STC7624-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC7624-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 20001-22-14-003-2023-00097-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Valledupar el 30 de junio de 2023, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Eliberto Antonio M\u00e9ndez Fonseca contra los Juzgados Quinto Civil Municipal y Cuarto Civil del Circuito, ambos de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas la ARL Seguros Bol\u00edvar, la Nueva EPS y la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez del Magdalena, y citadas las partes e intervinientes en el amparo constitucional No. 2022-00637. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Del escrito de tutela y las pruebas aportadas, se extrae que el se\u00f1or Eliberto Antonio M\u00e9ndez Fonseca el 6 de abril de 2021, fue calificado con una p\u00e9rdida de capacidad laboral de 22,91%, derivado del diagn\u00f3stico de S\u00edndrome del T\u00fanel del Carpo Bilateral y, el 28 de noviembre de 2022, luego de recibir tratamiento m\u00e9dico, obtuvo concepto de \u00abrehabilitaci\u00f3n desfavorable\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que, ante el deterioro progresivo de su salud y la afectaci\u00f3n de sus labores cotidianas y laborales, pidi\u00f3 a la ARL Seguros Bol\u00edvar la recalificaci\u00f3n de la p\u00e9rdida de capacidad laboral por la patolog\u00eda que padece, requerimientos que fueron negados en dos ocasiones pese a que, a su juicio, cumpl\u00eda los requisitos para solicitarla. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, con el fin de obtener la aludida recalificaci\u00f3n, promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra la ARL Seguros Bol\u00edvar, y el Juzgado Quinto Civil Municipal de Valledupar en sentencia de 23 de enero de 2023 neg\u00f3 el amparo, decisi\u00f3n que impugn\u00f3 y fue confirmada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad, el 28 de febrero de 2023. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, los juzgados accionados no valoraron \u00edntegramente las pruebas aportadas, desconocieron los mandatos legales y constitucionales, en materia de tutela, afirmaron que la enfermedad que padece no es una enfermedad degenerativa, sin ser competentes para ello y desconocieron el precedente jurisprudencial. <\/p>\n
Finalmente, destac\u00f3 que en una anterior solicitud de amparo y por hechos similares, el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Funciones de Control de Garant\u00edas de Valledupar, orden\u00f3 la pr\u00e1ctica de la recalificaci\u00f3n de la p\u00e9rdida de capacidad laboral de la patolog\u00eda \u00ab[o]tros Trastornos Especificados de los discos intervertebrales\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 declarar la nulidad de las sentencias proferidas por los Juzgados accionados en el amparo No. 2022-00637 y, en consecuencia, ordenar al Juzgado de primera instancia, concederla y ordenar a la ARL Seguros Bol\u00edvar \u00abrealizar la recalificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad laboral de la patolog\u00eda SINDROME DEL TUNEL DEL CARPO BILATERAL\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Quinto Civil Municipal de Valledupar, describi\u00f3 las actuaciones relevantes de la acci\u00f3n de tutela No. 2022-00637-00, defendi\u00f3 los argumentos de la decisi\u00f3n objeto de queja y manifest\u00f3 que fue proferida conforme a derecho. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que la solicitud de amparo es improcedente, habida cuenta que se cuestiona el contenido del fallo de tutela y no el tr\u00e1mite impartido y, de igual forma, remiti\u00f3 el v\u00ednculo para acceder a la carpeta contentiva del expediente digital. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La ARL de la Compa\u00f1\u00eda de Seguros Bol\u00edvar SA manifest\u00f3 que no ha vulnerado los derechos fundamentales del actor y, por el contrario, haber acatado la normativa del Sistema de Riesgos Laborales, que no permite \u00abrecalificar el estado de invalidez de aquellas patolog\u00edas cuya condici\u00f3n de salud se mantiene estable\u00bb, y pidi\u00f3 declarar improcedente la presente acci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Nueva EPS SA solicit\u00f3 declarar la improcedencia del amparo, tras manifestar que ha garantizado el derecho a la salud del accionante, y adujo que la solicitud de amparo no satisface los requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales dada la ausencia de vulneraci\u00f3n del derecho al debido proceso del accionante. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez del Magdalena, a trav\u00e9s de su director administrativo y financiero, indic\u00f3 que no ha vulnerado los derechos fundamentales del actor y solicit\u00f3 negar el amparo por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, toda vez que las pretensiones de la acci\u00f3n constitucional est\u00e1n dirigidas a las autoridades judiciales accionadas y a la ARL Seguros Bol\u00edvar. <\/p>\n
As\u00ed mismo, afirm\u00f3 que \u00aben cuanto a la pretensi\u00f3n de la revisi\u00f3n de perdida de la capacidad laboral de su patolog\u00eda SINDROME DEL TUNEL CARPIANO BILATERAL, la cual ya fue calificada con una pcl del 22.91%. la misma es plenamente factible, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 2.2.5.1.53 del Decreto 1072 de 2015, ya que existe un dictamen de calificaci\u00f3n de perdida de la capacidad laboral en firme y ha pasado m\u00e1s de un a\u00f1o desde la \u00faltima calificaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Valledupar, declar\u00f3 la improcedencia del amparo por no configurarse ninguna de las situaciones que, jurisprudencialmente se han se\u00f1alado para la procedencia extraordinaria de una acci\u00f3n de tutela en contra de un tr\u00e1mite de la misma naturaleza. <\/p>\n
Destac\u00f3 que el actor puede solicitar la revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, Corporaci\u00f3n ante la cual, podr\u00e1 insistir en la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por el accionante, quien se\u00f1al\u00f3 que con la decisi\u00f3n de primera instancia se contin\u00faan afectando sus derechos fundamentales, porque las sentencias de tutela objeto de inconformidad \u00abcuentan con defecto factico, y desconocimiento del precedente, y violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb, lo que a su juicio constituye raz\u00f3n suficiente para revocar la decisi\u00f3n de primera instancia y conceder el amparo invocado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por regla general, se ha dicho que la acci\u00f3n de tutela resulta improcedente para atacar una providencia judicial, planteamiento que cobra mayor solidez, cuando la determinaci\u00f3n atacada es la proferida por un juez constitucional, ello, con el fin evitar una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad eternum el primigenio fallo. <\/p>\n
Adem\u00e1s, se tiene presente que la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 de 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios que, de manera excepcional, permiten la procedencia de la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica frente a otra de la misma naturaleza. <\/p>\n
Igualmente, y seg\u00fan lo ha establecido tambi\u00e9n esta Sala, tales excepciones, relacionadas con la protecci\u00f3n al debido proceso, tienen lugar cuando (i) \u00abse omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir\u00bb, siempre y cuando \u00abse cumplan los requisitos de procedencia de la acci\u00f3n de tutela\u00bb (ii) si la decisi\u00f3n es producto de un \u00abfraude\u00bb; o (iii) si se debaten \u00abactuaciones anteriores o posteriores\u00bb a esa directriz, lesivas del \u00abdebido proceso\u00bb. (CSJ. STC 14 oct. 2008, rad. 01646-00, rad. 2009-02355-00, reiterada en la STC8657-2021, STC10894-2021 y, STC11408-2022). <\/p>\n
Ahora, si existieron equivocaciones o desafueros de los jueces constitucionales en sus decisiones, \u00e9stos no se resuelven con una nueva acci\u00f3n de la misma naturaleza, pues para tal fin, el ordenamiento jur\u00eddico cre\u00f3 las figuras de la impugnaci\u00f3n contra la sentencia de primer grado, la revisi\u00f3n y, aun la insistencia en caso de negarse este \u00faltimo. <\/p>\n
As\u00ed lo ha se\u00f1alado esta Corte, \u00abel legislador evita la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb. (CSJ. STC 2004-00863-00 de 26 de agosto de 2004, citada en STC2255-2021, STC1170-2022, STC2968-2022 y, STC9203-2022). <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el se\u00f1or Eliberto Antonio M\u00e9ndez Fonseca dirige su reclamo constitucional contra las sentencias proferidas por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Valledupar de 23 de enero de 2023, y el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad el 28 de febrero de 2023, que negaron la acci\u00f3n de tutela radicado No. 2022-00637, que promovi\u00f3 contra la ARL Seguros Bol\u00edvar. <\/p>\n
<\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, se advierte la inviabilidad del amparo y la consecuente confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada, por tratarse de una acci\u00f3n de tutela que controvierte las decisiones adoptadas por el fallador constitucional, m\u00e1xime, cuando en el caso en estudio no se configura ninguno de los presupuestos enunciados por la jurisprudencia para su procedencia de manera excepcional. <\/p>\n
Adicionalmente, y seg\u00fan se constat\u00f3 en el sistema de consulta de la Corte Constitucional (exp. T9359023), la citada actuaci\u00f3n fue enviada para su eventual revisi\u00f3n, sin que fuera seleccionada con dicho fin (30 may. 2023) y sin que se ejerciera el mecanismo de insistencia para la selecci\u00f3n de la providencia cuestionada. De modo que, \u00abrespecto de la misma ha operado el fen\u00f3meno de cosa juzgada constitucional derivada de la no selecci\u00f3n por la Corte Constitucional\u00bb (fallo de 7 de jun. de 2012, exp. No. 2012-00775-01, reiterada en sentencia de 11 de junio, exp. 2013- 00019-01 y STC2754-2022). <\/p>\n
En ese orden, teniendo en cuenta que el accionante guard\u00f3 silencio respecto del auto que \u00abexcluy\u00f3 de revisi\u00f3n\u00bb el \u00abfallo de tutela\u00bb aqu\u00ed reprochado y desaprovech\u00f3 el medio de defensa con el que contaba para rebatirla, esta Sala no puede analizar de fondo la queja sometida a estudio por incumplimiento del requisito de la subsidiariedad y principalmente, porque ha operado el fen\u00f3meno de la \u00abcosa juzgada constitucional\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
4. De conformidad con lo expuesto, la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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