STC7529-2023<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7529-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-00944-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social – UGPP frente al fallo proferido el pasado 25 de mayo por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 ella contra la Sala de Descongesti\u00f3n Nro. 2 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La actora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas \u00abal Debido Proceso y Acceso a la Administraci\u00f3n de Justicia[,] en conexidad con el principio de Sostenibilidad Financiera del Sistema Pensional\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad recriminada al dictar sentencia reconociendo la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional, junto con la mesada 14, en el juicio recriminado. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abdejar sin efectos la sentencia del 05 de diciembre de 2022[,] dictadas (sic) por la\u2026 Sala [accionada]\u00bb; y ordenar a la \u00abCorte Suprema de Justicia[,] Sala de Casaci\u00f3n Laboral[,] dictar una nueva\u2026 ajustada a derecho, en la cual se dejen sin efectos la [proferida el]\u2026 05 de diciembre de 2022\u2026 y, en consecuencia, se nieguen las pretensiones de la demanda\u00bb. <\/p>\n
En forma subsidiaria, deprec\u00f3 suspender \u00abde manera transitoria la sentencia proferida el 5 de diciembre de 2022\u2026, hasta tanto se resuelva el recurso extraordinario de revisi\u00f3n que se iniciar\u00eda en virtud de [la] orden tutelar\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso: <\/p>\n
2.1. En el juicio laboral que Juan Francisco Casta\u00f1eda Forero instaur\u00f3 contra la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social – UGPP (pretendiendo se declarara que \u00abera beneficiario de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo 1998-1999, suscrita el 15 de abril de 1998 entre la Caja de Cr\u00e9dito Agrario, Industrial y Minero y el sindicato de sus trabajadores, Sintracreditario\u00bb; \u00abse condenara a la UGPP al reconocimiento y pago, en su favor, de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional, establecida en el art\u00edculo 41, par\u00e1grafos 1\u00ba y 3\u00ba de [esa]\u2026 Convenci\u00f3n\u00bb; y que esa \u00abprestaci\u00f3n se le reconociera, desde el 17 de agosto de 2013 con el 75 % del promedio salarial devengado en el \u00faltimo a\u00f1o de servicios, debidamente actualizado, junto con las mesadas causadas desde esa fecha y a futuro con los respectivos aumentos legales, debidamente indexadas mes a mes, hasta cuando se verificara el pago; las adicionales de junio y diciembre, ya producidas, a partir de la misma data y en adelante, tambi\u00e9n indexadas; los derechos que se probaran con fundamento en las facultades ultra y extra petita y las costas), surtidas las etapas de rigor, el 22 de junio de 2017 el Juzgado Tercero Laboral de Bogot\u00e1 dict\u00f3 sentencia, en la que absolvi\u00f3 a la all\u00ed demandada y declar\u00f3 fundadas \u00ablas excepciones de falta de causa e inexistencia de la obligaci\u00f3n y cobro de lo no debido\u00bb. Determinaci\u00f3n que el 13 de julio siguiente confirm\u00f3 la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad. <\/p>\n
2.2. Sin embargo, el 15 de marzo de 2021, la Sala accionada cas\u00f3 tal pronunciamiento para, en su lugar, \u00aben sede de instancia, para mejor proveer\u2026[,] oficiar a la [referida] Unidad\u2026 para que\u2026 alleguen certificaci\u00f3n clara, en la que se informe: i) los cargos desempe\u00f1ados por\u2026 Casta\u00f1eda Forero al servicio de la Caja de Cr\u00e9dito Agrario, Industrial y Minero y, ii) los factores fijos y variables para liquidar la mesada convencional, debidamente especificados por su valor\u00bb; y el 5 de diciembre de de 2022 emiti\u00f3 la respectiva sentencia, en la que accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
2.3. En sede de tutela, en concreto, aleg\u00f3 la reclamante que la Sala accionada, al disponer el reconocimiento de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional, junto con la mesada 14, dispensando el abuso del derecho de parte de Casta\u00f1eda Forero, incurri\u00f3 en defectos f\u00e1ctico, sustantivo, de desconocimiento del precedente y violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n, al pasar por alto la \u00abvigencia de la Convenci\u00f3n Colectiva de la Caja Agraria bajo los par\u00e1metros del Acto Legislativo 001 de 2005\u00bb, que \u00ab[e]l requisito de la edad no [era] de mera exigibilidad sino de causaci\u00f3n del derecho\u00bb y la necesaria satisfacci\u00f3n de los presupuestos legales \u00abpara ser beneficiado con la mesada 14\u00bb; con lo que cohonesto <\/p>\n
Destac\u00f3 que \u00absi bien procede el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, en este momento\u2026 no es el mecanismo pertinente y eficaz para impedir la grave irregularidad que se da en este caso[,] relacionado con el de una pensional de jubilaci\u00f3n convencional junto con la mesada 14 sin el cumplimiento de los 55 a\u00f1os de edad requerido por la Convenci\u00f3n Colectiva de 1998-1999 y tampoco de los requisitos de la mesada 14[,] determinados en el Acto Legislativo, antes de la perdida de vigencia, el 31 de julio de 2010\u00bb; siendo evidente que lo all\u00ed definido genera \u00abun grave perjuicio al erario\u00bb, al deberse pagar, erradamente, a Casta\u00f1eda Forero, $184.226.870 por retroactivo, $54\u2019963.031 por indexaci\u00f3n y \u00abmesada pensional junto con la mesada 14 hasta la vida probable del causante\u00bb. <\/p>\n
3. La Sala de Descongesti\u00f3n Nro. 2 de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte defendi\u00f3 la legalidad de su proceder, deprec\u00f3 el despacho adverso de la salvaguarda \u00abpor no haberse demostrado vulneraci\u00f3n de derecho fundamental alguno\u00bb y destac\u00f3, tambi\u00e9n, que el ruego tutelar era inviable por insatisfacer el presupuesto de la subsidiariedad, en tanto que \u00abcontra la decisi\u00f3n\u2026 cuestionada es posible interponer el recurso extraordinario de revisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n declar\u00f3 improcedente la protecci\u00f3n, por insatisfacer el requisito de la subsidiariedad, comoquiera que \u00abla entidad demandante no ha ejercido la acci\u00f3n correcta para lograr un pronunciamiento acerca de la incompatibilidad de la mesada pensional cuestionada y no se observa un abuso del derecho que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional – definitiva o transitoria- en lo que respecta a su reconocimiento\u00bb. <\/p>\n
La inco\u00f3 la gestora insistiendo en sus planteamientos iniciales, especialmente frente a los que, adujo, acreditados abuso del derecho y perjuicio irremediable. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta jur\u00eddica subsidiaria y residual, establecida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Auscultada la impugnaci\u00f3n, considera la Sala que est\u00e1 llamada al fracaso, lo que impone ratificar la determinaci\u00f3n del a-quo constitucional, dada la inviabilidad del resguardo, al desatender el principio de subsidiariedad connatural a este medio excepcional de protecci\u00f3n, en tanto que, para controvertir la sentencia en la que se orden\u00f3 el reconocimiento y pago de la asignaci\u00f3n pensional a favor de Casta\u00f1eda Forero, la accionante tiene a su alcance el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, en aras de provocar un pronunciamiento del fallador natural. <\/p>\n
En efecto, muy a pesar de las alegaciones de la inconforme, como insistentemente lo ha sostenido esta Corte en asuntos de similares contornos al de ahora (criterio reiterado, entre muchas otras, en STC1571-2023, 22 feb., rad. 2022-02097-01), cuenta con el remedio atr\u00e1s referido, conforme a lo dispuesto en el canon 20 de la Ley 797 de 2003, el cual procede contra sentencias ejecutoriadas, m\u00e1xime si esgrime que el pago de la pensi\u00f3n all\u00ed conferida a cargo del \u00aberario\u00bb, fue en desmedro de lo debido de acuerdo con la ley; escenario judicial en el que, valga anotar, es factible remediar los aparentes perjuicios que tal reconocimiento prestacional llegare a ocasionar. <\/p>\n
Es que, cual lo sostuvo esta Sala de la Corte en un debate con cierta simetr\u00eda: <\/p>\n
(\u2026) respecto al reconocimiento pensional convencional [otorgado en fallo de casaci\u00f3n] que, en sentir de la quejosa, constituye una irregularidad, adem\u00e1s, porque Henry Morales ya cuenta con la pensi\u00f3n de vejez por parte de Colpensiones, por lo que, deduce, existe \u00abincompatibilidad entre el reconocimiento convencional y la pensi\u00f3n de vejez\u00bb, sumado a que \u00abno se puede devengar DOS emolumentos del erario p\u00fablico generando as\u00ed una evidente v\u00eda de hecho por violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n y la ley\u00bb[,] la solicitud de amparo tambi\u00e9n deviene improcedente, comoquiera que, tal como lo afirm\u00f3 la accionante, tiene a su alcance acudir [a la] revisi\u00f3n, en aras de provocar un pronunciamiento del fallador natural. <\/p>\n
En efecto, la UGPP cuenta con el remedio atr\u00e1s referido, conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003, el cual procede contra sentencias ejecutoriadas, que \u00abhayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro p\u00fablico o a fondos de naturaleza p\u00fablica la obligaci\u00f3n de cubrir sumas peri\u00f3dicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podr\u00e1n ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, del Contralor General de la Rep\u00fablica o del Procurador General de la Naci\u00f3n. (\u2026) La revisi\u00f3n se tramitar\u00e1 por el procedimiento se\u00f1alado para el recurso extraordinario de revisi\u00f3n por el respectivo c\u00f3digo\u2026\u00bb. <\/p>\n
Frente a situaciones similares a la que aqu\u00ed se presenta, en punto al reconocimiento pensional convencional, la Sala dej\u00f3 dicho que: <\/p>\n
la entidad reclamante tiene a su alcance otro medio de defensa a trav\u00e9s del cual puede procurar la protecci\u00f3n de los bienes jur\u00eddicos fundamentales que estima transgredidos, es decir, el recurso extraordinario de revisi\u00f3n de que trata el canon 30 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo, en concordancia con lo estipulado en el precepto 20 de la Ley 797 de 2003(\u2026) para cuestionar la legalidad de dichas determinaciones, por lo que no resulta pertinente convertir la tutela en un camino alterno o paralelo a aqu\u00e9l, en virtud de su car\u00e1cter subsidiario y residual. (CSJ, STC, 24 abr., rad. 2020-00210-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991\u2026 (\u00c9nfasis ajeno. Cfr. CSJ STC6282, 2 jun. 2021, rad. 2020-00554-02). <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que la UGPP s\u00ed est\u00e1 facultada para interponer la revisi\u00f3n en comento, pues como lo ha precisado esta magistratura en el pasado, \u00abdicha atribuci\u00f3n se la asign\u00f3 el art\u00edculo 6 del Decreto 575\u2026 de 2013, seg\u00fan el cual, [le] corresponde\u2026 adelantar o asumir cuando haya lugar, las acciones previstas en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003\u00bb; norma aquella que, adem\u00e1s, refrend\u00f3 su naturaleza jur\u00eddica de entidad adscrita al Ministerio de Hacienda (CSJ STC4114, 22 mar. 2018, rad. 00232-01). <\/p>\n
En ese orden de ideas, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, al existir otros medios judiciales para alegar las inconformidades planteadas en sede constitucional, no es posible acceder a las s\u00faplicas de la quejosa, pues se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al mecanismo regular de protecci\u00f3n, reiterando que la tutela no se erige como sustituta de las herramientas o procedimientos ordinarios creados por el legislador para debatir t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisi\u00f3n, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agotan, pues debido a su finalidad ius fundamental \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; CSJ STC, 21 ag. 2013, rad. 2013-01258-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01). <\/p>\n
3. Finalmente, dest\u00e1quese que el resguardo no procede, siquiera, como mecanismo transitorio, comoquiera que no se verifica la existencia de un perjuicio irremediable, contrario a lo predicado por la impugnante, toda vez que, como lo ha precisado la Sala en casos similares: <\/p>\n
\u2026la accionante esgrime que la queja tuitiva la present\u00f3 para evitar la ocurrencia de un \u00abperjuicio irremediable\u00bb, toda vez que el procedimiento del referido remedio hace que su definici\u00f3n no sea expedita, lo que prolonga en el tiempo la afectaci\u00f3n al Sistema General de Pensiones, de ah\u00ed que la problem\u00e1tica planteada deba solventarse en este escenario constitucional. <\/p>\n
No obstante, la ret\u00f3rica exhibida [por la UGPP] no diluye la \u00abexigencia de procedibilidad\u00bb echada de menos p\u00e1rrafos atr\u00e1s, comoquiera que no se acredit\u00f3 que con el pago de la \u00abmesada y retroactivo pensional\u00bb concedido\u2026, se ponga en \u00abgrave riesgo\u00bb el mencionado r\u00e9gimen prestacional, carga que debe soportar la entidad querellante hasta tanto pruebe, en aquel contexto jurisdiccional, que lo otorgado no acompasa con el ordenamiento patrio (CSJ STC9548-2022). <\/p>\n
4. Las razones anteriormente consignadas imponen la confirmaci\u00f3n del fallo de tutela de primera instancia, en tanto que, en corto, la accionante tiene a su alcance el recurso especial de revisi\u00f3n de que \u00abtrata el canon 30 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo, en concordancia con lo estipulado en el precepto 20 de la Ley 797 de 2003\u00bb, respecto del \u00abreconocimiento de sumas peri\u00f3dicas a cargo del tesoro p\u00fablico\u00bb, en concordancia con el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 575 de 2013, acorde con el cual le compete \u00ab[a]delantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el [aludido] art\u00edculo 20\u00bb; lo que, como insistentemente lo ha sostenido esta Sala, derruye la alegaci\u00f3n de existencia de un eventual perjuicio irremediable. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el veredicto impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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