STC7566-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7566-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-02833-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dos de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por William de Jes\u00fas Cuellar Valencia contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
2. Expone en s\u00edntesis que, el 7 de junio de 2023 radic\u00f3 ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal, despacho del Magistrado Fernando Le\u00f3n Bola\u00f1os Palacios \u2013 en donde actualmente cursa el tr\u00e1mite de la impugnaci\u00f3n especial \u2013, escrito que denomin\u00f3 derecho de petici\u00f3n, en el que formul\u00f3 una serie de alegatos relacionados con el proceso penal (por el delito de \u00abactos sexuales abusivos\u00bb) que se le adelanta y solicit\u00f3 la revisi\u00f3n del fallo condenatorio proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia que revoc\u00f3 la absoluci\u00f3n del Juzgado Veintid\u00f3s Penal del Circuito de Medell\u00edn. <\/p>\n
3. Se infiere que el accionante pretende que se ordene darle tr\u00e1mite a la petici\u00f3n impetrada el 7 de junio de 2023 ante la Sala accionada. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA <\/p>\n
1. El Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Penal a cargo de la ponencia de la impugnaci\u00f3n especial interpuesta por Cuellar Valencia en el asunto penal referenciado, inform\u00f3 que la actuaci\u00f3n fue radicada y repartida el 17 de abril de este a\u00f1o, y que, el 8 de junio de 2023 el mencionado procesado alleg\u00f3 un escrito que denomin\u00f3 derecho de petici\u00f3n, el cual contiene un complemento a los argumentos de los defensores p\u00fablicos que ejercen su defensa. Indic\u00f3 que, a dicho pedimento se le dio respuesta el 17 de julio pasado. <\/p>\n
2. Un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn, destac\u00f3 que el proceso penal que involucra al accionante, lo conoci\u00f3 ese tribunal en dos oportunidades, cuando debi\u00f3 resolver una apelaci\u00f3n por la exclusi\u00f3n de unas pruebas y la de la sentencia de primera instancia; en esta \u00faltima, precis\u00f3, revoc\u00f3 la absoluci\u00f3n y decidi\u00f3 condenar a Cuellar Valencia por el delito de \u00abacto sexual violento agravado\u00bb e impuso una pena de 128 meses de prisi\u00f3n. La defensa del sentenciado formul\u00f3 impugnaci\u00f3n especial, por lo que remiti\u00f3 las diligencias a la Corte Suprema de Justicia el 14 de abril de 2023. <\/p>\n
3. La Juez Veintid\u00f3s Penal del Circuito de Medell\u00edn, hizo un recuento de la actuaci\u00f3n procesal, en la que decidi\u00f3 absolver al acusado mediante sentencia de 26 de agosto de 2022, providencia que fue apelada por la fiscal\u00eda y la representaci\u00f3n de la v\u00edctima y que el tribunal revocar\u00eda concretamente respecto del delito de \u00abacto sexual violento agravado\u00bb. <\/p>\n
4. La Fiscal 14 Seccional Unidad CAIVAS relacion\u00f3 las incidencias procesales del juicio penal llevado a cabo contra Cuellar Valencia, adujo que apel\u00f3 la sentencia absolutoria del a quo por considerar que no hubo una adecuada valoraci\u00f3n de los dichos de la v\u00edctima, tesis que tuvo acogida en el tribunal. Sostiene que su funci\u00f3n fue la de investigar y acusar, y que siempre respet\u00f3 el debido proceso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde dilucidar si la Sala de Casaci\u00f3n Penal vulner\u00f3 las garant\u00edas fundamentales denunciadas, concretamente por no darle tr\u00e1mite a la petici\u00f3n elevada por el quejoso el 7 de junio de 2023, contentiva de una serie de planteamientos relacionados con el proceso penal radicado n\u00ba 2019-02353, que se encuentra en curso de la impugnaci\u00f3n especial ante dicha Sala. <\/p>\n
2. Improcedencia del derecho de petici\u00f3n cuando lo solicitado corresponde a asuntos jurisdiccionales. <\/p>\n
En forma reiterada, la jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado la inviabilidad de la mencionada prerrogativa trat\u00e1ndose de tr\u00e1mites judiciales (salvo en el caso de temas de car\u00e1cter administrativo) en raz\u00f3n a que aqu\u00e9llos est\u00e1n sometidos a etapas o fases reguladas por el ordenamiento jur\u00eddico procesal de imperiosa aplicaci\u00f3n, cuyo desconocimiento eventualmente dar\u00eda lugar a quebrantar prerrogativas esenciales de igual linaje. <\/p>\n
Sobre este particular, la Sala ha dejado sentado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (CSJ STC 20 mar. 2000, Rad. 4822; y 20 mar. 2000, Rad. 4867, entre otras) <\/p>\n
En igual sentido, se precisa, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb (CSJ STC 2 ago. 2002, rad. 00199-01; reiterada en STC9112-2015, 23 abr. 2015, rad. 00304-01). <\/p>\n
As\u00ed, cuando por v\u00eda de tutela se aduce el desconocimiento de la referida garant\u00eda por parte de una autoridad jurisdiccional, incumbe establecer si la solicitud concierne o no a un asunto relacionado con la litis y, si se determina lo primero, el amparo devendr\u00e1 improcedente por las razones expuestas. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
En ese orden, no puede prosperar lo pretendido, toda vez que el gestor del resguardo no se encuentra habilitado para procurar, mediante el escrito petitorio, que la autoridad tutelada se pronuncie sobre un asunto propio del tr\u00e1mite judicial discutido en los plazos previstos en la normativa que reglamenta la prerrogativa supralegal aludida \u2013 art\u00edculo 14, Ley 1437 de 2011 \u2013 C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 1755 de 2015. Dicho de otra manera, no emerge afectaci\u00f3n de aqu\u00e9lla conforme los presupuestos generales de esa regulaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto, los cuestionamientos sobre los casos sometidos a la competencia del juez ordinario, deben ser resueltos a trav\u00e9s de los procedimientos estatuidos; raz\u00f3n por la cual, la falta de aplicaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n previamente mencionada, no abre camino al amparo solicitado. <\/p>\n
En definitiva, por lo indicado en precedencia, se impone la desestimaci\u00f3n de la salvaguarda habida cuenta que, como viene de puntualizarse, no se advierte la vulneraci\u00f3n denunciada. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Resulta impertinente la invocaci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n cuando su contenido y prop\u00f3sito involucra aspectos directamente relacionados con el proceso judicial en discusi\u00f3n, por lo que no puede afirmarse que la Sala Especializada accionada vulner\u00f3 esa prerrogativa al no darle tr\u00e1mite a la solicitud aludida atendiendo los t\u00e9rminos contemplados en la normativa espec\u00edfica que la consagra. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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