STC7634-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7634-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-01187-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de dos de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por la convocante frente a la sentencia del pasado 27 de junio, emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte, en la acci\u00f3n de tutela impulsada por Ana Jes\u00fas Lozano Llanos contra la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de esta misma Corporaci\u00f3n y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, Sala Laboral, as\u00ed como respecto al Juzgado Primero Laboral de Palmira. Al tr\u00e1mite fueron vinculados Colpensiones y la Procuradur\u00eda delegada. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. La promotora deprec\u00f3 el patrocinio de sus prerrogativas esenciales al debido proceso, \u00abm\u00ednimo vital, igualdad ante la ley y (\u2026) justicia\u00bb, presuntamente conculcadas por la Colegiatura repelida. Y en concreto, se ordene restar valor a lo dirimido dentro del expediente laboral n.\u00b0 \u00ab2018-00345\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El sustrato f\u00e1ctico relevante, es el que enseguida se devela: <\/p>\n
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1. Ante el Juzgado Primero Laboral de Palmira se surti\u00f3, bajo la numeraci\u00f3n descrita a espacio, demanda de la titular del pedimento de resguardo de marras contra Colpensiones, dirigida a que \u00abse le reconociera y pagara (\u2026) pensi\u00f3n de sobrevivientes por el fallecimiento de su compa\u00f1ero permanente\u00bb, Israel Garc\u00eda Bland\u00f3n (q.e.p.d.), \u00aba la luz (\u2026) de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa y (\u2026)el Acuerdo 049 de 1990\u00bb, m\u00e1s los \u00abintereses moratorios\u00bb e \u00abindexaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. De la contienda provino fallo adverso el 3 de julio de 2020, ratificado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, Sala Laboral, mediante pronunciamiento de 20 de agosto de 2021, en sede de apelaci\u00f3n de la ah\u00ed reclamante -ahora quejosa-, el cual, a su turno, no fue casado por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte a trav\u00e9s de veredicto CSJ SL835, 22 mar. 2023, rad. 95246, por recurso del mismo extremo litigioso. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La tutelante critic\u00f3 que tanto el juez extraordinario como los de instancia rehusaran analizar su caso desde la condici\u00f3n de sujeto de especial protecci\u00f3n que le asiste -al ser mujer y persona de avanzada edad-, en los t\u00e9rminos de la jurisprudencia constitucional, en cuanto a la aplicaci\u00f3n del Acuerdo 049 de 1990 (CC SU-005\/18). <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n y el Tribunal fustigados se opusieron, por aparte, al \u00e9xito de la clama, por ausencia de vulneraci\u00f3n. Colpensiones se refiri\u00f3 en parecida orientaci\u00f3n. El P.A.R.I.S.S.1 expuso que los ataques le son extra\u00f1os. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Rehus\u00f3 conceder la salvaguarda al encontrar, en \u00faltimas, que la providencia casacional denunciada no se percibe descabellada ni irrazonable. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La intent\u00f3 la convocante, sin dilucidar motivos de disenso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Al tenor del precepto 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de las garant\u00edas esenciales, susceptible de activar siempre que resulten vulneradas o en peligro inminente por las autoridades p\u00fablicas y los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento doctrinario, en lo que concierne a las actuaciones judiciales, el resguardo cabe de manera excepcional y ce\u00f1ido a la presencia de una irrefutable anomal\u00eda, si \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios (\u2026) previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01) y, obvio, de aparecer el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Compete indagar en sus cimientos el fallo CSJ SL835, 22 mar. 2023, rad. 95246, al ser el que a la postre acab\u00f3 por definir, en senda extraordinaria de casaci\u00f3n, cualquier debate acerca de la reclamaci\u00f3n de la ahora impulsora, al interior del litigio laboral n.\u00b0 \u00ab2018-00345\u00bb. <\/p>\n
N\u00f3tese que, en lo medular, all\u00ed se acot\u00f3: <\/p>\n
(\u2026)[N]o es materia de discusi\u00f3n que el causante cuenta con cotizaciones de 384.43 [semanas], entre julio de 1973 y agosto de 1996; falleci\u00f3 el 29 de diciembre de 2011; no cumple el n\u00famero de 50 semanas de cotizaci\u00f3n en el trienio anterior a su muerte, tampoco 26 semanas de cotizaci\u00f3n en el a\u00f1o inmediatamente anterior conforme con el literal b) del art\u00edculo 46 de la Ley 100 de 1993 y su \u00faltimo aporte fue en agosto de 1996. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
De esa manera, bajo la l\u00ednea de esta Corporaci\u00f3n, se concluye que el juzgador de alzada no se equivoc\u00f3, por cuanto las semanas que el causante ten\u00eda aportadas al Instituto con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, no pueden ser entendidas como un derecho adquirido, ya que, ante la incertidumbre de la ocurrencia de la muerte, que se resalta tuvo lugar despu\u00e9s de las modificaciones legales, el causante estaba cobijado por los cambios normativos; por manera que, para la fecha en que falleci\u00f3 el se\u00f1or Israel Garc\u00eda Bland\u00f3n, 29 de diciembre de 2011, la Ley aplicable era la 797 de 2003 y no el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, como acertadamente lo infiri\u00f3 el juzgador. <\/p>\n
Ahora bien, sobre la fuerza vinculante del precedente constitucional, debe reiterarse la doctrina de esta Corporaci\u00f3n, expuesta en sentencia CSJ SL184-2021, as\u00ed: <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En ese contexto, teniendo en cuenta que los principios constitucionales no son absolutos y su aplicaci\u00f3n debe ser proporcional -a fin de no quebrantar otros bienes jur\u00eddicos Superiores importantes para los individuos y la sociedad-, esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, frente a los efectos inter partes y a la ratio decidendi de la sentencia SU-05-2018, se aparta de su contenido -deber de transparencia-, por las razones que se expone a continuaci\u00f3n -deber de argumentaci\u00f3n suficiente- (C-621-2015 y SU-354-2017). <\/p>\n
En esa providencia, dicha autoridad judicial estableci\u00f3 que es posible la aplicaci\u00f3n plus ultractiva de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, cuando se cumplan los siguientes requisitos: (i) se trate de un afiliado al sistema general de seguridad social en pensiones que fallece en vigencia de la Ley 797 de 2003, (ii) no acredite 50 semanas de aportes durante los tres a\u00f1os anteriores al deceso, para dejar causado el derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, (iii) pero s\u00ed re\u00fane el n\u00famero m\u00ednimo de semanas cotizadas exigidas en el r\u00e9gimen anterior. <\/p>\n
Igualmente, asent\u00f3 que es procedente la acci\u00f3n de tutela para reclamar la pensi\u00f3n de sobrevivientes, cuando se cumplan con las siguientes condiciones del test de procedencia: (i) pertenecer a un grupo de especial protecci\u00f3n constitucional o encontrarse en uno o varios supuestos de riesgo, tales como analfabetismo, vejez, enfermedad, pobreza extrema, cabeza de familia o desplazamiento; (ii) tener afectaci\u00f3n directa de la satisfacci\u00f3n de necesidades b\u00e1sicas, esto es, su m\u00ednimo vital; (iii) depender econ\u00f3micamente del causante antes de su fallecimiento, de tal manera que la pensi\u00f3n de sobreviviente sustituye el ingreso; (iv) al afiliado no le fue posible seguir cotizando las semanas previstas en el sistema general de pensiones para dejar causada la pensi\u00f3n de sobrevivientes, y (v) la persona reclamante tuvo una actuaci\u00f3n diligente en adelantar las solicitudes administrativas o judiciales para solicitar el reconocimiento de tal prestaci\u00f3n. <\/p>\n
A juicio de esta Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la pr\u00e1ctica, esa decisi\u00f3n significa la aplicaci\u00f3n absoluta e irrestricta del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa e impone reglas diferentes a las legales para el reconocimiento de la prestaci\u00f3n de sobrevivencia, las cuales, a su vez, pueden afectar la eficacia de las reformas introducidas al sistema pensional. As\u00ed mismo, desconoce los principios de aplicaci\u00f3n en el tiempo de la legislaci\u00f3n de seguridad social, principalmente los de aplicaci\u00f3n general e inmediata y de retrospectividad. <\/p>\n
Por otra parte, la aplicaci\u00f3n ultractiva de normativas derogadas en una sucesi\u00f3n de tr\u00e1nsitos legislativos, afecta el principio de seguridad jur\u00eddica, pues genera incertidumbre sobre la disposici\u00f3n aplicable, en la medida en que el juez podr\u00eda hacer un ejercicio hist\u00f3rico para definir la concesi\u00f3n del derecho pensional, con aquella que m\u00e1s se ajuste a los intereses del reclamante, en detrimento de los de car\u00e1cter general, lo cual, seg\u00fan el criterio de la Sala, no es posible (\u2026)\u2026 <\/p>\n
\u2026En s\u00edntesis, es preciso indicar que no se trata de desconocer el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa sino de delinear correctamente su campo de aplicaci\u00f3n y actualizarlo conceptualmente bajo la \u00e9gida del modelo constitucional de prevalencia del inter\u00e9s general sobre el particular, la solidaridad y la garant\u00eda de efectividad de los derechos fundamentales sociales. <\/p>\n
Conceder tal prestaci\u00f3n seg\u00fan la tesis propuesta por la impugnante, ser\u00eda tanto como desconocer de manera frontal el efecto de la retrospectividad de la ley, dando aplicaci\u00f3n a una disposici\u00f3n que, de manera expresa, fue derogada. <\/p>\n
Entonces, se reitera, a\u00fan a riesgo de fatigar, en el presente caso no podemos hablar de la existencia de una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta protegida por el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, sino de una mera expectativa, y a las voces elocuentes del art\u00edculo 17 de la Ley 153 de 1887, las meras expectativas no constituyen derecho contra la ley nueva que las anule o cercene, lo que, simple y llanamente, puede resumirse en el vetusto aforismo \u00abde la nada, nada puede resultar\u00bb. <\/p>\n
No habiendo fundamento o razones que permitan el cambio de la l\u00ednea trazada por esta Corporaci\u00f3n y siendo coherente con lo discurrido, el cargo no sale victorioso\u2026 <\/p>\n
Veredicto que al margen de compartirse no subyace arbitrario, subjetivo o antojadizo, lo que descarta las trasgresiones alegadas, las cuales no encuentran recibo en esta calzada excepcional de ayuda. <\/p>\n
Es que, en rigor, la inicialista revela un mero desacuerdo en torno a la forma en que la Corporaci\u00f3n encartada dispuso no casar el fallo de segunda instancia, adverso a sus aspiraciones, luego de aplicar el precedente vigente de la misma Sala para ese tipo de controversias. Planteamientos que dif\u00edcil es desechar de plano, o calificarlos de absurdos o aviesos, \u00abm\u00e1xime si (\u2026) no resulta[n] contrari[os] a la raz\u00f3n, es decir, si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado\u2026, ya que (\u2026) se desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico(…) y [se] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente\u00bb en el finiquite del \u00abconflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 01451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016). <\/p>\n
Divergir del basamento de una resoluci\u00f3n judicial no desemboca, a simple vista, en una lesividad ostensible, si en cuenta se tiene que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para [compelir] al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 00009-01; CSJ STC, 27 jun. 2012, rad. 00088-01; y CSJ STC, 12 ag. 2013, rad. 00125-01; reiterada en STC18711, 10 nov. 2017). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Lo consignado conlleva, ergo, a resolver de modo reafirmatorio, no sin antes precisar, de cara al atribuido soslayo de jurisprudencia constitucional, que para esta Magistratura es crucial el respeto por los pronunciamientos judiciales, y m\u00e1s si provienen de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles causales de procedibilidad del amparo, no atisbadas en el debate sub examine. Postura que se ha venido prohijando con m\u00e1s ah\u00ednco a partir de los fallos CSJ STC13814, STC13815 y STC13816 de 2021 (14 oct.). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el canal m\u00e1s \u00e1gil. Rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
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