STC7657-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2023-00190-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dos de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 el 6 de julio de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Marleny Molina Garc\u00eda contra los Juzgados Primero Civil del Circuito con Conocimiento de Laboral y Segundo Promiscuo Municipal con Funciones de Garant\u00eda y Conocimiento de Melgar, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el litigio n\u00ba 2012-00078. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando a trav\u00e9s de apoderada judicial, la accionante invoc\u00f3 el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis expuso que, Myriam Molina Garc\u00eda adelant\u00f3 acci\u00f3n judicial en su contra ante el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal con Funciones de Conocimiento y Garant\u00eda de Melgar, para obtener la divisi\u00f3n material del lote de terreno identificado con la matr\u00edcula n\u00b0 366-9396. <\/p>\n
Refiere que agotado el tr\u00e1mite de rigor, mediante sentencia del 28 de septiembre de 2018 se aprob\u00f3 la partici\u00f3n, ordenando la inscripci\u00f3n de lo decidido en el respectivo folio de matr\u00edcula; empero, el 7 de julio de 2020 en ejercicio del control de legalidad, la juez cognoscente declar\u00f3 la nulidad de lo actuado a partir del 28 de septiembre de 2018, para que el auxiliar de la justicia rehiciera el trabajo de partici\u00f3n teniendo en cuenta la venta realizada por las partes a Germ\u00e1n Ramiro S\u00e1nchez Granados, tarea que fue presentada el 11 de enero de 2022 y aprobada en fallo del 15 de julio siguiente, el que fue apelado por la demandada por \u00abexisti[r] total incoherencia entre lo consignado en el certificado de libertad y tradici\u00f3n y la realidad del \u00e1rea del terreno\u00bb, decisi\u00f3n que fue confirmada por el Juzgado Primero Civil del Circuito con Conocimiento de Laboral de esa localidad, el 11 de mayo de 2023. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que \u00abse declare la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso divisorio 73449408900220120007800, desde el auto del 18 de junio de 2013 con el cual se decret\u00f3 la divisi\u00f3n del inmueble objeto del litigio, toda vez que en el mismo no existe claridad con respecto al inmueble sobre el cual se imparte dicha orden\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Melgar refiri\u00f3, que se atiene al contenido de la providencia dictada en segunda instancia con ocasi\u00f3n a la apelaci\u00f3n de la sentencia pronunciada al interior del divisorio cuestionado. <\/p>\n
2. La titular del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal con Funciones de Garant\u00edas y Conocimiento de la misma urbe, luego de relacionar las actuaciones surtidas dentro del litigio criticado, pidi\u00f3 desestimar el amparo, habida cuenta que \u00ablas apreciaciones de la accionante presentan puntos de vista e interpretaciones netamente subjetivas y por lo tanto la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela no solo resulta ser improcedente conforme los postulados constitucionales y jurisprudenciales en materia de fallos contra tutelas, sino que desconoce los principios b\u00e1sicos del derecho tales como cosa juzgada, autonom\u00eda e independencia judicial, seguridad judicial y la naturaleza subsidiaria que caracteriza el mecanismo\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a-quo neg\u00f3 el resguardo, al advertir en lo que tiene que ver con la decisi\u00f3n que decret\u00f3 la divisi\u00f3n material del predio objeto de disputa, que \u00abFrente al prove\u00eddo del 18 de junio de 2013 no se colm\u00f3 el requisito de la inmediatez y subsidiariedad. V\u00e9ase que desde que se emiti\u00f3 esa decisi\u00f3n a la fecha han transcurrido alrededor de 5 a\u00f1os, lapso de tiempo que supera el estimado por la Corte Constitucional como razonable. En cuanto a la subsidiariedad, la se\u00f1ora Marleny Molina Garc\u00eda no interpuso recurso alguno contra esa decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s agreg\u00f3, respecto a la providencia emitida por el Juzgado Primero Civil del Circuito con Conocimiento de Laboral de Melgar el 11 de mayo de 2023, a trav\u00e9s de la cual se mantuvo la sentencia dictada por la juez cognoscente, que \u00abindependientemente que la Sala comparta o no los argumentos de esa autoridad judicial, se aprecia que la misma no se torna arbitraria, desmedida menos caprichosa, por el contrario, dichas decisiones fueron el resultado de un an\u00e1lisis detallado de la controversia puesta en conocimiento de los accionados, la cual se atuvo a los normas que rigen el proceso divisorio, guardando relaci\u00f3n con lo pedido en la demanda y los dict\u00e1menes periciales que obran en esas diligencias\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue interpuesta por la querellante, se\u00f1alando que el tribunal a quo \u00aba pesar de sus argumentaciones nada dijo en relaci\u00f3n con los hechos, peticiones y pruebas escritas en nuestra petici\u00f3n de tutelar el derecho al debido proceso por la falta de claridad de la Jueza Segunda Promiscua Municipal de Melgar al \u201cimpartir justicia\u201d, fallo confirmado por el Juez Primero Civil del Circuito de Melgar\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, si las autoridades judiciales convocadas vulneraron la garant\u00eda denunciada al aprobar el trabajo de partici\u00f3n material del inmueble identificado con el folio n\u00b0 366-9396, dentro del proceso divisorio adelantado frente a la gestora por su hermana Myriam Molina Garc\u00eda (n\u00b0 2012-00078), por incurrir, supuestamente, en v\u00eda de hecho, dado que seg\u00fan su criterio, \u00abno existe una clara identificaci\u00f3n del predio\u00bb. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Decisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis <\/p>\n
Si bien el reclamo se dirige contra las determinaciones de primera y segunda instancia, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a la decisi\u00f3n proferida el 11 de mayo de 2023 por el Juzgado Primero Civil del Circuito con Conocimiento de Laboral de Melgar, por cuanto fue la que defini\u00f3 el asunto al confirmar la decisi\u00f3n que aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n, tomada el 15 de julio de 2022 por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal con Funciones de Garant\u00eda y Conocimiento de la misma localidad. <\/p>\n
Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que, \u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada entre otras, en STC1454-2023, 22 feb. 2023, rad. 00005-01). <\/p>\n
4. Razonabilidad de la providencia cuestionada <\/p>\n
La Sala ratificar\u00e1 la negativa del amparo tal como lo concluy\u00f3 el tribunal constitucional de primer grado, en tanto que, del examen del prove\u00eddo censurado no se vislumbra irregularidad alguna con fuerza suficiente que imponga la necesaria injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
En el asunto estudiado, la demandada, aqu\u00ed interesada, apel\u00f3 la decisi\u00f3n que aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n material del inmueble objeto de debate al interior del proceso divisorio seguido en su contra por la comunera Myriam Molina Garc\u00eda, con id\u00e9nticos argumentos tra\u00eddos a esta sede, es decir, por \u00abexisti[r] total incoherencia entre lo consignado en el certificado de tradici\u00f3n y la realidad del \u00e1rea de terreno\u00bb, y con igual prop\u00f3sito: que se \u00abdeclare la nulidad de todo lo actuado desde el 18 de junio de 2023, toda vez que en dicho auto la se\u00f1ora Jueza decret\u00f3 la divisi\u00f3n material del inmueble denominado \u201cSan Pablo\u201d que cuenta con un \u00e1rea aproximada de 3.503 metros cuadrados, pero que de acuerdo con lo manifestado por el propio partidos es de 3.270.15 mts2\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, la autoridad judicial acusada, para mantener la citada decisi\u00f3n, precis\u00f3 que \u00absi en la sentencia se cometieron errores de identificaci\u00f3n e individualizaci\u00f3n del bien objeto del proceso, [la recurrente] ha debido solicitar la correcci\u00f3n de la partici\u00f3n elaborada en su oportunidad procesal pertinente (art. 409 del CGP) o solicitar la aclaraci\u00f3n de la sentencia (Art. 285 y siguientes del Cod. Gral. Del P.\u00bb. <\/p>\n
Y enseguida complement\u00f3: \u00abNo es procedente en la instancia en que nos encontramos entrar a nulitar actuaciones que hoy est\u00e1n ejecutoriadas y en firme, a no ser atacadas en las oportunidades procesales pertinentes. As\u00ed mismo el auto que ordeno (sic) la divisi\u00f3n material se profiri\u00f3 hace diez a\u00f1os y no se evidencia que haya sido alegado un pacto de indivisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Conforme a lo que acaba de verse, la decisi\u00f3n atacada no adolece de defecto sustantivo, procedimental, f\u00e1ctico o de cualquier otra \u00edndole; esto, en la medida en que la misma se funda en razonamientos que denotan adecuada valoraci\u00f3n probatoria y de la normativa aplicable, lo cual hace parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial que inhiben al juez constitucional para inmiscuirse en el asunto. <\/p>\n
En ese orden, el hecho que la actora disienta de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional deprecada, pues es necesario que la providencia se muestre arbitraria por contener errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha dicho que: \u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 11 dic. 2009, exp. 02212-00, citada en STC619-2023, 1\u00b0 feb. 2023, rad. 00709-01). <\/p>\n
Y continu\u00f3 precisando que: \u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC646-2023, 1\u00b0. feb. 2023, rad. 01267-01). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 lo resuelto por el tribunal, dado que la decisi\u00f3n adoptada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta v\u00eda, al tiempo que la gestora pretende utilizar esta herramienta de protecci\u00f3n a modo de instancia adicional o paralela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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