STC7626-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC7626-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n No. 76001-22-03-000-2023-00196-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali el 10 de julio de 2023, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Milton C\u00e9sar Arrechea Rivas contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los Juzgados S\u00e9ptimo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, Treinta y Dos y Treinta y Seis Civiles Municipales de Cali, y citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo radicado no. 76001400303220180023500. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que fue demandado en proceso ejecutivo por la Cooperativa de Aporte y Cr\u00e9dito del Valle \u2013 CAVAL, en el que el Juzgado Treinta y Dos Civil Municipal de Cali orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n mediante auto de 5 de agosto de 2018 y remiti\u00f3 el proceso para continuar con el cobro. <\/p>\n
Expuso que ante el Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias solicit\u00f3 la nulidad de lo actuado por indebida notificaci\u00f3n, la cual fue decretada por auto de 3 de agosto de 2021, y dispuso tener por notificado al demandado por conducta concluyente desde el 11 de mayo de 2021. <\/p>\n
Adujo que, mediante sentencia de 11 de febrero de 2022 el Juzgado neg\u00f3 las excepciones de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria y cobro de lo no debido que propuso y dispuso seguir adelante la ejecuci\u00f3n, decisi\u00f3n que apel\u00f3 y confirm\u00f3 el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali en fallo de 4 de octubre de 2022. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, sin embargo, esa decisi\u00f3n qued\u00f3 sin efectos por virtud de la sentencia de tutela STC166-2023 que en segunda instancia profiri\u00f3 esta Corporaci\u00f3n, en la que orden\u00f3 al Juzgado accionado que profiriera una nueva providencia, contabilizando nuevamente el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n teniendo en cuenta el tiempo de suspensi\u00f3n establecido por virtud de la pandemia y verificar si efectivamente se configur\u00f3 la interrupci\u00f3n natural de la prescripci\u00f3n. <\/p>\n
Sostuvo que, en cumplimiento de esa orden, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali profiri\u00f3 nuevamente sentencia el 14 de febrero de 2023, en la que resolvi\u00f3 confirmar la decisi\u00f3n apelada, se\u00f1alado que, i) los intereses de mora se liquidar\u00e1n desde el 24 de marzo de 2018, ii) la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n debe contarse desde la presentaci\u00f3n de la demanda, es decir, desde el 23 de marzo de 2018 y hasta el 23 marzo de 2021, periodo al que se suman los 3 meses y 15 d\u00edas que duraron suspendidos los t\u00e9rminos por causa de la pandemia, por lo que el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n se extendi\u00f3 hasta el 8 de julio de 2021, luego, como el demandado se notific\u00f3 por conducta concluyente el 11 de mayo anterior, para ese momento no estaba prescrita la acci\u00f3n cambiaria, y iii) el reconocimiento expreso del ejecutado frente a la deuda, no tuvo la virtualidad de modificar la manera de interrumpir la prescripci\u00f3n civilmente, porque el acreedor ya hab\u00eda hecho ejercicio de su derecho. <\/p>\n
Frente a esta nueva sentencia el accionante promueve este amparo por considerar que, el Juzgado accionado no tuvo en cuenta que el ejecutante hizo exigible la obligaci\u00f3n desde el 10 de enero de 2018 y aplic\u00f3 una norma equivocada al caso, toda vez que, la decisi\u00f3n se sustent\u00f3 en el art\u00edculo 19 de la Ley 546 de 1991, establecida para el cobro de cr\u00e9ditos de vivienda, que se\u00f1ala que la aceleraci\u00f3n del plazo y su exigibilidad se da con la presentaci\u00f3n de la demanda, en este caso, el 23 de marzo de 2018, y no con la fecha del vencimiento declarada por el ejecutante, esto es, el 10 de enero de 2018, sin tener en cuenta que la presente ejecuci\u00f3n no se trata de un cr\u00e9dito de vivienda, lo que revela una indebida valoraci\u00f3n probatoria, pues se trata de un cr\u00e9dito de libre inversi\u00f3n. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto, solicit\u00f3 dejar sin efectos la sentencia proferida el 14 de febrero de 2023 y, en consecuencia, declarar la nulidad de lo actuado con posterioridad a esa determinaci\u00f3n y se ordene al Juzgado accionado proferir una nueva decisi\u00f3n con la debida motivaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali, inform\u00f3 que, en cumplimiento del fallo de tutela STC166-2023 de 18 de enero, profiri\u00f3 la sentencia de 14 de febrero de 2023 en la que resolvi\u00f3 los reparos efectuados por el demandado a la decisi\u00f3n de primera instancia en el juicio coactivo. <\/p>\n
Aclar\u00f3 que, si el accionante considera que con esta nueva determinaci\u00f3n se vulneraron sus derechos, lo procedente es acudir al tr\u00e1mite incidental y no a una nueva acci\u00f3n constitucional, pues lo que revela es la intenci\u00f3n de obtener una instancia m\u00e1s a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela, lo cual es improcedente. <\/p>\n
2. El Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali, expres\u00f3 que, actualmente conoce del proceso ejecutivo referido, y resalt\u00f3 que, de su parte, no se evidencia infracci\u00f3n a los derechos constitucionales del accionante. <\/p>\n
3. La Cooperativa de Aporte y Cr\u00e9dito del Valle \u2013 CAVAL, pidi\u00f3 denegar el amparo reclamado, porque no se advierte vulneraci\u00f3n de alg\u00fan derecho fundamental, siendo la segunda vez que promueve una acci\u00f3n de tutela para discutir sobre aspecto decididos en providencias debidamente ejecutoriadas. <\/p>\n
4. El Juzgado Treinta y Dos Civil Municipal de Cali, expuso que conoci\u00f3 del proceso y destac\u00f3 que, el mismo fue remitido a los Juzgados Civiles Municipales de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa ciudad para que continuaran con su tr\u00e1mite. <\/p>\n
5. El Juzgado Treinta y Seis Civil Municipal de Cali, indic\u00f3 que en ese Juzgado se tramita el despacho comisorio librado en el juicio ejecutivo, para llevar a cabo la diligencia de secuestro de los derechos que le correspondan al demandado sobre el inmueble con identificado con la matr\u00edcula 370-342088, diligencia que fue programada para el 29 de junio de 2023, actuaciones en las que no se observa que haya vulnerado alg\u00fan derecho fundamental del accionante. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Cali, neg\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional e indico, \u00abesta Corporaci\u00f3n considera que en el presente caso no existe cosa juzgada constitucional, ya que la nueva solicitud de amparo se fundamenta en hechos nuevos y se alegan elementos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos diferentes (\u2026) la presente acci\u00f3n de tutela fue dirigida contra la sentencia de segunda instancia de fecha 14 de febrero de 2023, proferida por el juzgado accionado en cumplimiento de la orden de tutela. Ahora el promotor considera que el fallo contiene defectos sustantivo y f\u00e1ctico. El primero por considerar que el juez aplic\u00f3 una norma para el cobro de cr\u00e9ditos de vivienda, inaplicable al caso concreto y el segundo por considerar que, no valor\u00f3 las pruebas en debida forma, las cuales indican que la obligaci\u00f3n aqu\u00ed ejecutada obedece a un cr\u00e9dito de libre inversi\u00f3n y no de vivienda\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que, en ning\u00fan aparte de la decisi\u00f3n cuestionada, el Juzgado ad quem afirm\u00f3 que el cr\u00e9dito cobrado se trataba de uno otorgado para adquisici\u00f3n de vivienda, y advirti\u00f3, <\/p>\n
\u00abpor el contrario, la Sala encuentra que la decisi\u00f3n de la juzgadora se encuentra fundada en la interpretaci\u00f3n razonada de las normas y jurisprudencia y el an\u00e1lisis probatorio realizado, en especial, del t\u00edtulo valor objeto de recaudo y de la cl\u00e1usula aceleratoria pactada, sin que en ning\u00fan caso haya concluido de las pruebas que se trataba de un cr\u00e9dito de vivienda y que por ello mereciera un tratamiento o decisi\u00f3n diferente (\u2026) <\/p>\n
En este contexto, la Sala encuentra que no se configura defecto sustantivo o f\u00e1ctico alguno, por cuanto la decisi\u00f3n adoptada por el accionado, al ser examinada en sede constitucional, no refleja ser arbitraria, caprichosa o antojadiza, pues, diferente es que el actor comparta o no el sentido del prove\u00eddo, no obstante, ello no rescinde el mismo y no implica que se convierta en \u201cv\u00eda de hecho\u201d, lo que, de contera, configura la improcedencia de la presente acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 insistiendo en los mismos argumentos esgrimidos en el escrito de tutela. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra determinaciones judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el en un plazo prudencial. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, al examinar la queja y los soportes allegados a este tr\u00e1mite se advierte que el amparo suplicado no pod\u00eda abrirse paso, lo que impone la confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada, toda vez que, el accionante cuenta con otros mecanismos judiciales tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n de los derechos cuya protecci\u00f3n reclama. <\/p>\n
En efecto, la acci\u00f3n constitucional resulta improcedente, ante la omisi\u00f3n del requisito de procedibilidad, por cuanto se evidencia que el accionante no acredit\u00f3 haber puesto de presente ante el funcionario competente, la posible desatenci\u00f3n a la sentencia de tutela STC166-2023 de 18 de enero de 2023. <\/p>\n
Lo anterior se afirma, en atenci\u00f3n a que, contrario a lo sostenido por el Tribunal de Cali, el accionante en las dos acciones de tutela que ha promovido, ha cuestionado la forma en que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali, ha contabilizado el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n respecto de la acci\u00f3n ejecutiva radicado 2018-00235. <\/p>\n
En la primera ocasi\u00f3n (acci\u00f3n de tutela radicado 2022-00328-01), el se\u00f1or Milton Cesar Arrechea Rivas reclam\u00f3 que la sentencia contenida el 4 de octubre de 2022, conten\u00eda una indebida contabilizaci\u00f3n de los t\u00e9rminos de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria, el que inici\u00f3 el 10 de enero de 2018, al no calcularse con exactitud el tiempo que aquellos estuvieron suspendidos por causa de la pandemia, adem\u00e1s que incurrieron en un efecto sustantivo y ausencia de motivaci\u00f3n, lo que llev\u00f3 a esta Sala a conceder el amparo. <\/p>\n
En esta ocasi\u00f3n el accionante insiste en que la sentencia proferida el 14 de febrero de 2023 por la autoridad judicial accionada, con la cual dijo dar cumplimiento a la sentencia STC166-2023, no tiene en cuenta que el ejecutante hizo exigible la obligaci\u00f3n desde el 10 de enero de 2018, aplicando el art\u00edculo 19 de la Ley 546 de 1991. Adem\u00e1s, enfatiz\u00f3 en que no se dio, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el valor probatorio correspondiente a todas las documentales que demuestran irrefutablemente que el vencimiento del pagare se dio el 10 de enero de 2018, teniendo en cuenta que eso era lo pactado por las partes y que no existe restricci\u00f3n alguna, se hubiese tenido como termino prescriptivo el 10 de enero de 2021, que abonado el termino de suspensi\u00f3n establecido el decreto 564 del 14 de abril de 2020 y el acuerdo PCSJA20-11581 del 27\/06\/2020 del Consejo Superior de la Judicatura, el cual fue de tres (3) meses y quince (15) d\u00edas nos arroja que el termino prescriptivo trienal se cumpl\u00eda el 25 de abril de 2021, siendo la notificaci\u00f3n del demandado el 11 de mayo de 2021, dicho termino ya se hab\u00eda consumado, por no producir los efectos esperados la interposici\u00f3n de la demanda\u00bb (se destaca). <\/p>\n
Discusi\u00f3n que se abord\u00f3 en la sentencia STC166-2023, mediante la cual la Sala fue clara al exponer los par\u00e1metros que deb\u00eda tener en cuenta el Juzgado accionado para realizar el c\u00f3mputo del t\u00e9rmino de la prescripci\u00f3n extintiva alegada v\u00eda excepci\u00f3n por el accionante-ejecutado. <\/p>\n
3. Bajo ese panorama, y como se afirm\u00f3 en precedencia, el interesado cuenta con otro mecanismo, este es, el incidente de desacato ante el a quo de esa causa (radicado 2022-00328), para promover el debate planteado en este amparo. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que el art\u00edculo 27 del Decreto 2591 de 1991, en cuanto al cumplimiento de la orden de tutela, expresa que, <\/p>\n
(\u2026) Proferido el fallo que conceda la tutela, la autoridad responsable del agravio deber\u00e1 cumplirla sin demora. Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez se dirigir\u00e1 al superior del responsable y le requerir\u00e1 para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra aqu\u00e9l. Pasadas otras cuarenta y ocho horas, ordenar\u00e1 abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptar\u00e1 directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El juez podr\u00e1 sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia. Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario en su caso. En todo caso, el juez establecer\u00e1 los dem\u00e1s efectos del fallo para el caso concreto y mantendr\u00e1 la competencia hasta que est\u00e9 completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es evidente el incumplimiento al presupuesto de la subsidiariedad, en los t\u00e9rminos del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, ya que es el incidente de desacato, consagrado en el art\u00edculo 52 ib\u00eddem, el escenario id\u00f3neo para resolver lo aqu\u00ed planteado por el accionante. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada, pero por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotados. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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