STC7616-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC7616-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n No. 11001-22-03-000-2023-01424-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 5 de julio de 2023, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Price Res SAS contra la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso de protecci\u00f3n al consumidor radicado no. 22-27038. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que Liliana Luc\u00eda Villota Burbano y John L\u00f3pez Gonz\u00e1lez promovieron en su contra acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor, relacionado con una \u00abindebida prestaci\u00f3n de un servicio en virtud de un error en el destino de vuelo y vulneraci\u00f3n del derecho al retracto\u00bb, proceso en el que la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio profiri\u00f3 fallo el 5 de junio de 2023, en el que la conden\u00f3 al pago de $3\u00b4574.077 por perjuicios ocasionados por el incumplimiento al deber de informaci\u00f3n a los demandantes. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que la decisi\u00f3n de la autoridad judicial accionada, i) carece de apoyo probatorio que permitiera aplicar el supuesto legal de informaci\u00f3n o publicidad enga\u00f1osa, ii) resolvi\u00f3 por fuera de su competencia porque el juicio se adelant\u00f3 en el marco de la efectividad de la garant\u00eda, m\u00e1s no en un proceso relacionado con el supuesto aludido y, iii) no existe norma que le permita ordenar el pago de perjuicios en un litigio de efectividad de la garant\u00eda, pese a contar con facultades ultra, infra y extra petita. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto, solicit\u00f3 \u00abdejar sin efecto el numeral tercero que resuelve de la sentencia 5297 del 6 de junio 2023, proferido dentro del proceso de protecci\u00f3n al consumidor con radicaci\u00f3n 22-27038, toda vez que la operadora judicial de la SIC se extralimit\u00f3 de sus funciones al fallar por fuera de su competencia conforme a lo estable el art\u00edculo 6 de la constituci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, despu\u00e9s de hacer un recuento de las actuaciones del proceso de protecci\u00f3n al consumidor de radicado 22-27038, inform\u00f3 que la sentencia adoptada se profiri\u00f3 con respeto al debido proceso de las partes, quienes ejercieron su derecho a la defensa y contradicci\u00f3n en las oportunidades pertinentes. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que la decisi\u00f3n reprochada est\u00e1 en consonancia con las normas aplicables al caso y las pruebas incorporadas al proceso, destacando que encontr\u00f3 demostrada la falta al deber de informaci\u00f3n a los demandantes frente al servicio que la sociedad demandada le prest\u00f3. En adici\u00f3n, expres\u00f3 que no se cumplen los presupuestos establecidos por la jurisprudencia para la procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, as\u00ed como tampoco se prob\u00f3 la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1, neg\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional, tras sostener que, los motivos expuestos por la autoridad accionada en su providencia est\u00e1n apoyados en los elementos de prueba obrantes en el expediente y en la norma aplicable al caso, por lo que la actuaci\u00f3n controvertida no se advierte arbitraria o insensata. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, con independencia de que comparta o no, los argumentos en que se fundament\u00f3 el fallo cuestionado, luego de referirse a los art\u00edculos 23, 47, 48 y 56 de la Ley 1480 de 2011, concluy\u00f3 que los demandantes no fueron informados adecuadamente, por la demandada, pues \u00abno se les suministr\u00f3 de manera correcta los datos relevantes de la compra realizada, hechos que, de hab\u00e9rsele comunicado, habr\u00edan incidido en la adquisici\u00f3n de los tiquetes a\u00e9reos, cuyo valor fue objeto de condena\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
La sociedad accionante insisti\u00f3 en los mismos argumentos alegados en el escrito de tutela. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra determinaciones judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el en un plazo prudencial. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, al examinar la queja y los soportes allegados, se advierte que el amparo suplicado no pod\u00eda abrirse paso, lo que impone la confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada, toda vez que, la Superintendencia de Industria y Comercio realiz\u00f3 una interpretaci\u00f3n adecuada de la normativa aplicable al asunto y del material probatorio recaudado, lo que lo llev\u00f3 a adoptar una determinaci\u00f3n carente de arbitrariedad. <\/p>\n
3. La sociedad Price RES SAS, accionante, cuestiona la sentencia que en \u00fanica instancia profiri\u00f3 la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio el 5 de junio de 2023, a trav\u00e9s de la cual declar\u00f3 que la sociedad vulner\u00f3 los derechos de los demandantes-consumidores y le orden\u00f3 pagar a t\u00edtulo de perjuicios $3\u2019574.077, de conformidad con lo establecido en los art\u00edculos 23 y 56, numeral 3\u00ba de la Ley 1480 de 2011, dentro de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor que aquellos promovieron contra la impugnante. <\/p>\n
En sus escritos de tutela y de impugnaci\u00f3n, discute, puntualmente, que la sentencia reprochada, i) carece de apoyo probatorio que permitiera aplicar el supuesto legal de \u00abinformaci\u00f3n o publicidad enga\u00f1osa\u00bb, ii) resolvi\u00f3 por fuera de su competencia porque el juicio se adelant\u00f3 en el marco de la efectividad de la garant\u00eda, m\u00e1s no en un proceso relacionado con el supuesto aludido y, iii) no existe norma que le permita ordenar el pago de perjuicios en un litigio de efectividad de la garant\u00eda, pese a contar con facultades ultra, infra y extra petita. <\/p>\n
4. Al examinar la determinaci\u00f3n censurada, con el l\u00edmite propio del juez constitucional, se concluye que fue el resultado de una adecuada interpretaci\u00f3n del problema jur\u00eddico fijado por las partes, de las normas que resultaban aplicables al asunto objeto de estudio, aunado a una apropiada valoraci\u00f3n de las pruebas recaudadas, y que, por tanto, no puede calificarse de arbitraria o desconocedora de las garant\u00edas fundamentales del actor constitucional. <\/p>\n
Lo anterior se afirma, porque para decidir de fondo la autoridad judicial accionada se refiri\u00f3 al art\u00edculo 47 de la Ley 1480 de 2011 como pre\u00e1mbulo de las situaci\u00f3n en las que procede el derecho de retracto, identificando las siguientes condiciones, a) se trate de una venta no tradicional y a distancia, en este caso se efectu\u00f3 a trav\u00e9s de llamada telef\u00f3nica el 24 de noviembre de 2021, b) se haya solicitado dentro de los cinco d\u00edas siguientes a la compra, reclamaci\u00f3n que se efectu\u00f3 el d\u00eda 26 siguiente, c) el servicio no se haya empezado a ejecutar y, d) dentro de la ejecuci\u00f3n del servicio no subsista un t\u00e9rmino inferior a quince d\u00edas por tratarse de vuelos internacionales, exigencia que se cumple, bajo el entendido de que la compra se hizo el 24 de noviembre de 2021, el derecho de retracto se realiz\u00f3 el 26 siguiente, y la fecha del viaje empezaba el 13 de enero de 2022. <\/p>\n
Al acreditarse la concurrencia de los presupuestos del derecho de retracto, concluy\u00f3 que el mismo fue vulnerado por la demandada, quien no realiz\u00f3 la devoluci\u00f3n completa del dinero y el que reintegr\u00f3 lo hizo por fuera de los 30 d\u00edas a que se refiere la norma. <\/p>\n
Luego, explic\u00f3 que la sociedad prestadora del servicio acept\u00f3 que hubo un error por parte de una de sus asesoras al momento de elegir el destino, lo que revela que existi\u00f3 un incumplimiento en la informaci\u00f3n suministrada a los consumidores lo que los motiv\u00f3 a hacer uso del derecho de retracto. <\/p>\n
En cuanto al tema de los perjuicios, la Delegatura sustent\u00f3 la condena en las pruebas recaudadas, la evidente vulneraci\u00f3n de los derechos de los consumidores, el juramento estimatorio efectuado, el cual no fue objetado por la demandada, lo que permiti\u00f3 concluir que los demandantes incurrieron en un gasto adicional por la compra de tiquetes en una compa\u00f1\u00eda distinta por US$1.890.40, concretando su pretensi\u00f3n a que se reconociera esa diferencia tarifaria, \u00abperjuicio que finalmente ocasion\u00f3 la falta de informaci\u00f3n que no se dio de manera completa por parte del asesor de la compa\u00f1\u00eda Price\u00bb. <\/p>\n
5. Bajo este panorama, no se evidencia defecto alguno del talante de una v\u00eda de hecho como lo alega la sociedad accionante, quien busca imponer su propia visi\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica sobre la decisi\u00f3n que debi\u00f3 adoptarse para resolver la contienda, sin que tal prop\u00f3sito se ajuste a la naturaleza del mecanismo excepcional que por esta v\u00eda se trata, el que en manera alguna se estableci\u00f3 como tercera instancia de las decisiones que las autoridades judiciales han proferido en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido (CSJ. STC-9232-2018, reiterada entre otras en STC-5974-2021, STC1212-2022, STC9932-2022 y STC4373-2023). <\/p>\n
6. En lo que concierne a la indebida valoraci\u00f3n de algunas pruebas incorporadas al proceso, tal situaci\u00f3n no tiene la entidad suficiente para disponer la modificaci\u00f3n de la providencia atacada, pues, en estrictez, la Sala ha enfatizado sobre la autonom\u00eda e independencia del Juez en este puntual aspecto, pues es \u00e9l quien puede apreciar el material probatorio de la forma m\u00e1s id\u00f3nea, fundament\u00e1ndose en el principio de la sana cr\u00edtica (CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; reiterada en STC de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01, STC8884- 2020, STC 2462-2021, STC859-2022, STC2622-2022 y STC5841-2023), sin olvidar que, <\/p>\n
\u00abEl error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ. STC6666-2019, reiterado en STC10813-2021, STC802-2022, STC4609-2022). <\/p>\n
En este aspecto, cumple resaltar que, contrario a lo afirmado por la sociedad accionante, y, como qued\u00f3 expuesto, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio se refiri\u00f3 a las pruebas practicadas, en especial, a las declaraciones de las partes y los documentos aportados oportunamente, las apreci\u00f3 de manera conjunta asign\u00e1ndoles el m\u00e9rito que de ellas razonadamente extrajo (art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso), e hizo un interpretaci\u00f3n razonable de la problem\u00e1tica planteada relacionada con el incumplimiento en la prestaci\u00f3n del servicio ofrecido por la demanda a los demandantes y en el deber de informaci\u00f3n y publicidad enga\u00f1osa que al fin de cuentas hall\u00f3 probada, lo que sirvi\u00f3 de base para acceder a la condena de perjuicios censurada por la accionante, desterrando su alegato de ausencia de competencia. <\/p>\n
7. En ese orden, las actuaciones y la providencia cuestionada se encuentran motivadas y no lucen antojadizas, ya que contienen una interpretaci\u00f3n respetable del ordenamiento, y aunque el accionante no comparta las razones expuestas en ella, la divergencia de criterio no es raz\u00f3n para que salga avante el amparo constitucional, puesto que este no es un \u00abinstrumento para definir cu\u00e1l planteamiento es el v\u00e1lido, el m\u00e1s acertado o m\u00e1s correcto para dar lugar a la intervenci\u00f3n del fallador de tutela\u00bb (CSJ. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00, STC825-2020, STC10259-2021, STC2621-2022, STC11814-2022 y STC4373-2023 entre muchas). <\/p>\n
8. As\u00ed las cosas, la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotados. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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