STC7615-2023<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7615-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2023-00175-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de dos de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por el convocante frente a la sentencia del pasado 23 de junio, emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, Sala Civil-Familia, en la acci\u00f3n de tutela impulsada por Francisco Caballero D\u00edaz contra el Juzgado Primero Civil de Circuito de El Espinal, la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma del Tolima (Cortolima) y la Alcald\u00eda de Flandes. Al tr\u00e1mite fueron vinculados los part\u00edcipes e interesados en el asunto que suscita la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El promotor deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de sus prerrogativas esenciales al debido proceso y \u00abpropiedad\u00bb, presuntamente conculcadas por los estamentos repelidos. Y en concreto, se les conmine a \u00abCES[AR]\u00bb toda gesti\u00f3n jurisdiccional y\/o administrativa adversa, con ocasi\u00f3n del expediente popular n.\u00b0 \u00ab2010-00217\u00bb. <\/p>\n
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2. Como sustento adujo, en lo de importancia, que ante el despacho judicial accionado se ha surtido el paginario colectivo arriba descrito, por demanda de Dar\u00edo Ram\u00edrez P\u00e9rez y Luis Miguel Plata Clavijo -con coadyuvancia de Alirio Cepeda D\u00edaz- contra \u00c1lvaro Ch\u00e1vez Pinto y la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional del Tolima (Cortolima), as\u00ed como frente al municipio de Flandes, \u00abpor la construcci\u00f3n de(\u2026) proyecto urban\u00edstico\u2026, en \u00e1rea de reserva ambiental y ecol\u00f3gica\u00bb (cerro y laguna \u00abYaporogos\u00bb); contienda de la que provinieron, grosso modo, fallos favorables a las aspiraciones colectivas, en primera y segunda instancia, el 6 de abril de 2015 y el 18 de mayo de 2016, respectivamente. <\/p>\n
Relat\u00f3 que el referido ente juzgador de conocimiento, luego de m\u00faltiples aconteceres, dispuso rechazar una solicitud de \u00abnulidad\u00bb por \u00e9l incoada, con auto de 15 de marzo de la anualidad en curso, cuya apelaci\u00f3n que formulara fue declarada inadmisible por el correspondiente superior, en providencia de 23 de mayo postrero. <\/p>\n
Critic\u00f3 el tutelante, entonces, la invalidez de las gestiones desplegadas por el juzgador natural desde el pronunciamiento de 3 de abril de 2018, en el que so pretexto de \u00abverificaci\u00f3n\u00bb del cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en los veredictos populares quiso imponer \u00abrestricciones\u00bb al predio n.\u00b0 357-56382, pues, en estricto compendio, siendo dicho fundo de su propiedad y adem\u00e1s ajeno a la controversia, lo cierto es que nunca fue vinculado en pertinente forma al decurso; situaci\u00f3n que pese a pretender conjurarla a trav\u00e9s del petitorio de anulaci\u00f3n, no tuvo soluci\u00f3n positiva. Agreg\u00f3 que por tal enjuiciamiento, le desestimaron una \u00ablicencia urban\u00edstica\u00bb en la Alcald\u00eda de Flandes. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
El Juzgado brind\u00f3 copia del litigio en an\u00e1lisis. Cortolima se opuso al \u00e9xito de la clama, por improcedente. La Procuradur\u00eda delegada y una veedur\u00eda ciudadana se manifestaron en parecida orientaci\u00f3n. Empresa de Servicios P\u00fablicos de Flandes (Espuflan) E.S.P. resalt\u00f3 que los ataques le son extra\u00f1os. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Rehus\u00f3 conceder la salvaguarda comoquiera que, en \u00faltimas, los prove\u00eddos reprochados \u00abdatan de hace m\u00e1s de cinco a\u00f1os\u00bb, sin que exista \u00abjustificaci\u00f3n en la tardanza\u00bb, ni obre muestra de haberse rebatido la resoluci\u00f3n contraria a la aludida \u00ablicencia\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue intentada por el convocante, en discrepancia de lo zanjado por el a-quo constitucional, en tanto que sus censuras se enfilan contra la soluci\u00f3n nugatoria de su m\u00e1s reciente aspiraci\u00f3n de invalidaci\u00f3n, en el presente a\u00f1o; \u00abnulidad\u00bb la cual inst\u00f3 a declarar en esta senda. Por ende, la acudida supralegal s\u00ed es tempestiva. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Al tenor del precepto 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de las garant\u00edas esenciales, susceptible de activar siempre que resulten vulneradas o en peligro inminente por las autoridades p\u00fablicas y los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento doctrinario, en lo que concierne a las actuaciones judiciales, el resguardo cabe de manera excepcional y sujeto a la presencia de una irrefutable anomal\u00eda, si \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios (\u2026) previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01) y, obvio, de aparecer el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
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2. Compete indagar en sus cimientos -circunscrito el debate a los reparos impugnatorios y m\u00e1s all\u00e1 de lo finalmente sucedido con el correspondiente recurso de apelaci\u00f3n-, el auto de 15 de marzo de los corrientes, proveniente del fustigado despacho Primero Civil del Circuito de El Espinal, en cuanto hubo de desatar la solicitud de \u00abnulidad\u00bb del ahora quejoso. N\u00f3tese que, en lo medular, ah\u00ed se acot\u00f3: <\/p>\n
Esa petici\u00f3n de nulidad fue denegada mediante auto del 15 de enero de 2021. Se consider\u00f3 que (\u2026) el descontento del peticionario estriba en que no fue vinculado a este tr\u00e1mite, a pesar de que con los autos por \u00e9l mencionados afectaron \u201csu derecho de propiedad sobre el predio\u201d… <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se encuentra que la petici\u00f3n sobre la que se provee en este momento no es m\u00e1s que un segundo ataque contra la legalidad del proceso. Claro, en esencia, el motivo de anulaci\u00f3n formulado en ese momento coincide con el que ahora se expone. Ciertamente, ambas peticiones reposan sobre una idea fundamental: la de que el peticionario es due\u00f1o del predio en que se haya la reserva natural objeto de protecci\u00f3n en este tr\u00e1mite. Aunque con mayores explicaciones e incluso aportando nuevos y diferentes datos de la heredad que presuntamente le corresponde, se reitera el petente en que es due\u00f1o y que por ese motivo ha debido integr\u00e1rselo al proceso, porque esa aparente calidad le otorga inter\u00e9s en este juicio. <\/p>\n
Y si las cosas son de esta manera, pronto se encuentra que la petici\u00f3n que actualmente eleva debe rechazarse de plano. Respecto de la irregularidad derivada de su falta de integraci\u00f3n el proceso ya se provey\u00f3, lo que implica que sobre este tema oper\u00f3 la cosa juzgada. En definitiva, como se dijo al resolver sobre esa primera nulidad, \u201c[s]i el peticionario sostiene que ser due\u00f1o impon\u00eda citarlo al proceso debi\u00f3 acreditar tal estatus. \u00c9l corr\u00eda con la carga de la prueba. No obstante, ya se vio que no lo logr\u00f3, raz\u00f3n suficiente para concluir que su participaci\u00f3n en la contienda no resultaba imprescindible. Menos cuando tampoco prob\u00f3 que ostentase alg\u00fan otro tipo de derecho respecto de los terrenos inspeccionados. No. Nada de esto fue probado. En este estado de cosas, no se evidencia el inter\u00e9s que dice el peticionario que le asiste\u201d. A esa determinaci\u00f3n ha de estarse el mencionado se\u00f1or, as\u00ed invoque la nulidad por medio de otro apoderado judicial. <\/p>\n
En s\u00edntesis, por m\u00e1s que se pretenda la evaluaci\u00f3n de nuevos argumentos, no puede reciclarse esa discusi\u00f3n. Menos cuando, encubiertamente intenta discutirse el auto por medio del cual se desestim\u00f3 la nulidad que ante[s] pidi\u00f3. No pasa inadvertido que entre los prove\u00eddos supuestamente irregulares se encuentra el dictado [el] 15 de enero de 2021. Por supuesto que las nulidades procesales no pueden servir para renovar la chance de controvertir decisiones judiciales ya en firme. <\/p>\n
Adem\u00e1s, si por cuenta de esos nuevos argumentos se pensase que se trata de una solicitud distinta de aqu[e]lla, tambi\u00e9n habr\u00e1 de rechazarse de plano. En primer lugar, porque ya se tiene por sabido que la nulidad consagrada en el art\u00edculo 29 superior es la de la prueba obtenida con violaci\u00f3n al debido proceso, que no la del proceso en la que se analiza. Tal condici\u00f3n implica que esa causal no encuadra dentro de aquellas previstas por el legislador con la relevancia para invalidar el juicio. Por tanto, por carecer de la taxatividad que caracteriza el r\u00e9gimen de las nulidades procesales, procede su rechazo de plano que impone el inciso final del art\u00edculo 135 del actual c\u00f3digo de procedimientos civiles. Y de otro lado, porque el legislador prescribi\u00f3 que el rechazo in-limine es imperativo cuando, adem\u00e1s de otras razones, la nulidad \u201cse proponga despu\u00e9s de saneada\u201d\u2026 Todos esos sucesos a que alude la solicitud de nulidad son anteriores a que se formulara la nulidad antes\u2026, lo que hac\u00eda imperativo alegarlos en ese en aquel tiempo. Por tanto, como esos otros planteamientos pudieron formularse en un primer instante, lo que no sucedi\u00f3, debe considerarse saneado cualquier vicio proveniente de ello; as\u00ed lo se\u00f1ala el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 136 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
No sobra reiterar que, como se dijo en la ocasi\u00f3n previa, \u201cni la sentencia dictada en este debate ni los dem\u00e1s autos mencionados por el se\u00f1or Caballero D\u00edaz lo despojaron ya de la propiedad de predio alguno\u201d. Recu\u00e9rdese que la sentencia dictada en este juicio y, \u201cpor ende, el de las dem\u00e1s providencias ahora cuestionadas, ha sido proteger la zona declarada y su restauraci\u00f3n definitiva, orden que por ahora no se ha acatado. Como esa es la situaci\u00f3n, menos se ha adoptado decisi\u00f3n alguna que directa y definitivamente recaiga sobre alg\u00fan bien, precisamente porque no se han identificado a plenitud los inmuebles que la contienen. En ese orden, c\u00f3mo decir que se ha afectado a propietario, poseedor o tenedor. Es claro que actualmente, adem\u00e1s de saberse que existe una zona de reserva, s\u00f3lo se tiene por sentado que su protecci\u00f3n y conservaci\u00f3n corre por cuenta de las autoridades accionadas. Secuela de ello, s\u00f3lo se han dispuesto algunas medidas preventivas como el encerramiento de la zona y su vigilancia para evitar que contin\u00fae siendo botadero de escombros, previniendo la realizaci\u00f3n de quemas y talas indiscriminadas. De esto puede inferirse que si el peticionario resultase ser propietario de los terrenos cuya protecci\u00f3n se orden\u00f3, todav\u00eda est\u00e1 en la oportunidad de velar por sus intereses\u201d\u2026 <\/p>\n
Prove\u00eddo que al margen de compartirse no subyace arbitrario, subjetivo o antojadizo, lo que descarta las trasgresiones alegadas, las cuales no encuentran recibo en esta calzada excepcional de ayuda. <\/p>\n
Es que, en rigor, el inicialista revela un mero desacuerdo en torno a la forma en que la sede judicial encartada dispuso rechazar la anulaci\u00f3n por \u00e9l pretendida, merced a la no ocurrencia de la misma. Planteamientos que dif\u00edcil es desechar de plano, o calificarlos de absurdos o aviesos, \u00abm\u00e1xime si (\u2026) no resulta[n] contrari[os] a la raz\u00f3n, es decir, si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado\u2026, ya que (\u2026) se desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico(…) y [se] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente\u00bb en el finiquite del \u00abconflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 01451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016). <\/p>\n
Divergir del basamento de una resoluci\u00f3n judicial no desemboca, a simple vista, en una lesividad ostensible, si en cuenta se tiene que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para [compelir] al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 00009-01; CSJ STC, 27 jun. 2012, rad. 00088-01; y CSJ STC, 12 ag. 2013, rad. 00125-01; reiterada en STC18711, 10 nov. 2017). <\/p>\n
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3. Lo consignado conlleva, ergo, a ratificar el veredicto del Tribunal de origen. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el canal m\u00e1s \u00e1gil. Rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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