STC7528-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC7528-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-02864-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de dos de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023)-. <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- instaur\u00f3 contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, extensiva al Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de la misma ciudad y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2022-00105. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, a trav\u00e9s de apoderado, exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, para que se ordenara a la Magistratura accionada \u00abREVO[CAR] el Auto de 5 de junio de 2023 al interior del proceso [referenciado]\u00bb y, en consecuencia, \u00abprof[iera] una providencia de reemplazo que garantice [su] derecho al debido proceso (\u2026) en los t\u00e9rminos establecidos en los argumentos de la presente acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
En compendio adujo que demand\u00f3 a la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesant\u00edas Porvenir S.A. para que se le declarara \u00abcivil y patrimonialmente responsable del perjuicio derivado de la entrega de informaci\u00f3n err\u00f3nea al momento de hacer efectivo el traslado de r\u00e9gimen pensional de los afiliados\u00bb y, por ende, se le condenara \u00aba pagar debidamente indexada la suma de SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS (\u2026) m\u00e1s intereses\u00bb (rad. 2022-00105), quien contest\u00f3 y solicit\u00f3 el decreto y practica de pruebas, entre ellas, \u00abun interrogatorio de parte del representante legal\u00bb de Colpensiones, desestimadas en prove\u00eddo (28 mar. 2023) que aquella recurri\u00f3 en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, \u00faltimo remedio que prosper\u00f3 parcialmente, en tanto el superior accedi\u00f3 \u00fanicamente a autorizar el mentado medio de convicci\u00f3n (5 jun. 2023). <\/p>\n
Sostuvo que dicha Colegiatura con lo decidido incurri\u00f3 en los defectos \u00abprocedimental absoluto y desconocimiento del precedente\u00bb, toda vez que realiz\u00f3 una indebida interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 195 del C\u00f3digo General del Proceso, del cual \u00abresulta claro que los representantes de las entidades p\u00fablicas no pueden confesar y, al ser la confesi\u00f3n el objetivo de todo interrogatorio, parece evidente que este es del todo improcedente\u00bb, por lo que \u00abnada de lo dicho en el interrogatorio podr\u00eda ser usado para resolver el asunto respectivo, y ni siquiera es posible atribuir las consecuencias negativas contempladas por la no asistencia\u00bb, tal y como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia (STL974-2023). <\/p>\n
2.- El Tribunal Superior y el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1 defendieron la legalidad de su proceder. <\/p>\n
La Administradora de Fondo de Pensiones y Cesant\u00edas PORVENIR S.A. pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, por cuanto \u00abNI EN EL COMPONENTE F\u00c1CTICO NI JUR\u00cdDICO [DE LA DEMANDA DE TUTELA] SE ENCUENTRAN FUNDAMENTOS PARA IMPUTARLE ALGUNA VULNERACI\u00d3N DE DERECHOS FUNDAMENTALES\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Confrontado el escrito genitor con la evidencia recaudada en el plenario, muy pronto se anuncia que la salvaguarda no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, porque la determinaci\u00f3n que revoc\u00f3 la que neg\u00f3 el \u00abinterrogatorio de parte\u00bb al \u00abrepresentante legal\u00bb de la entidad convocante, requerido por al Fondo de Pensiones y Cesant\u00edas Porvenir S.A. en la Litis n.\u00b0 2022-00105, para permitir su recaudo, no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento jur\u00eddico o de la jurisprudencia vinculante. <\/p>\n
En efecto, Colpensiones se duele del interlocutorio emitido el 5 de junio de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, por medio del cual resolvi\u00f3, entre otras: \u00abREVOCAR PARCIALMENTE el auto proferido durante la audiencia celebrada el 28 de marzo de 2023, mediante el cual se neg\u00f3 el interrogatorio de parte pedido por el demandado, para en su lugar, DECRETAR ese medio suasorio con respecto al representante legal de la parte activa\u00bb en dicha contienda, dado que, en su sentir, no efectu\u00f3 una correcta intelecci\u00f3n de la disposici\u00f3n adjetiva que disciplina la tem\u00e1tica, sumado a que lo hizo de espaldas al \u00abprecedente\u00bb contenido en la directriz \u00abSTL974-2023\u00bb, proferida por la Homologa en lo Laboral de la Corte. <\/p>\n
Sin embargo, al escrutar los fundamentos de tal providencia, se aprecia que el juez plural recriminado observ\u00f3 la norma y el \u00abprecedente jurisprudencial\u00bb que gobierna la materia, insumos de los cuales coligi\u00f3 en paralelo con la informaci\u00f3n que arroja el dossier, que es l\u00edcito llamar a declarar al \u00abrepresentante legal\u00bb del ente p\u00fablico demandante para \u00abesclarecer de mejor manera el conflicto\u00bb, quien deber\u00e1 comparecer a la respectiva audiencia a ser o\u00eddo, de cuya atestaci\u00f3n no podr\u00e1n ser apreciadas las manifestaciones que \u00abtengan el car\u00e1cter de confesi\u00f3n\u00bb, de ah\u00ed que deb\u00eda abolir la denegaci\u00f3n del a quo, para consentir su admisi\u00f3n y recolecci\u00f3n. <\/p>\n
Para soportar dicha inferencia, acot\u00f3 preliminarmente: <\/p>\n
\u00abDe otro lado, con respecto al interrogatorio de parte, el precepto 173 del C.G.P. previene que: \u201cNo valdr\u00e1 la confesi\u00f3n de los representantes de las entidades p\u00fablicas cualquiera que sea el orden al que pertenezcan o el r\u00e9gimen jur\u00eddico al que est\u00e9n sometidas. Sin embargo, podr\u00e1 pedirse que el representante administrativo de la entidad rinda informe escrito bajo juramento, sobre los hechos debatidos que a ella conciernan, determinados en la solicitud. El juez ordenar\u00e1 rendir informe dentro del t\u00e9rmino que se\u00f1ale, con la advertencia de que, si no se remite en oportunidad sin motivo justificado o no se rinde en forma expl\u00edcita, se impondr\u00e1 al responsable una multa de cinco (5) a diez (10) salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes (smlmv)\u201d\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, memor\u00f3 la postura de esta Sala al respecto: <\/p>\n
\u00abSobre la materia, en reciente pronunciamiento el Alto \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, en su especialidad civil, decant\u00f3: <\/p>\n
\u201cLas entidades p\u00fablicas pueden ser parte en los procesos civiles, si es que tienen que acudir a esa especialidad de la jurisdicci\u00f3n ordinaria a defender sus intereses bien como demandantes o demandadas, y por tal raz\u00f3n quedan sometidas a la ley procesal civil (\u2026). <\/p>\n
Trat\u00e1ndose del deber de las partes de rendir interrogatorio no existe una norma que exima a tales entidades de cumplirlo, y lo cierto es que no hay razones para ello, si en cuenta se tiene que su versi\u00f3n sobre los hechos objeto de litigio es relevante para el proceso civil, al igual que el de los otros intervinientes (\u2026). <\/p>\n
Ahora, esa tesis la respalda el canon 195 del C\u00f3digo General del Proceso, pues luego de enunciar \u2018[d]eclaraciones de los Representantes de Personas Jur\u00eddicas de Derecho P\u00fablico\u2019, establece que \u2018[n]o valdr\u00e1 la confesi\u00f3n de los representantes de las entidades p\u00fablicas cualquiera que sea el orden al que pertenezcan o el r\u00e9gimen jur\u00eddico al que est\u00e9n sometidas\u2019. <\/p>\n
De donde se desprende que los representantes legales de tales dependencias pueden declarar y, por ende, ser interrogados con ese prop\u00f3sito, solo que al fallador le est\u00e1 vedado a la hora de apreciar la versi\u00f3n, valorar aquellas atestaciones que tengan el car\u00e1cter de confesi\u00f3n -admisi\u00f3n de hechos perjudiciales para la entidad-, en atenci\u00f3n a que debe protegerse el inter\u00e9s general y el patrimonio p\u00fablico (\u2026). <\/p>\n
Luego, aunque la confesi\u00f3n del representante legal de una entidad p\u00fablica no tenga relevancia para el proceso civil, la declaraci\u00f3n de parte s\u00ed la tiene, con mayor raz\u00f3n si a trav\u00e9s de esa versi\u00f3n puede esclarecerse de mejor manera el conflicto, por provenir de quien conoci\u00f3 o debi\u00f3 conocer los datos que la originaron. De manera que en el evento de que el juez cite al organismo p\u00fablico a declarar, bien para cumplir el interrogatorio exhaustivo de que trata el numeral 7\u00b0 art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso, o en virtud de la solicitud probatoria que haga uno de los intervinientes en el proceso, aqu\u00e9l deber\u00e1 comparecer a la respectiva audiencia donde ser\u00e1 escuchado. <\/p>\n
Al mismo tiempo, cuando el inciso segundo de la regla 195 comentada, se\u00f1ala: \u2018[s]in embargo, podr\u00e1 pedirse que el representante administrativo de la entidad rinda informe escrito bajo juramento, sobre los hechos debatidos que a ella conciernan, determinados en la solicitud\u2019, no est\u00e1 excluyendo la posibilidad de que el representante comparezca al proceso a rendir su declaraci\u00f3n de viva voz, la norma, \u00fanicamente, establece que si bien la versi\u00f3n que perjudica a la entidad no puede ser estimada, el fallador puede pedirle al representante que presente un informe bajo la gravedad del juramento. En otras palabras, nada obsta para que un representante de una entidad p\u00fablica sea conminado a presentar ese informe y, simult\u00e1neamente, sea citado a rendir declaraci\u00f3n de parte, cuanto m\u00e1s, si al tenor del referido art\u00edculo 198 son elementos de juicio dis\u00edmiles\u201d\u00bb, STC13366-2021 (7 oct.). Resalto propio del texto). <\/p>\n
Premisas a partir de las cuales, concluy\u00f3: <\/p>\n
\u00abBajo esos lineamientos, se advierte que la solicitud incoada por la pasiva debi\u00f3 atenderse favorablemente por la falladora de primer grado, pues aunque Colpensiones sea una Empresa Industrial y Comercial del Estado organizada como entidad financiera de car\u00e1cter especial, vinculada al Ministerio de Trabajo, esto no impide la pr\u00e1ctica del interrogatorio de parte, por cuanto como viene de verse, su prop\u00f3sito tambi\u00e9n es recibir la declaraci\u00f3n del gerente, circunstancia que abre paso a la petici\u00f3n elevada por el extremo apelante. <\/p>\n
Ahora, es cierto que es inviable obtener la confesi\u00f3n; sin embargo, ello no obsta para que el funcionario comparezca a la audiencia a declarar sobre los hechos que conforman el litigio, am\u00e9n que lo vedado por la normatividad es \u00fanicamente ese efecto probatorio. <\/p>\n
En consecuencia, se revocar\u00e1 en lo pertinente la decisi\u00f3n reprochada y, en su lugar, se dispondr\u00e1 el decreto del interrogatorio de parte del representante legal de Colpensiones, (\u2026)\u00bb. (\u00c9nfasis deliberado, Archivo PROVIDENCIAS E-97 DE 6 DE JUNIO DE 2023.pdf., p\u00e1gs. 10 a 17). <\/p>\n
Bajo este panorama, se vislumbra que tales elucubraciones no revisten arbitrariedad o capricho alguno, por cuanto se ajustan al precepto y la hermen\u00e9utica que ha decantado el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria civil, de suerte que no pueden ser descalificadas. <\/p>\n
Ahora bien, el pronunciamiento denunciado como ignorado por la precursora (STL974-2023, 12 abr.), no resulta obligatorio u observable para el iudex plural tachado, comoquiera que fue expedido por el m\u00e1ximo Tribunal, pero de la \u00abjurisdicci\u00f3n ordinaria laboral\u00bb. <\/p>\n
2.- As\u00ed las cosas, de la resoluci\u00f3n criticada no emerge defecto alguno que configure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como lo sugiere la impulsora, quien busca imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse al t\u00f3pico debatido, sin que tal designio acompase con la finalidad de la v\u00eda superlativa, cuyo objetivo no es servir de tercera \u00abinstancia\u00bb para rebatir los \u00abargumentos de la autoridad judicial\u00bb en el \u00e1mbito de sus facultades (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; citada recientemente, entre otras, en la STC6693-2023). <\/p>\n
3.- Son estas explicaciones las que llevan al fracaso del socorro suplicado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela instada por la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse esta determinaci\u00f3n, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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