STC7567-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC7567-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-02858-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Mario Alberto Restrepo contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira y la Corte Constitucional, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular con radicado N\u00ba 660013103001202200221. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Expres\u00f3 confusamente que en la acci\u00f3n popular que propuso, el Tribunal Superior ha sido \u00abRENUENTE, DONDE NUNCA SE CUMPLE UN SOLO T\u00c9RMINO PERENTORIO DE TIEMPO QUE ORDENA LA LEY 472 DE 1998\u00bb, porque despu\u00e9s \u00abde m\u00e1s de 20 d\u00edas no existe terminaci\u00f3n de la acci\u00f3n como lo ORDENA ART 37 (\u2026) la mora y la renuencia reinan\u00bb. (sic) <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la Corte Constitucional deb\u00eda intervenir para garantizar sus derechos, pues no es abogado y aunque otras veces ha pedido la colaboraci\u00f3n de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y de la Defensor\u00eda del Pueblo, no \u00abpresentan la acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa a mi nombre para que me garanticen art 29 CN, pero NUNCA HACEN NADA Y SIGO EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA\u00bb. (sic) <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 <\/p>\n
\u00abSE ACEPTE INMEDIATAMENTE MI DESISTIMIENTO DE TODAS MIS ACCIONES POPULARES ANTE LA MORA JUDICIAL Y ANTE MI ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA, SU 108 DE 18, PUES NO AGUANTO, SOPORTO NI PERMITIR\u00c9 MAS ABUSO A MI DIGNIDAD HUMANA pretensiones se ACEPTE INMEDIATAMENTE MI DESISTIMIENTO DE LA APELACION Y DE LA ACCION ANTE LA MORA JUDICIAL Y ANTE EL ATROPELLO A MI DIGNIDAD COMO SER HUMANO, COMO CIUDADANO COLOMBIANO, as\u00ed o m\u00e1s de simple, EXIJO EN DERECHO termine su da\u00f1o a mi salud mental y su tortura emocional para m\u00ed, doler\u00eda menos un balazo con un tanque de guerra que esta tortura emocional que me OBLIGA A SOPORTAR COMO CIUDADANO COLOMBIANO LEGO EN DERECHO Y NO PERMITIRE MAS ABUSO A MI DIGNIDAD HUMANA, NO LO HARE, NO PERMITIRE MI MUERTE EMOCIONAL Y LA TORTURA QUE ME CAUSA CON LA PERDIDA DE MIS DERECHOS CIVILES (sic). <\/p>\n
EXIJO INMEDIATAMENTE RESPETE MI DIGNIDAD HUMANA PISOTEADA POR ESTE TRIBUNAL, PUES NUNCA SE CUMPLE UN SOLO T\u00c9RMINO PERENTORIO DE TIEMPO QUE LA LEY 472 DE 1998 LES ORDENA Y ME CANSE DE PERDER MI SALUD MENTAL, EMOCIONAL Y PSICOL\u00d3GICA AL VER COMO SE BURLAN DE TODOS LOS TERMINOS PERENTORIOS DE TIEMPO QUE LES IMPONE LA LEY 472 DE 1998 Y DE PASO DE MI (sic). <\/p>\n
Se ordene INMEDIATAMENTE RESPETAR MI DIGNIDAD HUMANA DESCONOCIDA se ordene en derecho informar cuantas tutelas debo presentar para que me garanticen art 29 cn Y QUITAR DE MI SALUD MENTAL EL KARMA LLAMADO ACCION POPULAR PARA GARANTIZAR LA DIGNIDAD HUMANA SIN QUE ME OBLIGUE A PERDER MI SALUD MENTAL SE ME INFORME SI DEBO ESPERAR QUE OCURRA LO QUE OCURRI\u00d3 EN LA ACCI\u00d3N POPULAR 66001 31 03 003 2016 00519 00 QUE SE FALLO (\u2026) DESPUES DE CASI 7 A\u00d1ITOS SIN REPARO ALGUNO, Y SE ME INFORME SI ME FALTAN SEIS A\u00d1ITOS PARA EL FALLO y donde despu\u00e9s de 7 a\u00f1itos Y sanciona al actor popular en total abuso de poder a su contra y NO PERMITIR\u00c9 QUE IGUAL PASE CONMIGO\u00bb. (sic) <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en los procesos mencionados. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal Superior de Pereira inform\u00f3, que la acci\u00f3n popular referida por el actor, propuesta contra la IPS Salud SURA Pereira, \u00abentr\u00f3 por reparto el 23 de junio de 2023, pas\u00f3 a despacho el 7 de julio, y mediante auto del 13 siguiente se admiti\u00f3 el recurso presentado por la parte actora y se corrieron los traslados de ley, por lo que (\u2026) no se observa mora alguna en el tr\u00e1mite de la alzada\u00bb. <\/p>\n
3. Servicios de Salud Ips Suramericana S.A.S. pidi\u00f3 negar el amparo reclamado, dado que no se ha incurrido en lesi\u00f3n de garant\u00edas fundamentales en el proceso criticado. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda Delegada Mixta para Asuntos Civiles se\u00f1al\u00f3 que no se observa mora en la actuaci\u00f3n del Tribunal censurado, por lo que sostuvo que no proced\u00eda la protecci\u00f3n solicitada. <\/p>\n
<\/p>\n
5. El municipio de Pereira indic\u00f3 que en el proceso cuestionado \u00abno se advierte ni advirti\u00f3 irregularidad alguna que afecte el debido proceso\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
6. La Oficina Jur\u00eddica de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, dado que la queja no se dirige en su contra. con todo, precis\u00f3, en cuanto a la acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa, que \u00abtodas las personas que demuestren una condici\u00f3n de imposibilidad econ\u00f3mica o social para pagar por s\u00ed mismas la defensa de sus derechos, as\u00ed como asumir su representaci\u00f3n judicial o extrajudicial tal como ser\u00eda requerido por el accionante, tendr\u00e1n derecho a que se les preste el servicio de defensor\u00eda p\u00fablica con el fin de garantizar el pleno e igual acceso a la justicia o a las decisiones de cualquier autoridad p\u00fablica, en virtud a lo dispuesto en el art\u00edculo 282 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; frente a lo cual, corresponde al actor solicitar ante a la Defensor\u00eda del Pueblo la designaci\u00f3n del profesional del derecho conforme a la necesidad planteada atendiendo las funciones encomendadas a dicha entidad\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
7. Al momento de presentar el proyecto de sentencia, no se hab\u00edan recibido otros pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ir\u00eda en desmedro de los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, sin embargo, cuando los funcionarios judiciales incurren en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento jur\u00eddico de forma arbitraria o caprichosa y los interesados no cuentan con otro medio de defensa judicial y acuden a esta acci\u00f3n oportunamente, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir, en aras de remediar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales involucradas. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Mario Restrepo reprocha la tardanza del Tribunal Superior de Pereira en proferir la sentencia de segunda instancia en la acci\u00f3n popular con radicado N\u00ba 660013103001202200221 que formul\u00f3 contra IPS Salud SURA Pereira, y, adem\u00e1s, pretende que la Corte Constitucional intervenga en la defensa de sus derechos. <\/p>\n
3. Cuando se cuestionan situaciones de mora judicial que podr\u00edan dar lugar a protecci\u00f3n constitucional, la jurisprudencia de esta Sala ha determinado la procedencia del amparo siempre que las mismas carezcan de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, es decir \u00abaquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (CSJ. STC, 29 ab. 2011, exp. 00094-01, citada entre otras en STC8439-2014, STC605-2022 y STC5844-2023, entre otras). <\/p>\n
Igualmente, la Corte ha reiterado que uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas. <\/p>\n
\u00ab\u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y, por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. [Cuando], sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 1995, exp. 1937, citada entre otras en STC4313-2021, STC10877-2021 y, STC605-2022). <\/p>\n
4. En este asunto, resulta evidente el fracaso de la queja propuesta contra el Tribunal Superior de Pereira, porque como esa autoridad lo inform\u00f3 en este tr\u00e1mite, la apelaci\u00f3n propuesta contra la sentencia de primera instancia proferida en la acci\u00f3n popular materia de reproche, apenas lleg\u00f3 a esa Corporaci\u00f3n el 23 de junio de 2023, ingres\u00f3 a despacho el 7 de julio y el 13 de julio se admiti\u00f3 el recurso, concedi\u00e9ndose el tiempo correspondiente para su sustentaci\u00f3n. <\/p>\n
Frente a lo anterior debe agregarse, que el amparo fue interpuesto el 24 de julio de 2023, esto es, cuando a\u00fan no hab\u00edan transcurrido los veinte (20) d\u00edas contemplados en el art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 1998 y, menos, hab\u00eda adquirido firmeza la \u00faltima decisi\u00f3n referida, todo lo cual evidencia un uso irregular de este mecanismo extraordinario por parte del solicitante, quien sustenta graves acusaciones frente a la autoridad denunciada con apoyo en una mora inexistente, lo que revela el abuso en la utilizaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Sobre ese proceder, la Sala ha indicado que la \u00abincoherencia y abuso del ejercicio de los medios judiciales (\u2026), incluso en trat\u00e1ndose de la demanda de amparo constitucional\u00bb conduce a \u00abun perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad (ver, entre otros, 3 de mayo de 2002, exp. 010-00, 25 de enero de 2005, exp. 0008 y 26 de enero de 2011, exp. 01436-0)\u00bb (CSJ. STC de 4 de jun. 2012, exp. 2012 00823-01, criterio reiterado en STC7099-2019). <\/p>\n
De igual modo, se recuerda que, en eventos como el presente, en los que surge evidente la inexistencia de la vulneraci\u00f3n alegada, esta Corte ha sostenido, <\/p>\n
\u00abResulta desacertado emitir cualquier decisi\u00f3n al respecto, por cuanto el motivo sustento de la lesi\u00f3n endilgada en realidad no se gest\u00f3 ni siquiera antes de la formulaci\u00f3n de esta salvaguarda. Sobre ese tema, ha dicho esta Corte: \u201c(\u2026) la carencia de objeto (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe (\u2026), en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado (\u2026) ha sido totalmente [satisfecha o en realidad nunca se ha visto violado], pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (\u2026)\u201d(negrillas propias). (STC de 13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada el 12 de septiembre de 2011, exp. 00081-01). <\/p>\n
Ante eventos como el narrado, el amparo pierde su virtud y raz\u00f3n de ser, en cuanto hace a la protecci\u00f3n efectiva de derechos de rango iusfundamental, porque lo cierto es que estos no fueron infringidos por el accionado\u00bb (CSJ. STC2395-2021, reiterada en STC639-2022, STC2167-2023 y, STC3694-2023 entre muchas). <\/p>\n
5. Se resalta, asimismo, que no s\u00f3lo la inexistente tardanza endilgada al Tribunal Superior accionado y el uso abusivo de este mecanismo constitucional le cierran el paso a esta acci\u00f3n, pues tambi\u00e9n se revela su improcedencia por desconocer el presupuesto de la subsidiariedad, toda vez que la pretensi\u00f3n del actor, orientada a lograr que se declare el \u00abdesistimiento de la apelaci\u00f3n\u00bb, no ha sido planteada ante esa Corporaci\u00f3n, circunstancia que le impide al juez de tutela emitir un pronunciamiento sobre el particular, como quiera que deben agotarse preliminarmente todas las herramientas de defensa a disposici\u00f3n de los interesados. <\/p>\n
Sobre lo expresado esta Sala se\u00f1al\u00f3, <\/p>\n
\u00abconforme a lo preceptuado en el numeral 1\u00ba, del art\u00edculo 6\u00ba, del Decreto 2651 de 1991, se torna nugatorio el amparo constitucional demandado, ya que si la normatividad ha dado los instrumentos jur\u00eddicos para la protecci\u00f3n de [los] derechos, (\u2026) ha de recurrirse a ellos y no a la tutela, la que no ha sido consagrada para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o sustitutos de los ordinarios o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces ni para crear instancias adicionales a las existentes, sino que tiene el prop\u00f3sito claro, definido, estricto y espec\u00edfico, que el propio art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica indica, que no es otro diferente de brindar a la persona la protecci\u00f3n inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta reconoce\u00bb (CSJ. STC de 13 de marzo de 2013, exp. 2013-00011-01, reiterada en STC12215-2021 y en STC3061-2022, entre otras). <\/p>\n
Adem\u00e1s, frente a la formulaci\u00f3n de la \u00abacci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa\u00bb que reclama el solicitante, puede acudir ante las entidades competentes, tales como la Defensor\u00eda del Pueblo, para obtener la asesor\u00eda correspondiente, lo que en estas diligencias no se observa. <\/p>\n
7. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve Declarar Improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Alberto Restrepo contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira y la Corte Constitucional. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC7567-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC7567-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-02858-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de dos de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Mario Alberto Restrepo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75298","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75298","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75298"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75298\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75298"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75298"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75298"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}