STC7561-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7561-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-02794-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de dos de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Roberto Valenzuela Reyes contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia, debido proceso \u2013en sus modalidades de defensa y contradicci\u00f3n\u2013, autonom\u00eda de la voluntad, entre otras, supuestamente vulneradas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
2.1. Mariana Salazar Arias present\u00f3 demanda contra Carlos Alberto Barriga Andrade y Roberto Valenzuela Reyes \u2013aqu\u00ed libelista\u2013, en procura de que se librara la orden de apremio, con fundamento en el contrato n.\u00ba 001-09 de \u00abarrendamiento rural\u00bb, dada la falta de pago de c\u00e1nones de \u00abjunio de 2018 a junio de 2019\u00bb, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de Bogot\u00e1 (rad. n.\u00ba 2019-00624), quien mediante sentencia de 16 de septiembre de 2022, declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n relativa a la finalizaci\u00f3n del citado convenio en el t\u00e9rmino all\u00ed previsto, esto es, el 15 de abril de 2014, por lo que no pod\u00edan exigirse dineros posteriores a esa calenda. <\/p>\n
2.2. Inconforme, la parte ejecutante apel\u00f3, en virtud de lo cual, el 29 de mayo de 2023, la Sala Civil del Tribunal Superior de esa localidad revoc\u00f3 la providencia del a quo, para, en su lugar, ordenar que siguiera adelante el cobro, ya que \u00abno hay forma de afirmar que el contrato termin\u00f3 el 15 de abril de 2014\u00bb, en tanto que \u00ab[aun cuando] no se renov\u00f3 \u201cexpresamente el contrato\u201d, la arrendadora quedaba con el \u201cderecho\u201d de \u201cexigir\u201d la restituci\u00f3n \u201ccuando quiera\u201d (inc. 2\u00b0), el que en ese momento no ejerci\u00f3 porque permiti\u00f3 continuar la ocupaci\u00f3n del predio y recibi\u00f3 el pago de la renta\u00bb; de modo que, en esas condiciones, estableci\u00f3 que \u00abson exigibles en los t\u00e9rminos de la norma, pero no la renta del mes de septiembre de 2019 ni las que se sigan causando porque para la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda el contrato hab\u00eda terminado\u00bb1. <\/p>\n
2.3. Sin embargo, a juicio del actor, esa determinaci\u00f3n es irregular, toda vez que, grosso modo: (i) resolvi\u00f3 el remedio vertical con argumentos que no fueron invocados por la parte recurrente; (ii) dispuso seguir el recaudo de obligaciones cuyo valor est\u00e1 contenido en \u00abdocumentos diferentes y ajenos\u00bb al t\u00edtulo base del cobro; (iii) la ejecuci\u00f3n continu\u00f3 respecto de intereses sobre c\u00e1nones de arrendamiento, \u00abdesconociendo que (\u2026) las partes establecieron de manera expresa e inequ\u00edvoca que la mora en los c\u00e1nones de arrendamiento no generar\u00eda intereses de mora\u00bb; (iv) consider\u00f3 prolongada la vigencia del contrato, con base en la \u00abla t\u00e1cita reconducci\u00f3n\u00bb, sin que \u00absin que dicha figura y sin que dicho art\u00edculo [2014 del C\u00f3digo Civil] hubiera[n] sido invocado[s] por la demandante\u00bb; (v) estim\u00f3 que el acuerdo era de car\u00e1cter comercial y que, por tanto, se pregonaba la solidaridad del aqu\u00ed censor; y (vi) dej\u00f3 de resolver sobre una de las excepciones formuladas. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Un magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que \u00abme remito al contenido de las providencias de 29 de mayo y 26 de junio de 2023\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de esa ciudad relat\u00f3 las actuaciones del proceso y pidi\u00f3 que se niegue el amparo, porque \u00abno ha conculcado las prerrogativas superiores del accionante, aunado, a que las decisiones que se adoptaron en el asunto sometido a escrutinio de la primera instancia fueron ajustadas a derecho y, de ninguna manera, traducen en la incursi\u00f3n de una v\u00eda de hecho o en la causaci\u00f3n de un perjuicio irremediable que diera viabilidad a la prosperidad de la presente tuitiva, incluso, como mecanismo transitorio\u00bb. <\/p>\n
3. Un abogado, quien refiri\u00f3 agenciar los intereses de la parte demandante en la causa auscultada, arguy\u00f3 que \u00aben la providencia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, bajo la Tutela que nos ocupa, su Sala Civil en su sabidur\u00eda, de manera un\u00e1nime y fehaciente con la realidad de encontrarse ante un arrendamiento de car\u00e1cter comercial, estableci\u00f3 en forma detallada el porqu\u00e9 de la solidaridad de los demandados como arrendatarios en el contrato 001-09, e imponiendo el vigente e id\u00f3neo art\u00edculo 825 del C\u00f3digo de Comercio, declar\u00f3 a los dos arrendatarios como deudores solidarios sobre las obligaciones vencidas que se denotan en los numerales que no fueron excluidos del mandamiento de pago\u00bb. <\/p>\n
4. La mandataria judicial de Catalina Cuervo Delgado, quien adujo ser la c\u00f3nyuge sobreviviente de Carlos Alberto Barriga Andrade, coadyuv\u00f3 el petitum, porque \u00abel examen de los medios de prueba aportados por los demandados junto con las declaraciones de los arrendadores manifestadas en audiencia, en concordancia con sus comunicaciones escritas dirigidas al arrendatario CARLOS BARRIGA(q.e.p.d.), guardan directa correspondencia con la excepci\u00f3n 5.3 alegada por el accionante demandado, que no fue abordada por el honorable Tribunal en la selecci\u00f3n de los hechos probados, ya que por ejemplo no incluy\u00f3 el razonamiento por el cual se decide desestimar algunas de las declaraciones de JUAN MANUEL SALAZAR quien act\u00faa como arrendador en el contrato allegado como t\u00edtulo ejecutivo. Declaraciones JUAN SALAZAR que establecen que la obligaci\u00f3n de pago perseguida en la acci\u00f3n ejecutiva corresponde a un solo predio que \u00e9l llama \u201cla finca\u201d. Es decir que los valores del canon de arrendamiento pretendidos en la demanda hacen parte de un contrato distinto al allegado como t\u00edtulo ejecutivo, en ese sentido cobra importancia la manifestaci\u00f3n de JUAN SALAZAR respecto a que el inmueble arrendado es \u201cuna uni\u00f3n de una sola finca, sino que tiene nombres diferentes ciertos pedazos de la finca\u201d\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el ejecutivo de la referencia (rad. n.\u00ba 2019-00624), por revocar, en segundo grado, la providencia absolutoria del estrado a quo; y, en su lugar, seguir adelante el cobro contra el aqu\u00ed actor, en su calidad de coarrendatario, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Al revisar la decisi\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 revoc\u00f3 la sentencia absolutoria de primera instancia, dictada por el Juzgado Cuarenta y Tres del Circuito de esa ciudad, para, en su lugar, continuar el recaudo auscultado, no se evidencia la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. En efecto, el ad quem precis\u00f3 inicialmente que, \u00abcomo la raz\u00f3n que llev\u00f3 al juez a decir que no se pod\u00edan cobrar los c\u00e1nones de arrendamiento por la v\u00eda ejecutiva y dejar de estudiar otros aspectos del litigio, fue la no renovaci\u00f3n del contrato de arrendamiento, pese a que se demostr\u00f3 la tenencia del predio despu\u00e9s del 15 de abril de 2014 y el pago de renta por periodos posteriores, para iniciar el estudio del caso lo primero que en realidad importa es determinar hasta cu\u00e1ndo dur\u00f3 esa relaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, indic\u00f3 que \u00abla naturaleza comercial del negocio arrendaticio no es discutible en la medida en que el demandado Carlos Barriga manifest\u00f3, en la contestaci\u00f3n de la demanda, ser el \u201cempresario responsable de la explotaci\u00f3n ganadera ejecutada en el predio arrendado\u201d, para esa \u201cdestinaci\u00f3n exclusiva\u201d, que los contratos de arrendamiento \u201cfueron acordados contractualmente con destinaci\u00f3n \u00fanica y exclusiva a la explotaci\u00f3n de ganado de cr\u00eda, levante y ceba\u201d (p\u00e1gs. 63 a 73, archivo 037DescorreTrasladoDemanda) y porque, en efecto, ese fue el destino acordado en el contrato estudiado, pese a que la demandante arrendadora haya dicho que firm\u00f3 el contrato como persona natural\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, sobre la renovaci\u00f3n del mentado acuerdo, adujo que: <\/p>\n
\u00abLa demanda presentada en octubre de 2019 dio por supuesto que el contrato continuaba vigente por haberse prorrogado, pues se ajust\u00f3 a pedir, no solo los arrendamientos hasta el mes de septiembre inmediatamente anterior, sino los que se siguieran causando, y as\u00ed se libr\u00f3 la orden de pago. Al responder la demanda Valenzuela aleg\u00f3 que hab\u00eda terminado para \u00e9l al cumplirse el plazo inicial acordado porque desde entonces se desentendi\u00f3 de aquella relaci\u00f3n: \u201c(i) No hizo uso del \u00e1rea que hab\u00eda sido arrendada; (ii) No efectu\u00f3 pago alguno de c\u00e1nones de arrendamiento; (iii) No remiti\u00f3 ninguna comunicaci\u00f3n ni recibi\u00f3 comunicaci\u00f3n alguna de la que se pueda siquiera inferir que era arrendatario\u201d. A partir esas afirmaciones propuso sus excepciones. <\/p>\n
El arrendatario Barriga, en cambio, adujo que \u201cel pago de la obligaci\u00f3n del arrendamiento durante los 8 a\u00f1os de relaci\u00f3n contractual, se ejecut\u00f3 sobre la totalidad de predios arrendados y [contratos] suscritos\u201d pues a partir del \u201cpar\u00e1grafo de la Cl\u00e1usula Primera de todos los contratos\u201d, se permit\u00eda \u201campliarlo a m\u00e1s potreros\u201d; as\u00ed, lo que se hizo fue adicionar otros, como \u201del Polo\u201d -contrato 003-, cambiar \u201cel precio, y se alarga la duraci\u00f3n\u201d, modificar \u201cel objeto a\u00f1adiendo los potreros La Vega y La Hornilla\u201d, -contrato 005-. Por tanto, \u201clos elementos esenciales del contrato 001-09 fueron modificados con la suscripci\u00f3n de los contratos 003, 004 y 005\u201d pero, eran \u201cacuerdos celebrados \u201c\u00fanicamente con un arrendatario, tal como lo confiesa la misma demandante MARIANA SALAZAR, en su comunicaci\u00f3n de 18 de septiembre de 2019\u201d, para culminar afirmando que ocurri\u00f3 una \u201cRenovaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n, ya que se evidencia la modificaci\u00f3n de elementos esenciales del contrato comercial como son objeto, precio y partes\u201d. De lo narrado deriv\u00f3 algunas de sus excepciones. <\/p>\n
Con este panorama de sucesos no hay forma de afirmar que el contrato termin\u00f3 el 15 de abril de 2014. Sin embargo, siendo un contrato a t\u00e9rmino fijo con el pacto de prorrogarse \u201csi hay inter\u00e9s de las partes\u201d, caso en el cual \u201cse deber\u00e1 avisar por escrito a la otra parte con una anticipaci\u00f3n de 6 meses al vencimiento del presente acuerdo, evento en el cual se prorrogar\u00e1 por un t\u00e9rmino igual al inicialmente pactado o por uno inferior si as\u00ed se determina en documento anexo\u201d (cl\u00e1usula cuarta), ese aviso no se dio por ninguno de los contratantes. Aunque se trata de un contrato mercantil es claro que el c\u00f3digo de los comerciantes no contiene una regulaci\u00f3n sobre el arrendamiento de predios r\u00fasticos y para su entendimiento bien puede remitirse a las disposiciones de la legislaci\u00f3n civil (art. 2, ib.). Luego, acudiendo al art\u00edculo 2008 del C\u00f3digo Civil, era legalmente posible terminarlo por la expiraci\u00f3n del tiempo estipulado para la duraci\u00f3n del arriendo\u201d (n\u00fam. 2), pues as\u00ed lo dispone la norma, sin que se pudiera entender \u201cen caso alguno que la aparente aquiescencia del arrendador a la retenci\u00f3n de la cosa por el arrendatario es una renovaci\u00f3n del contrato\u201d, como disciplina el inciso primero del art\u00edculo 2014 del mismo c\u00f3digo. Y como no se renov\u00f3 \u201cexpresamente el contrato\u201d, la arrendadora quedaba con el \u201cderecho\u201d de \u201cexigir\u201d la restituci\u00f3n \u201ccuando quiera\u201d (inc. 2\u00b0), el que en ese momento no ejerci\u00f3 porque permiti\u00f3 continuar la ocupaci\u00f3n del predio y recibi\u00f3 el pago de la renta. <\/p>\n
Entonces, si ambas partes se manifestaron mutuamente la intenci\u00f3n de terminar el contrato, aunque por causas distintas cada una, no se puede considerar que despu\u00e9s del 17 de agosto continuaba vigente por el hecho de mantener ganado en los potreros y no entregar el predio, pues esa situaci\u00f3n fue consecuencia del derecho de retenci\u00f3n que declararon ejercer los arrendadores y por no permitir el ingreso al inmueble \u201csin su autorizaci\u00f3n\u201d\u00bb. <\/p>\n
En ese contexto, el colegiado se\u00f1al\u00f3 que \u00abel contrato s\u00ed estuvo vigente hasta el 17 de agosto de 2019, cuando los hermanos Salazar dieron respuesta a la carta del 14 del mismo mes asintiendo en la terminaci\u00f3n que tambi\u00e9n propuso el se\u00f1or Barriga\u00bb, pero esa prolongaci\u00f3n no se debi\u00f3 a renovaciones sucesivas y autom\u00e1ticas (art. 518, C\u00f3digo de Comercio), sino \u00abbajo la hip\u00f3tesis del art\u00edculo 2014 del C\u00f3digo Civil\u00bb, de modo que \u00ablos valores reclamados por renta entre junio de 2018 hasta agosto de 2019 son exigibles en los t\u00e9rminos de la norma, pero no la renta del mes de septiembre de 2019 ni las que se sigan causando porque para la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda el contrato hab\u00eda terminado. Hasta aqu\u00ed se impone seguir la ejecuci\u00f3n sin incluir estos dos \u00faltimos conceptos\u00bb. <\/p>\n
Para ahondar en razones, sobre las excepciones del aqu\u00ed censor, el tribunal memor\u00f3 que, pese a que se presentaron \u00abde forma antit\u00e9cnica\u00bb, se tuvo en cuenta que apuntaron a acreditar que el contrato de arrendamiento termin\u00f3 el 14 de abril de 2014 y que no se prorrog\u00f3, por lo que el se\u00f1or Valenzuela no pudo haber incurrido en incumplimiento. Sin embargo, frente a esas defensas, el colegiado expuso que: <\/p>\n
\u00abE[s] cierto que la arrendadora no supo si Valenzuela continu\u00f3 en los potreros de la finca arrendados por el contrato 001 pues, adem\u00e1s de contestar, en interrogatorio, que no le envi\u00f3 comunicaci\u00f3n ni recibi\u00f3 una sobre la intenci\u00f3n de prorrogar el contrato como estaba estipulado en la cl\u00e1usula cuarta, ni haberse comunicado con \u00e9l, ni \u00e9l con ella, para esos fines, tampoco si animales de Roberto estuvieron pastando en las \u00e1reas a la que se refiere el contrato y que no tiene \u201cpor qu\u00e9 saber qu\u00e9 acuerdo hay entre los socios que tienen arrendados los terrenos\u2026 el manejo interno no tengo por qu\u00e9 saberlo\u2026 no me consta\u201d (min. 19:10, ib), y que s\u00f3lo le exigi\u00f3 los pagos de la renta al se\u00f1or Barriga; as\u00ed se aprecia en el mensaje de correo electr\u00f3nico enviado el 8 de agosto de 2019 por la sociedad Los Hoyos Salazar y C\u00eda. S. en C. con el asunto RELACION DE CUENTAS SR. CARLOS BARRIGA que por \u201clos arrendamientos da un total de $ 270.739.837\u201d (p\u00e1g. 25, archivo 037), en la Carta del 17 de agosto de 2019, antes mencionada, donde, junto con su hermano Juan Manuel Salinas, le anunci\u00f3 que \u201ca la fecha se presenta una deuda por concepto de arrendamiento\u201d por valor $294 360 330 que se sigue incrementando constantemente \u201ca pesar de nuestros esfuerzos por comunicamos con Usted de manera reiterada por v\u00eda telef\u00f3nica y escrita\u201d (p\u00e1g. 8, ib.) y en la misiva del 18 de septiembre de 2019 donde ella le escribi\u00f3 \u201cdada su condici\u00f3n de arrendatario y \u00fanico responsable del negocio de explotaci\u00f3n ganadera que desarrolla desde el a\u00f1o 2011 en nuestras fincas\u201d, (p\u00e1g. 9, ib.). <\/p>\n
Pero, todas las anteriores circunstancias no son suficientes para desvincularlo del contrato. Si se miran bien las cosas, los arrendatarios no son solidarios, tal especie de mancomunidad no est\u00e1 prevista en el C\u00f3digo Civil para los inquilinos de predios rurales y solo fue consagrada para los alquileres de viviendas urbanas en la Ley 820 de 2003 (art. 4, literal b y art. 7) y el contrato que se analiza tampoco incluy\u00f3 esa declaraci\u00f3n (art. 1568 inc. final, C.C.). Sin embargo, por tratarse de un contrato de naturaleza mercantil, seg\u00fan se explic\u00f3, opera la presunci\u00f3n de solidaridad de los \u201cvarios deudores\u201d contenida en el art\u00edculo 825 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
Entonces, si la expiraci\u00f3n del plazo pactado entre las partes no trajo de suyo la terminaci\u00f3n del arriendo porque el se\u00f1or Barriga continu\u00f3 la tenencia del predio y atendi\u00f3 el pago de la renta hasta que entr\u00f3 en mora en junio de 2018, como lo acept\u00f3 en la contestaci\u00f3n de la demanda, donde adem\u00e1s, afirm\u00f3 que era el \u201c\u00fanico responsable del pago de los arrendamientos\u201d pero \u201crealiz\u00f3 abonos a la deuda\u201d (contestaci\u00f3n al hecho cuarto, archivo 37, p\u00e1g. 65) y, en interrogatorio, dijo \u201cyo manejaba la hacienda como un todo, dispon\u00eda de los ganados\u2026 Carlos Barriga ten\u00eda el cien por ciento de la finca\u2026 eran lotes\u2026 y a medida que los iba cogiendo iba agrandando hasta quedarme con el cien por ciento de la finca\u201d (min: 1:02:00, ib.), aunque reiterando que Valenzuela \u201cno hac\u00eda parte de nada, ya no iba a la finca\u201d y que por los otros contratos que celebr\u00f3 con la familia Salazar Arias \u201cquedaba con el 100% de la hacienda El Silencio y as\u00ed lo administr\u00e9 durante cinco a\u00f1os hasta el d\u00eda que entregu\u00e9\u2026\u201d (min. 1:03:00), nada de eso cambia la condici\u00f3n solidaria del se\u00f1or Valenzuela como deudor de la renta. Despu\u00e9s de todo al coarrendatario no se le impone ocupar el predio ni pagar la renta cuando el contrato se celebra en inter\u00e9s exclusivo de los negocios del arrendatario, en este caso Carlos Barriga, de modo que esos hechos no lo liberan de la deuda a la que se oblig\u00f3 solidariamente, por tratarse de un negocio mercantil\u00bb. <\/p>\n
En ese contexto, insisti\u00f3 en que \u00abla excepci\u00f3n de que \u201cel contrato de arrendamiento de inmueble rural 001-09 termin\u00f3 el 15 de abril de 2014 y no se prorrog\u00f3 a su vencimiento\u201d y \u201cfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u2026 inexistencia de relaci\u00f3n jur\u00eddica\u2026 de la que se puedan derivar las obligaciones a las que se refiere la demanda\u201d no pueden prosperar. Adem\u00e1s, las referidas a las otras relaciones surgidas entre el ejecutado Barriga y la ejecutante, acompa\u00f1ada de su hermano Juan Manuel Salazar, de las que no es parte Valenzuela, no tienen lugar en el proceso porque consideraron que las pretensiones derivan de contratos que no son base de la ejecuci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3.2. Ahora bien, en lo atinente al prove\u00eddo de 26 de junio hoga\u00f1o, a trav\u00e9s del cual se resolvieron las solicitudes de aclaraci\u00f3n y\/o adici\u00f3n2 formuladas por el se\u00f1or Valenzuela, el fallador reliev\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abEl apoderado del demandado Roberto Valenzuela Reyes pidi\u00f3 aclarar la sentencia emitida el 29 de mayo cursante en dos temas. <\/p>\n
El primero se refiere a los intereses de mora ordenados en el numeral tercero de la parte resolutiva, pues en el contrato 001- 09 se estableci\u00f3 expresamente que \u201cel no pago oportuno del canon aqu\u00ed estipulado dar\u00e1 lugar a la terminaci\u00f3n del presente contrato y al cobro de la cl\u00e1usula penal aqu\u00ed pactada, m\u00e1s no al cobro de intereses de mora sobre el valor del canon causado y no pagado\u201d. Y el segundo por el valor de los c\u00e1nones a partir del 15 de abril de 2018 y 15 de abril de 2019 equivalentes a $10 887 354 y $11 233 572, respectivamente, los cuales ya cuentan con el incremento previsto en la cl\u00e1usula sexta del contrato -IPC del a\u00f1o inmediatamente anterior-, toda vez que al haberse ordenado seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, seg\u00fan el mandamiento de pago, los valores indicados en esa providencia son errados. <\/p>\n
No se acceder\u00e1 al primero de los pedimentos como quiera que al revisar el par\u00e1grafo de la estipulaci\u00f3n quinta del contrato de arrendamiento es claro que entre las partes se pact\u00f3 una sanci\u00f3n en caso de mora en el pago de la renta consistente en hacer exigible la cl\u00e1usula penal en lugar de los intereses; es decir, que la mora s\u00ed tendr\u00eda una sanci\u00f3n, pero no las dos penalidades moratorias, conjuntamente. Luego, como el Tribunal excluy\u00f3 el cobro de la cl\u00e1usula penal, el efecto \u00fatil de la estipulaci\u00f3n, rectamente interpretada, es que se generan los intereses como fueron ordenados en el mandamiento de pago. <\/p>\n
El segundo tampoco se acoger\u00e1 porque el valor de los c\u00e1nones reclamados fue el que la demandante y Carlos Barriga estimaron en el cruce de cuentas del 8 de agosto de 2019, y que los valores exactos de la renta aparecen en la tabla de \u201cRELACI\u00d3N DE ARRENDAMIENTOS HACIENDA EL SILENCIO -SR. CARLOS BARRIGA\u201d que el mismo demandado aport\u00f3 al contestar la demanda (049AllegaContestacionYNuevasPruebas). Y no est\u00e1 por dem\u00e1s decir que ese tema se trat\u00f3 en la sentencia (ver p\u00e1ginas 23 a 25)\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, recalc\u00f3 que \u00abel monto de los c\u00e1nones por los que se libr\u00f3 el mandamiento de pago no fue discutido en los recursos que tanto el solicitante como el ejecutado Carlos Barriga, presentaron contra esa orden\u00bb. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, respecto de la pretendida adici\u00f3n, fincada en que la sentencia no se refiri\u00f3 a la excepci\u00f3n que en este resguardo tambi\u00e9n invoca como no resuelta, el ad quem sostuvo que \u00abpara que proceda la adici\u00f3n es necesario que el fallador haya omitido resolver sobre \u201ccualquiera de los extremos de la litis\u201d o \u201ccualquier otro punto que de conformidad con la ley deb\u00eda ser objeto de pronunciamiento\u201d, olvido que no ocurri\u00f3, pues en las consideraciones la Sala se\u00f1al\u00f3 que frente a las excepciones \u201creferidas a las otras relaciones surgidas entre el ejecutado Barriga y la ejecutante, acompa\u00f1ada de su hermano Juan Manuel Salazar, de las que no es parte Valenzuela no tienen lugar en el proceso porque consideraron que las pretensiones derivan de contratos que no son base de la ejecuci\u00f3n\u201d, -los numerados como 003, 004 y 005- argumento que abord\u00f3 lo solicitado, en tanto que era clara \u201cla condici\u00f3n solidaria del se\u00f1or Valenzuela como deudor de la renta\u201d en el contrato 01, presentado como t\u00edtulo ejecutivo. En este punto no hay lugar a adicionar la sentencia\u00bb. <\/p>\n
3.3. Conforme con ello, las decisiones adoptadas, como se anticip\u00f3, no son infundadas o arbitrarias, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo del censor no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquel frente a la autoridad accionada, en tanto esas disposiciones fueron contrarias a sus expectativas. <\/p>\n
Por ello cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que las determinaciones se encuentren afectadas por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub-lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, rad. 02137-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Las determinaciones cuestionadas se advierten razonables, en tanto no son resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Pronunciamiento que fue objeto de solicitudes de aclaraci\u00f3n, adici\u00f3n y correcci\u00f3n, siendo denegadas las primeras, pero pr\u00f3spera la segunda: ver auto de 26 de junio de 2023 <\/p>\n
2\u0002 Aunque no se solicit\u00f3, de forma oficiosa se corrigi\u00f3 un ordinal de la sentencia, de la siguiente manera: \u00abel Tribunal Superior de Bogot\u00e1 NIEGA las solitudes de aclaraci\u00f3n y adici\u00f3n pedidas por la parte demandada y CORRIGE el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia en el sentido de indicar que el valor del impuesto predial del a\u00f1o 2019 es de $36 198 300, como solicit\u00f3 la parte demandante\u00bb. <\/p>\n
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STC7561-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC7561-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-02794-00 (Aprobado en Sala de dos de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Roberto Valenzuela Reyes […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75293","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75293","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75293"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75293\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75293"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75293"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75293"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}