STC7601-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7601-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2023-00806-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Carlos Hern\u00e1n Mu\u00f1oz Delgado contra la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso disciplinario de radicado 2017-00359. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo y m\u00ednimo vital, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial censurada. <\/p>\n
2. Del expediente allegado se resalta lo que viene. El 18 de mayo de 2017, Juan Carlos y Sandra Patricia Garc\u00eda Narv\u00e1ez promovieron ante la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina de Nari\u00f1o queja disciplinaria contra el accionante, con fundamento en que el disciplinado -en calidad de apoderado judicial de la parte demandante-, suscribi\u00f3 con Transportadores de Ipiales S.A. un \u201ccontrato de extinci\u00f3n de obligaciones por pago\u201d, pactando la cancelaci\u00f3n de la condena impuesta en favor de sus mandantes Carmen Rosero Bustos y Javier Garc\u00eda, en el proceso de responsabilidad civil extracontractual de radicado 2010-00024-00 tramitado por el Juzgado 1\u00b0 Civil del Circuito de Pasto. En dicho proceso los quejosos adquirieron los derechos litigiosos. Sin embargo, \u00abel abogado dej\u00f3 de hacer entrega del dinero\u00bb. <\/p>\n
2.2. El 21 de julio de 2017, el Colegiado de primera instancia orden\u00f3 la apertura del proceso, fij\u00f3 fecha para la audiencia de pruebas y calificaci\u00f3n provisional y dispuso la notificaci\u00f3n del abogado denunciado, entre otras1. Surtidos los tramites de rigor, se profiri\u00f3 sentencia el 24 de junio de 2022, con la cual se declar\u00f3 disciplinariamente responsable al accionante por la comisi\u00f3n de las faltas contra el deber a la honradez en relaciones profesionales y contra el deber de lealtad con el cliente. En consecuencia, se le impuso sanci\u00f3n de exclusi\u00f3n del ejercicio de la profesi\u00f3n y multa equivalente a $68.000.0002. <\/p>\n
2.3. La Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial \u2013con providencia del 17 de mayo de 2023- modific\u00f3 la sentencia impugnada, decret\u00f3 la terminaci\u00f3n a favor del disciplinado de la falta tipificada en el art\u00edculo 34 literal D de la Ley 1123 de 2007 y confirm\u00f3 la responsabilidad respecto de la falta consagrada en el art\u00edculo 35 numeral 4 de la misma ley. En consecuencia, le impuso como sanci\u00f3n la suspensi\u00f3n del ejercicio profesional por el t\u00e9rmino de 18 meses y multa de 30. s.m.l.m.v3. <\/p>\n
2.4. El gestor censura que el Colegiado accionado lo \u00abubica en la posici\u00f3n de deudor, calidad que nunca tuve, en tanto fui apoderado judicial del demandante en el proceso ejecutivo\u00bb, sumado a que \u00aben la venta de derechos litigiosos que obtuvieron los quejosos desde el a\u00f1o 2013 y nunca se hicieron parte en el proceso ejecutivo\u00bb. Recalca que se obligaci\u00f3n como profesional del derecho fue \u00abcon el se\u00f1or JAVIER GARC\u00cdA NARVAEZ, no con los cesionarios\u00bb. Refiere que la Corporaci\u00f3n accionada, \u00abrealiz\u00f3 una interpretaci\u00f3n errada del fen\u00f3meno de la venta de derecho litigiosos que nunca se hicieron valer en el proceso ejecutivo, igual no se realiza una motivaci\u00f3n especifica de las sanciones impuestas, generando una situaci\u00f3n demasiado gravosa, pues se me deja sin trabajo durante UN A\u00d1O Y MEDIO, pero adem\u00e1s se me impone una multa elevada que no podr\u00e1 pagar y las consecuencias que esta situaci\u00f3n generan en m\u00ed una dif\u00edcil situaci\u00f3n econ\u00f3mica, familiar y laboral\u00bb. <\/p>\n
Adujo que la sentencia acusada desconoci\u00f3 \u00ablas normas previstas en la Carta Pol\u00edtica y la ley 1123 de 2007, en punto de la dosificaci\u00f3n y motivaci\u00f3n de las sanciones\u00bb, toda vez que la sanci\u00f3n impuesta de a\u00f1o y medio \u00abcon una MULTA TAN ELEVADA [\u2026] siendo la segunda sanci\u00f3n facultativa. Es contradictoria y arbitraria en tanto que sino (sic) tengo trabajo como pago la multa\u00bb. <\/p>\n
3. Deprec\u00f3 que se corrija la sentencia emitida el 17 de mayo de 2023, \u00abprocediendo a analizar en debida forma el fen\u00f3meno de la venta de derechos litigiosos y mi obligaci\u00f3n como apoderado del cedente, as\u00ed como el atenuante por el contrato de transacci\u00f3n suscrito con los quejosos y el an\u00e1lisis minucioso de las sanciones de suspensi\u00f3n y multa impuesto\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. Las autoridades judiciales accionada y vinculada realizaron un recuento de las actuaciones surtidas respaldando su legalidad. Por su parte, la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina resalt\u00f3 que los argumentos expuestos por el promotor son \u00ablos mismos argumentos que fueron objeto de an\u00e1lisis por parte de esta Corporaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. La titular del Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto, dijo que los reproches del accionante se enfilan contra la sentencia sancionatoria proferida por la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina, de manera que \u00abse atiene al tr\u00e1mite impartido en esta instancia y a las resultas de la misma; proceso dentro del cual se adelant\u00f3 tambi\u00e9n ejecutivo a continuaci\u00f3n de proceso verbal, y culmin\u00f3 con auto del 31 de octubre de 2016 por pago total de la obligaci\u00f3n, siendo archivado entonces en noviembre de dicha anualidad\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Sobre el particular, revisada la providencia censurada, esta Sala -en calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Ciertamente, la autoridad cognoscente -con prove\u00eddo de 17 de mayo de 2023- resolvi\u00f3 modificar la sentencia proferida por la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Nari\u00f1o el 24 de junio de 2022 que declar\u00f3 disciplinariamente responsable al accionante, lo sancion\u00f3 con exclusi\u00f3n del ejercicio de la profesi\u00f3n y le impuso multa de $68.000.000. <\/p>\n
2. En sustent\u00f3, con relaci\u00f3n a la responsabilidad del disciplinable respecto de la falta contemplada en el art\u00edculo 34 literal D de la Ley 1123 de 2007 \u00abpor falsear el avance del pago de la transacci\u00f3n celebrada el 29 de septiembre de 2016 con Transportadores de Ipiales S.A., respecto de la condena impuesta en el proceso\u00bb de responsabilidad civil extracontractual adelantado en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto de radicado 2010-00024, expuso que como los hechos tuvieron ocurrencia hace m\u00e1s de 5 a\u00f1os, era procedente decretar la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n disciplinaria respecto de la falta por no brindar informaci\u00f3n veraz. En consecuencia, \u00abdeclar\u00f3 la terminaci\u00f3n anticipada del procedimiento en lo que a esto ata\u00f1e\u00bb. <\/p>\n
2.1. Seguidamente, resalt\u00f3 que, frente al argumento planteado por el censor relacionado con el desistimiento presentado por la quejosa, \u00abresulta irrelevante, ya que la acci\u00f3n disciplinaria es de naturaleza p\u00fablica, por ende, los quejosos no gozan de titularidad para su ejercicio\u00bb. Destac\u00f3 que la misma suerte corre lo relativo a que los quejosos no estuvieran habilitados para reclamar el pago de los dineros de la indemnizaci\u00f3n, porque la cesi\u00f3n de derechos litigiosos suscrita no contaba con nota de presentaci\u00f3n personal ante notaria. En efecto, aclar\u00f3 que \u00abla cesi\u00f3n de derechos litigiosos\u2026 en la relaci\u00f3n jur\u00eddica procesal\u2026 No est\u00e1 sujeta a solemnidad alguna\u2026, y puesto que lo que se trasmite es el derecho litigioso [cuenta con] la posibilidad de hacer efectivo el cumplimiento de una sentencia eventualmente favorable a los intereses de la parte cedente\u00bb. Noci\u00f3n que, aplicada al caso en comento, permite concluir que \u00abtampoco resultaba determinante que el citado acuerdo de voluntades no fuera presentado ante el despacho civil cognoscente, toda vez que era facultativo del cesionario acudir o no a la jurisdicci\u00f3n para hacer valer su nueva posici\u00f3n\u2026 pues de optar por no hacerlo en el escenario procesal pod\u00eda con posterioridad reclamar el derecho acreditando la referida transferencia frente al deudor\u00bb. <\/p>\n
En respaldo de tal postura, cit\u00f3 jurisprudencia de esta Sala para resaltar que los efectos de una cesi\u00f3n se pueden hacer valer en el proceso para reclamar los derechos litigiosos adquiridos o en un litigio posterior. De manera que, la quejosa Sandra Patricia Garc\u00eda Narv\u00e1ez \u00abestaba habilitada para solicitar al mandatario de su cedente -CARLOS HERN\u00c1N MU\u00d1OZ DELGADO- la entrega de la porci\u00f3n de la compensaci\u00f3n que correspond\u00eda a Miriam del Carmen Rosero\u2026 aunado a [que] el togado no hizo el m\u00e1s m\u00ednimo esfuerzo por demostrar que puso a disposici\u00f3n de los sucesores del litigante fallecido la parte que les pertenec\u00eda de la indemnizaci\u00f3n, aunque estaba en posibilidad de cumplir el deber de honradez de entregar a su titular los dineros recibidos por cuenta de la gesti\u00f3n encomendada\u00bb. <\/p>\n
2.2. As\u00ed las cosas, el Colegiado confutado concluy\u00f3 que la acci\u00f3n disciplinaria respecto de la falta consagrada en el literal D del art\u00edculo 34 de la Ley 1123 de 2007 hab\u00eda prescrito, \u00abpor tanto, resulta forzoso reducir la sanci\u00f3n impuesta por el a quo, a 18 meses de suspensi\u00f3n en el ejercicio de la profesi\u00f3n y 30 s.m.l.m.v. atendiendo los criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, en tanto persiste la acreditaci\u00f3n de un actuar doloso debido a la intenci\u00f3n inequ\u00edvoca de no entregar a quien correspond\u00eda, a la menor brevedad posible, los dineros recibidos\u00bb. En consecuencia, modific\u00f3 la sentencia \u00abdecretando la terminaci\u00f3n anticipada del proceso frente a la falta establecida en el art\u00edculo D del art\u00edculo 34 de la Ley 1123 de 2007, por haber operado el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n\u00bb, confirm\u00f3 la responsabilidad disciplinaria del togado respecto de la falta del numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 35 de la misma codificaci\u00f3n y redujo el quantum de la sanci\u00f3n. <\/p>\n
3. Conforme a lo expuesto, para esta Corporaci\u00f3n la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable4. Ciertamente, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo y jurisprudencial del tema debatido. Por supuesto, para esta Sala Civil y Agraria, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. Descart\u00e1ndose, tambi\u00e9n, una ostensible v\u00eda de hecho, pues la sanci\u00f3n impuesta fue resultado de examinar los criterios generales del art\u00edculo 45 de la Ley 1123 de 2007. <\/p>\n
Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia, ni a \u00abdeterminar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la parte actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 de marzo de 2008, rad. 2007-00514-01. Reiterada en CSJ STC4454, 15 de julio de 2020). <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la acci\u00f3n de tutela impetrada. Notif\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Pdf001ExpedientedisciplinarioDigitalizado. Carpeta 01Primera instancia. Folios 1-20. Expediente digital <\/p>\n
2\u0002 Pdf020SentenciaSancionatoria202200624. Carpeta 01Primera instancia. Folios 1-20. Expediente digital <\/p>\n
3\u0002 Pdf05 PROVIDENCIA 2017-00359. Carpeta 02SegundaInstancia. Expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss). Y como \u201cvalido\u201d puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128) <\/p>\n
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