STC7658-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7658-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dos de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 14 de febrero de 20231, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Alberto Restrepo Zapata contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, el Consejo Superior de la Judicatura, la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, el Consejo Seccional de la Judicatura de Pereira, la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de esa capital, la Procuradora General de la Naci\u00f3n y el Ministerio del Interior. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, supuestamente vulnerado por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 en lo fundamental, que dentro de la \u00abacci\u00f3n popular 6001 31 03 002 2021 00208 00\u00bb el despacho convocado \u00abno RESUELVE EN T\u00c9RMINOS DE TIEMPO PERENTORIOS LOS RECURSOS, PUES NI REPONE NI CONCEDE LA ALZADA PEDIDA DESCONOCIENDO ART 120 CGP Y OLVIDANDO DE RAIZ QUE ESTA OBLIGADO A LA ESTRICTA OBSERVANCIA DE LOS TERMINOS PROCESALES\u00bb, y, \u00abDIFICILMENTE SE AMPARAN MIS TUTELAS INNUMERABLES E INSACIABLES\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia pretende, que se ordene a la c\u00e9dula cognoscente: (i) \u00abCUMPLIR LO QUE LE IMPONE ART 120 CGP, RESOLVER EN 10 DIAS LOS RECURSOS O MEMORIALES \u00bb, (ii) \u00abAPLICAR LOS FALLOS DE TUTELA QUE OBLIGA A LA ESTRICTA OBSERVANCIA DE LOS TERMINOS PROCESALES\u00bb; (iii) \u00abdemuestre en los 122 ESTADOS QUE HA PROFERIDO EN LO CORRIDO DEL A\u00d1O 2022 (sic) y 2023 (\u2026), CUANTAS ACCIONES POPULARES HA PROFERIDO EN ESTADOS Y CADA CUANTO TIEMPO LO HACE\u00bb, y (iv) \u00abSE (sic) aporte copia del auto que se pro\ufb01ri\u00f3 en estado del dia (sic) 26 agosto 2022 en la acci\u00f3n popular 2022 370 a \ufb01n de probar que el tutelado dice no poder cumplir t\u00e9rminos de tiempo perentorios que le impone la ley, por exceso de trabajo\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, que se ordene al Consejo Seccional de la Judicatura, al Consejo Superior Judicatura, y la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial \u00abDEPARTAMENTAL Y NACIONAL (\u2026) NOMBREN CONJUECES, jueces de descongesti\u00f3n o tomen medidas efectivas A FIN [que] el juzgador tutelado, RESPETE Y CUMPLA TERMINOS PERENTORIOS QUE IMPONE Y MANDA LA LEY 472 DE 1998\u00bb; a la Procuradora General de la Naci\u00f3n \u00abque solicite se nombren conjueces, jueces de descongesti\u00f3n en el despacho tutelado (\u2026) ordenando vigilancia EXPRESS A ESTA ACCION POPULAR RENUENTE\u00bb; y al \u00absr MINISTRO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA (\u2026) que ordene lo necesario en derecho a fin que se me brinde un real y verdadero acceso a la administraci\u00f3n de justicia en mi acci\u00f3n CONSTITUCIONAL\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda se\u00f1al\u00f3 que su vinculaci\u00f3n a las presentes diligencias es aparente, toda vez que las pretensiones del accionante \u00abse refieren a tr\u00e1mites y decisiones judiciales que son competencia exclusiva del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira en el tr\u00e1mite de la Acci\u00f3n Popular radicada 66001-31-03-002-2021- 00208-00\u00bb, m\u00e1s aun cuando el actor \u00abefect\u00faa una mezcla de hechos, pretensiones y suposiciones desordenadas, que en la mayor\u00eda de los casos nada tiene que ver con la pretensi\u00f3n principal (\u2026), desbordando as\u00ed el alcance de la Acci\u00f3n de tutela, perdiendo coherencia y sentido sobre la real vulneraci\u00f3n o puesta en peligro de un derecho fundamental, con el consecuente desgaste del aparato dejusticia (sic)\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, resalt\u00f3 que, pese a que el gestor funda su inconformidad en el supuesto incumplimiento de t\u00e9rminos por parte de la juez criticada, \u00abla conducta del actor y de su equipo de trabajo, adeptos a las acciones constitucionales como medio de subsistencia, han provocado un aumento de la carga laboral que se acerca al 50% en los Juzgados competentes\u00bb. <\/p>\n
2. La Oficina Jur\u00eddica de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n aleg\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, comoquiera que esa entidad \u00abno tiene asignadas competencias para administrar justicia, y por ende no es quien debe decidir con respecto a lo solicitado por el accionante; es por ello que lo solicitado en las pretensiones de la tutela desborda las competencias del Ente de Control\u00bb. <\/p>\n
3. El Director Jur\u00eddico del Ministerio de Justicia y del Derecho, tambi\u00e9n pidi\u00f3 que se aparte a esa entidad de la acci\u00f3n, toda vez que \u00abI) las pretensiones de la parte accionante, encaminadas al cumplimiento de los tiempos o t\u00e9rminos establecidos en la ley para las actuaciones judiciales, no guardan relaci\u00f3n con las funciones y competencias propias de esta Cartera Ministerial y II) el Ministerio de Justicia y del Derecho no ha participado en los hechos expuestos en la tutela. En consecuencia, no somos los llamados a responder por la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales cuya protecci\u00f3n solicita la parte actora, ni a cumplir las pretensiones objeto de este tr\u00e1mite constitucional\u00bb. <\/p>\n
4. La Directora de la Unidad de Desarrollo y An\u00e1lisis Estad\u00edstico del Consejo Superior de la Judicatura, puso de presente que \u00abno es viable vincular [a esa dependencia] por la presunta tardanza del Juzgado 002 del Civil del Circuito de Pereira, en resolver las solicitudes de tr\u00e1mite al interior del proceso, dado que no tiene entre sus facultades las de intervenir en las decisiones de los funcionarios judiciales, por cuanto los jueces en sus providencias solo se encuentran sometidos al imperio de la ley, de conformidad con lo dispuesto en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia\u00bb. <\/p>\n
5. El Coordinador Grupo de Acciones de Tutela de la Oficina Asesora Jur\u00eddica del Ministerio del Interior inform\u00f3, que \u00abprescinde de emitir una respuesta de fondo en el presente tr\u00e1mite constitucional, en el entendido que no se encuentra vinculado en autos, ni tiene interes (sic) directo en las resultas del proceso\u00bb. <\/p>\n
6. La Divisi\u00f3n de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, destac\u00f3 que \u00ablos derechos alegados por la parte actora como vulnerados, no son consecuencia de una acci\u00f3n u omisi\u00f3n atribuible a [ese organismo], por lo que debe prescindirse de librar cualquier orden de apremio en este sentido, dirigida a la entidad que represento, toda vez que la vinculaci\u00f3n laboral, y sus consecuentes obligaciones deben ser atendidas por la Direccion (sic) Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial Seccional Pereira\u00bb. <\/p>\n
7. El Juez Segundo Civil del Circuito de Pereira solicit\u00f3 desestimar el amparo, por cuanto, aunque \u00abEn su requerimiento de Tutela el accionante hace referencia al radicado 2021-00208\u00bb, el mismo \u00abcorresponde a un proceso VERBAL de Responsabilidad Civil Extracontractual iniciado por la se\u00f1ora Mar\u00eda Camila Parra contra Carlos Alberto Bueno y Jos\u00e9 Antonio Osorio Diaz (sic), mismo que se encuentra pendiente de fijar fecha para audiencia concentrada y decreto de y que no hace referencia a la Acci\u00f3n Popular del se\u00f1or Mario Alberto Restrepo donde no indic\u00f3 quien (sic) es la accionada\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
El tribunal a-quo deneg\u00f3 el auxilio al considerar que la actuaci\u00f3n del gestor es temeraria, comoquiera que \u00abDurante el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n constitucional se estableci\u00f3 que la pretensi\u00f3n relacionada con la creaci\u00f3n de despachos judiciales en descongesti\u00f3n fue objeto de pronunciamiento por parte de funcionarios judiciales en las actuaciones de igual naturaleza 110010315000202205608 y 110010203000202300196. En efecto, en sentencias del 9 de diciembre de 2022 \u2013firmada electr\u00f3nicamente el 2 de febrero de 2023\u2013, y CSJ STC947-2023 del 8 de febrero de 2023, la Secci\u00f3n Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte, respectivamente, negaron la solicitud de amparo de MARIO RESTREPO. Explicaron que el accionante no acudi\u00f3 ante las autoridades demandadas a plantear su pretensi\u00f3n o, aunque sea, ello no se evidenci\u00f3 en los documentos allegados\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el actor, esgrimiendo que \u00abcomo ciudadano, nunca podre (sic) en derecho justificar por que (sic) pido nulidad alguna y menos probar en drecho (sic) (\u2026) en que (sic) consiste mi afectaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad convocada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en \u00abla acci\u00f3n popular 66001 31 03 002 2021 00208 00\u00bb, por no resolver en tiempo los recursos propuestos y negarse a \u00abCONCEDE[R] LA ALZADA PEDIDA\u00bb. <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: <\/p>\n
\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible, entonces, que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales pues, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha expuesto que, para el efecto, es necesario: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
3. Caso concreto -ausencia de vulneraci\u00f3n <\/p>\n
Aplicadas las rese\u00f1adas premisas al asunto bajo estudio, pronto se advierte la improsperidad de la solicitud de amparo en referencia, habida cuenta que la controversia que plante\u00f3 el actor resulta infundada, pues tal y como lo puso de presente el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, aunque aqu\u00e9l soport\u00f3 la supuesta vulneraci\u00f3n superior en las actuaciones surtidas al interior de la acci\u00f3n popular con radicado n\u00b0. 66001-31-03-002-2021-00208-00, ese consecutivo corresponde al proceso de responsabilidad civil extracontractual seguido por Mar\u00eda Camila Parra Cardona contra Carlos Alberto Serna Arango, informaci\u00f3n que fue confirmada al consultar el sistema de la rama judicial: <\/p>\n
De este modo, de la citada situaci\u00f3n se desprende que, ni por acci\u00f3n ni por omisi\u00f3n el juzgado querellado, ni las dem\u00e1s autoridades convocadas, han amenazado y, menos quebrantado, el debido proceso del interesado, lo que conlleva la inexistencia de yerro procesal, sustantivo o de otra \u00edndole que pueda habilitar la intervenci\u00f3n del juez constitucional, m\u00e1s a\u00fan cuando, sin perjuicio de lo expuesto, el actor carece de legitimaci\u00f3n en la causa para cuestionar el proceso declarativo en comento por ser ajeno a la controversia, dado que no forma parte de ning\u00fan extremo procesal ni figura all\u00ed como tercero interviniente. <\/p>\n
En situaciones como la del caso sub judice, la decantada jurisprudencia de esta Corte ha relievado que \u00abpara que prospere una acci\u00f3n de esta naturaleza, no basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 5 jun. 2002, exp. 00037-01, citada, entre otras, en STC671-2023, 1\u00b0 feb. 2023, rad. 02698-01). <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, tampoco es viable conceder el auxilio como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, dado que la Corte no encuentra que se hayan probado las exigencias que lo hagan posible en tales condiciones, pues, para tal evento, se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1 sep. 2011, exp. 00194-01). <\/p>\n
En relaci\u00f3n con las peticiones elevadas por el tutelante, para que el juzgado fustigado proceda a \u00abdem[ostrar] en los 122 ESTADOS QUE HA PROFERIDO EN LO CORRIDO DEL A\u00d1O (\u2026) CUANTAS ACCIONES POPULARES HA PROFERIDO EN ESTADOS Y CADA CUANTO TIEMPO LO HACE\u00bb, y \u00abSE aporte copia del auto que se pro\ufb01ri\u00f3 en estado del dia (sic) 26 agosto 2022 en la acci\u00f3n popular 2022 370 a \ufb01n de probar que el tutelado dice no poder cumplir t\u00e9rminos de tiempo perentorios que le impone la ley, por exceso de trabajo\u00bb; el Consejo Seccional de la Judicatura de Pereira, el Consejo Superior de la Judicatura y la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial de Risaralda, \u00abNOMBREN CONJUECES, jueces de descongesti\u00f3n o tomen medidas efectivas; la Procuradora General de la Naci\u00f3n \u00abque solicite se nombren conjueces, jueces de descongesti\u00f3n en el despacho tutelado\u00bb; y el Ministro de Justicia y del Derecho garantice que \u00abse me brinde un real y verdadero acceso a la administraci\u00f3n de justicia en mi acci\u00f3n CONSTITUCIONAL\u00bb, se advierte que el interesado podr\u00e1 solicitar y exponer directamente ante la autoridad judicial y los citados funcionarios sus inconformidades, y al no haber acreditado la realizaci\u00f3n de esas gestiones, la tutela se torna improcedente por su naturaleza subsidiaria y residual. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone respaldar el fallo de primer grado, ante la falta de consolidaci\u00f3n de la afectaci\u00f3n invocada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 La actuaci\u00f3n arrib\u00f3 a esta Sala para desatar la impugnaci\u00f3n solo hasta el 19 de julio de 2023. <\/p>\n
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