STC7628-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC7628-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-01123-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 15 de junio de 2023, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Andr\u00e9s Mauricio Zuluaga Garc\u00eda contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, el Juzgado Veintitr\u00e9s Penal del Circuito de esa ciudad, la Constructora Covin SA, la Constructora Bienes Ra\u00edces Calle Siete SA y el Municipio de Medell\u00edn, tr\u00e1mite al que fueron vinculados la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, los Juzgados Noveno Civil Municipal y Cuarto Civil del Circuito de Medell\u00edn, la Inspecci\u00f3n 16B de Polic\u00eda Urbana de Primera Categor\u00eda, el Departamento Administrativo de Gesti\u00f3n del Riesgo de Desastres del Distrito -DAGRD-, la Subsecretaria de Gobierno Local y Convivencia encargada del Distrito, la Curadur\u00eda Urbana Cuarta, la Subsecretar\u00eda de Defensa y Protecci\u00f3n de lo P\u00fablico, la Secretaria General del Distrito Especial, la C\u00e1mara de Comercio, el Concejo Municipal de Medell\u00edn, Seguros del Estado SA, la Compa\u00f1\u00eda Aseguradora de Fianzas Confianza SA, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Industria y Comercio, el administrador del conjunto residencial Atavanza y dem\u00e1s intervinientes en las acciones de tutela con radicado n\u00b0 2023-00033 y 2022-00814. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la vida, \u00abbajo el riesgo inminente por fallas estructurales de la construcci\u00f3n y por fallas geol\u00f3gicas en predio del Municipio de Medell\u00edn\u00bb, vivienda digna, libertad de locomoci\u00f3n, petici\u00f3n y debido proceso, presuntamente vulnerados por las autoridades y accionados. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que es propietario de un inmueble ubicado en la Urbanizaci\u00f3n Atavanza de Medell\u00edn, en el que ha vivido por m\u00e1s de 10 a\u00f1os, que el 24 de marzo de 2021 se present\u00f3 un derrumbe en la parte externa del \u00e1rea natural que dej\u00f3 afectaciones estructurales que implic\u00f3 el cierre preventivo de la \u00fanica v\u00eda p\u00fablica y de acceso a otras siete unidades residenciales. <\/p>\n
Relat\u00f3 que \u00e9l y otros residentes alertaron a las autoridades del siniestro, exigiendo una soluci\u00f3n, entre otras al Municipio de Medell\u00edn el cual no despleg\u00f3 acciones, argumentando que el problema deb\u00eda ser solucionado por la constructora o directamente por el conjunto residencial Atavanza. <\/p>\n
Expuso que la presi\u00f3n de los medios de comunicaci\u00f3n provoc\u00f3 la intervenci\u00f3n del alcalde de Medell\u00edn, quien acus\u00f3 p\u00fablicamente a las constructoras Covin SA y Calle Siete SAS de ser las responsables directas del hecho, prometiendo a la comunidad que el Municipio desarrollar\u00eda las obras para reparar el terreno y que luego repetir\u00eda contra las mencionadas empresas, sin que a la fecha de formulaci\u00f3n del amparo las obras necesarias se hubieran ejecutado, manteni\u00e9ndose la amenaza, respecto al conjunto. <\/p>\n
Indic\u00f3 que la Alcald\u00eda de Medell\u00edn decidi\u00f3 revocar en su integridad la Resoluci\u00f3n n\u00b0 017 de 19 de mayo de 2021 expedida por la Inspecci\u00f3n 16B de Polic\u00eda urbana de primera Categor\u00eda y, en su lugar le orden\u00f3 adelantar las etapas procesales establecidas en el art\u00edculo 223 de la Ley 1801 de 2016 para iniciar el proceso verbal abreviado. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que en atenci\u00f3n a un nuevo deslizamiento que se present\u00f3 el 29 de junio de 2022, el Departamento Administrativo de Gesti\u00f3n del Riesgo de Desastres de Medell\u00edn, realiz\u00f3 una visita de inspecci\u00f3n t\u00e9cnica, en la que rindi\u00f3 informe en el que concluy\u00f3 que posteriormente se pod\u00edan presentar situaciones que se escapaban al alcance de esa valoraci\u00f3n. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, debido a la emergencia, el 30 de junio de 2022 se llev\u00f3 a cabo una reuni\u00f3n entre la comunidad y miembros del \u00e1rea administrativa del municipio, en la que se expusieron diferentes aspectos relacionados con la situaci\u00f3n de la copropiedad, sin embargo, la soluci\u00f3n por parte de dicha autoridad se ha limitado a despejar la v\u00eda, implementar se\u00f1alizaci\u00f3n y \u00ablo dem\u00e1s en mera tramitolog\u00eda de la inspecci\u00f3n de polic\u00eda, sin actuaciones efectivas\u00bb. <\/p>\n
Mencion\u00f3 que la Superintendencia de Industria y Comercio emiti\u00f3 un fallo de protecci\u00f3n al consumidor en favor del conjunto residencial Atavanza y en contra de las constructoras Covin SA y Bienes Ra\u00edces Calle Siete SA, sin que se haya dado cumplimiento al mismo. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que ante el riesgo de perder su tranquilidad y su casa interpuso acci\u00f3n de tutela contra las Constructoras Covin SA y Bienes Ra\u00edces Calle Siete SA y la Alcald\u00eda de Medell\u00edn (Rad. 2023-00033), asunto tramitado en primera instancia por el Juzgado Veintitr\u00e9s Penal del Circuito de esa ciudad y, en sentencia de 23 de marzo de 2023 concedi\u00f3 el amparo, emiti\u00f3 ordenes perentorias a partir de los informes t\u00e9cnicos rendidos por el Departamento Administrativo de Gesti\u00f3n del Riesgo de Desastres de Medell\u00edn – DAGRD. <\/p>\n
Indic\u00f3 que esa determinaci\u00f3n, fue revocada en sede de impugnaci\u00f3n por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn el 9 de mayo de 2023, para en su lugar, declarar la improcedencia del amparo, toda vez que se encontraba configurada la cosa juzgada, en tanto que, el tema ya hab\u00eda sido debatido en otra acci\u00f3n de tutela promovida por Alexandra Casta\u00f1eda y otra residente, tramitada ante el Juzgado Noveno Civil Municipal de esa ciudad, el cual concedi\u00f3 la solicitud de protecci\u00f3n (Rad. 2022-00814), decisi\u00f3n que confirm\u00f3 el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medell\u00edn el 27 de septiembre de 2022. <\/p>\n
Adujo que el Tribunal Superior de Medell\u00edn \u00abignor\u00f3 desarrollar un estudio profundo y serio, incluso no existe motivaci\u00f3n alguna, respecto a la Cesi\u00f3n obligatoria urban\u00edstica del \u00e1rea natural \u2013 zona verde hacia el municipio, lo cual rige bajo las normas del derecho urban\u00edstico, siendo un procedimiento habitual de los constructores en ceder \u00e1reas que hacen parte del terreno de mayor extensi\u00f3n, en donde proceder\u00e1n a desarrollar su proyecto como compensaci\u00f3n y aporte a la comunidad, convirti\u00e9ndose el \u00e1rea cedida, en un bien de uso p\u00fablico, en propiedad, y que el Municipio de Medell\u00edn debi\u00f3 haber administrado, cuidado, prevenido (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Asever\u00f3 que en la acci\u00f3n de tutela que \u00e9l promovi\u00f3 expuso hechos nuevos frente a la cesi\u00f3n obligatoria urban\u00edstica y, sus pretensiones eran distintas a las planteadas en la acci\u00f3n de tutela formulada por Alexandra Casta\u00f1eda, en la que, si bien algunos aspectos se apreciaban similares, lo cierto era que respecto a la queja contra el Municipio de Medell\u00edn era nuevo y distinto. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 ordenar al alcalde de Medell\u00edn en representaci\u00f3n del municipio \u00abreparar el derrumbe, y tomar medidas especiales, t\u00e9cnicas y de calidad para eliminar el riesgo en definitiva que amenaza a la urbanizaci\u00f3n Atavanza y\/o si a bien lo considera, ordenar al Honorable Tribunal Superior de Medell\u00edn, revocar su decisi\u00f3n y proceder de conformidad con sus lineamientos, bajo el mismo presupuesto\u00bb. <\/p>\n
Igualmente requiri\u00f3 ordenar a las Constructoras Covin SA, Bienes Ra\u00edces Calle Siete SA y al Municipio de Medell\u00edn que \u00abrealicen en coordinaci\u00f3n y\/o indistintamente, de manera inmediata la intervenci\u00f3n integral y urgente para la mitigaci\u00f3n del riesgo, que se presenta en la urbanizaci\u00f3n Atavanza, con los requerimientos t\u00e9cnicos presentados por el DAGRD\u00bb, adem\u00e1s, ordenar a las constructoras garantizar el derecho a la informaci\u00f3n cumpliendo con los compromisos de remitir la informaci\u00f3n t\u00e9cnica requerida, as\u00ed como de todas las actuaciones a realizar en la zona. <\/p>\n
Por \u00faltimo, solicit\u00f3 decretar medidas especiales directamente frente al representante legal de la Constructora Covin SA \u00abpor motivo de sus actuaciones de mala fe, y maniobras para dilatar la orden del se\u00f1or juez y\/o Superintendencia\u00bb y, ordenarle a dicha sociedad la suspensi\u00f3n inmediata de los proyectos de vivienda que actualmente ofrecen en sus redes, asimismo, requiri\u00f3 ordenar a la Personer\u00eda de Medell\u00edn asignar los funcionarios necesarios con el fin de garantizar y hacer seguimiento al respecto de los derechos fundamentales vulnerados. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn, inform\u00f3 que conoci\u00f3 en segunda instancia la acci\u00f3n de tutela n\u00b0 2023-00033 promovida por Andr\u00e9s Mauricio Zuluaga Garc\u00eda contra la Alcald\u00eda de Medell\u00edn y otros, en la que el 9 de mayo de 2023 profiri\u00f3 sentencia en la que dispuso la revocatoria del fallo del a quo, para en su lugar, declararla improcedente por la configuraci\u00f3n de cosa juzgada respecto de la tutela n\u00b0 2022-00814. <\/p>\n
Indic\u00f3 que la pretensi\u00f3n del reclamante en esta oportunidad no es admisible, toda vez que la procedencia de la acci\u00f3n contra una sentencia de tutela es excepcional al haber operado el fen\u00f3meno de cosa juzgada constitucional y, solo es viable cuando se demuestra una situaci\u00f3n de fraude, por tanto, precis\u00f3 que, si era inter\u00e9s del actor, pod\u00eda acudir ante la Corte Constitucional para solicitar la revisi\u00f3n del tr\u00e1mite de tutela. <\/p>\n
2. El Juzgado Veintitr\u00e9s Penal del Circuito de Medell\u00edn, relat\u00f3 que tramit\u00f3 la acci\u00f3n de tutela instaurada por Andr\u00e9s Mauricio Zuluaga Garc\u00eda contra la Constructora Covin SA la Constructora de Bienes Ra\u00edces Calle Siete SA y el Municipio de Medell\u00edn a la que fueron vinculadas otras entidades y, a la que fueron acumuladas las acciones de tutela n\u00b0 2023-00303, 2023-00103 y 2023-00105. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que el 23 de marzo de 2023 emiti\u00f3 fallo, que revoc\u00f3 el Tribunal Superior de Medell\u00edn, al considerar que la acci\u00f3n de tutela tramitada ante el Juzgado Noveno Civil Municipal de esa ciudad con radicado n\u00b0 2022-00814 versaba sobre el mismo asunto y a\u00fan persist\u00edan las circunstancias que dieron lugar a la protecci\u00f3n de los peticionarios, indicando que exist\u00eda identidad de partes y derechos, por lo que deb\u00eda el interesado acudir a dicha autoridad en procura de hacer cumplir lo dispuesto en la decisi\u00f3n de 26 de agosto de 2022. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que los derechos del actor actualmente se encuentran protegidos y debe actuar conforme le indic\u00f3 el Tribunal Superior de Medell\u00edn, promoviendo incidente de desacato ante el Juzgado Noveno Civil Municipal en la solicitud de amparo con radicado n\u00b0 2022-00814 que versa sobre el mismo asunto. <\/p>\n
3. La Defensora Regional de Antioquia, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite, teniendo en cuenta que el actor no presenta petici\u00f3n alguna en contra de esa entidad. <\/p>\n
4. Seguros del Estado SA, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que la petici\u00f3n de amparo no tiene ning\u00fan fundamento jur\u00eddico para que el despacho pueda impartir alguna orden en contra de esa sociedad, debido a que no est\u00e1 demostrada vulneraci\u00f3n por parte de esa compa\u00f1\u00eda aseguradora. <\/p>\n
5. La Alcald\u00eda de Medell\u00edn sostuvo que fue vinculada en la acci\u00f3n de tutela n\u00b0 2022-00814, en la que el 26 de agosto de 22 el Juzgado Noveno Civil Municipal orden\u00f3 a la Constructora Covin SA, realizar todas las recomendaciones dadas por el DAGRD, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad el 27 de septiembre de 2022. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que con fundamento en ese fallo y, por iniciativa de la Secretaria General de ese municipio, se ha solicitado en dos oportunidades apertura de incidente de desacato, que han finalizado con sanci\u00f3n a la constructora, siendo la \u00faltima proferida el 29 de marzo de 2023, igualmente, enumer\u00f3 las gestiones que han adelantado las distintas dependencias de la entidad frente a la situaci\u00f3n expuesta por el accionante y solicit\u00f3 declarar la improcedencia del amparo ante el incumplimiento de los requisitos para su prosperidad. <\/p>\n
6. El Juzgado Noveno Civil del Circuito de Medell\u00edn, manifest\u00f3 que, revisados los hechos expuestos en el escrito inicial y lo pretendido por el accionante, no se infiere actuar de ese despacho por acci\u00f3n u omisi\u00f3n que conlleven a la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales y que hubiere dado lugar a la vinculaci\u00f3n de esa agencia judicial. <\/p>\n
8. El Juzgado Noveno Civil Municipal de Medell\u00edn, remiti\u00f3 el expediente digital contentivo de la acci\u00f3n de tutela n\u00b0 2022-000814 y destac\u00f3 que las situaciones f\u00e1cticas en las cuales fue formulada la presente solicitud de amparo difieren a las decididas por esa judicatura, de manera que no era susceptible de ser acumulada a la tutela avocada por ese despacho. <\/p>\n
9. La Personer\u00eda de Medell\u00edn, solicit\u00f3 declarar la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva frente a esa agencia del Ministerio P\u00fablico, argumentando que son otras las entidades llamadas a resolver la reclamaci\u00f3n del accionante. <\/p>\n
10. La Superintendencia de Industria y Comercio, hizo un recuento de las actuaciones adelantadas en la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor promovida por el Conjunto Residencia Atavanza contra Covin SA, Bienes Ra\u00edces Calle Siete SA y Benicio Alberto Mar\u00edn en la que el 14 de septiembre de 2022 profiri\u00f3 sentencia en favor de la unidad residencial. <\/p>\n
11. El secretario general (E) del Concejo de Medell\u00edn, se pronunci\u00f3 frente a los hechos planteados por el accionante y se\u00f1al\u00f3 que no tiene responsabilidad frente a las situaciones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas expuestas, en tanto que, las pretensiones est\u00e1n direccionadas a entidades p\u00fablicas y privadas que dentro de sus funciones no se relacionan con las establecidas en la Ley 136 de 1994, lo que evidenciaba su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, declar\u00f3 la improcedencia del amparo, al advertir el incumplimiento de los presupuestos para su viabilidad, e igualmente, se\u00f1al\u00f3 que el accionante a\u00fan cuenta con la posibilidad de acudir ante la Corte Constitucional, en sede de revisi\u00f3n, para exponer su inconformidad por las presuntas irregularidades cometidas en el fallo de tutela cuestionado y, en caso de ser excluida, pueda proponer el mecanismo de insistencia. <\/p>\n
Destac\u00f3 que el accionante se limit\u00f3 a afirmar que hubo desaciertos, errores o defectos en cuanto a la resoluci\u00f3n de su caso, pero omiti\u00f3 argumentar y probar los presupuestos exigidos por la jurisprudencia constitucional para la viabilidad de la demanda de tutela contra fallos de id\u00e9ntica naturaleza, adem\u00e1s, que, en el asunto hubo cosa juzgada y no han ocurrido hechos novedosos capaces de levantar el car\u00e1cter de inmutable, vinculante y obligatorio de la decisi\u00f3n de tutela reprochada en la presente actuaci\u00f3n. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por el accionante, quien adem\u00e1s de insistir en los argumentos iniciales, manifest\u00f3 que contrario a lo concluido por el a quo constitucional, existen hechos nuevos y reclamados por un accionante distinto, en donde se involucra un nuevo actor -el Municipio de Medell\u00edn- <\/p>\n
En ese orden, indic\u00f3 que \u00abLa Corte Suprema de Justicia en sentencia del 15 de junio de 2023, al igual que, el Tribunal Superior de Medell\u00edn, en su fallo, siguen incurriendo en un error de forma, y en raz\u00f3n a no haber analizado de manera cronol\u00f3gica los hechos y procedimientos desde un primer momento, durante y hasta que interpuso su acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, en la acci\u00f3n de tutela presentada por Gloria Casta\u00f1eda Londo\u00f1o y Diana Isabel Duque Mu\u00f1oz principalmente contra las constructoras Bienes Ra\u00edces Calle Siete SA y Covin SA existi\u00f3 decisi\u00f3n de fondo el 26 de agosto de 2022, luego de la cual surgieron novedades que fueron expuestas en la acci\u00f3n de tutela n\u00b0 2023-00033 que \u00e9l interpuso, \u00abno existiendo cosa juzgada, m\u00e1s a\u00fan cuando nunca se han analizado ni estudiado el tipo de reclamos relacionados con cesi\u00f3n de terreno a la era publica y las responsabilidades que ello acarrea\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por regla general, se ha dicho que la acci\u00f3n de tutela resulta improcedente para atacar una providencia judicial, planteamiento que cobra mayor solidez, cuando la determinaci\u00f3n atacada es la proferida por un juez constitucional, ello, con el fin evitar una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad eternum el primigenio fallo. <\/p>\n
Adem\u00e1s, se tiene presente que la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 de 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios que, de manera excepcional, permiten la procedencia de la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica frente a otra del mismo linaje. <\/p>\n
Igualmente, y seg\u00fan lo ha establecido tambi\u00e9n esta Sala, tales excepciones, relacionadas con la protecci\u00f3n al debido proceso, tienen lugar cuando (i) \u00abse omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir\u00bb, siempre y cuando \u00abse cumplan los requisitos de procedencia de la acci\u00f3n de tutela\u00bb (ii) si la decisi\u00f3n es producto de un \u00abfraude\u00bb; o (iii) si se debaten \u00abactuaciones anteriores o posteriores\u00bb a esa directriz, lesivas del \u00abdebido proceso\u00bb. (CSJ. STC 14 oct. 2008, rad. 01646-00, rad. 2009-02355-00, reiterada en STC8657-2021, STC10894-2021 y, STC11408-2022). <\/p>\n
2. Ahora, si existieron equivocaciones o desafueros de los jueces constitucionales en sus decisiones, \u00e9stos no se resuelven con una nueva acci\u00f3n de la misma naturaleza, pues para tal fin, el ordenamiento jur\u00eddico cre\u00f3 las figuras de la impugnaci\u00f3n contra la sentencia de primer grado, la revisi\u00f3n y, aun la insistencia en caso de negarse este \u00faltimo. <\/p>\n
As\u00ed lo ha se\u00f1alado esta Corte, \u00abel legislador evita la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb. (CSJ. STC 2004-00863-00 de 26 de agosto de 2004, citada en STC2255-2021, STC2968-2022 y, STC9203-2022 entre otras). <\/p>\n
3. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Andr\u00e9s Mauricio Zuluaga Garc\u00eda acude a este mecanismo en busca de la protecci\u00f3n de los derechos que considera vulnerados con la decisi\u00f3n proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn el 9 de mayo de 2023, a trav\u00e9s de la cual revoc\u00f3 el fallo de primera instancia en la acci\u00f3n de tutela n\u00ba 2023-00033-01 que \u00e9l promovi\u00f3 y, en su lugar, declar\u00f3 la improcedencia del amparo, tras considerar que se encontraba configurada la cosa juzgada constitucional, por cuanto exist\u00eda identidad de partes, hechos y pretensiones con la acci\u00f3n de tutela n\u00b0 2022-00814. <\/p>\n
Al respecto, se advierte la inviabilidad del amparo y la consecuente confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada, por tratarse de una acci\u00f3n de tutela que controvierte las decisiones adoptadas por el fallador constitucional, con una acci\u00f3n de la misma naturaleza, en la que, no se encuentran configurados ninguno de los presupuestos enunciados por la jurisprudencia para su procedencia de manera excepcional. <\/p>\n
4. Con todo, se advierte que verificado el sistema de consulta de procesos de la Corte Constitucional el expediente (T9442325) no fue seleccionado para revisi\u00f3n por esa Corporaci\u00f3n1, decisi\u00f3n comunicada al accionante el 17 de julio de 2023, sin embargo, nada impide que, dentro del t\u00e9rmino otorgado, haga uso del derecho o facultad de \u00abinsistencia\u00bb previo cumplimiento de las exigencias previstas en la ley y los reglamentos, como as\u00ed esta Sala ha se\u00f1alado, <\/p>\n
\u00absi bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019 (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb. (CSJ. STC 7 nov. 2012, exp. 20141-00, rese\u00f1adas, entre otras, en STC5025-2022, STC3658-2023 y STC639-2023). <\/p>\n
5. De conformidad con lo expuesto, la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n