STC7570-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7570-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 25000-22-13-000-2023-00286-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de agosto de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 26 de junio de 2023 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, que neg\u00f3 el amparo reclamado por el Conjunto Tur\u00edstico Hacienda La Vega de Ostos II contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasug\u00e1. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes en el proceso verbal 2019-00401-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES. <\/p>\n
1. La accionante, a trav\u00e9s de apoderada judicial, demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas allegadas, se resalta lo que viene. <\/p>\n
2.1. La sociedad actora demand\u00f3 a Mar\u00eda Consuelo Vargas Ceballos en proceso de responsabilidad civil, con el fin de que se declare a la convocada \u00abdeudora de las cuotas de administraci\u00f3n causadas y no pagadas respecto de los inmuebles de su propiedad [\u2026] del Conjunto Tur\u00edstico Hacienda La Vega de Ostos II de Fusagasug\u00e1 desde julio de 2006 hasta marzo de 2011\u00bb. En consecuencia, requiere que se \u00abcondene a [la demandada] a pagar la suma de $31.740.000 seg\u00fan el valor de las cuotas de administraci\u00f3n adeudadas por cada uno de los lotes de su propiedad\u00bb. Y, se le \u00abcondene [\u2026] a pagar los intereses moratorios causados a partir de julio de 2006 hasta marzo de 2011\u00bb1. El Juzgado Primero Civil Municipal de Fusagasug\u00e1, con auto del 6 de agosto de 2019, admiti\u00f3 el escrito inicial y orden\u00f3 la notificaci\u00f3n de la misma al extremo pasivo2. La cual, contest\u00f3 el memorial genitor. Al respecto, propuso las excepciones de \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n ordinaria [\u2026], falta de legitimidad [\u2026], prevalencia del reglamento de copropiedad [\u2026], Inexistencia de causa legal respecto de los cobros de cuotas de administraci\u00f3n [\u2026], cobro de lo no debido [\u2026], inexistencia de responsabilidad civil extracontractual […] y falta de legitimidad del representante de la demandante [\u2026]\u00bb3. <\/p>\n
2.2. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el Despacho, con fallo del 7 de junio de 2022, resolvi\u00f3 declarar \u00abprobada oficiosamente la excepci\u00f3n falta de los requisitos para la responsabilidad civil contractual. En consecuencia, desest\u00edmense y ni\u00e9guese las pretensiones de la demanda\u00bb. Inconforme con lo determinado, la convocante impetr\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n4. <\/p>\n
2.3. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasug\u00e1, con prove\u00eddo del 16 de diciembre de 2022, dispuso \u00abconfirmar la sentencia de fecha 11 de julio de 2022, (sic) proferida por el Juzgado Primero Civil Municipal de esta ciudad, dentro del proceso declarativo instaurado por el Conjunto Tur\u00edstico Hacienda la Vega de Ostos II contra Mar\u00eda del Consuelo Vargas Ceballos\u00bb. <\/p>\n
2.4. Censur\u00f3 que el juzgado ad quem vulner\u00f3 el principio de congruencia entre \u00ablo pedido y lo decidido, generando una confusi\u00f3n en el objeto del litigio, el objeto del recurso y el contenido y alcance de la decisi\u00f3n\u00bb. Y, la misma no se pronuncia \u00absobre todos y cada uno de los reparos concretos efectuados en el recurso [\u2026]. Raz\u00f3n por la cual el fallo objeto de tutela incurre en falta de motivaci\u00f3n; antes que entrar a tratar de rehacer la actuaci\u00f3n con hechos, pretensiones y fundamentos desistidos, deb\u00eda pronunciarse sobre todos y cada uno de los reparos concretos que soportaron el recurso de apelaci\u00f3n los cuales ignora incurriendo en falta de motivaci\u00f3n, violando el derecho fundamental al debido proceso\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, se\u00f1al\u00f3 que el estrado incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho por defecto f\u00e1ctico, pues \u00abla sentencia ignora el abundante material probatorio que permite demostrar el nexo causal de la culpa contractual. Adem\u00e1s de que el demandado no hizo ning\u00fan esfuerzo en demostrar alguna eximente de responsabilidad, los jueces ordinarios en ambas instancias ignoraron la prueba de la negligencia, descuido, imprudencia, desconocimiento de la ley, capricho, abuso de la posici\u00f3n dominante de la demandada, todos constitutivos de nexo causal de responsabilidad\u00bb. Adem\u00e1s, indic\u00f3 la ocurrencia de un defecto material, por cuanto \u00abdecidieron el caso con base en normas inexistentes o inconstitucionales como si se tratara de una \u201cpresunci\u00f3n de culpa en cabeza del acreedor\u201d y no del deudor como lo se\u00f1ala claramente la ley, la jurisprudencia y la doctrina\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, solicit\u00f3 la garant\u00eda de sus prerrogativas fundamentales. Y, en virtud de ello, se revoquen las determinaciones de instancia en la causa sub judice. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Despacho querellado relat\u00f3 lo acontecido al interior del juicio de marras. Y, solicit\u00f3 que se declare la improcedencia de lo demandado, por cuanto \u00abla simple controversia relacionada con la apreciaci\u00f3n probatoria, sus conceptos y conclusiones, pero por sobre todo el no compartir y tener divergencia en este campo, tornan viable una acci\u00f3n constitucional como la presente, como de igual manera [\u2026], la relevancia constitucional brilla por su ausencia\u00bb. <\/p>\n
2. La juez Primera Civil Municipal de Fusagasug\u00e1 manifest\u00f3 que la sociedad accionante \u00abutiliza el mecanismo de amparo como otra instancia m\u00e1s para debatir lo que al interior del proceso debi\u00f3 controvertirse con los respectivos medios probatorios y pretendiendo remediar en este escenario la incuria con la que actu\u00f3 al interior del tr\u00e1mite, desnaturalizando esta acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo. Para ello, resalt\u00f3 que \u00abla conclusi\u00f3n a la que lleg\u00f3 el funcionario reprochada fue el resultado de ponderar los medios de convicci\u00f3n que se recaudaron en el devenir del proceso, para esa manera determinar que no se colmaban a cabalidad los presupuestos de la acci\u00f3n de la responsabilidad civil contractual, dadas las particularidades del caso en cuesti\u00f3n, entre otros argumentos, y es as\u00ed, que sin necesidad de que esta Sala entre a determinar si avala o no tales consideraciones, lo cierto es, que a las citadas conclusiones no se les puede atribuir defecto alguno, toda vez que, como se dijo, fueron fruto de una hermen\u00e9utica atendible por la Jueza\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N. <\/p>\n
La actora fund\u00f3 su inconformidad bajo argumentaci\u00f3n similar a la expuesta en el escrito inicial. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES. <\/p>\n
1. Sobre el particular, revisada la providencia censurada, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por tanto, el fallo impugnado habr\u00e1 de ser confirmado. <\/p>\n
2. En primer lugar, en relaci\u00f3n con las quejas relativas a la \u00abfalta de motivaci\u00f3n\u00bb sobre aspectos suscitados en el remedio de apelaci\u00f3n, la Sala observa que, una vez analizadas las piezas obrantes en el plenario, la tutela no cumple con el presupuesto de la subsidiariedad, pues -ante la alegada falta de pronunciamiento sobre la totalidad de \u00ablos 12 reparos concretos [\u2026] que desarrollaban los defectos f\u00e1cticos y sustantivos\u00bb del fallo de primer grado, lo procedente era solicitar la adici\u00f3n de la sentencia, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 287 del C\u00f3digo General del Proceso. Por lo tanto, el gestor tuvo la posibilidad de exponer las razones de su inconformidad para reclamar en pro de sus intereses y contradecir lo que ahora pretende por esta v\u00eda. Empero, por su propia incuria dej\u00f3 fenecer dicha oportunidad5. <\/p>\n
3. En segundo orden, en raz\u00f3n a la queja tocante con que el juez de segundo grado incurri\u00f3 en los defectos f\u00e1ctico y sustantivo, la Corte advierte que la autoridad cognoscente -con prove\u00eddo del 16 de diciembre de 2022- resolvi\u00f3 confirmar la sentencia de primer grado. Para ello, discurri\u00f3 sobre los presupuestos generales y exigencias para comprobar la responsabilidad civil contractual. En ese orden, estableci\u00f3 que la demanda se justifica en \u00absostener que los da\u00f1os son frente al reglamento de la copropiedad pues para el efecto se\u00f1ala que no se pudieron cumplir con las obligaciones que tiene la Ley 675 de 2001 en su art\u00edculo 37 y, por ende, se refiri\u00f3 a una responsabilidad contractual. Al amparo de esa misma premisa \u2013 la infracci\u00f3n al Art\u00edculo 3 de la Ley 675 de 2001, afianza el nexo causal entre el da\u00f1o y la conducta de no pago del demandado, pues se trata del hecho y, en todo caso, las sentencias que sirven como precedente para contener las pretensiones de la demanda, en tanto el demandado estaba obligado por la ley y el reglamento a pagar la expensas por ello est\u00e1 obligado a reparar el da\u00f1o causado a la copropiedad\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, indic\u00f3 que el da\u00f1o no puede predicarse de una \u00fanica causa. En efecto, es posible que se derive de una pluralidad de hechos generadores: concausas. En ese orden, resalt\u00f3 que no es posible advertir la existencia \u00abde una responsabilidad civil contractual, pues si bien hay una fuente de obligaciones derivada de la declaratoria de prescripci\u00f3n, gastos y costas generados con ocasi\u00f3n de las demandas de ejecuci\u00f3n y de impugnaci\u00f3n de asambleas, la demandante, no acredit\u00f3 el detrimento patrimonial encabeza del Conjunto por el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la pasiva, pues el mantenimiento y seguridad de la copropiedad, no fueron acreditados, pues de haberlo sido, otra hubiera sido la decisi\u00f3n, obs\u00e9rvese que la demandante solo se limit\u00f3 a se\u00f1alar unos rubros adeudados, como si se tratase de una demanda de ejecuci\u00f3n, pero no demostr\u00f3 que por falta de esos emolumentos, el conjunto hubiera dejado de hacer o hubiera realizado y se encontrara debiendo a terceros por dichos gastos en que incurri\u00f3 para el cumplimiento de su obligaci\u00f3n contractual, lo cierto es que, no lo hizo en cumplimiento de su deber contractual y ahora se\u00f1ala que no lo hizo porque no le hab\u00edan pagado expensas, sin haber realizado una experticia que llevara a la juez a valorar los perjuicios ocasionados por el no pago de las expensas, resulta inveros\u00edmil, y m\u00e1s cuando la aqu\u00ed demandada fue titular del derecho en el a\u00f1o 2013, adem\u00e1s porque hay que tener en cuenta que uno de los requisitos que se exigen en las notar\u00edas para hacer la trasferencia de dominio es el paz y salvo de la administraci\u00f3n de la copropiedad, lo cual al parecer no tuvo eco en aquella oportunidad en el administrador y permiti\u00f3 que se hiciera ese cambio de dominio sin m\u00e1s, as\u00ed que es evidente que como lo se\u00f1al\u00f3 la a-quo en sus consideraciones, no es de recibo que el demandante alegue a su favor su propia culpa y aun peor, que no determin\u00f3 en cabeza de quien estaba esa obligaci\u00f3n, pues no demand\u00f3 a quien en aquella oportunidad fung\u00eda como copropietaria, esto es antes de haber trasferido el dominio a la aqu\u00ed demandada\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se\u00f1al\u00f3 que aunque el extremo activo pretend\u00eda que por sentencia se condenara a la pasiva a pagar expensas \u00abcuya declaratoria fue de prescripci\u00f3n, as\u00ed como los gastos procesales erogados antes y despu\u00e9s del 2011, no hubiere utilizado la administraci\u00f3n de justicia persiguiendo la declaratoria de una responsabilidad, cuando como lo se\u00f1ala la demandante los jueces de los procesos ejecutivos le hab\u00edan dado la raz\u00f3n, pero prescribieron algunas de esas obligaciones por el paso del tiempo\u00bb. Asimismo, reiter\u00f3 que para la prosperidad de la acci\u00f3n por responsabilidad civil contractual, es necesario \u00abque la actora no haya incurrido en una falta de obligaciones contractuales adquiridas, y de acuerdo a lo manifestado en la demanda, no pudo cumplir con el objeto del contrato de copropiedad, pues no ha realizado mantenimiento del bien en las zonas comunes y atendido situaciones como la vigilancia, por ende ha debido allegar el dictamen que determinara \u201clos perjuicios\u201d materiales generados por el presunto incumplimiento en el pago de las cuotas de administraci\u00f3n del a\u00f1o 2008 al a\u00f1o 2011, para as\u00ed bajo la teor\u00eda del derecho de da\u00f1os era necesario definir y acreditar el da\u00f1o sufrido, no simplemente relatarlo en la demanda como hechos que no fueron debidamente probados y un da\u00f1o no es el derecho de iniciar una demanda y obtener una sentencia\u00bb. <\/p>\n
4. De lo expuesto, para esta Sala, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez ordinario, it\u00e9rese, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable6. Ello pues, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo, probatorio y jurisprudencial del tema debatido. Por tanto, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente7. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 41 a 63 del archivo PDF \u00ab01Demanda y anexos fl 1-56\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Archivo PDF \u00ab03AutoAdmisorio06-ag-2019 fl 59\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Folios 3 a 58 del archivo PDF \u00ab09ContestacionDemandaAnexos fl 78-264\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Archivo \u00ab61ActaAudiencia fl 747\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Al respecto, esta Corte reiteradamente ha sostenido que \u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC791-2021). <\/p>\n
6\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
7\u0002 Esta Sala ha sostenido reiteradamente, que el juez constitucional, en principio, no se ocupa de la valoraci\u00f3n y apreciaci\u00f3n de las probanzas pues, se insiste, ello ata\u00f1e al juez natural -con su respectiva independencia-. <\/p>\n
<\/p>\n
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