STC7630-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC7630-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 54001-22-21-000-2023-00025-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n contra la sentencia proferida por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta el 7 de julio de 2023, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Joselito Pardo Guti\u00e9rrez, Jos\u00e9 Yolman Guti\u00e9rrez Rojas y Jos\u00e9 Manuel Caicedo Pab\u00f3n contra el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citados los intervinientes en el proceso de esa especialidad con radicado 2018-00021. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los solicitantes invocan la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad, derecho a la propiedad de la tierra, propiedad privada, buena fe exenta de culpa y m\u00ednimo vital, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada en el tr\u00e1mite previamente mencionado. <\/p>\n
Manifestaron que como comerciantes de la zona y reconocidos por sus moradores, adquirieron el 18 de octubre de 2017 la posesi\u00f3n que ten\u00edan los se\u00f1ores Jos\u00e9 Alexander \u00c1ngel Hoyos y Yeferson Mario Aparicio Galvis, en proindiviso, en el predio Lote A parcela Numero 3, identificada con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 260-195404, ubicado en la vereda san miguel, jurisdicci\u00f3n del municipio de C\u00facuta. <\/p>\n
Refirieron que el mencionado inmueble hab\u00eda sido adquirido anteriormente a t\u00edtulo de venta real y efectiva por la se\u00f1ora Rosa Albina Ortega Rangel, seg\u00fan documento de 29 de agosto de 2016. <\/p>\n
Indicaron que, la compra se realiz\u00f3 sin tener conocimiento que sobre el bien se tramitaba un proceso de restituci\u00f3n de tierras, promovido por Jos\u00e9 Milton Lizcano Rodr\u00edguez y Rosa Marina P\u00e9rez de Rodr\u00edguez, juicio que se adelanta en el Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de C\u00facuta con radicado 2018-00021. <\/p>\n
Expusieron, que despu\u00e9s del tr\u00e1mite administrativo, el Juzgado mediante auto de 20 de marzo de 2018, corri\u00f3 traslado de la demanda y sus anexos a los supuestos poseedores de la parcela de referencia, desconociendo que ellos poseen de buena fe el predio perseguido en restituci\u00f3n. <\/p>\n
Explicaron que posteriormente el Juzgado de conocimiento el 5 de abril de 2022, solicit\u00f3 oficiar y requerir a la UAEGRTD Territorial Norte de Santander a fin de remitir las caracterizaciones de las personas que ocupan los predios identificados con matr\u00edcula inmobiliaria N\u00fameros 260-195404,260-195406, 260195415 y 260-195404, fueron caracterizados y se les otorg\u00f3 la condici\u00f3n de terceros intervinientes, y adelantado el tr\u00e1mite, en sentencia de 31 de marzo de 2023, reconoci\u00f3 la restituci\u00f3n en favor de los reclamantes Jos\u00e9 Milton Lizcano Rodr\u00edguez y Rosa Marina P\u00e9rez de Rodr\u00edguez, desconociendo su calidad de poseedores legales por la compraventas que existen, que son trabajadores de estas tierras desde el d\u00eda de su compra, as\u00ed como el m\u00ednimo vital de su n\u00facleo familiar, que sustentan con el trabajo en la mencionada parcela. <\/p>\n
Afirmaron que \u00abla Doctora Acosta vulnera sin dar una evaluaci\u00f3n suficiente al momento de dar sentencia y que obliga una protecci\u00f3n Constitucional inmediata a mis clientes sin siquiera dar el beneficio de la duda, resaltando la ausencia de un verdadero estudio de la figura de segundos ocupantes, limitando a mis clientes como terceros intervinientes, sin tener derecho a los beneficios de la Ley 1448 de 2011 que es muy clara y que omite en su totalidad la Doctora ACOSTA en su pronunciamiento final, caracterizaciones que la Doctora Acosta no actualiza en ning\u00fan momento\u00bb. <\/p>\n
Finalmente sostuvieron que, el Juzgado accionado decidi\u00f3 declarar al se\u00f1or Jos\u00e9 C\u00e1ceres Quintero acreedor hipotecario en raz\u00f3n de unos endosos de pagar\u00e9s suscritos por las supuestas v\u00edctimas con la extinta caja agraria y declar\u00f3 que no hab\u00edan opositores en el mencionado proceso, protegiendo el derecho fundamental a la restituci\u00f3n de tierras de los demandantes, \u00absin ninguna clase de beneficio a los terceros intervinientes que deben ser declarados segundos ocupantes conforme a lo esgrimido en el presente recurso, donde no se\u00f1ala la individualizaci\u00f3n de cada uno de los predios de parte de la Doctora Acosta, sin analizar la situaci\u00f3n de los ocupantes a partir de un est\u00e1ndar probatorio diferenciado y brindar respuestas de fondo a su situaci\u00f3n a fin de garantizar sus derechos fundamentales en todo momento e incluso as\u00ed estuviese ya una sentencia ejecutoriada\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto, solicitaron ordenar ser reconocidos como segundos ocupantes de buena fe exenta de culpa en el proceso 2018-00021, y, que, se suspendan los efectos de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil de Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de C\u00facuta el 31 de marzo de 2023, hasta que no les sea reconocida la calidad que alegan tener. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Restituci\u00f3n de Tierras de C\u00facuta, indic\u00f3 que en la sentencia que profiri\u00f3 en el proceso objeto de queja constitucional, no resolvi\u00f3 sobre el reconocimiento de los segundos ocupantes \u00abpues los hoy tutelantes acudieron en forma extempor\u00e1neamente, sin que se demostrase la condici\u00f3n que frente a los predios \u201cLote A Parcela No. 3\u201d, se identifica con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 260-195404; \u201cLote B Parcela No. 3\u201d, se identifica con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 260-1955405; y \u201cEl Diamante la Monta\u00f1a\u00bb se identifica con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 260-195415, ellos ostentaban, incluso, el se\u00f1or Ariostol Archila en tutela anterior, aleg\u00f3 ser el actual ocupante de estos predios, sin que mencionase a los hoy accionantes, pese a que se trata del mismo apoderado judicial\u00bb. <\/p>\n
2. La Superintendencia de Notariado y Registro inform\u00f3 que, revisado el Sistema de Informaci\u00f3n Registral, los actuales propietarios del inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 260-195404 son los se\u00f1ores Rosa Marina P\u00e9rez de Rodr\u00edguez y Jos\u00e9 Milton Rodr\u00edguez Lizcano, conforme a la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de C\u00facuta. <\/p>\n
3. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas \u2013 UAEGRTD-, se\u00f1al\u00f3 que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva en la acci\u00f3n de tutela, porque no tiene relaci\u00f3n con ninguno de los presuntos hechos transgresores de los derechos de la parte actora, puesto que fue la autoridad judicial quien determin\u00f3 la situaci\u00f3n jur\u00eddica del predio denominado Lote A parcela Numero 3, identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 260-195404, ubicado en la jurisdicci\u00f3n del municipio de C\u00facuta Departamento del Norte de Santander- vereda San Miguel. <\/p>\n
4. El director Encargado del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n tras advertir que, los presuntos hechos vulneradores fueron endilgados a la autoridad judicial que adelanta el tr\u00e1mite de restituci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de C\u00facuta, concedi\u00f3 el amparo al advertir que, en la sentencia de 31 de marzo de 2023 se incurri\u00f3 en un defecto de car\u00e1cter sustantivo, por insuficiente valoraci\u00f3n y motivaci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual le orden\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de C\u00facuta, proferir en el t\u00e9rmino perentorio de cuarenta y ocho (48) horas, pronunciamiento motivado de forma clara, suficiente y transparente sobre la \u00absegunda ocupancia\u00bb de Joselito Pardo Guti\u00e9rrez, Jos\u00e9 Yolman Guti\u00e9rrez Rojas y Jos\u00e9 Manuel Caicedo Pab\u00f3n, sin perjuicio del sentido de la misma. <\/p>\n
Para arribar a tal determinaci\u00f3n, hizo referencia al auto de seguimiento 373 de 2016 de la Corte Constitucional, en el que se estableci\u00f3 la necesidad de evaluar por parte del Juez de conocimiento la procedencia de medidas de atenci\u00f3n distintas a la compensaci\u00f3n, tales como vivienda, tierras o generaci\u00f3n de ingresos, as\u00ed mismo, se exhort\u00f3 a las autoridades responsables para que implementen una pol\u00edtica estable y robusta a fin de facilitar la restituci\u00f3n material de los predios y el retorno efectivo, con el objeto de prevenir la conflictividad social, evitando nuevas victimizaciones, bien sea de los segundos ocupantes o de la poblaci\u00f3n reparada. <\/p>\n
Adem\u00e1s, hizo referencia al deber del juez de realizar en todos los casos, un estudio exhaustivo incluso de oficio, as\u00ed no se hubiera solicitado, para encontrar si en el proceso y respecto a la persona que guarda relaci\u00f3n con el predio pretendido, aparecen esos elementos que conduzcan a determinar si se trata de un segundo ocupante o no, bajo el an\u00e1lisis de las pruebas obrantes en el expediente y conforme a las circunstancias que en el transcurso se le presenten. <\/p>\n
Luego resalt\u00f3 que, \u00ab(\u2026) aterrizado lo expuesto a lo que aconteci\u00f3 dentro del proceso de restituci\u00f3n y en torno a los gestores, respecto al estudio de la segunda ocupancia la funcionaria guard\u00f3 silencio, justificando su proceder en la falta de intervenci\u00f3n oportuna de los interesados, cuando aquello no guarda relaci\u00f3n con la figura aqu\u00ed estudiada, pues su reconocimiento opera de oficio, inclusive as\u00ed no hubiesen intervenido en alguna etapa procesal, aunado a que se extra\u00f1a una valoraci\u00f3n de las pruebas que decret\u00f3 de manera oficiosa e incorpor\u00f3 al expediente en relaci\u00f3n de los sujetos que podr\u00edan poseer tal calidad, pues nada dijo en ese sentido frente a la caracterizaci\u00f3n realizada a los hoy accionantes ni dem\u00e1s pruebas entorno a su condici\u00f3n socioecon\u00f3mica, sin perjuicio de lo advertido frente a su calidad de explotadores de la tierra\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue presentada por los accionantes, bajo el argumento que, el fallador constitucional de primer grado solo se pronunci\u00f3 frente a la pretensi\u00f3n de la \u00absegunda ocupancia\u00bb, omitiendo lo relacionado con la propiedad conforme a la documentaci\u00f3n aportada, \u00abcomo tampoco no solicita pronunciamiento actualizado, ya que la situaci\u00f3n econ\u00f3mica de mis clientes ha cambiado, se\u00f1alando que lo que pretenden mis clientes no es quedarse con las tierras que sabiamente la juez ordeno entregar, sino la inversi\u00f3n de mis clientes que de buena fe compraron, que trabajan en ellas, que explotan e incluso generan trabajo\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias judiciales, toda vez que al juez constitucional, en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, no le es factible inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones all\u00ed proferidas como tampoco para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n a lo expresado, se tienen aquellos eventos en los que el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n, los que luego de un ponderado estudio har\u00edan imperiosa la concurrencia de la protecci\u00f3n pedida para restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
Frente a lo anterior, la Sala ha se\u00f1alado, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo (\u2026) se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado… (CSJ. STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01; reiterada en STC4269,16 abr. 2015 y STC16567 de 2022, entre muchas). <\/p>\n
2. En ese contexto, se ha reconocido que cuando el juzgador natural dilata alguna etapa importante del proceso, se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o, incurre en un defecto sustantivo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
Sobre el defecto sustantivo o material, la Corte Constitucional ha reiterado, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se presenta cuando \u201cla decisi\u00f3n que toma el juez desborda el marco de acci\u00f3n que la Constituci\u00f3n y la ley le reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto\u201d. De igual forma, ha concluido que este defecto se ha erigido como tal, como consecuencia de que la competencia asignada a los jueces para interpretar y aplicar las normas jur\u00eddicas no es completamente absoluta, aunque se funde en el principio de autonom\u00eda e independencia judicial. En cuanto esto se indic\u00f3. \u201c[p]or tratarse de una atribuci\u00f3n reglada, emanada de la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jur\u00eddico preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y garant\u00edas que identifican al actual Estado Social de Derecho\u00bb (Sentencia T- 757 de 2009). <\/p>\n
3. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, revisado el expediente digital allegado a este tr\u00e1mite frente a los escritos de impugnaci\u00f3n, se advierte la consecuente confirmaci\u00f3n del fallo, al haber incurrido el Juzgado accionado en un defecto de car\u00e1cter sustancial y f\u00e1ctico, como de manera acertada lo se\u00f1al\u00f3 el a quo constitucional. <\/p>\n
Como actuaciones relevantes se tiene que, en el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de C\u00facuta, se adelanta proceso promovido por la Unidad Administrativa Especial de gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas Territorial Norte de Santander, en representaci\u00f3n de los se\u00f1ores Jos\u00e9 Milton Lizcano Rodr\u00edguez y Rosa Mar\u00eda P\u00e9rez Rodr\u00edguez, respecto del predio \u00ablote A Parcela N\u00b0 3\u00bb identificada con folio de matr\u00edcula inmobiliaria 260-195404. <\/p>\n
Juicio en el que, mediante escrito de 21 de octubre de 2019, los aqu\u00ed accionantes Joselito Pardo Guti\u00e9rrez, Jos\u00e9 Yolman Guti\u00e9rrez Rojas y Jos\u00e9 Manuel Caicedo Pab\u00f3n, a trav\u00e9s de apoderado judicial, se hicieron parte, alegaron su calidad de poseedores de buena fe del predio objeto de proceso, y allegaron los documentos que consideraron demostraban su actuar. <\/p>\n
La anterior solicitud fue despachada de manera desfavorable en auto de 15 de noviembre de 2019, tras informarles que las etapas procesales se hallan precluidas, encontr\u00e1ndose pendiente por proferir la decisi\u00f3n de fondo, decisi\u00f3n que, recurrida en reposici\u00f3n, mantuvo en providencia de 26 de noviembre siguiente. <\/p>\n
Sin embargo, en el expediente se observa, que los actores continuaron interviniendo en el tr\u00e1mite mediante apoderado judicial, fueron sujetos de caracterizaci\u00f3n, debatieron las providencias proferidas por el Juzgado de conocimiento y objetaron los aval\u00faos realizados por el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi. <\/p>\n
En sentencia del 31 de marzo de 2021, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de C\u00facuta accedi\u00f3 a las pretensiones y orden\u00f3 la restituci\u00f3n del predio a los se\u00f1ores Jos\u00e9 Milton Lizcano Rodr\u00edguez y Rosa Mar\u00eda P\u00e9rez Rodr\u00edguez, sin hacer alusi\u00f3n alguna a la calidad de intervenci\u00f3n de los aqu\u00ed accionantes, pues si bien, no se les tuvo en cuenta su intervenci\u00f3n como \u00abposeedores\u00bb, lo cierto es que con las pruebas obrantes en el proceso debi\u00f3 analizar, si exist\u00edan elementos de juicio para determinar si se trataban de segundos ocupantes. <\/p>\n
V\u00e9ase como, en el tr\u00e1mite de este amparo, el Juzgado accionado justific\u00f3 su omisi\u00f3n de emitir pronunciamiento frente a la calidad de los accionantes, en el hecho de que comparecieron de manera extempor\u00e1nea y no demostraron \u00abla condici\u00f3n que frente a los predios Lote A Parcela No. 3\u201d, se identifica con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 260-195404; \u201cLote B Parcela No. 3\u201d, se identifica con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 260-1955405; y \u201cEl Diamante la Monta\u00f1a\u00bb se identifica con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 260-195415, actuaci\u00f3n que transgrede el debido proceso de los peticionarios, teniendo en cuenta que la exhaustividad propia del juicio transicional de tierras, tiene como fin analizar la condici\u00f3n de quienes intervienen en estos juicios, procurando reparar a las v\u00edctimas sin desmedro de las prerrogativas de terceros de buena fe cualificada o personas en situaci\u00f3n de indefensi\u00f3n. <\/p>\n
4. Ahora, en lo que es punto de impugnaci\u00f3n, se advierte que los inconformes, aluden que si bien, el a quo constitucional, se refiri\u00f3 a la calidad de segundos ocupantes y orden\u00f3 a la juez de conocimiento resolver sobre ese aspecto, lo cierto es que en el fallo de primer grado omiti\u00f3 referirse sobre la propiedad que ostentan sobre el predio pretendido en restituci\u00f3n, y adem\u00e1s solicitan el decreto de pruebas que, en su sentir, demuestran la calidad de propietarios sobre el lote A Parcela N\u00b0 3 identificada con folio de matr\u00edcula inmobiliaria 260-195404. <\/p>\n
Reparos estos, que carecen de vocaci\u00f3n de prosperidad, porque tales alegatos no fueron objeto de los reparos y pretensiones plasmadas en el escrito inicial, resultando esas manifestaciones ser hechos nuevos, que, no pudieron ser controvertidos por los implicados, raz\u00f3n por la cual un pronunciamiento de esta instancia frente al mismo implicar\u00eda la vulneraci\u00f3n del debido proceso y del derecho de defensa de la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Sobre el particular la Sala ha indicado que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) es cierto que, en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (CSJ STC, 15 mar. 2011, rad. 00003-01; ratificada el 5 feb. 2015, rad. STC800) (CSJ STC6999-2016, 27 may. 2016, rad. 2016-00436-01 y STC1470-2022). <\/p>\n
5. De conformidad con lo anterior, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada, aun cuando el juzgado accionado, en cumplimiento al fallo de primer grado, alleg\u00f3 auto de 11 de julio de 2023, mediante el cual, estudio la situaci\u00f3n de cada uno de los solicitantes, resolviendo no reconocer la condici\u00f3n de segundos ocupantes. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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