STC7565-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC7565-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 47001-22-13-000-2023-00206-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de dos de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 28 de junio de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en la tutela que Julio Cesar Valbuena Pe\u00f1a instaur\u00f3 contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma urbe, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 47001-31-53-002-2021-00227-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, en nombre propio, reclam\u00f3 la guarda de los derechos al \u00abdebido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y dem\u00e1s garant\u00edas m\u00ednimas de un sujeto de especial protecci\u00f3n como lo es un adulto mayor que padece enfermedad ruinosa (c\u00e1ncer)\u00bb, para que se ordenara al estrado censurado: i).- \u00abdecretar la nulidad de lo actuado en la presente causa a partir del auto de fecha 18 de febrero 2022 que ordena inadmitir la demanda y subsanar\u00bb y, conforme a ello ii).-. \u00ab(\u2026) proceda el despacho a rehacer el proceso efectuando la debida notificaci\u00f3n por estado electr\u00f3nico, de la providencia que ordena subsanar las falencias observadas en la demanda, insertando el nombre correcto de (\u2026) JULIO VALBUENA PE\u00d1A\u00bb. <\/p>\n
Subsidiariamente, pidi\u00f3 que se practicara: \u00ab(\u2026) inspecci\u00f3n judicial al expediente principal 470013153002-2021-00227-00, adelantado en el [despacho accionado], para que se detecten las actuaciones procesales irregulares\u00bb. <\/p>\n
Del escrito introductorio y lo obrante en el dossier se extrae que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Santa Marta inadmiti\u00f3 la demanda de \u00abresponsabilidad civil contractual\u00bb promovida por el actor contra \u00abQBE Seguros S.A y\/o Zurith Colombia Seguros S.A, Colseguros S.A y\/o Allianz Seguros de Vida S.A [y] Chubb Colombia Compa\u00f1\u00eda de Seguros\u00bb (rad. 2021-00227), a trav\u00e9s de auto de 18 de febrero de 2022 -notificado en estado n\u00b0 14 de 21 de febrero siguiente-. <\/p>\n
El gestor afirm\u00f3 que en el referido estado no figuraba su nombre en la casilla de \u00abdemandante\u00bb, en su lugar, estaba el de \u00abseguros QBE seguros S.A y otro\u00bb, raz\u00f3n por la que, \u00abal no observar mi nombre en el estado, no se ejercieron las acciones pertinentes para subsanar la demanda\u00bb, por lo que se rechaz\u00f3 el pliego genitor (7 mar. 2022) y, en la notificaci\u00f3n de esta determinaci\u00f3n -8 de marzo siguiente-, se incurri\u00f3 en la misma falencia, esto es, se omiti\u00f3 indicar el nombre del \u00abdemandante\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que en virtud de esas circunstancias \u00ab(\u2026) no fue posible tener conocimiento de lo que estaba ocurriendo en el presente proceso\u00bb y solo hasta el 6 de mayo de 2022 se enter\u00f3 de ello, \u00ab(\u2026) a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico que envi\u00f3 el juzgado, (\u2026) informando que se realizaba la devoluci\u00f3n de la demanda verbal, adjuntando las providencias enunciadas\u00bb, en raz\u00f3n de lo cual formul\u00f3 \u00abincidente de nulidad\u00bb alegando \u00abindebida notificaci\u00f3n\u00bb, negado el 13 de febrero de 2023. <\/p>\n
Critic\u00f3 que \u00aben la decisi\u00f3n del incidente de nulidad el juzgado accionado afirma que, desde la p\u00e1gina web de la Rama Judicial, donde al incluir los 23 d\u00edgitos propios del tr\u00e1mite arroja no solo la informaci\u00f3n pertinente del proceso, sino que permite descargar en archivo PDF cada una de las actuaciones que dentro del tr\u00e1mite se surten\u00bb, empero, \u00abal realizar el ejercicio, se observa que el expediente NO est\u00e1 disponible para consulta en l\u00ednea (\u2026) por lo tanto, NO es posible revisar cada actuaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Santa Marta narr\u00f3 las actuaciones surtidas en la lid objetada y precis\u00f3 que, si bien es cierto lo aducido por el precursor, dicha situaci\u00f3n obedeci\u00f3 a que \u00abla oficina judicial, cre\u00f3 el proceso con esas indicaciones\u00bb, no obstante, \u00abno es el nombre del demandante el \u00fanico dato caracter\u00edstico del proceso, puesto que, como es bien sabido, (\u2026) se indica el tipo de proceso, la fecha de la providencia, el asunto de la misma y como aspecto m\u00e1s importante, el (\u2026) radicado, (\u2026) que claramente le permit\u00edan identificar el proceso, por lo que, al haber revisado el listado era f\u00e1cil conocer la providencia se estaba poniendo en conocimiento (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00ab(\u2026) la providencia que despach\u00f3 de manera desfavorable el incidente de nulidad, (\u2026) el extremo activo no hizo manifestaci\u00f3n alguna\u00bb, de modo que \u00abno utiliz\u00f3 ninguno de los medios que contempla la ley para oponerse a lo decido, por lo que se evidencia que con la presente tutela que el actor solo busca reemplazar los recursos con los que legalmente contaba para controvertir la providencia que es objeto de reproche constitucional (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Allianz Seguros de Vida S.A y Chubb Seguros Colombia S.A. se opusieron al amparo, en tanto no avizoraron vulneraci\u00f3n de las rogativas invocadas. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El Tribunal Superior de Santa Marta declar\u00f3 improcedente la salvaguarda por no satisfacer el requisito de subsidiariedad, teniendo en cuenta que, la queja tuitiva gira en torno de la \u00abomisi\u00f3n del nombre del demandante en el estado\u00bb publicado por el despacho judicial cuestionado, sin embargo, estim\u00f3 que dicho descuido \u00abno reviste tanta trascendencia como para aniquilar el enteramiento de dicha determinaci\u00f3n, dado que, como lo anota el juzgado cognoscente, no es esa la \u00fanica caracter\u00edstica con la que pod\u00eda identificarse el proceso, pues claramente se pod\u00eda visualizar tambi\u00e9n el n\u00famero de radicado, el nombre de uno de los demandados y la fecha de la providencia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3, que \u00ab(\u2026), de esa omisi\u00f3n en la verificaci\u00f3n solo puede responsabilizarse al interesado, quien no puede pretender ahora beneficiarse de su propio descuido, de manera que debe soportar las consecuencias procesales derivadas de no haber acatado la orden de correcci\u00f3n de los defectos anotados en el inadmisorio, dando lugar a que la juzgadora accionada, por auto del 7 de marzo siguiente, dispusiera su rechazo (\u2026), y aunque luego acudi\u00f3 a la figura de la nulidad (\u2026) que le fue negada, no interpuso recurso en su contra, cercenando la posibilidad que ten\u00eda, en el escenario id\u00f3neo, de controvertir las decisiones que ahora reprocha (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.- Recurri\u00f3 el impulsor, reprochando \u00abla postura de respaldar el error del juzgado accionado (\u2026)\u00bb y, en ese sentido, asever\u00f3 que el a quo constitucional \u00abantes de asumir las consecuencias del [error del despacho accionado], sencillamente osa afirmar que los sujetos procesales cuentan con otros mecanismos para conocer las providencias proferidas, dejando de lado que incurre en una indebida notificaci\u00f3n ignorando los postulados normativos del Estatuto Procesal frente al ritual de notificaci\u00f3n por estado, el cual contempla que el r\u00e9gimen de notificaci\u00f3n de los autos y sentencias no fue ajeno al \u201cuso de las tecnolog\u00edas\u201d y en tal virtud el precepto 295 ej\u00fasdem adem\u00e1s de prever la divulgaci\u00f3n de estados tradicionales, esto es, la que se hace en la secretar\u00eda de las dependencias \u201cjudiciales\u201d, consagr\u00f3 los \u201cestados electr\u00f3nicos\u201d. Dice la norma que la publicaci\u00f3n debe contener la \u201cdeterminaci\u00f3n de cada proceso por su clase\u201d, la \u201cindicaci\u00f3n de los nombres del demandante y del demandado\u201d, la \u201cfecha de la providencia\u201d, la \u201cfecha del estado y la firma del secretario\u201d\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Ab initio, se anuncia que las s\u00faplicas de Julio Cesar Valbuena Pe\u00f1a no pueden abrirse paso, y por ello, que lo definido en primera instancia debe ser convalidado, seg\u00fan pasa a explicarse: <\/p>\n
1.1. El querellante aspira que se ordene al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Santa Marta \u00ab(\u2026) decretar la nulidad de lo actuado\u00bb en la Litis n.\u00b0 2021-00227 \u00aba partir del auto de fecha 18 de febrero 2022 (\u2026)\u00bb, y, por consiguiente, \u00abproceda el despacho a rehacer el proceso efectuando la debida notificaci\u00f3n por estado electr\u00f3nico, (\u2026) insertando el nombre correcto de (\u2026) JULIO VALBUENA PE\u00d1A\u00bb, ya que, en su opini\u00f3n, ese error le impidi\u00f3 subsanar oportunamente la demanda y \u00abtener conocimiento de lo que estaba ocurriendo en el presente proceso\u00bb. <\/p>\n
Empero, se observa que desde la fecha del interlocutorio por medio del cual se rechaz\u00f3 la demanda (7 mar. 2022) y la radicaci\u00f3n del pliego superlativo (15 jun. 2023), transcurrieron un (1) a\u00f1o, tres (3) meses y ocho (8) d\u00edas, de modo que, se super\u00f3 por mucho el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han tenido como prudente para ejercer la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
Lo mismo ocurre si dicho lapso se cuenta desde cuando asegura se enter\u00f3 del error en la notificaci\u00f3n -6 may. 2022-, ya que, dese entonces corrieron un (1) a\u00f1o, un (1) mes y nueve (9) d\u00edas. <\/p>\n
Sobre el t\u00f3pico, esta Sala ha esbozado que: <\/p>\n
[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses. Se resalta. (STC6690-2021, STC14719-2022, STC120-2023 y STC2018-2023). <\/p>\n
Lo anterior impide examinar el fondo de la discusi\u00f3n instada, porque si el accionante se demor\u00f3 en interponer la acci\u00f3n tuitiva, su descuido, per se, es suficiente para descartar la presencia de una conducta indebida atribuible al juzgado denunciado y con repercusi\u00f3n directa en los atributos b\u00e1sicos implorados. <\/p>\n
1.2.- Adicionalmente, Julio Cesar obr\u00f3 con incuria en la \u00abdefensa\u00bb de sus atributos iusfundamentales, ya que desperdici\u00f3 la oportunidad que tuvo para refutar la resoluci\u00f3n de 13 de febrero de 2023, mediante la cual el juzgado fustigado se neg\u00f3 a declarar la \u00abnulidad de lo actuado\u00bb, por medio de los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n previstos en los art\u00edculos 318 y 321 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
(\u2026.) el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. (STC6663-2018, citada en STC3496-2022 y en la STC371-2023) <\/p>\n
2.- Finalmente, el pedimento enfilado a que se practique \u00ab(\u2026) inspecci\u00f3n judicial al expediente principal 470013153002-2021-00227-00, adelantado en el [despacho accionado], para que se detecten las actuaciones procesales irregulares\u00bb, resulta extra\u00f1o a los fines de este instrumento excepcional, cuyo objetivo es conjurar la violaci\u00f3n o amenaza de los privilegios \u00abb\u00e1sicos\u00bb de los ciudadanos, de manera que cualquier otra rogativa le es ajena y, por tanto, no puede prosperar. <\/p>\n
3.- Ergo, se acompa\u00f1ar\u00e1 la directriz impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s \u00e1gil y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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