STC7532-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7532-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2023-00731-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Luc\u00eda (Lucy) Leal de Rodr\u00edguez frente al fallo proferido el pasado 12 de julio por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por ella contra el Juzgado Sexto de Familia de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al debido proceso, presuntamente conculcado por la sede judicial acusada en el tr\u00e1mite fustigado, especialmente por decretar una medida cautelar sin haberla convocado al mismo, debiendo hacerlo. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar al Juzgado accionado \u00abdejar sin valor y efecto el auto emitido el\u2026 01 de diciembre del\u2026 2022, el cual decreta medida cautelar nombrando como apoyo transitorio o provisional a\u2026 Juanita Rodr\u00edguez Leal de\u2026 Mar\u00eda del Rosario Rodr\u00edguez Leal, toda vez que\u2026 h[a] venido ejerciendo como curadora leg\u00edtima durante todos estos a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
2. Los hechos relevantes para la definici\u00f3n de este caso son los que a continuaci\u00f3n se sintetizan: <\/p>\n
2.1. El 10 de noviembre de 2003 el Juzgado acusado emiti\u00f3 sentencia en la que declar\u00f3 interdicta, por demencia, a Mar\u00eda del Rosario Rodr\u00edguez Leal, y le design\u00f3, como curador principal, a Germ\u00e1n Rodr\u00edguez Sales (su padre), y como curadora suplente, a la ac\u00e1 accionante (su madre); determinaci\u00f3n que, en sede de consulta, modific\u00f3 la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en el sentido de que la designaci\u00f3n de los \u00faltimos lo era como \u00abcuradores conjuntos\u2026, en calidad de progenitores\u00bb. <\/p>\n
2.2. Narr\u00f3 la quejosa que, el 19 de octubre de 2022, Juanita Rodr\u00edguez Leal, como hermana de Mar\u00eda del Rosario y ante el fallecimiento de Germ\u00e1n Rodr\u00edguez Sales, present\u00f3 solicitud de valoraci\u00f3n de apoyos ante la Personer\u00eda de Bogot\u00e1, lo que dio lugar a que, el 22 de noviembre siguiente, la Procuradur\u00eda acusada presentara proceso de adjudicaci\u00f3n de apoyos, el que, el 1\u00ba de diciembre posterior, admiti\u00f3 el despacho encartado y requiri\u00f3 \u00aba la solicitante para que aporte los nombres y direcciones de notificaci\u00f3n de los parientes de la beneficiaria del apoyo, lo anterior para proceder de conformidad con lo dispuesto en el n\u00fam. 5 del art. 396 del C. G. del P.\u00bb, as\u00ed mismo, invocando los c\u00e1nones 6\u00ba de la Ley 1996 de 2019 y 590 -literal c)- del C\u00f3digo General del Proceso, como medida cautelar innominada, dispuso \u00abdesignar como apoyo transitorio o provisional [de]\u2026 Mar\u00eda del Rosario\u2026[,] a\u2026 Juanita Rodr\u00edguez Leal, \u00fanica y exclusivamente para que en nombre y representaci\u00f3n de la beneficiaria del apoyo adelante todos los tr\u00e1mites administrativos necesarios para obtener el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobreviviente, a la que tiene derecho por transmisi\u00f3n de su progenitor German Rodr\u00edguez Sales\u00bb. <\/p>\n
2.3. El 9\u00ba de marzo de 2023 el aludido Juzgado incorpor\u00f3 \u00abal expediente la informaci\u00f3n allegada por la Procuradora\u2026 adscrita a [ese] despacho, sobre\u2026 los parientes de la beneficiaria del apoyo\u00bb, la que, anot\u00f3, tendr\u00eda \u00aben cuenta en caso que sea necesario notificarlos de conformidad con el N\u00b0 5 del art. 396 del C. G. del P., una vez sea allegado el informe de valoraci\u00f3n de apoyos que directamente solicit\u00f3 la actora\u00bb. <\/p>\n
2.4. El 8 de mayo \u00faltimo, tras observar que, \u00ab[d]e una verificaci\u00f3n del expediente y del sistema de consulta de procesos\u00bb, se desprend\u00eda que en ese Juzgado \u00abcurs\u00f3 proceso de interdicci\u00f3n de la aqu\u00ed beneficiar\u00eda\u00bb, en aplicaci\u00f3n del precepto 56 de la Ley 1996 de 2019, dispuso \u00abadecuar el\u2026 tr\u00e1mite al de revisi\u00f3n de interdicci\u00f3n\u00bb y \u00abnotificar la existencia de [ese] proceso a Rodrigo Forero, Andr\u00e9s Rodr\u00edguez Leal y Martha Helena Prieto, quienes se relacionan como red de apoyo de la beneficiaria, seg\u00fan el informe de valoraci\u00f3n rendido; para que manifiesten sin est\u00e1n de acuerdo con los apoyos solicitados, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el n\u00fam. 5 del art. 396 del C. G. del P.\u00bb. <\/p>\n
2.5. En sede de tutela, la actora critic\u00f3 que, sin hab\u00e9rsele convocado a ese \u00faltimo tr\u00e1mite, cuando debi\u00f3 serlo (acorde con el precepto 56 de la Ley 1996 de 2019), se decretara la referida cautela, de la que \u00absolo tuvo conocimiento hasta el mes de junio de 2023[,] cuando el Centro de Educaci\u00f3n y Rehabilitaci\u00f3n Santa Mar\u00eda de La Providencia, colegio donde estudia [su] hija Mar\u00eda del Rosario\u2026, [l]e inform\u00f3 sobre [su] existencia\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que siempre ha ejercido de manera cabal su cargo de curadora y que Juanita Rodr\u00edguez Leal falt\u00f3 a la verdad para hacerse, indebidamente, con la decisi\u00f3n que ac\u00e1 se reprocha, pues no reside en Colombia, \u00abno ha ejercido, ni conoce las funciones como curadora y\u2026 no puede ofrecer garant\u00edas, ni protecci\u00f3n a\u2026 Mar\u00eda del Rosario\u2026[,] es sobreponer los intereses econ\u00f3micos de\u2026 [aqu\u00e9lla] sobre los derechos fundamentales que [\u00e9sta]\u2026 ostenta, ya que, pretende obtener la pensi\u00f3n de sobreviviente que le corresponde a est\u00e1 y su respectivo retroactivo por transmisi\u00f3n de su progenitor German Rodr\u00edguez Sales (Q.E.P.D)\u00bb; sumado a que desde el fallecimiento de \u00e9ste \u00abse abrog[\u00f3] la administraci\u00f3n de lo[s] bienes inmuebles\u2026, sin consentimiento de los dem\u00e1s herederos y la [suya] como c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite\u00bb.. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Sexto de Familia de Bogot\u00e1 histori\u00f3 el desarrollo del asunto que tiene a cargo y pidi\u00f3 denegar \u00abla presente acci\u00f3n constitucional, por falta del requisito de subsid[i]ariedad\u00bb. <\/p>\n
Rese\u00f1\u00f3 el desarrollo del proceso a su cargo, del cual resalt\u00f3 que, \u00abcon ocasi\u00f3n a la presentaci\u00f3n de la presente tutela, observ\u00f3\u2026 que, aun no se hab\u00eda enterado a la progenitora, Lucia (Lucy) Leal de Rodr\u00edguez, quien adem\u00e1s funge como curadora principal, de ah\u00ed que, por auto del 29 de junio del presente, se orden\u00f3 su notificaci\u00f3n a trav\u00e9s de la secretar\u00eda del juzgado, con la salvedad de que, la misma no es demandada, pero si es menester escucharla\u00bb; que \u00abel proceso se est\u00e1 adelantado con estricto cumplimiento de las exigencias legales y respetando el debido proceso\u2026, siendo el objetivo principal constatar la situaci\u00f3n actual de Mar\u00eda del Rosario Rodr\u00edguez Leal para de este modo, en caso de que lo requiera, conceder los apoyos que necesite\u00bb. De all\u00ed que \u00abno incurri\u00f3 en vulneraci\u00f3n de alguno de los derechos fundamentales de la accionante comoquiera que la misma, obtuvo conocimiento del proceso, pudo y debi\u00f3 acudir directamente al juzgado para hacerse parte en el mismo, no acudir a la acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
2. El Procurador 169 Judicial II de Familia histori\u00f3 las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite recriminado y destac\u00f3 que este reclamo era \u00abimprocedente por hecho superado\u00bb, comoquiera que \u00absi se omiti\u00f3[,] por cualquier causa, la relaci\u00f3n de una persona que puede servir de apoyo, tal situaci\u00f3n puede ser suplida por el juez en cualquier momento, ya que, para la integraci\u00f3n del contradictorio en estos casos, entendemos por tratarse de relaciones jur\u00eddicas que no se pueden resolver, sino se tiene certeza cu[\u00e1]les familiares integran la red de la discapacitada y cuales re\u00fanen los requisitos de ley, es decir, que en efecto sean apoyo real y no tengan conflicto de intereses\u00bb; y acorde con lo informado por el Juzgado atacado, \u00abse llev\u00f3 a cabo la integraci\u00f3n de la madre de la discapacitada al proceso, apenas el 30 de junio de 2023, ello corrige cualquier falencia, pues lo importante, es que se impetr[\u00f3] la solicitud para que se empezara a adelantar la sustituci\u00f3n pensional, en protecci\u00f3n de los intereses de la discapacitada y, ante ello, los derechos fundamentales de \u00e9sta se encuentran salvaguardados\u00bb. <\/p>\n
3. Juanita Rodr\u00edguez Leal se opuso a la prosperidad del resguardo, defendi\u00f3 la legalidad de lo definido por el estrado accionado y resalt\u00f3 que siempre ha actuado en beneficio de su hermana y su madre (ac\u00e1 tutelante), \u00faltima que por su edad y estado de salud tambi\u00e9n requiere \u00abacompa\u00f1amiento y apoyo permanente\u00bb. <\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda 235 Judicial I para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres describi\u00f3 el decurso del asunto cuestionado y afirm\u00f3 que \u00abno se ha vulnerado derecho fundamental alguno de la accionante, por el contrario, se ha actuado en procura de garantizar los derechos de la persona en condici\u00f3n de discapacidad, dando cumplimiento al mandato contenido en la Ley 1996 de 2019\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal a-quo declar\u00f3 improcedente la salvaguarda al hallar insatisfecho el presupuesto de la subsidiariedad, comoquiera que, \u00abinicialmente, el Juez demandado admiti\u00f3 la solicitud como \u201cADJUDICACI\u00d3N DE APOYOS PARA LA TOMA DE DECISIONES\u201d, pero\u2026, mediante prove\u00eddo de 8 de mayo del a\u00f1o en curso, adecu\u00f3 el tr\u00e1mite al de revisi\u00f3n y orden\u00f3 la notificaci\u00f3n de las personas que fueron relacionadas como red de apoyo y, el pasado 29 de junio, dispuso tambi\u00e9n el enteramiento de la existencia del proceso a la actora, quien hasta la fecha no ha presentado solicitud alguna ante dicho funcionario y, menos a\u00fan ha atacado las determinaciones respecto de las que se duele en esta acci\u00f3n de tutela\u00bb; de donde es evidente que \u00abdo\u00f1a LUC\u00cdA tiene la oportunidad de controvertir todo lo relacionado con la medida cautelar de adjudicaci\u00f3n de apoyo provisional, interponiendo los recursos que sean del caso, pero lo cierto es que no lo ha hecho, o no se tiene noticia de que as\u00ed haya ocurrido y es lo que le corresponde hacer, pues, como se sabe, por un lado, no se puede acudir a la acci\u00f3n de tutela directamente, como una instancia alternativa o paralela, a la que, legalmente, fue prevista para esos prop\u00f3sitos y, por otro, al Juez constitucional le est\u00e1 vedado inmiscuirse en los asuntos que le corresponden al Juez ordinario, pues de hacerlo se desnaturalizar\u00eda el car\u00e1cter subsidiario de la acci\u00f3n de tutela y las v\u00edas ordinarias se tornar\u00edan inoperantes\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 la actora insistiendo en la concesi\u00f3n del resguardo pero afirmando, respecto de la actuaci\u00f3n surtida, en el curso de esta acci\u00f3n, dentro del tr\u00e1mite fustigado, que, por imprecisiones del Juzgado acusado, no tiene claridad del momento a partir del cual se le tuvo por enterada de ese juicio, por lo que no pudo ejercer oportunamente el derecho de defensa, encontr\u00e1ndose en riesgo los derechos de su hija Mar\u00eda del Rosario porque \u00abya se ha adelantado el proceso de sustituci\u00f3n pensional ante la Administradora de Pensiones -COLPENSIONES, mediante Resoluci\u00f3n SUB 147872, con fecha de junio 07 de 2023\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con apoyo en tales premisas, de entrada se advierte el fracaso de la solicitud de amparo y, por ende, de la impugnaci\u00f3n propuesta, ante la evidente insatisfacci\u00f3n del presupuesto de la subsidiariedad, por lo que la decisi\u00f3n del a-quo constitucional habr\u00e1 de confirmarse. <\/p>\n
Lo anterior, porque, se insiste, el fallador constitucional est\u00e1 imposibilitado de ocuparse, de primera mano, de la problem\u00e1tica propuesta, en la medida en que la gestora no acredit\u00f3 haber agotado ning\u00fan tipo de petici\u00f3n ante el Juzgado accionado exponiendo los reparos tra\u00eddos en la demanda de tutela e, incluso, los novedosamente exhibidos en su impugnaci\u00f3n, lo que le corresponde hacer antes de acudir a este mecanismo excepcional de protecci\u00f3n, aduciendo y demostrando all\u00ed los motivos en que funda sus reclamos, sin que resulte viable que, como lo pretende, el juzgador supralegal se anticipe a los pronunciamientos que por ley le compete emitir a los jueces naturales. <\/p>\n
En ese orden de ideas, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del precepto 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u2026\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, al verificarse la inviabilidad del amparo reclamado, al existir otros mecanismos de defensa judicial para alegar ante el juzgador ordinario las inconformidades planteadas en sede constitucional, as\u00ed deb\u00eda declararse, pues de otra manera se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al medio regular de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que la tutela no se erige como mecanismo sustituto de las herramientas o procedimientos comunes creados por el legislador para debatir t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisi\u00f3n, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agotan, pues debido a su finalidad ius fundamental \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; STC, 21 ag. 2013, rad. 2013-01258-01; y STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01); de donde, \u00ab\u2026si no se ha realizado la solicitud a la autoridad correspondiente, la acci\u00f3n de tutela no est\u00e1 llamada a prosperar, pues\u2026 no se instituy\u00f3 para inmiscuirse en las actuaciones a cargo de las otras autoridades, ni de los particulares, sino para impedir o desterrar las acciones u omisiones que causen quebranto en los derechos b\u00e1sicos, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial\u00bb (CSJ STC 30 en. 2013, rad. 2012-00275-01). <\/p>\n
En id\u00e9ntico sentido esta Corte ha dejado dicho que: <\/p>\n
\u2026el amparo constitucional solicitado se torna improcedente, en virtud de que\u2026 en trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa\u2026. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente \u2026para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reiterase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley.\u00bb (CSJ STC 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citado en STC 11. Jul. 2013, rad, 000183-01) (CSJ STC3524-2016, 17 mar. 2016, rad. 2016-00525-00). <\/p>\n
\u2026[E]sta Corporaci\u00f3n ha aplicado varios criterios para determinar su existencia; veamos: \u201cla inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que legitima la acci\u00f3n de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados\u201d (CC T-377\/11, reiterada en CSJ STC, 19 abr. 2012, rad. 2012-00126-01; y STC17372, 30 nov. rad. 2016-02357-01). <\/p>\n
4. Lo consignado impone ratificar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y env\u00edense las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC7532-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC7532-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2023-00731-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de dos de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Luc\u00eda (Lucy) Leal de Rodr\u00edguez […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75273","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75273","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75273"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75273\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75273"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75273"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75273"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}