STC7632-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC7632-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-01054-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 8 de junio de 2023, en la acci\u00f3n de tutela formulada por Jos\u00e9 Ricardo Camacho Toro contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de esa ciudad, y citados el Ingenio Pichich\u00ed SA y dem\u00e1s intervinientes en el proceso ordinario con radicado n\u00b0 2017-00479. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, mediante apoderado judicial invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que promovi\u00f3 juicio ordinario laboral contra Ingenio Pichich\u00ed SA con el fin de que se declarara y reconociera que las sumas de dinero recibidas desde el 1\u00ba de enero de 2014 hasta el 2 de enero de 2017 por concepto de \u00abpago de medios de transporte y otros\u00bb constitu\u00edan salario y base para liquidar las prestaciones sociales. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Cali en sentencia de 18 de diciembre de 2018 absolvi\u00f3 a la demandada de todas las pretensiones, decisi\u00f3n que la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad revoc\u00f3 el 29 de julio de 2019 para en su lugar, declarar que los rubros pagados por el Ingenio Pichich\u00ed SA en las fechas indicadas, por concepto de \u00abpago de medios de transporte\u00bb eran factor salarial, por lo tanto, hab\u00eda lugar a reliquidar las prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social en pensiones y la indemnizaci\u00f3n por despido sin justa causa. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que inconforme con ese pronunciamiento, el Ingenio Pichich\u00ed SA, interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n y, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral mediante sentencia SL4012-2022 de 31 de octubre de 2022 notificada por edicto de 29 de noviembre siguiente, dispuso casar el fallo de segundo grado y, en sede de instancia, resolvi\u00f3 confirmar la decisi\u00f3n proferida por el Juzgado de primera instancia. <\/p>\n
Explic\u00f3 que la Sala de Casaci\u00f3n accionada desconoci\u00f3 el precedente jurisprudencial, entre otras, las sentencias SL986-2021, SL4866-2020, SL8216-2016, SL1616-2022, en las que se han establecido los criterios para determinar el car\u00e1cter salarial de un pago y la carga de la prueba, vulnerando de esa forma el derecho a la igualdad y el principio de seguridad jur\u00eddica. <\/p>\n
Indic\u00f3 que adem\u00e1s, incurri\u00f3 en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, as\u00ed como en defecto f\u00e1ctico por indebida valoraci\u00f3n de las pruebas, porque hizo alusi\u00f3n a que el dinero cancelado por concepto de \u00abpago de medios de transporte y otros\u00bb ingres\u00f3 a su patrimonio y el material probatorio aportado lo demostraba. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 dejar sin efectos la sentencia SL4012-2022 y, en su lugar, ordenar a la Sala de Casaci\u00f3n accionada emitir una nueva sentencia acatando el precedente adoptado por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente y acogiendo las pretensiones formuladas en el proceso ordinario. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral indic\u00f3 que exist\u00eda incumplimiento del requisito de la inmediatez, puesto que la sentencia cuestionada fue notificada por edicto de 19 de noviembre de 2022, transcurriendo casi 6 meses a la presentaci\u00f3n de la tutela, t\u00e9rmino que, si lo que se buscaba era remediar un aludido perjuicio, no resultaba justamente razonable. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, no era cierto que esa Sala se hubiese apartado de los precedentes en los que se han establecido los criterios para determinar el car\u00e1cter salarial de un pago y la carga de la prueba, pues precisamente como qued\u00f3 evidenciado, al proferir la sentencia reprochada, se ci\u00f1\u00f3 plenamente a las directrices jurisprudenciales que sobre la materia imperan actualmente, sin que exista una trato diferenciado y carente de justificaci\u00f3n y por tanto discriminatorio, puesto que se ajust\u00f3 a los precedentes aplicables, y, asimismo, descart\u00f3 los defectos procedimental y f\u00e1ctico endilgados. <\/p>\n
2. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, destacando que para resolver el asunto se respet\u00f3 el debido proceso y se emiti\u00f3 fallo conforme a la norma y jurisprudencia vigente para la fecha que profiri\u00f3 la sentencia que puso fin a la segunda instancia. <\/p>\n
3. Ingenio Pichich\u00ed SA., solicit\u00f3 negar el amparo constitucional argumentando que no se cumplen los requisitos generales para su procedencia, entre ellos el de la subsidiariedad, pues antes de acudir a la acci\u00f3n de tutela le era posible al actor solicitar la declaraci\u00f3n de nulidad de la sentencia de casaci\u00f3n ante la misma Sala que profiri\u00f3 la decisi\u00f3n, as\u00ed como el de la inmediatez, toda vez que han transcurrido m\u00e1s de 6 meses de dictada la decisi\u00f3n cuestionada. Igualmente, se\u00f1al\u00f3 que contrario a lo afirmado por el accionante, se tuvieron en cuenta los precedentes de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente aplicables al caso. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, descart\u00f3 el incumplimiento del requisito de inmediatez, tras advertir que, si bien la sentencia cuestionada data de 31 de octubre de 2022, su notificaci\u00f3n apenas se produjo el 29 de noviembre siguiente, de modo que, desde ese entonces, hasta cuando se interpuso la acci\u00f3n de tutela -24 de mayo de 2023-, no transcurrieron m\u00e1s de 6 meses. <\/p>\n
Con todo, al revisar la sentencia objeto de cuestionamiento, advirti\u00f3 que contrario a lo alegado por el interesado, la misma se ofrec\u00eda razonable y ajustada, tanto a la normativa como a la jurisprudencia aplicable al caso concreto, situaci\u00f3n que hac\u00eda de su contenido una argumentaci\u00f3n plausible que no pod\u00eda ser calificada como caprichosa. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que, la Sala accionada dej\u00f3 en claro que seg\u00fan el contenido de diversas sentencias proferidas por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, y, la norma aplicable al asunto, la reclamaci\u00f3n patrimonial efectuada por Jos\u00e9 Ricardo Camacho Toro no ten\u00eda vocaci\u00f3n de prosperidad, por cuanto que, del caudal probatorio aportado al proceso, pod\u00eda deducirse que los pagos realizados a su favor por concepto de \u00abmedio de transporte y otros\u00bb, no constitu\u00edan factor salarial en la medida que los mismos ten\u00edan por objetivo, no acrecentar el patrimonio del trabajador, sino facilitarle la ejecuci\u00f3n de sus tareas. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por el accionante, quien manifest\u00f3 no estar de acuerdo \u00abcon ninguna de las consideraciones expuestas por la Sala, viol\u00e1ndose los derechos fundamentales y desconociendo el precedente judicial que fija los criterios para determinar el car\u00e1cter salarial de un pago que se constituye como salario\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Sala que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de remediar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el se\u00f1or Jos\u00e9 Ricardo Camacho Toro cuestiona la sentencia SL4012-2022, proferida por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral el 31 de octubre de 2022, a trav\u00e9s de la cual dispuso casar el fallo de segundo grado y, en sede de instancia confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Cali que neg\u00f3 las pretensiones en el proceso ordinario que inici\u00f3 contra Ingenio Pichich\u00ed SA., con el fin de que se declarara que las sumas de dinero recibidas desde el 1\u00ba de enero de 2014 hasta el 2 de enero de 2017 por concepto de \u00abpago de medios de transporte y otros\u00bb, constitu\u00eda salario para liquidar las prestaciones sociales. <\/p>\n
3. Analizados los fundamentos de la inconformidad del reclamante, se anticipa la confirmaci\u00f3n de la providencia impugnada, teniendo en cuenta que, una vez examinados los argumentos expuestos por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 2, no se identific\u00f3 el ejercicio de una actividad judicial arbitraria susceptible de ser remediada a trav\u00e9s de esta v\u00eda extraordinaria, como pasa a exponerse. <\/p>\n
3.1 En efecto, la Corporaci\u00f3n accionada al estudiar los dos cargos formulados por Ingenio Pichich\u00ed SA., plante\u00f3 como problema jur\u00eddico, establecer si el rubro de \u00abmedios de transporte\u00bb que fue percibido por el demandante, constitu\u00eda una retribuci\u00f3n directa del servicio prestado, que llevaba a concluir que era factor salarial. <\/p>\n
Enseguida, indic\u00f3 lo se\u00f1alado en la sentencia SL1798-2018, en la que reiter\u00f3 la regla general seg\u00fan la cual todo lo recibido por el trabajador se ten\u00eda, en principio, como retributivo de su servicio y, la excepci\u00f3n a la misma, igualmente cit\u00f3 las sentencias SL7820-2014 y SL986-2021 en las que se puntualiz\u00f3 que deb\u00eda entenderse por retribuci\u00f3n directa del servicio y el alcance del art\u00edculo 128 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, y sobre su contenido expuso, <\/p>\n
(\u2026) En s\u00edntesis, al trabajador le corresponde acreditar que un pago es habitual, peri\u00f3dico y permanente, mientras que el empleador debe probar que el prop\u00f3sito era facilitar el cabal desempe\u00f1o de las funciones y que, por tanto, tales sumas no ten\u00edan fuente pr\u00f3xima o inmediata el servicio personal por \u00e9l prestado, de manera que carecen de incidencia prestacional. <\/p>\n
En otras palabras, \u00abel empleador [\u2026] tiene la carga de demostrar que ciertos pagos regulares no tienen como finalidad directa la de retribuir los servicios del trabajador ni enriquecer su patrimonio, sino que tienen una destinaci\u00f3n diferente, como puede ser la de garantizar el cabal cumplimiento de las labores o cubrir determinadas contingencias (CSJ SL12220-2017, CSJ SL1437-2018, CSJ SL5159-2018)\u00bb (CSJ SL986-2021) exigencia \u00faltima que, conforme a la misma parte opositora advierte, fue acreditada por la demandada, ya que como \u00e9sta lo asegura, el colegiado no pas\u00f3 por alto que el valor que origin\u00f3 el conflicto era utilizado para los gastos de movilizaci\u00f3n en los que incurr\u00eda el actor para desplegar sus funciones, circunstancia que se corrobora con el an\u00e1lisis objetivo de las pruebas denunciadas en el ataque\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, procedi\u00f3 a efectuar el estudio de las pruebas, entre ellas, i) la confesi\u00f3n judicial contenida en el interrogatorio de parte que le fue practicado al demandante y el hecho 12 de la demanda y ii) el documento de 26 de enero de 2016 donde las partes pactaron que los pagos por medios de transporte no constituir\u00edan salario. <\/p>\n
En relaci\u00f3n a la primera, se\u00f1al\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) Seg\u00fan lo tiene establecido la Corte, el interrogatorio de parte y el escrito primigenio como pieza procesal no constituyen una \u00abprueba apta para estructurar el yerro f\u00e1ctico\u00bb en casaci\u00f3n \u00aba menos que contenga confesi\u00f3n\u00bb, lo que supone que los hechos afirmados en las respuestas dadas o en el escrito primigenio versen sobre situaciones f\u00e1cticas que \u00abproduzcan consecuencias jur\u00eddicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria\u00bb (CSJ SL2768-2022, CSJ SL3668-2015), circunstancia que no puede predicarse frente al hecho 12 de la demanda, pero si respecto del interrogatorio de parte, pues, en el primero no se hizo alusi\u00f3n a ninguna situaci\u00f3n que le genera efectos negativos al petente o favoreciera a la convocada a juicio, ya que all\u00ed se expres\u00f3: <\/p>\n
D\u00c9CIMO SEGUNDO: A pesar de que en el documento de fecha enero 26 de 2016 se expresa que la suma de $2.964.783,oo no es retributiva del servicio, ello no corresponde a la realidad, pues aunque mi mandante acept\u00f3 el ofrecimiento tal como lo redact\u00f3 su empleador adem\u00e1s de desarrollar sus funciones habituales de su cargo deb\u00eda desempe\u00f1ar funciones adicionales que a continuaci\u00f3n se describen: las cuales deb\u00eda realizar en el veh\u00edculo de su propiedad <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Mientras que, en el segundo, el promotor del proceso afirm\u00f3 ante los cuestionamientos que se le hicieron sobre el devengo \u00abmedios de transporte y otros\u00bb reconocido por la empresa, que lo destinaba a pagar mantenimiento, combustible, llantas, cambio de aceite, que era cierto que, estaba dirigido a cubrir los costos que le implicaba movilizarse en el carro de su propiedad y visitar las \u00e1reas asignadas de las fincas que ten\u00eda a su cargo para supervisar. <\/p>\n
Ahora, el hecho de que parte de lo cancelado por Ingenio fuera destinado por el trabajador para otra finalidad diferente a la buscada por la empresa, como lo era la cancelaci\u00f3n de la cuota del automotor, no implica, como equivocadamente lo concluy\u00f3 el ad quem, que la accionada no cumpli\u00f3 con la carga de acreditar -como lo exige el ordenamiento jur\u00eddico y la jurisprudencia- que dicho emolumento ten\u00eda como objetivo garantizar el cabal cumplimiento de las labores, pues el demandante fue conteste en afirmar que efectivamente era usado para sufragar los costos que le implicaban el recorrido de las largas distancias que deb\u00eda cubrir para ejecutar sus funciones\u00bb. <\/p>\n
En punto al documento de 26 de enero de 2016, en el que las partes pactaron que los pagos por medios de transporte no constitu\u00edan salario, indic\u00f3 que, si bien el Tribunal Superior se limit\u00f3 a se\u00f1alar que el mismo ten\u00eda como finalidad facilitar los medios de transporte al demandante para garantizar el cumplimiento de las actividades encargadas y, que la sola circunstancia de acordar la desalarizaci\u00f3n de unos pagos, no conduc\u00eda inexorablemente a inferir un convencimiento de no ser factor para liquidar las prestaciones sociales causadas, lo cierto era que la conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 el fallador de segundo grado luego de analizar las pruebas obrantes en el expediente fue desacertada, por cuanto, <\/p>\n
(\u2026) conforme a lo confesado por el petente m\u00e1s el hecho de que el pacto cumple con las caracter\u00edsticas de ser expreso, claro y preciso al detallar el rubro que cobija y la cantidad destinada, no hab\u00eda lugar a acudir a la regla general seg\u00fan la cual, en caso de duda, si un emolumento es o no salario, debe concluirse para todos los efectos que es retributivo del servicio; planteamiento que se refuerza con los documentos denunciados como no estimados como se evidencia en los escritos de f.\u00b0 194 y 197 del cuaderno 2 que corresponde a los acuerdos de exclusi\u00f3n salarial que suscribieron las partes el 27 de febrero de 2013, el 16 de mayo y el 1\u00ba de agosto de 2014, as\u00ed como el 1\u00ba de enero de 2015, con iguales caracter\u00edsticas al del 2016 atr\u00e1s valorado, pero con una suma de dinero diferente. <\/p>\n
Por su parte a f.\u00b0 200 a 2003 ibidem reposan los memorandos dirigidos por el gerente general del Ingenio a la directora de gesti\u00f3n humana, en donde se le informan las tarifas por concepto de medios de transporte que se cancelaran, a partir del 1\u00ba de enero de 2013 y en los a\u00f1os subsiguientes, en los que se observa que se tienen en cuenta dos variables el cargo y el kilometraje a recorrer\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, determin\u00f3 que, seg\u00fan las pruebas, exist\u00eda constancia de que realmente lo pagado por Ingenio Pichich\u00ed SA. a Jos\u00e9 Ricardo Camacho Toro bajo el concepto de \u00abpagos medios de transporte\u00bb, estaba destinado a facilitar la ejecuci\u00f3n de las funciones del demandante, para lo cual, seg\u00fan tambi\u00e9n qued\u00f3 acreditado en el expediente, deb\u00eda recorrer entre 3500-4000 kil\u00f3metros mensuales, es decir alrededor de 115 y 180 diarios en un veh\u00edculo del cual era propietario, debido a que ten\u00eda que visitar diferentes fincas en donde el empleador desarrollaba su objeto comercial, raz\u00f3n por la cual el Ingenio le reconoc\u00eda esa suma con el fin de que el trabajador pudiera cubrir los costos que tales recorridos le representaban, como \u00e9l mismo lo acept\u00f3. <\/p>\n
Por \u00faltimo, destac\u00f3, \u00abLo previo se acompasa con lo ordenado por el art\u00edculo 128 del CST, seg\u00fan el cual no tienen car\u00e1cter salarial aquellos pagos que no enriquecen el patrimonio del trabajador, sino que facilitan el desempe\u00f1o a cabalidad de las funciones y que, se insiste, no adquieren una naturaleza distinta por el hecho de que el trabajador los destine para efectos personales, pues esa no fue la intenci\u00f3n con la cual fueron cancelados por la empresa, de manera que, habr\u00e1 de casarse la sentencia fustigada, raz\u00f3n por lo cual no hay lugar a pronunciarse frente al segundo embate planteado ya que su estaba destinado a cuestionar la condena al pago de la sanci\u00f3n moratoria sobre los rubros catalogados como prestacionales\u00bb. <\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, determin\u00f3 la prosperidad del recurso y dispuso casar la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali el 29 de julio de 2019 y, en sede de instancia, resolvi\u00f3 confirmar la decisi\u00f3n proferida por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de la misma ciudad el 18 de diciembre de 2018. <\/p>\n
4. Tal y como se anunci\u00f3, la sentencia constitucional impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, como quiera que no se evidenci\u00f3 desafuero o arbitrariedad manifiesta que revele los defectos procedimental y f\u00e1ctico alegados por Jos\u00e9 Ricardo Camacho Toro y que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior teniendo en cuenta que, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en el razonable entendimiento de las normas aplicables al caso concreto, la jurisprudencia de la Sala permanente que rige la materia y las pruebas aportadas, lo que le llev\u00f3 a concluir que el Tribunal Superior de Cali err\u00f3 al determinar que la demandada, no demostr\u00f3 que efectivamente las sumas de dinero reconocidas a Jos\u00e9 Ricardo Camacho Toro como \u00abpagos de medios de transporte\u00bb ten\u00edan como \u00fanica finalidad la de facilitar la ejecuci\u00f3n de las labores encomendadas, porque por el contrario, existi\u00f3 constancia de que lo otorgado bajo dicho concepto estaba destinado a facilitar la ejecuci\u00f3n de sus funciones, conclusi\u00f3n que se acompasa con lo establecido en el art\u00edculo 128 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, seg\u00fan el cual no tienen car\u00e1cter salarial aquellos pagos que no enriquecen el patrimonio del trabajador. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, las divergencias exteriorizadas por Jos\u00e9 Ricardo Camacho Toro a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, frente a lo decidido en la sentencia objeto de su inconformidad, no resultan suficientes para que acuda al juez constitucional, con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido por el juzgador correspondiente. (CSJ. STC 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en la STC 1212-2022). <\/p>\n
Se resalta que la diferencia de criterio que pudiera tener el accionante con la argumentaci\u00f3n rese\u00f1ada, no permite predicar arbitrariedad, como lo ha advertido esta Sala en m\u00faltiples oportunidades. (CSJ. STC825-2020, reiterada en STC2260-2022, entre otras). <\/p>\n
6. Ahora, ante la expectativa de la accionante para que en esta sede de efect\u00fae una valoraci\u00f3n de las pruebas aportadas en el proceso laboral cuestionado o se determine si las mismas fueron apreciadas correctamente, se precisa que, el juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de fallador de instancia para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos probatorios. <\/p>\n
Asimismo, como lo ha reiterado esta Sala, la valoraci\u00f3n probatoria es donde m\u00e1s se demuestra la autonom\u00eda e independencia del Juez, pues es \u00e9l, quien puede apreciar y valorar el material probatorio de la forma m\u00e1s id\u00f3nea, fundament\u00e1ndose en el principio de la sana cr\u00edtica. (CSJ. STC7065-2019, STC8884-2020, STC 2462-2021 y STC2622-2022, entre muchas otras). <\/p>\n
7. En relaci\u00f3n al desconocimiento del precedente alegado por el reclamante, debe indicarse que, contrario a su afirmaci\u00f3n la Sala de Casaci\u00f3n accionada fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en las directrices que sobre la materia rigen el asunto, al punto que cit\u00f3 la sentencia SL986-2021, misma que refiri\u00f3 el actor en el escrito de tutela como presuntamente desconocida. <\/p>\n
8. Resta indicar que esta Sala en pronunciamientos recientes se ha referido al respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo. Postura que se ha venido acogiendo con m\u00e1s firmeza a partir de los precedentes STC13814-2021, STC13815-2021, STC13816-2021, STC2310-2022 y, STC3514-2022 entre otros. <\/p>\n
9. De conformidad con lo expuesto, la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC7632-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente STC7632-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-01054-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de dos de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75338","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75338","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75338"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75338\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75338"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75338"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75338"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}