STC7631-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7631-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-02812-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Cristi\u00e1n Camilo C\u00f3rdoba Cuesta contra la Presidencia de la Rep\u00fablica, el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz, las partes e intervinientes del tr\u00e1mite objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, vida y los de \u00ablas v\u00edctimas del conflicto armado\u00bb, que dice vulnerados por las autoridades acusadas. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se ordene al Ministerio convocado que \u00abrevoque el art\u00edculo segundo de la Resoluci\u00f3n No. 077 del 10 de abril de 2023 en que se dispuso \u2018ordenar la entrega del ciudadano… al Estado requirente\u2019 y en su lugar ordenar que se suspenda la entrega… hasta tanto se surtan las etapas del procedimiento de que trata la Ley Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia en la Jurisdicci\u00f3n Especial para La Paz (Ley 1957 de 2019)\u00bb y \u00abrevoque la Resoluci\u00f3n No. 187 del 26 de junio de 2023 que decidi\u00f3 \u2018confirmar la resoluci\u00f3n ejecutiva No. 077 del 10 de abril de 2023, por medio de la cual se concedi\u00f3, a los Estados Unidos de Am\u00e9rica, la extradici\u00f3n…\u2019\u00bb; a la Presidencia accionada \u00abcomo cabeza de la Rama Ejecutiva del Poder P\u00fablico a la que pertenece el Ministerio de Justicia y del Derecho, para que se pronuncie respecto de los hechos aqu\u00ed manifestados\u00bb; y los que \u00absean necesarios para la protecci\u00f3n de [sus] derechos… y las v\u00edctimas del conflicto armado\u00bb. <\/p>\n
2.1. Con nota verbal n\u00b0 0205 de 5 de febrero de 2020 el Gobierno de Estado Unidos de Am\u00e9rica solicit\u00f3 la captura con fines de extradici\u00f3n de Cristi\u00e1n Camilo C\u00f3rdoba Cuesta, a fin de comparecer a juicio ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, por delitos tr\u00e1fico de narc\u00f3ticos y concierto para delinquir; y la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, con resoluci\u00f3n de 11 de febrero de 2020, dispuso la captura de aquel con fines de extradici\u00f3n. <\/p>\n
2.2. El Ministerio de Justicia y del Derecho remiti\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n la documentaci\u00f3n, \u00faltima que el 1\u00ba de marzo de los corrientes emiti\u00f3 concepto favorable; y se profiri\u00f3 la resoluci\u00f3n No. 077 del 10 de abril de 2023, que accedi\u00f3 a la extradici\u00f3n, decisi\u00f3n que censur\u00f3 en reposici\u00f3n, siendo confirmada con la No. 187 de 26 de junio siguiente. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que su apoderado de la \u00e9poca solicit\u00f3 que se oficiara a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para que informara si por los mismos hechos por los que era requerido se hab\u00eda adelantado alguna causa penal, as\u00ed como a la Direcci\u00f3n Nacional de la Justicia Especial para la Paz que comunicara si en sus bases de datos estaba registrado como destinatario de la justicia transicional, por lo que en auto de 13 de septiembre de 2022 la Sala de Casaci\u00f3n acusada decret\u00f3 las pruebas tendientes a garantizar el principio constitucional de non bis in \u00eddem. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que la Sala de Definici\u00f3n de situaciones jur\u00eddicas de la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz, emiti\u00f3 Resoluci\u00f3n No. 906 de 24 de febrero de 2021, en la que fue aceptado como compareciente; que por su condici\u00f3n de privaci\u00f3n de la libertad, solo contaba con el oficio, pues los apoderados que ten\u00eda en ese momento, le informaron que \u00abseg\u00fan la Resoluci\u00f3n… [su] proceso ser\u00eda dirimido por la JEP\u00bb, pero que no contaba con dicha determinaci\u00f3n en tanto que sus abogados no le suministraron una copia. <\/p>\n
2.5. Sostuvo que pese a lo anterior, su proceso continu\u00f3 siendo conocido por la Corte Suprema de Justicia, la que el 1\u00ba de marzo de 2023 emiti\u00f3 el concepto favorable, \u00abhaciendo referencia de manera muy somera a la solicitud probatoria relacionada con la consulta en las bases de datos de la JEP para ver si [s]e encontraba registrado como destinatario de la justicia transicional\u00bb y aduciendo que por no guardar relaci\u00f3n, ni tener ocurrencia en el marco del conflicto armado interno, no hab\u00eda lugar a aplicar la garant\u00eda de no extradici\u00f3n. <\/p>\n
2.6. Adujo que la Sala de Casaci\u00f3n convocada desconoci\u00f3 la Resoluci\u00f3n No. 906 de 24 de febrero de 2021 emitida por la JEP y el art\u00edculo 19 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017, en lo referente a la temporalidad de los hechos, esto es, que ocurrieron con anterioridad a la firma del Acuerdo de Paz de la Habana. <\/p>\n
2.7. Refiri\u00f3 que el Ministerio acusado concedi\u00f3 la extradici\u00f3n y orden\u00f3 su envi\u00f3 a los Estados Unidos de Am\u00e9rica, pasando por alto la aludida determinaci\u00f3n de la JEP y su competencia; que su apoderado recurri\u00f3 dicha determinaci\u00f3n aludiendo a la falta de verificaci\u00f3n de su identidad y de otros procesos que hubieren cursado en su contra en Colombia; y que presumi\u00f3 que el tema de la resoluci\u00f3n de la JEP lo hab\u00eda manifestado en escrito separado, sin embargo, se confirm\u00f3 dicha determinaci\u00f3n. <\/p>\n
2.8. Asever\u00f3 que desde entonces no hab\u00eda podido localizar a los abogados que lo asist\u00edan, por lo que no contaba con representaci\u00f3n judicial en este momento, vi\u00e9ndose obligado a actuar de forma personal en protecci\u00f3n de sus derechos, que de manera indirecta ten\u00edan incidencia en los de las v\u00edctimas del conflicto armado. <\/p>\n
2.9. Narr\u00f3 que los accionados desconocieron la competencia de la JEP y del aludido acto legislativo; que las conductas que se le atribu\u00edan correspond\u00edan a actos que contribuyeron al sostenimiento del conflicto armado; que desconoc\u00eda si la JEP hab\u00eda decidido de fondo sobre su situaci\u00f3n jur\u00eddica, pues no lo han notificado de nada, por lo que hasta que ello no ocurriera, no pod\u00eda la justicia ordinaria tomar decisiones sobre su extradici\u00f3n y el Gobierno Nacional deber\u00e1 suspender su envi\u00f3. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Ministerio de Relaciones Exteriores se\u00f1al\u00f3 que no ten\u00eda facultad legal en el tr\u00e1mite de extradici\u00f3n; que no vulner\u00f3 derecho fundamental alguno; y que no hab\u00eda suceso que permitiera inferir acci\u00f3n u omisi\u00f3n generadora de amenaza de las prerrogativas del accionante, por lo que solicitaba su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite. <\/p>\n
2. La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas e indic\u00f3 que no era la facultada para tomar determinaciones de fondo en cuanto a la entrega de la persona en extradici\u00f3n o el diferimiento de la misma, teniendo en cuenta que es una atribuci\u00f3n exclusiva del Gobierno Nacional, previo concepto de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia; que no estaba corriendo el t\u00e9rmino para el traslado de la persona al territorio extranjero; que su competencia se limitaba a proferir la captura con fines de extradici\u00f3n y a tener la persona requerida a disposici\u00f3n hasta que el Ministerio de Justicia y del Derecho solicitara la entrega cuando la resoluci\u00f3n ejecutiva estuviera en firme; y que no se cumpl\u00eda con el requisito de legitimaci\u00f3n pasiva, por lo que ped\u00eda su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
3. La Direcci\u00f3n de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho narr\u00f3 lo acontecido en el tr\u00e1mite de extradici\u00f3n y refiri\u00f3 que la tutela era improcedente, pues contaba con otro mecanismo de defensa ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa; que solo interven\u00eda en la etapa administrativa inicial y final; y que hab\u00eda garantizado el debido proceso, el que tambi\u00e9n fue observado por la Corte Suprema de Justicia en la evaluci\u00f3n jur\u00eddica que efectu\u00f3. <\/p>\n
4. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia sostuvo que en auto de 13 de septiembre de 2022 le solicit\u00f3 a la Secretar\u00eda General de la Juridiscci\u00f3n Especial para la Paz JEP le informara si el accionante se someti\u00f3 al sistema integral de verdad, justicia, reparaci\u00f3n y no repetici\u00f3n, la que le inform\u00f3 que consultados los sistemas de gesti\u00f3n documental y judicial no encontr\u00f3 registro de Cristi\u00e1n Camilo C\u00f3rdoba Cuesta; que el 1\u00ba de marzo de 2021 emiti\u00f3 concepto favorable ante la solicitud de extradici\u00f3n; que remiti\u00f3 el expediente al Ministerio de Justicia y del Derecho; que se emiti\u00f3 la Resoluci\u00f3n 077 del 10 de abril de los corrientes en donde se concedi\u00f3 la extradici\u00f3n y orden\u00f3 el envi\u00f3 a los Estados Unidos de Am\u00e9rica, decisi\u00f3n que recurrida, se mantuvo; que el gestor no demostr\u00f3 que lo cobijara la garant\u00eda de no extradici\u00f3n de integrantes de la desmovilizada guerrilla de las Farc; que en el tr\u00e1mite el requerido ni su abogado mencionaron la existencia de una resoluci\u00f3n en la que supuestamente el actor fuera aceptado como compareciente en dicha jurisdicci\u00f3n y tampoco la allegaron al expediente; que la respuesta de la JEP fue posterior a la supuesta resoluci\u00f3n mencionada por el promotor; y que no conculc\u00f3 garant\u00eda esencial alguna. <\/p>\n
5. La Juridiscci\u00f3n Especial para la Paz JEP asever\u00f3 que seg\u00fan comunicaci\u00f3n de la Secretar\u00eda Judicial de la Sala de Definici\u00f3n de Situaciones Jur\u00eddicas se constat\u00f3 que el ahora accionante no fung\u00eda como aspirante o compareciente en ninguna Sala o Secci\u00f3n; que verific\u00f3 que la Resoluci\u00f3n 906 de 2021, como el oficio SDSJ#2940-2021 fueron expedidos en el marco de tr\u00e1mites adelantados dentro de expedientes de otros solicitantes; y que se absten\u00eda de pronunciarse frente a las pretensiones y hechos, pues no contaba con elementos o informaci\u00f3n para el efecto. <\/p>\n
6. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep\u00fablica adujo que no ten\u00eda competencia para decidir sobre la no extradici\u00f3n de personas; que no hab\u00eda cometido ninguna omisi\u00f3n que permitiera reclamar el amparo; que no exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva; que no se cumpl\u00eda con el requisito de la subsidiariedad, pues para debatir lo decidido en la Resoluci\u00f3n No. 077 de 2023 el accionante pod\u00eda acudir ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa; que no se observa que el tr\u00e1mite obviara alguna de las etapas previstas; que los derechos fundamentales del gestor no fueron vulnerados; que se cumplieron los requisitos de la Constituci\u00f3n, tratados internacionales y la ley; y que deprecaba su desvinculaci\u00f3n de esta acci\u00f3n excepcional. <\/p>\n
7. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Descendiendo al asunto que concita la atenci\u00f3n de la Corte, se advierte que la protecci\u00f3n constitucional solicitada no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, puesto que, tras emitirse el concepto favorable por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, el Gobierno Nacional resolvi\u00f3 conceder la extradici\u00f3n reclamada por el Gobierno de los Estados Unidos con Resoluci\u00f3n No. 077 del 10 de abril de los corrientes, la que fue confirmada en la No. 187 de 26 de junio siguiente, determinaci\u00f3n susceptible de ser atacada ante la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa, conforme lo consagra el art\u00edculo 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, lo que denota que el tutelante tiene a su alcance otro medio judicial id\u00f3neo de defensa. <\/p>\n
Sobre el particular, en un caso que guarda simetr\u00eda con el ac\u00e1 auscultado, esta Sala indic\u00f3: <\/p>\n
\u2026el gestor tiene a su alcance un remedio id\u00f3neo para plantear los reproches aqu\u00ed esgrimidos frente al Acto Administrativo que se emita, que es el que finalmente resolver\u00e1 sobre su situaci\u00f3n jur\u00eddica, consistente en la \u00abacci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho\u00bb consagrada en el canon 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, donde le es permitido allegar elementos de convicci\u00f3n e invocar la ilegalidad que le enrostra a la resoluci\u00f3n que se profiera (\u2026) <\/p>\n
Por ello debe reiterarse que esta especial justicia no puede arrogarse competencias para pronunciarse sobre una cuesti\u00f3n que en principio debe ser abordado por las v\u00edas legalmente establecidas, sobre aspectos que deben ser ventilados ante el juzgador natural, de consiguiente, sin asidero por esta ruta residual y extraordinaria\u2026 (CSJ STC17389-2019, 19 dic. 2019, exp. 2019-04122-00) <\/p>\n
Del mismo modo, en otro asunto en concordancia con el ahora estudiado, esta Corporaci\u00f3n sostuvo que: <\/p>\n
\u2026los cuestionamientos aqu\u00ed ventilados sobre las irregularidades acerca del estudio realizado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de los hechos que sustentan el petitum de extradici\u00f3n, puede expresarlos el gestor por v\u00eda de reposici\u00f3n ante el Gobierno Nacional, o en su defecto, a trav\u00e9s de las acciones contencioso administrativas, en el evento que el Presidente de la Rep\u00fablica decida acoger el concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
Sobre la procedibilidad de impugnar el acto administrativo que concede la extradici\u00f3n, expuso la Corte Constitucional: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l acto administrativo expedido por el Presidente de la Republica, en el que concluye el procedimiento especial de extradici\u00f3n, cuando es resuelto en favor del Estado requirente, constituye una decisi\u00f3n respecto de la cual proceden las acciones contencioso administrativas, particularmente la de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el art\u00edculo 85 del c\u00f3digo contencioso administrativo [hoy art\u00edculo 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo], sin perjuicio de que la persona afectada con las respectivas decisiones pueda ejercer la acci\u00f3n de tutela, siempre y cuando se presenten las hip\u00f3tesis previstas en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica (\u2026)\u201d2 (se resalta). <\/p>\n
Bajo ese contexto, resulta prematuro reclamar un pronunciamiento del juez constitucional, pues \u00e9ste no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, no siendo la acci\u00f3n de tutela una instancia paralela a otras actuaciones, por la cual se adopten decisiones que suplanten al funcionario competente\u00bb (CSJ STC125-2015, reiterada en STC8742-2016). <\/p>\n
3. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 138, Ley 1437 de 2011: Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jur\u00eddica, podr\u00e1 pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; tambi\u00e9n podr\u00e1 solicitar que se le repare el da\u00f1o. La nulidad proceder\u00e1 por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del art\u00edculo anterior. <\/p>\n
<\/p>\n
Igualmente podr\u00e1 pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparaci\u00f3n del da\u00f1o causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicaci\u00f3n. Si existe un acto intermedio, de ejecuci\u00f3n o cumplimiento del acto general, el t\u00e9rmino anterior se contar\u00e1 a partir de la notificaci\u00f3n de aquel. <\/p>\n
2\u0002 CC C-243\/09. <\/p>\n
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