STC7655-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7655-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2023-01014-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dos de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada1 frente al fallo proferido por la Sala Civil de Decisi\u00f3n Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras de Bogot\u00e1 el 29 de junio de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Ivonne Patricia Cuellar D\u00edaz contra los Juzgados Dieciocho Civil Municipal, Quince Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias y Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, todos de esta ciudad; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados Ruby Ca\u00f1\u00f3n Cortes, el Fondo Nacional del Ahorro, as\u00ed como los dem\u00e1s intervinientes en el juicio ejecutivo rad. n.\u00b0 2004-00710. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, m\u00ednimo vital, vivienda digna, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, presuntamente vulneradas por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Afirma que, junto con otros deudores, adquiri\u00f3 un cr\u00e9dito hipotecario en UPAC, siendo posteriormente \u00abREDENOMINADO (\u2026) a UVR y RELIQUIDADO unilateralmente por la entidad financiera [-extinto Granahorrar-] en formato 254, empero sin Reestructurar (\u2026), violando lo consagrado en el par\u00e1grafo 3 del art\u00edculo 42 de la ley 546 de 199[9], y el precedente constitucional C-955 de 2000\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Dijo que pasando por alto lo anterior, el ente acreedor adelant\u00f3 cobro ejecutivo, asunto que en principio correspondi\u00f3 al Juzgado Dieciocho Civil Municipal de Bogot\u00e1 (rad. n.\u00b0 2004-00710), quien emiti\u00f3 orden de pago \u00absin revisar el b\u00e1culo ejecutor SIN CUMPLIMIENTO LEGAL y posteriormente emite sentencia (\u2026), omitiendo la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb, e igualmente \u00abniega las nulidades presentadas\u00bb, as\u00ed como las solicitudes de terminaci\u00f3n del proceso que en ese sentido se han formulado, y ello, a pesar de que la falta de tal requisito \u00abse convierte en una limitaci\u00f3n insuperable para que se presente una demanda y\/o se contin\u00fae con el proceso\u00bb.<\/p>\n
3. Finalmente, destaca que encontr\u00e1ndose el asunto en etapa de ejecuci\u00f3n ha insistido en tales pretensiones ante el despacho que actualmente lo conoce, por lo que puntualiza que \u00ab[e]sta acci\u00f3n de tutela se dirige contra las decisiones que se profirieron sobre el incidente de nulidad constitucional [tramitado] por [el] Juzgado 15 DE EJECUCI\u00d3N CIVIL MUNICIPAL Y 4 CIVIL DE CIRCUITO DE BOGOT\u00c1 donde los operadores judiciales han incurrido en claras v\u00edas de hecho (\u2026) por no seguirse las formas propias dentro de este proceso, no aplicarse la ley, los precedentes constitucionales y jurisprudenciales preexistentes\u00bb, para lo cual cita diferentes sentencias emitidas por esta corporaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En consecuencia, pide \u00abdejar sin efecto la sentencia que orden[\u00f3] seguir adelante la ejecuci\u00f3n y\/o declarar la nulidad de todo lo actuado incluyendo el mandamiento de pago dentro del proceso n\u00famero 2004-00710\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La secretaria del Juzgado Dieciocho Civil Municipal de esta localidad, inform\u00f3 que \u00abla custodia y tramite del proceso no se encuentra en cabeza de este Despacho judicial, por el contrario en el accionado Juzgado 15 Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, lo que impide un estudio a profundidad de los hechos y pretensiones\u00bb y subray\u00f3 que \u00abposterior a su env\u00edo m\u00e1s de un a\u00f1o y cinco meses se solicita la nulidad de tramite adelantado en el proceso por parte de la accionante, faltando al principio de inmediatez\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, se\u00f1al\u00f3 que conoci\u00f3 \u00abdel recurso de queja concedido por Juzgado 15 Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, dentro del radicado 110014003-018-2004-00710-01. La providencia respecto de la cual se neg\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n, correspondi\u00f3 a aquella que neg\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso. (\u2026) El expediente ingres[\u00f3] al despacho el 29 de marzo de 2023, y \u00e9ste juzgado resolvi\u00f3 con auto de fecha 30 de marzo del a\u00f1o en curso, declarando bien denegado el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb e indic\u00f3 que no ha desconocido derechos fundamentales de la accionante. <\/p>\n
3. La Juez Quince Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, afirm\u00f3 que \u00ab(i) los argumentos para negar la terminaci\u00f3n del proceso por falta de reestructuraci\u00f3n se esbozaron en la providencia de julio 29 del 2022 (ii) contra esa decisi\u00f3n no se interpuso recurso alguno, ni reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n quedando en firme y ejecutoriada\u00bb, por lo que solicit\u00f3 \u00abse niegue el amparo por subsidiariedad\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles Municipales de esta ciudad, remiti\u00f3 el link de acceso al expediente digital objeto de queja. <\/p>\n
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2. El curador ad litem designado solicit\u00f3 \u00abse ampare el derecho de la [accionante] que al estar en una situaci\u00f3n de indefensi\u00f3n y no contar con una vivienda (\u2026), se d\u00e9 cumplimiento en aplicaci\u00f3n a lo ordenado en las Sentencias emanadas de juez superior y debidamente ejecutoriada, a lo dispuesto en los art\u00edculos 20 y 42 de [la] ley 546 de 1999 para los cr\u00e9ditos de vivienda adquiridos en UPAC, de acuerdo a los condicionamientos de asequibilidad establecido en el precedente constitucional C955 de 26 de Julio de 2.000, para el cr\u00e9dito de vivienda de la referencia y el cumplimiento de lo consagrado por ministerio de la ley, la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, conforme lo establece de manera perentoria y obligatorio su cumplimiento la ratio decidendi de la sentencia SU-813 de 2007\u00bb. <\/p>\n
6. El Fondo Nacional del Ahorro dijo que \u00abluego de un an\u00e1lisis factico y jur\u00eddico de los hechos plasmados en el libelo de la acci\u00f3n constitucional, hacemos saber que los mismos no nos constan, puesto que, lo relatado por el actor en el libelo de la acci\u00f3n constitucional no son del resorte del FNA\u00bb y aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n por pasiva. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo tras hacer un recuento de las actuaciones surtidas en la ejecuci\u00f3n bajo estudio y concluir que \u00abel despacho judicial de conocimiento accionado aport\u00f3 prueba de que el inmueble en menci\u00f3n fue nuevamente enajenado a favor de la se\u00f1ora Ruby Ca\u00f1\u00f3n Cort\u00e9s, quien resulta ser tercera ajena al v\u00ednculo contractual inicial entre Banco Granahorrar S.A. y la aqu\u00ed tutelante, que dio cabida al tr\u00e1mite ejecutivo cuestionado\u00bb, por tanto \u00abla presente tutela resulta improcedente por inobservancia del principio de inmediatez, bajo los derroteros jurisprudenciales relatados, toda vez que su proposici\u00f3n es posterior a la consumaci\u00f3n del acto de enajenaci\u00f3n a un tercero de buena fe del inmueble que pretende la accionante que se le restituya\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la querellante para insistir en los argumentos de su demanda tutelar, resaltando que \u00ab[a]l verificar el recorrido de las actuaciones se le hizo saber no solo de parte y sino a garrafal yerro el Curador ad litem a petici\u00f3n la terminaci\u00f3n por la falta de este requisito en el a\u00f1o 2022; en fecha 17 de marzo \/2022, en la pretensi\u00f3n la misma ley la embiste de oficiosidad, en fecha 29 de julio \/2022 neg\u00f3 la solicitud. en curso del proceso, brill[\u00f3] por ausencia esa valoraci\u00f3n de ese defecto, desconociendo la RESTRUCTURACION, siendo este derecho irrenunciable del deudor, y en especial lo que es deber de la entidad financiera, empero el desconocimiento por el operador judicial, a pesar que se alleg[\u00f3] a ese despacho en acto propio de la entidad NO HABER REALIZADO LA REESTRUCTURACION, y contaba con sendas decisiones de tribunales y \u00f3rgano de cierre en materia civil\u00bb; as\u00ed mismo, indic\u00f3 que \u00abSE CONSERTARON, PARA ENGA\u00d1AR NO SOLO AL DESPACHO Y ESTE DEJO TRASCURRIR EL TIEMPO, SIN TOMAR MEDIDAS PARA TRANCAR EL ACTUAR DE LA CESIONARIA\u00bb. <\/p>\n
Los argumentos anteriores fueron reiterados en escrito posterior presentado ante esta sede, en el que adem\u00e1s dijo \u00abNo cuento con otro sitio donde vivir. VIENDOME AFECTADA MI SALUD\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si se satisface el presupuesto general de inmediatez y, de superarse lo anterior, si el Juzgado Quince Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 -por tratarse del estrado actual cognoscente del asunto rad. n\u00b0 2004-00710-, vulner\u00f3 los derechos fundamentales invocados por la accionante, al negar la solicitud de terminaci\u00f3n del proceso por falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito de vivienda con fundamento en la ley 546 de 1999. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
En l\u00ednea de principio, se ha reiterado que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n no procede contra este tipo de actuaciones, ya que al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la jurisprudencia especializada ha determinado los presupuestos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). Se subraya. <\/p>\n
3. Del caso concreto. Ausencia del presupuesto de inmediatez al tratarse de una ejecuci\u00f3n por cr\u00e9dito de vivienda. <\/p>\n
Con observancia en las anteriores premisas, revisados los argumentos de la presente reclamaci\u00f3n y cotejados con las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala declarar\u00e1 la improcedencia del resguardo implorado, toda vez que desatiende el esencial presupuesto general de la inmediatez, conforme pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. A partir de una interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999, la jurisprudencia de la Corte ha concluido que el requisito de reestructuraci\u00f3n all\u00ed consagrado, es exigible frente a todo cr\u00e9dito de vivienda adquirido en UPAC con antelaci\u00f3n a la entrada en vigor de la Ley 546 de 1999. <\/p>\n
As\u00ed mismo, ha se\u00f1alado que el documento que recoge la reestructuraci\u00f3n, junto con el t\u00edtulo valor base de ejecuci\u00f3n (en UPAC), forman un \u00abt\u00edtulo complejo\u00bb, cuya ausencia impide seguir con el cobro compulsivo, sin que para ello resulte relevante verificar la fecha de iniciaci\u00f3n del proceso, si este corresponde a la primera ejecuci\u00f3n, o si se trata de un cr\u00e9dito al d\u00eda o en mora para el 31 de diciembre de 1999. <\/p>\n
As\u00ed, a tono con lo resuelto por la Corte Constitucional, principalmente a trav\u00e9s de las sentencias C-990 de 2000, C-955 de 2000, SU-813 de 2007 y SU-787 de 2012, esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) del art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999, se extrae el deber ineludible para las entidades financieras, de reliquidar y reestructurar los cr\u00e9ditos de vivienda en UPAC, vigentes al 31 de diciembre de 1999\u2026 cuya recuperaci\u00f3n pretend\u00edan ante los estrados judiciales, pues, para esa fecha todos ellos quedaron con la posibilidad de replantear la forma de pago, de acuerdo con las condiciones econ\u00f3micas de los propietarios que estaban en peligro de perder su lugar de habitaci\u00f3n. <\/p>\n
El incumplimiento de esa carga, en consecuencia, se constituye en un obst\u00e1culo insalvable para el inicio y el impulso de los procesos hipotecarios estrictamente relacionados con cr\u00e9ditos de vivienda inicialmente concedidos en UPAC, por formar parte de un t\u00edtulo ejecutivo complejo cuya acreditaci\u00f3n se hace imprescindible, para obtener la orden de apremio en caso de mora de los deudores o si, llevado a cabo ese trabajo, es manifiesta la imposibilidad de satisfacci\u00f3n de \u00e9stos con sus actuales ingresos. <\/p>\n
Si tal falencia no es advertida al momento de librar mandamiento de pago, exige un pronunciamiento de los falladores a petici\u00f3n de parte o por v\u00eda del examen oficioso de los instrumentos representativos del cr\u00e9dito cobrado, a\u00fan en segunda instancia, por tratarse de un t\u00f3pico relacionado con la exigibilidad de las obligaciones hipotecarias que llevan inmersos los elevados derechos a la vivienda digna e igualdad entre los deudores de ese sistema. <\/p>\n
Por ende, si se desatiende esa labor inquisitiva de revisar la suficiencia de los documentos allegados como base de recaudo, por mandato excepcional que emana de la normatividad expedida para conjurar una crisis social, como excepci\u00f3n al principio dispositivo que rige la alzada, se incurre en una v\u00eda de hecho que es susceptible de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Pasar por alto tal proceder, como si la mera culminaci\u00f3n de los hipotecarios de cr\u00e9ditos en UPAC relacionados con unidades habitacionales individuales fuera suficiente, ser\u00eda desconocer los efectos protectores de la ley de vivienda, diluidos con el agotamiento parcial de los ordenamientos del par\u00e1grafo tercero del art\u00edculo 42. (\u2026) <\/p>\n
Bajo este entendido, al no analizar los juzgadores a ciencia y paciencia si en los nuevos cobros de cr\u00e9ditos de vivienda, cuyos deudores fueron beneficiados con el respiro que les confiri\u00f3 la ley mediante el cese de la ejecuci\u00f3n, se satisficieron a cabalidad cada uno los condicionamientos que habilitaban ese posterior reclamo coercitivo de las entidades financieras, se desvirt\u00faa el prop\u00f3sito que inspir\u00f3 dicha regulaci\u00f3n. <\/p>\n
Esto por cuanto en estos especiales casos, a diferencia de cualquier recaudaci\u00f3n compulsiva, no se trata de verificar el incumplimiento de una obligaci\u00f3n en los plazos inicialmente pactados, conforme aparece en el t\u00edtulo, sino la materializaci\u00f3n de la imposibilidad para los demandados de solventar un cr\u00e9dito con el cual buscaron, antes que incrementar su patrimonio, solucionar una necesidad b\u00e1sica de orden superior. <\/p>\n
Por esto, es labor irrenunciable del fallador escudri\u00f1ar si quien est\u00e1 en riesgo de perder su vivienda cont\u00f3 con la oportunidad de replantear las condiciones de pago, mediante la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, pues, s\u00f3lo en caso de una dificultad manifiesta en asumir el total de la deuda o ante el quebrantamiento de las nuevas estipulaciones convenidas, estar\u00eda habilitado el camino para pedir la venta forzada del inmueble, m\u00e1xime en aquellos casos en que se cuestiona, directa o indirectamente, la suficiencia del t\u00edtulo base de recaudo\u00bb CSJ STC, 3 jul. 2014, rad. 01326-00, reiterada en STC2670-2015, 12 mar., rad. 00036-01, entre otras). Resalta la Sala. <\/p>\n
En ese sentido, tambi\u00e9n advirti\u00f3 que no constituye reparo el hecho de que el cobro judicial se haya iniciado con posterioridad al 31 de diciembre de 1999, pues indistintamente de la data de la orden de apremio y de que se hubiera cedido el cr\u00e9dito, si la obligaci\u00f3n se gener\u00f3 antes de la entrada en vigencia de la Ley 546 de 1999, el deudor se hace merecedor de la reestructuraci\u00f3n del saldo insoluto como requisito de procedibilidad para iniciar la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Seguidamente sostuvo que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) es deber de los jueces, incluido el de ejecuci\u00f3n, revisar s\u00ed junto con el t\u00edtulo base de recaudo, la parte ejecutante ha adosado los soportes pertinentes para acreditar la tan nombrada reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n, pues, como lo ha dicho esta Corte, esos documentos \u201cconforman un t\u00edtulo ejecutivo complejo y, por ende, la ausencia de alguno de estos no permite continuar con la ejecuci\u00f3n\u201d (CSJ STC2747-2015), sin que importe si la providencia que ordena seguir adelante con la ejecuci\u00f3n haya sido proferida con anterioridad a la expedici\u00f3n de la sentencia SU-813\/07, pues \u201clo cierto es que la exigencia de \u2018reestructuraci\u00f3n\u2019 estaba vigente desde 1999 con la expedici\u00f3n del art\u00edculo 42 de la Ley 546 el 23 de diciembre de ese a\u00f1o. De ah\u00ed que la precitada decisi\u00f3n lo que hizo fue darle una lectura esclarecedora con apoyo en los principios rectores de la Carta Pol\u00edtica\u201d\u00bb (CSJ STC, 16 dic. 2015, rad. 02294-00). Se subraya. <\/p>\n
Ello, por cuanto, \u00abla citada reestructuraci\u00f3n es obligaci\u00f3n de las entidades crediticias, a efectos de ajustar la deuda a las reales capacidades econ\u00f3micas de los obligados, cuesti\u00f3n exigible a los cesionarios si se tiene en cuenta que aqu\u00e9llos reemplazan en todo al cedente. Esta Corporaci\u00f3n en casos de contornos similares, ha sido coherente en predicar la imposibilidad de continuar con una ejecuci\u00f3n cuando no se encuentra acreditada la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb (CSJ STC, 22 jun. 2012, rad. 00884-01; STC, 31 oct. 2013, rad. 02499-00; STC, 13 feb. 2014, rad. 2013-0645-01, citadas en STC10229-2016, 27 jul., rad. 00194-01, entre otras muchas). <\/p>\n
3.2. Ahora, de cara a la posibilidad de superar los esenciales presupuestos de inmediatez y subsidiariedad que caracterizan la tutela -antes mencionados- acorde con lo se\u00f1alado por la Corte Constitucional (SU-813 de 2007 y T-1240 de 2008), esta Sala ha definido que en trat\u00e1ndose de ejecuciones por cr\u00e9ditos de vivienda, el juez excepcional deber\u00e1 verificar: (i) que la acci\u00f3n haya sido interpuesta antes del registro del auto aprobatorio del remate o de adjudicaci\u00f3n del inmueble hipotecado; (ii) que se haya actuado con una m\u00ednima diligencia dentro del asunto censurado, ejerci\u00e9ndose los mecanismos de defensa procedentes; y, (iii) que directa o indirectamente se afecte el derecho a la vivienda digna, conforme a lo previsto en la Ley 546 de 1999. <\/p>\n
Frente al requisito consistente en que la acci\u00f3n haya sido interpuesta oportunamente, esta Sala, con observancia en las sentencias T-684 de 2003, T-1086 de 2005, T-108 de 2006, T-123 de 2007, indic\u00f3 que la salvaguarda deven\u00eda viable cuando se impetraba a\u00fan con posterioridad al registro del acto procesal, si el bien fue adjudicado a la parte ejecutante, \u00aben la medida en que el derecho de dominio sobre el inmueble objeto de la garant\u00eda hipotecaria no ha sido transferido a un tercero y por lo tanto, no se ha configurado la prerrogativa a la vivienda digna ni de ninguna otra estirpe, a favor de persona ajena al juicio ejecutivo\u00bb (STC6968-2015, 4 jun., rad. 00085-02, citada entre otras en STC3055-2021, 25 mar., rad. 00802-00). <\/p>\n
3.3. En las condiciones descritas, para que el fallador constitucional este habilitado a estudiar la posible transgresi\u00f3n de las prerrogativas fundamentales invocadas por los querellantes, es menester que estos acudan a esta v\u00eda excepcional a tiempo, esto es, de manera previa al registro del auto aprobatorio del remate o de adjudicaci\u00f3n del inmueble involucrado -siempre que no haya sido adjudicado al extremo ejecutante- pues como viene analiz\u00e1ndose \u00ab[e]n trat\u00e1ndose de procesos ejecutivos hipotecarios iniciados antes de 1999, esta Corporaci\u00f3n ha especificado que el principio de inmediaci\u00f3n se cumple para efectos de proteger a terceros adquirientes de buena fe- si la acci\u00f3n de tutela ha sido instaurada antes de que el bien rematado en p\u00fablica subasta sea registrado\u00bb (CC T-881\/13). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, de la revisi\u00f3n de las pruebas aportadas, se verifica que en el caso sub j\u00fadice el cuestionamiento planteado no atiende el postulado que viene coment\u00e1ndose, toda vez que el derecho real de dominio del inmueble que garantiza la hipoteca ejecutada, desde el 20 de enero pasado, se encuentra registrado a favor de Ruby Ca\u00f1\u00f3n Cortes (anotaci\u00f3n 16 del certificado de tradici\u00f3n), quien es ajena al juicio coactivo objeto de queja constitucional. <\/p>\n
Y es que, visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el requisito de la tempestividad impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n
Entonces, la parte presuntamente afectada con las decisiones que considera vulneradoras de sus derechos fundamentales, debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional y al no hacerlo, la protecci\u00f3n implorada se muestra inviable. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo discurrido, se respaldar\u00e1 la declaraci\u00f3n de improcedencia del auxilio por no superar el requisito general de inmediatez de la acci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Luego de que se reanudara el tr\u00e1mite, a partir de la declaratoria de nulidad definida mediante prove\u00eddo ATC674-2023, 22 jun., por la falta de citaci\u00f3n y notificaci\u00f3n de terceros con inter\u00e9s leg\u00edtimo en la presente acci\u00f3n. <\/p>\n
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STC7655-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC7655-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2023-01014-02 (Aprobado en sesi\u00f3n del dos de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada1 frente al fallo proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75346","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75346","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75346"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75346\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75346"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75346"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75346"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}