dirime la impugnaci\u00f3n que Pedro Alc\u00e1ntara Herr\u00e1n actuando en nombre propio y como representante de Juan Carlos Alc\u00e1ntara Candil, Juan Jos\u00e9 y Juan Carlos Alc\u00e1ntara Casadiegos formul\u00f3 frente a la sentencia del 21 de junio de 2023, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en la tutela que instaur\u00f3 contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de El Espinal, extensiva a las partes y a los intervinientes en el proceso ejecutivo seguido del litigio de responsabilidad civil extracontractual con rad. 2019-00080-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista pretende a trav\u00e9s del presente mecanismo que se ordene al Juzgado convocado cancelar las medidas cautelares decretadas respecto de los inmuebles identificados con los folios de matr\u00edcula inmobiliaria No. 50C-1841094 y 50C-2006051. <\/p>\n
En sustento adujo que Anastasio Somoza sufri\u00f3 lesiones como consecuencia del accidente de tr\u00e1nsito en el que se vio involucrado el veh\u00edculo de su propiedad, raz\u00f3n por la cual en las sentencias que le fueron desfavorables result\u00f3 condenado junto con Daniel \u00c1lvarez \u00c1lvarez y HDI Seguros S.A. al pago de los perjuicios causados. <\/p>\n
2.- El titular del estrado convocado precis\u00f3 que el actor desperdici\u00f3 las herramientas que el legislador dispuso para su defensa. <\/p>\n
3.- El a quo deneg\u00f3 el amparo por incumplir con el requisito de la subsidiariedad, pues el gestor desperdici\u00f3 el recurso de queja contra el prove\u00eddo que neg\u00f3 la concesi\u00f3n de la alzada frente al auto que decret\u00f3 medidas cautelares y guard\u00f3 silencio en punto de la providencia que dispuso el aval\u00fao y remate de los bienes. <\/p>\n
4.- El accionante impugn\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n, para lo cual se\u00f1al\u00f3 similares argumentos a los expuestos en el escrito de tutela en relaci\u00f3n al embargo y secuestro de sus propiedades. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Circunscrita la Corte a los reparos expuestos en el escrito de tutela y a la impugnaci\u00f3n formulada, advierte que la queja se dirige contra el prove\u00eddo proferido el 24 de abril de 2023 por medio del cual el Juzgado convocado decret\u00f3, en lo que aqu\u00ed interesa, el embargo y posterior secuestro de los bienes inmuebles identificados con los n\u00fameros de matr\u00edculas inmobiliarias 50C-2006051 y 50C-1841094; en tal orden pronto se advierte que se revocar\u00e1 la decisi\u00f3n de primer grado para en su lugar conceder el amparo en la medida que dicha autoridad incurri\u00f3 en vulneraci\u00f3n del debido proceso del actor. <\/p>\n
En primer lugar, cabe advertir que la tem\u00e1tica planteada por el impugnante frente a dicho auto refiere a la imposibilidad jur\u00eddica del decreto de dichas cautelas en raz\u00f3n a que los bienes gozan de una afectaci\u00f3n como es el patrimonio de familia; en tal orden vale la pena acotar que de manera sucinta esta Corte ha precisado que dicha figura <\/p>\n
Fue creada inicialmente por la Ley 70 de 1931, luego fue modificada por la Ley 495 de 1999 y, reglamentada por el Decreto 2817 de 2006, hoy compilado en el Decreto \u00fanico reglamentario 1069 de 2015; su prop\u00f3sito, radica en evitar que sea embargada por deudas adquiridas por quien ostenta el t\u00edtulo de propietario. <\/p>\n
Ahora bien, en el mencionado compendio normativo, se encuentran estipulados los beneficiarios del patrimonio de familia, en espec\u00edfico, el art\u00edculo 4 de la Ley 70 de 1931, donde se logra comprender que se extiende a los miembros de la familia, esto es, c\u00f3nyuges, hijos y menores de edad dentro del segundo grado de consanguinidad (Subraya la Sala) (STC 6 may. 2020, rad. 2020-00017-01) <\/p>\n
En segundo lugar, dest\u00e1quese que el debido proceso de quienes acuden a la administraci\u00f3n de justicia exige que sus servidores motiven sus decisiones frente a los hechos probados y las normas aplicables a su caso, a fin de que puedan conocer las razones por las cuales se acogen o desestiman sus solicitudes. Por eso esta Corte ha insistido en que <\/p>\n
(\u2026) el deber de motivar toda providencia que no tenga por \u00fanica finalidad impulsar el tr\u00e1mite, reclama, como presupuesto sine qua non, que la jurisdicci\u00f3n haga p\u00fablicas las razones que ha tenido en cuenta al adoptar la respectiva resoluci\u00f3n, de tal manera que tras conoc\u00e9rselas se tenga noticia de su contenido para que no aparezca arbitraria, caprichosa, antojadiza, sino producto del an\u00e1lisis objetivo, am\u00e9n de reflexivo de los diferentes elementos de juicio incorporados al plenario y dentro del marco trazado por el objeto y la causa del proceso (CSJ STC7764-2018, reiterada, entre otras, en STC5704-2021). <\/p>\n
Ahora bien, revisado el expediente objeto de cr\u00edtica se observa que aunque el ejecutado interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n referida (24 feb. 2023) y el Juez aludido resolvi\u00f3 mantener inc\u00f3lume esa determinaci\u00f3n (9 may. 2023), analizada la providencia carece por completo de motivaci\u00f3n respecto de la tem\u00e1tica aqu\u00ed planteada. <\/p>\n
N\u00f3tese que los citados mecanismos cuestionaron, de un lado, la suma por la que se libr\u00f3 el mandamiento de pago, y del otro, no solo, el l\u00edmite de la cuant\u00eda de las retenciones de dineros en las cuentas bancarias, sino adem\u00e1s, las medidas cautelares que se decretaron respecto de los predios propiedad del ejecutado Alc\u00e1ntara Herr\u00e1n, con los mismos reparos aqu\u00ed expuestos; sin embargo, el estrado judicial frente a lo primero se\u00f1al\u00f3 que en la orden de apremio \u00abdiscrimin\u00f3 de forma precisa y di\u00e1fana las cifras que deben pagarse y el r\u00e9gimen de intereses sobre las mismas, esto, acorde con la sentencia base de la ejecuci\u00f3n\u00bb y en relaci\u00f3n a lo segundo indic\u00f3 que <\/p>\n
el valor m\u00e1ximo establecido en aquella cautela, obedece simplemente a la limitaci\u00f3n de la medida en atenci\u00f3n a los criterios expuestos en el art\u00edculo 599 de la obra procesal, m\u00e1s no a una fijaci\u00f3n err\u00f3nea e inadecuada interpretaci\u00f3n del t\u00edtulo base de recaudo, como lo indica el memorialista, toda vez que basta con posar la mirada en el citado canon legal, para entender que en el caso de embargos y secuestros el juez podr\u00e1 limitarlos en un valor que no exceda el doble del cr\u00e9dito cobrado, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas; de ah\u00ed que siguiendo este imperativo. <\/p>\n
Visto lo anterior, se advierte que el proceder de la autoridad accionada luce arbitrario por la pot\u00edsima raz\u00f3n que no le mereci\u00f3 pronunciamiento alguno el embargo y secuestro cuestionados, inadvirti\u00f3 las medidas de protecci\u00f3n que gozaban los citados bienes y que los beneficiarios adem\u00e1s del actor eran los 3 hijos menores de edad, calidad que se acredit\u00f3 en el litigio, luego es ostensible la ausencia de motivaci\u00f3n por parte del Juzgado accionado frente al reproche concreto expuesto por el actor. <\/p>\n
En asuntos similares al presente, esta Sala de vieja data ha considerado, que <\/p>\n
sufre mengua el derecho fundamental al debido proceso por obra de sentencias en las que, a pesar de la existencia objetiva de argumentos y razones, la motivaci\u00f3n resulta ser notoriamente insuficiente, contradictoria o impertinente frente a los requerimientos constitucionales. As\u00ed, en la sentencia de 22 de mayo de 2003, expediente N\u00ba 2003-0526, se increp\u00f3 al Tribunal por no \u2018fundar sus decisiones en razones y argumentaciones jur\u00eddicas que con rotundidad y precisi\u00f3n (\u2026)\u2019; lo propio ocurri\u00f3 en el fallo de 31 de enero de 2005, expediente 2004-00604, en que se recrimin\u00f3 al ad quem por no expresar las \u2018razones puntuales\u2019 equivalentes a una falta de motivaci\u00f3n; defecto que en el fallo de 7 de marzo de 2005 expediente 2004-00137, se describe como desatenci\u00f3n de \u2018la exigencia de motivar con precisi\u00f3n la providencia\u2019 (CSJ STC952-2021). <\/p>\n
De otra parte, puede aducirse la improcedencia de esta s\u00faplica porque el tutelante omiti\u00f3 agotar los mecanismos de defensa a su alcance, por cuanto no solicit\u00f3 la adici\u00f3n de la mentada providencia y adem\u00e1s interpuso extempor\u00e1neamente el recurso de queja respecto del auto que neg\u00f3 la concesi\u00f3n de la alzada frente a la determinaci\u00f3n criticada, se resalta que cuando el pronunciamiento objeto de reproche desconoce de manera protuberante los derechos fundamentales o las normas de orden p\u00fablico, como quedo visto, no resulta conveniente anteponer la satisfacci\u00f3n, entre otros, del presupuesto de subsidiariedad, pues tal exigencia no constituye un obst\u00e1culo insuperable que impida otorgar la protecci\u00f3n. <\/p>\n
Adem\u00e1s, en el presente asunto, se muestra necesaria la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional, en orden a salvaguardar las garant\u00edas de los menores aqu\u00ed agenciados y la familia como n\u00facleo esencia de la sociedad. <\/p>\n
Al respecto, se ha puntualizado: <\/p>\n
(\u2026) [E]n tal sentido, en oportunidad anterior, ante la evidente vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales, la Sala concedi\u00f3 la tutela, a pesar de que no se agotaron los mecanismos ordinarios de defensa judicial, ni se promovi\u00f3 en forma oportuna el amparo, con el fin de \u00abproteger los derechos reclamados por la parte accionante, en aras de garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal\u00bb. (ST de 12 de octubre de 2012. Exp. 2012-1545-01) <\/p>\n
\u201c[I]gualmente, se ha admitido que en atenci\u00f3n a la esencia de la acci\u00f3n bajo an\u00e1lisis, \u00ab\u00e9sta no puede verse limitada por formalismos jur\u00eddicos, porque aunque no se pone en duda que su viabilidad est\u00e1 supeditada a la verificaci\u00f3n de ciertas condiciones de procedibilidad, la jurisprudencia constitucional ha determinado que la mera ausencia de un requisito general de procedencia como el de subsidiariedad, no puede erigirse en par\u00e1metro absoluto para privar al actor del goce efectivo de sus derechos superiores, ni para prohijar su quebranto con la actitud silente del juez que conoce del reclamo dirigido a obtener su protecci\u00f3n. (STC 13 ago. 2013. rad. 2013-093-01). <\/p>\n
En suma, dada la falta de motivaci\u00f3n en la decisi\u00f3n que resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n formulado contra el auto que decret\u00f3 las medidas cautelares, no queda alternativa diferente a revocar el fallo objetado, para que la autoridad convocada se pronuncie sobre la tem\u00e1tica planteada como en derecho corresponda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, REVOCAR la sentencia de fecha, contenido y procedencia anotadas, para en su lugar CONCEDER la salvaguarda incoada por Pedro Alc\u00e1ntara Herr\u00e1n actuando en nombre propio y como representante de sus menores hijo Juan Carlos Alc\u00e1ntara Candil, Juan Jos\u00e9 y Juan Carlos Alc\u00e1ntara Casadiegos. <\/p>\n
En consecuencia, se deja sin valor y efecto el auto de 9 de mayo de 2023, emitido en el proceso ejecutivo seguido despu\u00e9s del verbal con radicado 73268-XX-03-XXXX-XXXX-000XX-00, en lo relacionado con las medidas cautelares decretadas en relaci\u00f3n a los bienes identificados con los n\u00fameros de matr\u00edculas inmobiliarias 50C-20XXXXX y 50C-18XXXXX, para que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de El Espinal, en el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, se pronuncie frente a la inembargabilidad alegada por el aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZAL\u00c9Z NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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