STC7620-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC7620-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2023-00298-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca el 30 de junio de 2023, en la acci\u00f3n de tutela formulada por H\u00e9ctor Orlando Rinc\u00f3n Forero contra el Juzgado Segundo de Familia de Zipaquir\u00e1, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso de impugnaci\u00f3n de la paternidad No. 2019-00213-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada en el tr\u00e1mite referido. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que act\u00faa en calidad de litisconsorte necesario en el proceso de impugnaci\u00f3n de la paternidad promovido por Maribel Rubiano Ballen contra Victoria Luc\u00eda Mu\u00f1oz Rodr\u00edguez, Jos\u00e9 Antonio y Carlos Armando Mu\u00f1oz Alonso. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, en el auto admisorio proferido el 24 de septiembre de 2019 por el Juzgado Segundo de Familia de Zipaquir\u00e1, se orden\u00f3 la pr\u00e1ctica de la prueba con marcadores gen\u00e9ticos de ADN, y, no obstante, la orden impartida, en auto del 21 de agosto de 2020, el Juzgado accionado suspendi\u00f3 la pr\u00e1ctica de la prueba decretada, y la sustituy\u00f3 por una prueba trasladada, tambi\u00e9n de ADN, de otro proceso. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que pese a que, en providencia de 2 de septiembre de 2022, el Juzgado de conocimiento, requiri\u00f3 y reiter\u00f3 la orden de realizaci\u00f3n de la prueba de \u00abADN-exhumaci\u00f3n\u00bb, ordenada el 24 de septiembre de 2019, a\u00fan no ha sido practicada, ni se ha oficiado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, por lo expuesto, el Juzgado de conocimiento ha vulnerado sus derechos fundamentales y ha incurrido en mora judicial en la pr\u00e1ctica de la prueba de ADN, fundamental en esta clase de procesos. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como consecuencia de lo narrado, solicit\u00f3 ordenar al Juzgado Segundo de Familia de Zipaquir\u00e1, \u00abla elaboraci\u00f3n inmediata y tr\u00e1mite del oficio respectivo con DESTINO AL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, para efectos de la pr\u00e1ctica de la prueba de ADN ordenada mediante auto del 24 de septiembre de 2019 y reiterada en auto del 2 de septiembre de 2022\u00bb (\u00c9nfasis y may\u00fascula original). <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero de Familia de Zipaquir\u00e1, luego de resumir las actuaciones del proceso, inform\u00f3 que el 22 de junio de 2023, profiri\u00f3 auto en el que se resolvieron las solicitudes objeto de este tr\u00e1mite constitucional, raz\u00f3n por la que pidi\u00f3 negar el amparo por hecho superado. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Procurador 128 Judicial II para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres solicit\u00f3 negar la acci\u00f3n de tutela por improcedente toda vez que, no se evidenci\u00f3 que el Juzgado accionado haya vulnerado los derechos del actor, como tampoco, que haya incurrido en mora judicial injustificada. <\/p>\n
De igual forma se\u00f1al\u00f3 que la solicitud de amparo no satisface el requisito de la subsidiariedad, en tanto el proceso se encuentra en curso. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Edgar Fernando Gait\u00e1n Garz\u00f3n manifest\u00f3 que la presente acci\u00f3n de tutela es prematura soportado en que hay recursos pendientes por resolver, incluyendo un incidente de nulidad, circunstancias que impiden que el juez constitucional intervenga \u00abtoda vez que la tutela no es un mecanismo que suplante las acciones judiciales y recursos como tr\u00e1mites se\u00f1alados en la ley procesal\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Victoria Luc\u00eda Mu\u00f1oz Rodr\u00edguez, en calidad de demandada en el proceso objeto de estudio, a trav\u00e9s de apoderado judicial, afirm\u00f3 que el amparo no debe prosperar atendiendo a que no existe mora judicial injustificada en la pr\u00e1ctica de la prueba de ADN, toda vez que es suficiente con la prueba gen\u00e9tica que fue trasladada del proceso de filiaci\u00f3n que ella promovi\u00f3 ante el Juzgado Dieciocho de Familia de Bogot\u00e1. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Cundinamarca, neg\u00f3 el amparo al presentarse una carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que, durante el tr\u00e1mite de primera instancia, la autoridad judicial atendi\u00f3 los requerimientos del actor. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por el accionante, quien, adem\u00e1s de insistir en sus pretensiones, indic\u00f3 que, contrario a lo se\u00f1alado en la decisi\u00f3n de primera instancia, no se produjo un hecho superado y la vulneraci\u00f3n de los derechos contin\u00faa \u00abhabida cuenta que el Juzgado de conocimiento no ha emprendido las acciones necesarias para garantizar la pr\u00e1ctica de la prueba decretada\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, solicit\u00f3 revocar la sentencia de primer grado y en su lugar, ordenar al Juzgado accionado tomar \u00ablas medidas necesarias y eficaces para que la prueba de ADN se practique, sin permitir ning\u00fan obst\u00e1culo\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ir\u00eda en desmedro de los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, sin embargo, cuando los funcionarios judiciales incurren en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento jur\u00eddico de forma arbitraria o caprichosa y los interesados no cuentan con otro medio de defensa judicial y acuden a esta acci\u00f3n oportunamente, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir, en aras de evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales involucradas. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, revisada la queja constitucional, se establece que el accionante reprocha la tardanza del Juzgado Primero de Familia de Zipaquir\u00e1 en la pr\u00e1ctica de la prueba de ADN, ordenada el 24 de septiembre de 2019 en el auto admisorio del proceso de impugnaci\u00f3n de la paternidad y, reiterada en providencia del 2 de septiembre de 2022, sin que a la fecha haya sido realizada. <\/p>\n
3. Cuando se alega una eventual mora judicial, la protecci\u00f3n s\u00f3lo se abre paso \u00absi logra verificarse que la dilaci\u00f3n denunciada carece de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, esto es, (\u2026) que sean el indisimulado producto \u201cde un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u201d\u00bb (CSJ. STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01, citada entre otras, en STC8439-2014, STC605-2022, STC9273-2022, STC11542-2022, STC15497-2022, STC3699-2023, STC4918-2023 y STC6176-2023). <\/p>\n
4. Analizadas las manifestaciones de los intervinientes en este tr\u00e1mite y consultado el expediente del proceso de impugnaci\u00f3n de la paternidad objeto de este asunto, se observa que durante el tr\u00e1mite de primera instancia el Juzgado Primero de Familia de Zipaquir\u00e1 atendi\u00f3 lo pretendido por el accionante, lo que impone confirmar la providencia impugnada. <\/p>\n
En efecto, mediante auto proferido el 22 de junio de 2023, dispuso, entre otras determinaciones, <\/p>\n
(\u2026) C\u00cdTESE a la se\u00f1ora VICTORIA LUCIA MU\u00d1OZ RODR\u00cdGUEZ para que se presente ante el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Zipaquir\u00e1 ubicado en las instalaciones del Hospital Universitario de la Samaritana Unidad Funcional CL.10 N\u00b06\u201070 Zipaquir\u00e1 \u2013 Cundinamarca-, para la toma de la muestra de la prueba gen\u00e9tica de ADN, para el d\u00eda 13 de julio de 2023 a las 11:00 A.M. <\/p>\n
Igualmente se ordena la exhumaci\u00f3n del cad\u00e1ver de quien en vida respond\u00eda al nombre de LUIS ALEJANDO MU\u00d1OZ FANDI\u00d1O para ese mismo d\u00eda a las 11:00 a.m., restos \u00f3seos que se encuentran ubicados en el mausoleo privado de la familia Bernal identificado con MI 176-3813 perteneciente a la Parroquia San Francisco de As\u00eds, vereda Casablanca, sector Capilla del Municipio de Nemoc\u00f3n.- Cund.- <\/p>\n
Advi\u00e9rtase a la parte demandada que debe presentar documento de identidad y que su renuencia a la pr\u00e1ctica de la prueba har\u00e1 presumir cierta la impugnaci\u00f3n alegada. (\u2026) <\/p>\n
Teniendo en cuenta que el cuerpo del causante LUIS ALEJANDO MU\u00d1OZ FANDI\u00d1O se encuentra inhumado en el municipio de Nemoc\u00f3n.- Cund.- se ordena comisionar con amplias facultades legales al Juzgado Promiscuo Municipal de Nemoc\u00f3n.- Cund.- para que como autoridad judicial asista y presida la diligencia de exhumaci\u00f3n ordenada en el presente prove\u00eddo\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior significa que la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origin\u00f3 la acci\u00f3n de tutela en este momento no existe y, en esa medida, carece de objeto proferir alg\u00fan mandato en ese sentido. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo expuesto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, \u00ab(\u2026) el \u2018hecho superado o la carencia de objeto\u2019 (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ. STC de 13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada entre otros, en STC de 12 de septiembre de 2011, exp. 00081-01, STC10752-2020, STC11271-2021, STC3782-2022 y, STC6837-2023 entre otras). <\/p>\n
5. Ahora, en lo que respecta a las solicitudes elevadas en el escrito de impugnaci\u00f3n, esto es, \u00ab1.- Se advierta al accionado, Juzgado 2 de Familia de Zipaquir\u00e1, que esto no puede seguir ocurriendo, es decir, la no pr\u00e1ctica de la prueba, por ninguna raz\u00f3n. (\u2026) 2.- Que ya van dos (2) acciones de tutela, y en ambos casos el accionado corre a resolver para lograr el hecho superado, no efectuando las actuaciones tendientes a garantizar el derecho efectivo. (\u2026) 3.- No se puede estar de tutela en tutela para que se practique la prueba de ADN en este proceso, am\u00e9n de que por parte de la accionada ha emprendido toda clase de recursos tendientes tambi\u00e9n a entorpecer y paralizar de paso la actividad judicial. (\u2026) 4.- Llamar la atenci\u00f3n sobre la falta de conformidad constitucional, si no se practica la prueba de ADN. (\u2026) 5.- Se ordene al Juzgado accionado se tomen las medidas necesarias y eficaces para que la prueba de ADN se practique, sin permitir ning\u00fan obst\u00e1culo\u00bb, se advierte que, estas pretensiones no fueron elevadas en el escrito de tutela sino tra\u00eddas en sede de impugnaci\u00f3n y, por tanto, resolver sobre ellas, vulnerar\u00eda el derecho de defensa de los dem\u00e1s accionados. <\/p>\n
Sobre el tema, la Sala ha explicado que los hechos tra\u00eddos en sede de impugnaci\u00f3n corresponden a \u00abun hecho nuevo, [porque] tal cuestionamiento no lo incluy\u00f3 la accionante en su queja inicial, ni en el debate de la primera instancia, previo al proferimiento del fallo. Circunstancia de donde se previene que cualquier an\u00e1lisis al respecto implicar\u00eda la vulneraci\u00f3n del debido proceso y defensa de los accionados, como as\u00ed la Sala lo ha sostenido\u00bb (CSJ. STC, 15 mar. 2011, rad. 00003-01, ratificada el 5 feb. 2015, rad. STC800, STC6999-2016 y, STC1470 de 2022, STC1201-2023 entre muchos). <\/p>\n
6. De otra parte, advierte la Sala que, del expediente se desprende que hay recursos y solicitudes, pendientes por resolver, lo que pone en evidencia que el tema controvertido se encuentra en curso, y que el Juzgado Primero de Familia de Zipaquir\u00e1 est\u00e1 adelantando las actuaciones pertinentes, a fin de resolver el incidente de nulidad que propuso el apoderado de la demandada -del cual se corri\u00f3 traslado el 22 de junio anterior-, situaci\u00f3n que impide al Juez constitucional anticiparse a la adopci\u00f3n de la determinaci\u00f3n que debe proferir la autoridad competente en el escenario natural, pues obrar de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de este mecanismo excepcional y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n. (CSJ. STC14280-2018, STC492-2022, STC3061-2022, STC3840-2022, STC6006-2022 y STC6199-2022, entre otras). <\/p>\n
Respecto de la condici\u00f3n de prematuras de algunas acciones de tutela, esta Corporaci\u00f3n ha establecido, que, <\/p>\n
\u00abno es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ. STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citada entre muchas en, STC5909-2021, STC17367-2021 y STC2808-2022). <\/p>\n
7. Finalmente, en lo relacionado con la aplicaci\u00f3n del fallo constitucional citado por el accionante en la impugnaci\u00f3n, se se\u00f1ala que las determinaciones all\u00ed adoptadas son inter partes, y no producen efectos erga omnes, como lo ha reconocido la jurisprudencia al se\u00f1alar que \u00abla tutela es un mecanismo que se activa exclusivamente a t\u00edtulo individual y la decisi\u00f3n que se adopta tiene efectos entre las partes que concurrieron al proceso y no generales, esto es, en relaci\u00f3n con otras personas que eventualmente puedan encontrarse en la misma situaci\u00f3n\u00bb (CSJ. STC1295-2022, STC14974-2022). <\/p>\n
8. En consecuencia, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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