STC7612-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7612-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 68679-2214-000-2023-00049-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 26 de junio de 2023 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Nelly Ferreira Mogoll\u00f3n contra la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la salud, debido proceso, trabajo y \u00abuni\u00f3n familiar\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, se deje sin efectos parcialmente la resoluci\u00f3n n\u00b0. 11253 del 2 de junio de 2023 en lo que respecta al traslado al municipio Sucre-Sucre. Subsidiariamente, inco\u00f3 tutelar de manera transitoria sus derechos fundamentales, hasta tanto un juez administrativo se pronuncie sobre la medida cautelar en el medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Indic\u00f3 la accionante que cuenta con 64 a\u00f1os de edad y funge como Registradora Municipal de Guapot\u00e1 (Santander) desde 1995; indic\u00f3 que su esposo tiene 75 a\u00f1os y padece unas afecciones medicas que imposibilitan su movilidad y cuidado aut\u00f3nomo. <\/p>\n
2.2. Manifest\u00f3 que ha sido diagnosticada con una serie de patolog\u00edas, las cuales desde el a\u00f1o 2020 est\u00e1n siendo atendidas en Bucaramanga a trav\u00e9s de un contrato de medicina prepagada con Colsanitas; que el referido contrato solo tiene cobertura en Bogot\u00e1, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Medell\u00edn, Tunja y Villavicencio. <\/p>\n
2.3. Relat\u00f3 que, en medio de una incapacidad m\u00e9dica, la Registradur\u00eda, sin su autorizaci\u00f3n, radic\u00f3 los documentos ante Colpensiones para el reconocimiento y pago de su pensi\u00f3n de vejez, la cual fue reconocida; no obstante, el 19 de mayo de 2023 inform\u00f3 la entidad empleadora que permanecer\u00eda voluntariamente en su cargo, pues su intenci\u00f3n no era pensionarse a\u00fan. <\/p>\n
2.4. Aduce la actora, que la entidad accionada con la finalidad de presionarla para abandonar su cargo, mediante resoluci\u00f3n n\u00b0. 11253 del 2 de junio de 2023, la traslad\u00f3 al municipio de Sucre \u2013 Sucre. Frente a esta determinaci\u00f3n solicit\u00f3 reconsideraci\u00f3n en atenci\u00f3n a que se le dificultar\u00eda atender sus controles m\u00e9dicos y velar por el cuidado de su esposo. Tal solicitud fue resuelta por la entidad accionada el 8 de junio del a\u00f1o que avanza, en la cual le indicaron que las situaciones puestas de presente con constitu\u00edan fuerza mayor o caso fortuito. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, inform\u00f3 que la actora durante el tiempo que se ha desempe\u00f1ado en su cago, ha sido trasladada a diferentes municipios en \u00e9pocas electorales, indicando que el traslado efectuado se debe a los comicios que se efectuaran el 29 de octubre del a\u00f1o que avanza. Manifiesta que estos traslados son una facultad del Registrador Nacional, la cual no implica una desmejora a las condiciones laborales de los trabajadores, m\u00e1xime cuando se trata de algo temporal. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Los Delegados Departamentales del Registrado Nacional del Estado Civil en Santander, indicaron que la accionante padece de hipertensi\u00f3n y colesterol, lo cuales son de origen com\u00fan, patolog\u00edas que se deben tratar de conformidad con lo establecido por la EPS, la cual tiene cobertura en el departamento de Sucre, por lo que si puede tener acceso a la atenci\u00f3n en salud requerida. De otro lado, manifestaron que los hijos de la accionante pueden hacerse cargo de su padre, durante el t\u00e9rmino que dure el traslado para atender los asuntos electorales pr\u00f3ximos. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Compa\u00f1\u00eda de Medicina Prepagada Colsanitas S.A., indic\u00f3 que, ante una eventual falta de cobertura de dicha entidad, la accionante puede acceder a los servicios de salud a trav\u00e9s de su EPS. Aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, propuso falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, indicando que en su registro no se evidencian solicitudes pendientes por tramitar. <\/p>\n
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5. La Personer\u00eda Municipal de Guapot\u00e1, manifest\u00f3 que no comprende el traslado de la actora a pesar de sus quebrantos de salud y la situaci\u00f3n de su esposo, indicando adem\u00e1s que la misma ha ejercido de gran manera sus servicios en el municipio, sin recibir queja alguna frente a esta. Adujo que el traslado de la peticionaria quebranta el derecho a la unidad familiar y dificulta el acceso a los servicios de salud puesto que los mismo no pueden ser prestadas en el municipio al que fue trasladada, considerando que existe una persecuci\u00f3n laboral para forzar a la accionante para que se separe de su cargo. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo al encontrar insatisfecho el presupuesto de subsidiariedad, pues la actora cuenta con los medios id\u00f3neos de defensa previstos en la ley, donde, por dem\u00e1s, puede deprecar medidas cautelares al considerar que est\u00e1 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte actora reiterando los argumentos expuestos en el libelo inicial, a los que adicion\u00f3 que el Tribunal constitucional no se pronunci\u00f3 de fondo a sus pretensiones a fin de evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que si bien puede acudir a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa en ejercicio de la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho, la misma no es eficaz ni efectiva, por lo que la salvaguarda debe ser concedida transitoriamente como protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias se anticipa la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que la gestora cuenta con otro mecanismo de defensa para cuestionar la legalidad de la Resoluci\u00f3n n\u00b0. 11253 de 2 de junio de 2023, mediante la cual el Registrador Nacional del Estado Civil resolvi\u00f3 trasladar de manera temporal a la accionante por circunscripciones electorales. <\/p>\n
Ciertamente, la peticionaria cumpliendo con los requisitos previstos para el efecto, bien podr\u00eda acudir a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa para cuestionar la legalidad del aludido acto administrativo, concretamente, a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho dispuesta en el art\u00edculo 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo que configura la causal de improcedencia contemplada en el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
3. Es de recordarse que los actos administrativos gozan de presunci\u00f3n de legalidad y acierto, por lo que las controversias que ellos susciten deben ser expuestas ante la autoridad competente, escenario en el que es posible solicitar la suspensi\u00f3n provisional de los mismos, conforme lo indicado en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 230 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-, raz\u00f3n por la que no es de recibo el argumento de la impugnaci\u00f3n seg\u00fan el cual ese mecanismo no es eficaz ni id\u00f3neo. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha precisado que: <\/p>\n
\u2026\u2018por tratarse de actos administrativos, el debate acerca de su legalidad cumple suscitarlo ante los Jueces Contencioso Administrativos competentes, a trav\u00e9s de las acciones previstas en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, de acuerdo con las circunstancias y particularidades que, a juicio del interesado, experiment\u00f3 la situaci\u00f3n que gener\u00f3 lo resuelto por la administraci\u00f3n y que es materia de inconformidad, a fin de generar las determinaciones con las cuales se obtenga el restablecimiento del derecho\u2026\u2019. Adem\u00e1s, en este escenario la interesada puede solicitar como medida cautelar la suspensi\u00f3n provisional del acto ilegal, raz\u00f3n por la cual no se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional ni siquiera como mecanismo transitorio. As\u00ed las cosas, y en vista de que no se cumple el requisito de la subsidiariedad, la Corte confirmar\u00e1\u2026, la decisi\u00f3n de primera instancia que resolvi\u00f3 negar el amparo (CSJ STC, 9 dic. 2011, rad. 00330-01; reiterada en CSJ STC, 13 jul. 2012, rad. 00153-01). <\/p>\n
4. Basta lo dicho para confirmar la sentencia de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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