STC7656-2023<\/p>\n
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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7656-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-02589-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dos de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la acci\u00f3n de tutela que Luz Marina Benavides Ayala le formul\u00f3 a la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal y el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Monterrey, extensiva a la Oficina de Apoyo Judicial de Yopal, a la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Tunja y a los intervinientes en el proceso 85162-31-89-001-2021-00012-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista solicit\u00f3, de manera principal, que se ordene tramitar la acci\u00f3n de tutela que present\u00f3 el 26 de julio de 2022 contra el Tribunal y Juzgado accionados, con ocasi\u00f3n de las decisiones que adoptaron en el proceso de reorganizaci\u00f3n de pasivos acusado. <\/p>\n
Relat\u00f3 que el escrito lo present\u00f3 en l\u00ednea y se le asign\u00f3 el n\u00b0 956722, sin embargo, a la fecha, no se le ha dado al tr\u00e1mite. Precis\u00f3 que, con el fin de conocer el estado de la acci\u00f3n, elev\u00f3 un reclamo formal ante el despacho querellado, quien le inform\u00f3 que el auxilio fue remitido al Tribunal. Dicha Corporaci\u00f3n, por su parte, le indic\u00f3 que no hab\u00eda registros de la queja, y remiti\u00f3 la rogativa a la Oficina de Apoyo Judicial de Yopal, quien, a su turno, le indic\u00f3 que \u201cnunca tuvo conocimiento\u201d de la salvaguarda, \u201cseg\u00fan pantallazos adjuntos de consecutivos de Radicaci\u00f3n del Sistema\u2026\u201d. <\/p>\n
Subsidiariamente, implor\u00f3 que se revisen las siguientes resoluciones: i). Auto de fecha 3 de febrero del 2022, en el que el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Monterrey decret\u00f3 desistimiento t\u00e1cito y terminaci\u00f3n anormal de la solicitud de reorganizaci\u00f3n de pasivos de la referencia; ii). Auto de fecha 24 de febrero del 2022, en el que dicha autoridad judicial no concedi\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n frente al auto que decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito; iii). Auto de fecha 31 de marzo de 2022, en el que el Juzgado no repone y concede el recurso de queja propuesto frente al prove\u00eddo de 24 de febrero del 2022; iv.) Providencia de fecha 27 de mayo del 2022 emitida por Tribunal Superior Distrito Judicial de Yopal, en el que se declara bien denegado el recurso de apelaci\u00f3n; v). Auto de fecha 16 de junio de 2022, en el que Juzgado Primero Promiscuo Del Circuito De Monterrey, ordena obedecer y cumplir lo resuelto por Tribunal. <\/p>\n
2.- El Tribunal reprochado inform\u00f3 que, si bien el 26 de julio de 2022 recibi\u00f3 la tutela referida por la actora, la misma fue remitida a la \u201coficina de apoyo judicial de Yopal el 27 de julio de 2022, a las 7:42 a. m., para que all\u00ed se impartiera el tr\u00e1mite de rigor\u201d. De igual forma contest\u00f3 el requerimiento elevado por la peticionaria sobre la suerte de su resguardo, envi\u00e1ndolo a la referida Oficina de Apoyo. De otro lado, defendi\u00f3 su actuaci\u00f3n en el juicio de insolvencia criticado. <\/p>\n
El juzgado accionado, por su parte, remiti\u00f3 el expediente de la reorganizaci\u00f3n, y pidi\u00f3 desestimar el auxilio porque no cumple el presupuesto de inmediatez, y de todas maneras las decisiones que emiti\u00f3 en dicho pleito se ajustan a derecho. <\/p>\n
La Fundaci\u00f3n Amanecer, quien es part\u00edcipe en el juicio de reorganizaci\u00f3n acusado, defendi\u00f3 las resoluciones all\u00ed emitidas. <\/p>\n
La Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Tunja inform\u00f3 que con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, el pasado 25 de julio, reparti\u00f3 al Tribunal de Yopal la querella anterior. <\/p>\n
3.- En virtud de las medidas adoptadas por la Direcci\u00f3n Ejecutiva vinculada, el Tribunal de Yopal remiti\u00f3 el resguardo mencionado a la Secretar\u00eda de esta Corporaci\u00f3n, quien le asign\u00f3 el radicado 11001-02-03-000-2023-02903-00. A continuaci\u00f3n, por auto de 2 de agosto de 2023 se acumul\u00f3 a este expediente1, con fundamento en el art\u00edculo 2.2.3.1.3.1. del Decreto 1069 de 2015 -\u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho-, adicionado por el Decreto 1834 del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
La promotora anhela que se impulse la salvaguarda que present\u00f3 en 2022 contra el Tribunal de Yopal y el Juzgado de Monterrey, o en su defecto, se revisen las resoluciones emitidas por dichas autoridades judiciales en el proceso de insolvencia de persona natural no comerciante 85162-31-89-001-2021-00012-00, las cuales son el objeto del anterior resguardo. Ambos reclamos deben salir avante, porque aquella s\u00faplica constitucional no se le imparti\u00f3 tr\u00e1mite en su momento, y la omisi\u00f3n debe ser conjurada por esta Corporaci\u00f3n, por ser la competente para conocer de ella, como se expone a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
1.- De la falta de tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela presentada en 2022, y de la necesidad de que la Corte conjure la omisi\u00f3n. <\/p>\n
De las evidencias aportadas a estas diligencias, se evidencia que la censora el 26 de julio de 2022 radic\u00f3 en l\u00ednea una acci\u00f3n de tutela contra el Tribunal de Yopal y el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Monterrey, as\u00ed: <\/p>\n
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Ahora, aunque conforme al relato de la accionante, la Oficina de Apoyo Judicial de Yopal, dependencia encargada del reparto, le indic\u00f3 que no hab\u00eda registros en su sistema del escrito, ello no impide tener por acreditado el hecho de su radicaci\u00f3n. Como lo ha dicho la Sala al estudiar acciones de tutela asociadas a la presentaci\u00f3n de memoriales en escenarios virtuales, debe valorarse la prueba de su env\u00edo, y no \u00fanicamente, la evidencia sobre su falta de recepci\u00f3n, debido a que el interesado solo tiene bajo su control las circunstancias asociadas al primer hecho. Al respecto, en STC4306-2023 indic\u00f3: <\/p>\n
Por ende, el an\u00e1lisis sobre la presentaci\u00f3n oportuna o extempor\u00e1nea de un memorial debe considerar la din\u00e1mica del env\u00edo y recepci\u00f3n de los mensajes de datos a trav\u00e9s de correos electr\u00f3nicos; que, en ella, el usuario de la administraci\u00f3n de justicia, interesado en presentar alguna solicitud, solo tiene bajo su control las circunstancias asociadas al env\u00edo del correo, si\u00e9ndole ajenas las de su recepci\u00f3n; e igualmente, que la prueba de la recepci\u00f3n de un memorial enviado a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico, entendida esta, como la constancia de que el despacho judicial lo recibi\u00f3, resulta dif\u00edcil. <\/p>\n
2.2.1.- En cuanto a que los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia solo tienen bajo su dominio las circunstancias relativas al env\u00edo de los memoriales que remiten por medio de correo electr\u00f3nico, y no las de su recepci\u00f3n, obs\u00e9rvese que de ellos depende cumplir con todos los requerimientos t\u00e9cnicos para que el mensaje se remita desde su servidor de correo hasta el servidor de destino, esto es, por ejemplo, que lo env\u00ede a la direcci\u00f3n electr\u00f3nica del despacho judicial destinatario del mensaje, que se cerciore de su remisi\u00f3n, y de contar con los requerimientos t\u00e9cnicos para ello (capacidad del dispositivo, internet), entre otros presupuestos que dependan exclusivamente de su \u00f3rbita. No ocurre lo mismo con las circunstancias distintas al env\u00edo, como las relativas a su recepci\u00f3n, ya que estas depender\u00e1n del servidor de correo del destinatario, a cargo de su proveedor o administrador <\/p>\n
Ante ese panorama, en el que se evidencia que el usuario de la administraci\u00f3n de justicia, interesado en hacer llegar un memorial a trav\u00e9s del correo electr\u00f3nico institucional del despacho judicial, solo tiene bajo su control el env\u00edo del mensaje de datos, es claro que la recepci\u00f3n en la bandeja de entrada del correo de la autoridad judicial no puede ser el \u00fanico criterio que eval\u00fae el juzgador a efectos de tener por presentado oportunamente. Tambi\u00e9n debe considerar la prueba del env\u00edo, y las causas que interfirieron con la recepci\u00f3n del mensaje de datos, con mayor raz\u00f3n si a trav\u00e9s de esa acci\u00f3n, el interesado cumple con la carga de presentar sus solicitudes a trav\u00e9s del canal oficial de comunicaci\u00f3n e informaci\u00f3n establecido por la autoridad judicial para prestar el servicio. De no ser as\u00ed, se lesionar\u00eda a los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia el derecho de acceder a ella, pues su efectividad estar\u00eda supeditada a hechos ajenos a la diligencia que les incumbe para ejercerlo (CSJ STC4306-2023). <\/p>\n
Siendo as\u00ed, ante la prueba del env\u00edo de la acci\u00f3n de la tutela, la Oficina de Apoyo Judicial debi\u00f3 adoptar las medidas enfiladas a tramitarla. Sin embargo, no lo hizo en su oportunidad; prueba de ello es que al 25 de julio de esta anualidad, esta Corporaci\u00f3n, a quien ha debido remitirse el resguardo por ser la competente para resolverlo2, no ten\u00eda registro alguno de la querella. La \u00fanica actuaci\u00f3n constitucional impulsada por la accionante hasta entonces corresponde a esta, con los radicados 2023-02589-00 y 2023-02589-013. <\/p>\n
Igualmente, revisado el expediente objeto de aquel auxilio no se evidencia que el mismo haya sido impulsado por ninguna otra autoridad judicial. <\/p>\n
No obstante, la Sala no emitir\u00e1 orden alguna para que se tramite dicho resguardo, como lo pidi\u00f3 de manera principal la querellante, sino que, para conjurar la lesi\u00f3n que le caus\u00f3 la omisi\u00f3n advertida, lo zanjar\u00e1 de una vez, por ser el juez constitucional competente para hacerlo, y en virtud del principio de econom\u00eda procesal, que consiste, en su esencia, en conseguir el mayor resultado con el m\u00ednimo de actividad de la administraci\u00f3n de justicia. Con mayor raz\u00f3n, cuando la salvaguarda finalmente fue impulsada por dicha dependencia, y fue acumulada a este procedimiento. Sumado a lo anterior, se advierte que el derecho de defensa de los convocados se encuentra garantizado. N\u00f3tese, en este sentido, que fueron llamados a este procedimiento por las mismas razones que lo fueron en la acci\u00f3n de tutela primigenia, aunado a que en las diligencias 2023-02903-00, que aqu\u00ed se acumul\u00f3, la Secretar\u00eda de esta Sala los notific\u00f3 de su existencia. <\/p>\n
En suma, la Corte tiene por acreditado el hecho de que Luz Marina Benavides Ayala present\u00f3 el 26 de julio de 2022 acci\u00f3n de tutela contra el Tribunal de Yopal y el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Monterrey, e igualmente que la dependencia encargada de tramitarla no la gestion\u00f3 oportunamente. En consecuencia, y para proteger los derechos de la impulsora, la Sala desatar\u00e1 a continuaci\u00f3n el anterior reclamo constitucional. <\/p>\n
2.- De la acci\u00f3n de tutela contra el Tribunal de Yopal y el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Monterrey. <\/p>\n
2.1.- De las protestas de la accionante frente a las decisiones emitidas en el proceso de reorganizaci\u00f3n impulsado por la actora. <\/p>\n
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la Corte desatar\u00e1 la queja que recae sobre las resoluciones emitidas por el Juzgado Primero del Circuito de Monterrey y el Tribunal de Yopal en la reorganizaci\u00f3n impulsada por la reclamante. Para ello, se atender\u00e1n las observaciones planteadas en la acci\u00f3n de tutela radicada el 26 de julio de 2022. <\/p>\n
Pues bien, revisadas las directrices acusadas, se infiere que la censora protesta contra tres actuaciones concretas. <\/p>\n
La primera, la negativa a conceder la apelaci\u00f3n del auto que decret\u00f3 la terminaci\u00f3n de esa causa, por desistimiento t\u00e1cito. Adujo que el juzgado desestim\u00f3 la alzada frente a dicha determinaci\u00f3n (24 feb. 2022), y el Tribunal al resolver la queja la declar\u00f3 bien denegada al considerar que el tr\u00e1mite era de \u00fanica instancia (27 may. 2022). En su criterio, dicha postura lesiona sus derechos, por cuanto esa decisi\u00f3n s\u00ed es apelable conforme a lo previsto en el art\u00edculo 317, literal e), y el precepto 321, numeral 7\u00b0, del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
La segunda, el no haberse tramitado la alzada como un recurso distinto, como lo pidi\u00f3 al impugnar la negativa a conceder la alzada, y lo dispone el par\u00e1grafo del art\u00edculo 318 del citado estatuto, al se\u00f1alar que \u201c[c]uando el recurrente impugne una providencia judicial mediante un recurso improcedente, el juez deber\u00e1 tramitar la impugnaci\u00f3n por las reglas del recurso que resultare procedente, siempre que haya sido interpuesto oportunamente\u201d. Destac\u00f3 que el juzgado omiti\u00f3 ese deber y la Magistratura convocada al desatar el recurso de queja \u201ccentr\u00f3 su motivaci\u00f3n en si era procedente o no el recurso de apelaci\u00f3n, m\u00e1s no en otorgar el tr\u00e1mite correspondiente a lo reglado en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 318 del CGP\u201d. <\/p>\n
La tercera, la finalizaci\u00f3n del litigio con fundamento en el art\u00edculo 317 de la pluricitada Codificaci\u00f3n (4 feb. 2002). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el desistimiento t\u00e1cito no es aplicable a los procesos de insolvencia, ya que la Ley 1116 de 2006 no lo prev\u00e9 y, adem\u00e1s, as\u00ed lo dijo la Corte Constitucional en la sentencia C-263 de 2002. <\/p>\n
Anot\u00f3, igualmente que, en caso de ser aplicable dicha figura, de todos modos, no pod\u00eda decretarse. Con ese fin, y tras destacar que la decisi\u00f3n se edific\u00f3 en que ella no cumpli\u00f3 con la carga de notificar a sus acreedores e inscribir como medida cautelar el auto admisorio de la demanda en el folio de matr\u00edcula n\u00b0 470-436668, acot\u00f3 que ello desconoce el numeral 1\u00b0 del citado art\u00edculo 317, seg\u00fan el cual \u201cel juez no podr\u00e1 ordenar el requerimiento previsto en este numeral, para que la parte demandante inicie las diligencias de notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, cuando est\u00e9n pendientes actuaciones encaminadas a consumar las medidas cautelares previas\u201d. Indic\u00f3 tambi\u00e9n, que la pr\u00e1ctica de la medida cautelar, as\u00ed como el impulso del proceso le correspond\u00eda al juzgado y no a ella. <\/p>\n
Por lo anterior, implor\u00f3 i). la revisi\u00f3n de las resoluciones controvertidas; ii). \u201cconceptuar para el caso concreto, \u2018sobre la procedencia o no del desistimiento t\u00e1cito, dentro de los procesos de insolvencia y\/o reorganizaci\u00f3n empresarial de conformidad con la Ley 1116 de 2006, al tenor de los pronunciamientos de la sentencia C-263 del a\u00f1o 2002\u201d; y iii). \u201cordenar de manera oficiosa una inspecci\u00f3n que determine si el despacho judicial est\u00e1 aplicando igual celeridad para los diferentes procesos o simplemente una persecuci\u00f3n a las personas que hemos entrado en crisis, pues de ser [lo segundo] se estar\u00eda vulnerando el derecho a la igualdad\u201d. <\/p>\n
2.2.- Del cumplimiento del requisito de inmediatez <\/p>\n
Uno de los presupuestos para acudir a esta acci\u00f3n es la inmediatez, conforme al cual este remedio debe impulsarse dentro de los seis meses siguientes a la vulneraci\u00f3n denunciada. <\/p>\n
En el caso, dicho presupuesto debe tenerse por satisfecho, porque pese a que las providencias controvertidas datan de 2022, es necesario considerar que la impulsora intent\u00f3 defender sus derechos oportunamente, s\u00f3lo que, como se vio, la acci\u00f3n tutela que present\u00f3 con ese prop\u00f3sito no fue gestionada debidamente. De all\u00ed que, en garant\u00eda de su derecho a la administraci\u00f3n de justicia, no puede computarse, para efectos de la inmediatez, el tiempo transcurrido de la fecha de las actuaciones reprochadas hasta este momento. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el caso el presupuesto de inmediatez debe tenerse por satisfecho. <\/p>\n
2.3.- De la razonabilidad de la negativa a conceder la apelaci\u00f3n del auto que termin\u00f3 la insolvencia, por desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
Dicha decisi\u00f3n, al margen de que se compartan o no sus argumentos, no luce arbitraria o descabellada, por cuanto se edifica en una interpretaci\u00f3n razonable de las normas aplicables a la materia. <\/p>\n
As\u00ed, el despacho enjuiciado se neg\u00f3 a conceder el remedio vertical porque consider\u00f3 que el tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n objetado se ritua en \u00fanica instancia. Tambi\u00e9n precis\u00f3 que, aunque algunas decisiones emitidas por el juez civil del circuito son susceptibles de alzada en las insolvencias de su competencia, como la de la quejosa, la decisi\u00f3n de clausurar el proceso no est\u00e1 prevista como apelable en par\u00e1grafo 1\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 1116 de 2006 (autos 24 de febrero y 31 de marzo de 2022)4. <\/p>\n
Por su parte, el juez plural, al desatar la queja, reiter\u00f3 la tesis seg\u00fan la cual dicho asunto carece de la doble instancia, y lo hizo con fundamento en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 19 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual, \u201clos jueces civiles del circuito conocen en \u00fanica instancia (\u2026), los tr\u00e1mites de insolvencia no atribuidos a la Superintendencia de Sociedades y, a prevenci\u00f3n con esta, de los procesos de insolvencia de personas naturales comerciantes\u201d (27 may. 2022). <\/p>\n
Ahora, es cierto como lo sostiene la reclamante, que el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso contempla el recurso de apelaci\u00f3n frente al auto que resuelva sobre el desistimiento t\u00e1cito. Tambi\u00e9n lo es, que el precepto 321, en su numeral 7\u00b0, dispone que es susceptible de ese medio de impugnaci\u00f3n la decisi\u00f3n que por cualquier causa ponga fin al proceso. Sin embargo, dichas reglas no son aplicables para determinar la viabilidad o improcedente del remedio vertical, por cuanto las instancias en que puede tramitarse una causa de reorganizaci\u00f3n es un tema reglado por otras pautas, como las citadas por las autoridades judiciales convocadas. As\u00ed que, nada de raro tiene que en tr\u00e1mites concursales se adopten decisiones con base en el C\u00f3digo General del Proceso, al cual remite el inciso final del art\u00edculo 124 de la Ley 1116, mientras que a la hora de determinar si contra ellas procede o no apelaci\u00f3n se apliquen normas distintas. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, la Sala recientemente, en un caso de similares contornos a este, advirti\u00f3: <\/p>\n
ii) En relaci\u00f3n con la queja, el 13 de octubre de los corrientes encontr\u00f3 que de acuerdo con el art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso, y con la normativa especial que regula la reorganizaci\u00f3n empresarial, esa determinaci\u00f3n no era susceptible de ese medio de impugnaci\u00f3n, y declar\u00f3 bien denegada el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
3. En ese orden no advierte la Sala ninguna vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales invocadas frente a la actuaci\u00f3n del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, de una parte, porque no es cierto como se afirm\u00f3 en el escrito de tutela que, \u00abno se pronunci\u00f3 en la apelaci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito\u00bb, ya que como se anot\u00f3 en p\u00e1rrafos que anteceden en autos de 3 y 13 de octubre presente resolvi\u00f3 lo pertinente sobre los dos (2) recursos interpuestos por el promotor, de acuerdo con lo dispuesto en el par\u00e1grafo 1\u00b0 la ley 1116 de 2006 que de manera expresa establece el listado de providencias contra las que procede el recurso de apelaci\u00f3n, entre las que no se encuentran las determinaciones censuradas promotor. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que las decisiones reprochadas se encuentran motivadas, cuentan con un grado de razonabilidad que impide calificarla como arbitraria, y aunque el solicitante no comparta los argumentos expuestos por el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 accionado, no es motivo suficiente para conceder el amparo implorado, pues como bien es sabido la sola divergencia de criterio, no abre paso a la tutela favorable (CSJ. STC 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en la STC 1212-2022) (se enfatiza, CSJ STC15692-2022). <\/p>\n
2.4.- Del incumplimiento del requisito de subsidiariedad frente a la falta de aplicaci\u00f3n del par\u00e1grafo del art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
De acuerdo con el requisito comentado, el interesado antes de acudir a este sendero debe agotar las herramientas ordinarias contempladas en el ordenamiento jur\u00eddico para defender sus derechos. Esto, dado su car\u00e1cter residual y excepcional. <\/p>\n
En este punto, se advierte que la accionante desperdici\u00f3 el instrumento que ten\u00eda para lograr que el juzgado tramitara la alzada interpuesta frente a la terminaci\u00f3n del proceso como un recurso diferente, concretamente, no hizo uso del mecanismo de la adici\u00f3n frente al auto que confirm\u00f3 la negativa a conceder la apelaci\u00f3n mencionada. <\/p>\n
En efecto, como se infiere del expediente, la reclamante, al impugnar el prove\u00eddo que neg\u00f3 el remedio vertical, advirti\u00f3 al despacho que \u201c[e]l art\u00edculo 318, par\u00e1grafo \u00fanico del C\u00f3digo General del Proceso, que impone la obligaci\u00f3n al juez de tramitar el recurso procedente, ante la presentaci\u00f3n de un recurso improcedente, siempre que se hubiese presentado oportunamente; por lo anterior, su despacho no pod\u00eda negar el recurso que en derecho corresponde, seg\u00fan su criterio\u201d5. <\/p>\n
Frente a lo anterior la titular del estrado de Monterrey guard\u00f3 silencio, pues por auto de 31 de marzo de 2022 se limit\u00f3 a ratificar la negativa reprochada y a \u201cconceder el recurso de queja\u201d. Empero, la interesada no pidi\u00f3 la adici\u00f3n de la providencia con miras a que el juzgado se pronunciara sobre la viabilidad de aplicar el par\u00e1grafo del art\u00edculo 318 del estatuto adjetivo. Luego, omiti\u00f3 hacer uso del instrumento que ten\u00eda a su alcance para conjurar la omisi\u00f3n de la que se duele. <\/p>\n
En todo caso, mal podr\u00eda decirse que el juzgado estaba obligado a impulsar la alzada de una manera diferente, ya que ese fue el medio de impugnaci\u00f3n planteado, el cual puede formularse de forma principal o subsidiario al de reposici\u00f3n. <\/p>\n
Respecto al Tribunal, la suerte es id\u00e9ntica. Adem\u00e1s de que no se evidencia que la actora hubiese provocado de la Corporaci\u00f3n de Yopal un pronunciamiento al respecto, f\u00edjese que, en el \u00e1mbito de sus competencias, solo estaba llamado a determinar si la negativa a conceder la apelaci\u00f3n frente al auto que aplic\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito se ajustaba o no a derecho. <\/p>\n
2.5.- De la razonabilidad de la terminaci\u00f3n del proceso, por desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
La decisi\u00f3n controvertida no merece reproche constitucional alguno, reservado como se encuentra para casos de indiscutible arbitrariedad, por las razones que a continuaci\u00f3n se exponen. <\/p>\n
2.5.1.- El desistimiento t\u00e1cito es consecuencia de la firmeza del auto de 18 de noviembre de 2021, por medio del cual el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Monterrey, con estribo en el numeral primero del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, requiri\u00f3 a la actora para que en el t\u00e9rmino de treinta (30) d\u00edas: i). notificara a sus acreedores, ii). fijara aviso sobre el inicio del proceso en la sede de su empresa, iii). inscribiera el asunto en el registro mercantil, iv). as\u00ed como en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0 470-436668, correspondiente al inmueble donde la quejosa es copropietaria del 50% (18 nov. 2021). <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que la censora no discuti\u00f3 esa directriz, por lo que vencido dicho plazo, el despacho enjuiciado indag\u00f3 por el cumplimiento de dichas cargas y como encontr\u00f3 que la peticionaria \u201cno cumpli\u00f3 a cabalidad con la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la solicitud a los acreedores ni con el tr\u00e1mite e inscripci\u00f3n del auto admisorio en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 470-43668\u201d, decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito de la actuaci\u00f3n (3 feb. 2022). <\/p>\n
En esa medida, si la reclamante en su oportunidad no disput\u00f3 que se le conminara a ejecutar dichos actos, no puede ahora alegar a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n que no estaba obligada materializarlos. <\/p>\n
2.5.2.- Ahora, si se dejara de lado lo anterior tampoco puede descalificarse la aplicaci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito. Si bien, la inscripci\u00f3n del auto admisorio de la demanda en el folio de matr\u00edcula No. 470-43668 correspond\u00eda a una medida cautelar, e igualmente, a voces del segundo inciso del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, \u201c[el juez no podr\u00e1 ordenar el requerimiento previsto en este numeral, para que la parte demandante inicie las diligencias de notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, cuando est\u00e9n pendientes actuaciones encaminadas a consumar las medidas cautelares previas\u201d, esta regla, en el caso concreto, no imped\u00eda requerir a la interesada para que materializara la inscripci\u00f3n de la cautela. <\/p>\n
Esto, porque a trav\u00e9s de dicha pauta se busca garantizar la efectividad de las medidas cautelares solicitadas con el libelo introductorio, con miras a que se materialicen antes de la notificaci\u00f3n del juicio a la parte demandada y de ese modo, dicho extremo procesal no pueda entorpecer su materializaci\u00f3n. De all\u00ed que la norma se refiera a \u201cmedidas cautelares previas\u201d, y no a cualquier cautela. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, lo cierto es que la inscripci\u00f3n de la admisi\u00f3n de la reorganizaci\u00f3n en el citado folio de matr\u00edcula no era incompatible con la notificaci\u00f3n de los acreedores de la accionante, toda vez que la medida reca\u00eda sobre el inmueble del que ella es copropietaria. Luego, el conocimiento que aquellos hubieran podido tener o no sobre la cautela era irrelevante frente a su pr\u00e1ctica. <\/p>\n
De otro lado, es cierto que, en principio, a la impulsora no le correspond\u00eda tramitar el oficio de inscripci\u00f3n del auto admisorio ante la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Yopal, sino al juzgado. As\u00ed se desprende del art\u00edculo11 de la Ley 2213 de 2022, que se\u00f1ala: \u201c[l]os secretarios o los funcionarios que hagan sus veces remitir\u00e1n las comunicaciones necesarias para dar cumplimiento a las \u00f3rdenes judiciales mediante mensaje de datos, dirigidas a cualquier entidad p\u00fablica o privada o particulares (\u2026)\u201d. <\/p>\n
No obstante, la razonabilidad de la terminaci\u00f3n de la insolvencia, por desistimiento t\u00e1cito, se mantiene. Fuera de que, como ya se dijo, la solicitante no replic\u00f3 la orden que se le imparti\u00f3 para que materializara la comunicaci\u00f3n, mem\u00f3rese que la decisi\u00f3n est\u00e1 soportada en que la demandante \u201cno cumpli\u00f3 a cabalidad con la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la solicitud a los acreedores\u201d, punto que no fue objetado en la salvaguarda. <\/p>\n
2.5.3.- Por otra parte, tampoco resulta arbitraria la aplicaci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito en los tr\u00e1mites concursales, como se propone en el auxilio. <\/p>\n
En primera medida, el desistimiento t\u00e1cito es una figura contemplada en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso. Y como dicho estatuto, seg\u00fan se dijo atr\u00e1s, se aplica al r\u00e9gimen de insolvencia por mandato del inciso final del art\u00edculo 124 de la Ley 1116, es plausible concluir que tambi\u00e9n opera en los procesos de reorganizaci\u00f3n. <\/p>\n
En segundo lugar, teniendo en cuenta que, como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n, el desistimiento t\u00e1cito se \u201cbusca solucionar la par\u00e1lisis de los procesos para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia\u201d (STC11191-2020), nada obsta para que, por medio de ese mecanismo, los juzgadores que conocen de procesos de reorganizaci\u00f3n requieran a sus promotores a fin de que cumplan las cargas que son necesarias para su impulso, como la de integrar el contradictorio. <\/p>\n
Por otra parte, no desconoce la Sala que en un aparte de la sentencia C-263 de 2022 se indic\u00f3 que \u201clos procesos concursales no terminan por desistimiento ni le son aplicables las normas sobre perenci\u00f3n (\u2026)\u201d. Empero, de esa afirmaci\u00f3n no puede concluirse la regla seg\u00fan la cual, en los juicios de reorganizaci\u00f3n es inadmisible el desistimiento t\u00e1cito, toda vez que dicha aseveraci\u00f3n no constituye las razones de la decisi\u00f3n, ligadas como se encuentran a la exequibilidad del art\u00edculo 124 de la Ley 222 de 19956, que preve\u00eda la forma y el momento a partir del cual los acreedores que no concurrieron oportunamente al tr\u00e1mite concursal pod\u00edan hacer sus cr\u00e9ditos contra el deudor. Es m\u00e1s, la referida afirmaci\u00f3n se hizo una nota al pie, con el prop\u00f3sito de desarrollar la tesis relativa a que los \u201cprocesos concursales (\u2026) son asuntos de inter\u00e9s general\u201d. <\/p>\n
Finalmente, debe decirse que la Sala en asuntos parecidos a \u00e9ste ha defendido la razonabilidad de las decisiones que han terminado procesos de reorganizaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito (STC154-2023, STC1150-2021, STC10868-2020, STC2337-2018, entre otras). As\u00ed, en STC10869-2020 puntualiz\u00f3: <\/p>\n
Ahora, si en gracia de discusi\u00f3n, se pasara por alto la falencia anterior, ha de precisarse que esta Corporaci\u00f3n ha reconocido la improcedencia de la figura del desistimiento t\u00e1cito en procesos liquidatorios (CSJ STC, 5 ago. 2013. Rad. 2013-00241-01; reiterada en STC1760-2015, STC4726-2015 y STC550-2017), precedente no aplicable en el sublite, al tratarse de un asunto de reorganizaci\u00f3n empresarial, tr\u00e1mite en el cual la Corte s\u00ed ha encontrado razonable la terminaci\u00f3n del proceso por \u201cdesistimiento t\u00e1cito\u201d. <\/p>\n
Tampoco es aplicable el pronunciamiento de la Corte Constitucional, invocado en la demanda de tutela (C-263 de 2002), pues, en dicha oportunidad, no se hizo alusi\u00f3n alguna frente a la figura del \u201cdesistimiento t\u00e1cito\u201d. <\/p>\n
Con base en lo antelado, la Sala descarta la vulneraci\u00f3n alegada, por cuanto, revisada la actuaci\u00f3n cuestionada, se observa que, en prove\u00eddo de 29 de agosto de 2019, la juez accionada requiri\u00f3 al deudor, aqu\u00ed tutelante, para que, en el t\u00e9rmino de 30 d\u00edas, diera cumplimiento a lo ordenado en el auto de 7 de marzo anterior, consistente en: (i) adelantar las gestiones de notificaci\u00f3n de los acreedores, (ii) allegar constancia de la publicaci\u00f3n del edicto emplazatorio de las personas que se consideraran con derecho a intervenir en el proceso y (iii) tramitar la inscripci\u00f3n del auto admisorio en el registro mercantil del deudor ante la C\u00e1mara de Comercio de Casanare. <\/p>\n
Como el accionante no dio cumplimiento a las cargas procesales a \u00e9l impuestas dentro del t\u00e9rmino concedido para ello, la funcionaria convocada dio aplicaci\u00f3n al inciso primero del art\u00edculo 317 (\u2026). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se observa proceder arbitrario o caprichoso por parte de la juez confutada, que justifiquen la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n, pues, ante la apat\u00eda del actor en cumplir las gestiones para la cuales fue requerido, se daban los presupuestos para dar aplicaci\u00f3n a la norma citada ut supra. <\/p>\n
2.6.- Bajo los anteriores derroteros, la acci\u00f3n de tutela enfilada contra el Tribunal de Yopal y el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Monterrey no puede salir avante. As\u00ed, la negativa a conceder la apelaci\u00f3n del auto que termin\u00f3 la insolvencia, por desistimiento t\u00e1cito, al igual que esta determinaci\u00f3n, no son caprichosas, est\u00e1n soportadas en las normas correspondientes. En cuanto a la falta de aplicaci\u00f3n del par\u00e1grafo del art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, el resguardo carece de subsidiariedad, y en todo caso, ello tampoco se muestra arbitrario. <\/p>\n
Por ende, las pretensiones de la tutela est\u00e1n llamadas al fracaso, sin que sea del caso determinar \u201csi el despacho judicial est\u00e1 aplicando igual celeridad para los diferentes procesos o simplemente una persecuci\u00f3n a las personas que hemos entrado en crisis, pues de ser [lo segundo] se estar\u00eda vulnerando el derecho a la igualdad\u201d, en tanto ello escapa del objetivo de este procedimiento, destinado como se encuentra para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales en los casos concretos. Adicionalmente, como pudo verse, la aplicaci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito en el proceso de la actora no fue arbitraria. <\/p>\n
3.- En conclusi\u00f3n, la acci\u00f3n de tutela debe prosperar para que la salvaguarda presentada por la actora en 2022 sea zanjada, toda vez que no fue tramitada oportunamente. <\/p>\n
Por otra parte, la omisi\u00f3n debe ser conjurada por la Sala, a trav\u00e9s de la resoluci\u00f3n inmediata del resguardo. Lo anterior, teniendo en cuenta que esta Corte es la competente para decidir dicho auxilio porque est\u00e1 dirigido contra el Tribunal de Yopal; que este reclamo versa, igualmente, sobre las actuaciones enjuiciadas en el libelo anterior; que el principio de econom\u00eda procesal impone conseguir el mayor resultado con el m\u00ednimo de actividad de la administraci\u00f3n de justicia, que el derecho de defensa de los convocados est\u00e1 garantizado, y que la queja fue acumulada a este tr\u00e1mite, tras haberse impulsado por la Oficina de Yopal. <\/p>\n
Finalmente, en punto a la anterior acci\u00f3n de tutela, la misma se desestimar\u00e1 por los motivos consignados en el numeral 2.5. de esta providencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve: <\/p>\n
Primero. Conceder la acci\u00f3n de tutela implorada por Luz Marina Benavides Ayala para que se tramite el auxilio que present\u00f3 el 26 de julio de 2022 contra el Tribunal de Yopal y el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Monterrey, en los t\u00e9rminos plasmados en esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
Segundo. Negar el resguardo formulado por la accionante frente al Tribunal de Yopal y el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Monterrey. <\/p>\n
Tercero. Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZAL\u00c9Z NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 La tutela fue asignada al Magistrado Luis Alonso Rico Puerta el 26 de julio de 2023, quien por auto de 31 de julio siguiente remiti\u00f3 las diligencias al despacho del Magistrado Sustanciador de este asunto. <\/p>\n
2\u0002 Al respecto de la competencia de la Sala para desatar ese auxilio, t\u00e9ngase en cuenta que esta Corporaci\u00f3n en materia de acciones constitucionales funge como superior funcional de los Tribunales Superior de Distrito Judicial. <\/p>\n
3\u0002 La acci\u00f3n fue radicada el 29 de junio de 2023, se remiti\u00f3 por competencia a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, quien la devolvi\u00f3 a esta Sala para que la tramitara. <\/p>\n
4\u0002 Enlace expediente, remitido por el juzgado accionado, Consecutivos \u201c14Auto 24 de febrero no concede recurso de apelaci\u00f3n\u201d y \u201c15Auto no repone y concede recurso de queja\u201d. <\/p>\n
5\u0002 Consecutivo \u201c14.1Recurso de reposici\u00f3n en subsidio queja\u201d. <\/p>\n
6\u0002 Rezaba dicha norma: \u201c[l]os acreedores con o sin garant\u00eda real que no concurran oportunamente, no podr\u00e1n participar en las audiencias y, para hacer efectivos sus cr\u00e9ditos s\u00f3lo podr\u00e1n perseguir los bienes que le queden al deudor una vez cumplido el concordato. O cuando peste se incumpla, se declare terminado, y se inicie el tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n obligatoria, salvo que en audiencia preliminar o final, sean admitidos de conformidad con lo previsto en \u00e9sta Ley\u201d. <\/p>\n
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STC7656-2023 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC7656-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-02589-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del dos de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se resuelve la acci\u00f3n de tutela que Luz Marina Benavides Ayala le […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75347","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75347","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75347"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75347\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75347"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75347"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75347"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}